Recetas para dejar de ser los últimos de la fila

Hugo Beteta ocupó durante dos años el cargo de Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue titular de la Secretaria de Planificación y Programación (Segeplan) y  Ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Óscar Berger (2006-2007). Ahora es director de la sede Subregional de Cepal que cubre Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El “Panorama social de América Latina”, compara los avances y estancamientos que se producen en América Latina. El estudio afirma que el empleo formal y la inversión social son algunos de los principales motivos para la reducción de los índices de pobreza. Este año se enfoca en el sector de los cuidados –empleo remunerado en actividades de cuidado, el gasto de los hogares en ese área y la situación y los requerimientos de cuidado de personas con discapacidad- y en el de la situación laboral y social del servicio doméstico. La publicación pone en evidencia la precariedad de dos sectores bastante ignorados por los estudios y por los Estados.

El “Panorama Social” se muestra optimista, con reservas. Pero, ¿es posible ser optimistas en Guatemala, cuando ocupa casi siempre los últimos puestos en la fila?

Guatemala bajó cinco puntos porcentuales en los niveles de pobreza, entre 2002 y 2006, pero la velocidad de la disminución es lenta. El alto nivel de indigencia (extrema pobreza) es bastante persistente en el caso de Guatemala, que bajó relativamente poco. Y en temas de desigualdad, obviamente Guatemala está entre los más desiguales de América Latina, en promedio en los 18 países, el 10 por ciento más rico de la población recibe el 32 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 40 por ciento más pobre recibe el 15 por ciento. En Guatemala, -junto a otros países como Brasil, Colombia, Honduras y Paraguay- el 40 por ciento de los ingresos es para los más ricos y entre el 11 por ciento y el 15 por ciento es para los más pobres. Hay muy altos niveles de concentración del ingreso, y eso es algo algo muy preocupante.

Este año el estudio, además se enfocó en un tema poco tratado, el del sector del cuidado…

Pone en evidencia que el cuidado (de ancianos, personas enfermas, menores) impide la inserción laboral de las mujeres. Mientras que el Estado no se haga cargo, las mujeres encontrarán un gran obstáculo para su incorporación en el sector laboral y no podrán tener autonomía. Guatemala es el peor país, un por ciento de los trabajadores inactivos declararon como motivo de su inactividad las tareas de cuidado -se tienen que encargar del cuidado de los niños, de los ancianos, dedicarse a labores domésticas-; de estos trabajadores inactivos el 74 por ciento son mujeres, es decir, no tienen autonomía económica, porque realizan esa tarea no remunerada. 

Y el Estado no pone demasiada atención a esto, los sectores que requieren cuidado, asilos, guarderías, están bastante abandonados.

Hay una gran mayoría de personas inactivas que no pueden incorporarse al mercado laboral, quienes padecen de discapacidades están en los hombros de esas mujeres. Por eso se habla de un pacto social, que tengamos que entregar cuentas no sólo en lo fiscal, que se considere el cuidado como un hecho exigible y otorgable del Estado.  

También pone énfasis en el sector del servicio doméstico, que en Guatemala pareciera quedarse en el ámbito de lo privado.

Hemos descubierto que el servicio doméstico lo constituye una alta concentración de mujeres migrantes, migrantes dentro del mismo país, en muchos casos. Como en Guatemala, que las mujeres indígenas migran para trabajar en una casa limpiando. El problema es la poca o ninguna regulación que hay sobre el sector, están sin protección social y en condiciones extremadamente precarias, no pueden educarse, les dan libre medio día a la semana y están fuera del ámbito de las autoridades de trabajo.  

Dice el estudio “Cualquier tipo de empleo remunerado no es garantía de superación de la pobreza…”. Aún se plantea el empleo como la forma más eficaz de salir de la pobreza, entonces, ¿cuáles son las características de ese empleo para dar garantías?

Mucho del empleo es informal. Se comprueba que la mayoría de indigentes trabaja, sólo el 8 por ciento no está ocupado. Lo que revela es la gran precariedad que existe en lo informal, quienes tienen un empelo formal con prestaciones, son la minoría. Están ocupados, pero en la precariedad, y es un circulo vicioso.

Por eso la necesidad del gasto social. En Guatemala, comparada con los otros países, también ha crecido, y el presupuesto se ha reorientado hacia le gasto social, se ha duplicado, pero aun no supera el 10 por ciento del PIB, mientras que el promedio en América Latina es el 18 por ciento. Es uno de los países con más deuda social, allí uno mira la necesidad de restructurar. Cuando la pobreza es femenina, la poca capacidad del Estado para cubrir las necesidades, las enormes brechas con que nacen nuestros niños, la persistente necesidad, se hace evidente que se requieren cambios.

Esto se revela también en un enfoque novedoso del estudio, que son las actitudes, la desconfianza en las instituciones. Mientras más desigual es un país, más desconfianza en las instituciones. Se tiene la percepción de la injusticia, que la distribución del ingreso es injusta. Honduras está en el mismo nivel de Guatemala, con una gran desconfianza en las instituciones. En Guatemala coexiste una alta desconfianza en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, en los partidos políticos. Quisiera ser más optimista, pero la situación no lo permite.

Y esa desconfianza en las instituciones es de la sociedad en general, no sólo de quienes están en el extremo más desfavorecido…

Es una desconfianza general. Por ejemplo, en el legislativo, el hecho de que no se use plenamente el espacio parlamentario para tomar en cuenta a los distintos sectores. Se puso en evidencia ahora con la ampliación del tiempo de las frecuencias de los medios. En Guatemala ya había convenios, desde el proceso de paz, en que se afirmaba el derecho de los indígenas a los medios de comunicación a la información, tienen la televisión maya, pero casi sin recursos. Se otorgan las frecuencias sin que haya discusión, sin que se respeten los procesos formales de la democracia. Eso erosiona la confianza. Las decisiones de las instituciones deben proteger el interés público. No es una cuestión de pobres, o de clases medias o de altos ingresos, es de todos y ese tipo de prácticas erosionan.

Mencionan, también, la desigualdad como detonador de la conflictividad.

Es la puja redistributiva que al final  suma cero. Se polarizan las experiencias de vida, la visión del mundo. Sí, la desigualdad polariza mucho. Se han visto  países que han logrado avanzar y lograr círculos virtuosos y allí prolifera la confianza.

¿Qué pasa en Guatemala, que no logra salir de esos últimos lugares en las calificaciones? ¿Hay algo que nos haga diferentes de esos países con quienes compartimos realidades, pero que logran salir?

Hay temas fundacionales en el caso de Guatemala, el tema del racismo es un factor importantísimo. Hay un racismo institucional, político, desde el origen, está en el corazón de la exclusión del país. El racismo es una construcción que justificaba un modelo excluyente, y éste es un tema muy específico de Guatemala.

También está el embate del crimen organizado, que llega a un país donde ya existía violencia, habían violencias crónicas de larga data, étnicas, territoriales, violencia en el hogar, contra las mujeres. A esta patología social, tras una guerra civil -que es una fractura muy profunda-, se le suma el crimen organizado y se impregna en esas estructuras.

En el caso de Guatemala, en particular, también están los desastres naturales. Los huracanes, el Stan, el Mitch, las sequías, es un país altamente vulnerable a los desastres naturales. Y si combina todo esto con la atávica suspicacia, o la renuncia a pagar impuestos… Son cosas estructurales. Se había ventilado en los Acuerdos de Paz, había una hoja de ruta, podríamos hacer mucho más.  

Siempre se vuelve al tema fiscal. ¿Cómo ve desde su salida del ministerio, hace cinco años, y dos gobiernos, las acciones que han tomado sus sucesores? ¿Qué opina de los intentos de cada Ministro de Finanzas por hacer reformas?

Cada ministro que entra, está empujando una reforma, y finalmente se empujan microreformas, no suma lo que debería de sumar. Creo que deberíamos retomar la noción de un pacto fiscal moderno y renovador. El hecho de que todo el tiempo se realicen microreformas  genera incertidumbre en los sectores. Es necesario sentarnos y examinar, por ejemplo, los impuestos en la SAT, los efectos de las renuncias tributarias, evaluar si han sido efectivas. Y por el lado del gasto, en materia de transparencia, se debe poner mucha atención. Porque la poca transparencia desanima al contribuyente. Y ahora se suman nuevos desafíos como combatir el crimen organizado y promover estrategias de adaptación al cambio climático.  

El estudio que presenta, también relaciona el gasto social, y acciones como las transferencias condicionadas, como métodos probados para disminuir la pobreza. Pareciera que el gobierno pasado, a pesar de todas las críticas, caminó en el mismo sentido de esas iniciativas latinoamericanas.

Tuvo una virtud, y es que el gasto social fue contracíclico, en medio de la desaceleración, el gasto se incrementó, fue la única instancia contracíclica. Pero hay dos problemas: la insuficiencia del gasto, registraban gastos abajo del 10 por ciento del PIB, entonces no se puede observar cambios demasiado importantes. Sí, se quiere hacer cambios, pero no hay suficiente, en vez de girar 90 grados sólo se gira 10. Luego está la inmensa rigidez del presupuesto. 92 por ciento del presupuesto ya está comprometido para gastos específicos, de un quetzal sólo quedan ocho centavos para hacer cosas nuevas. Lo demás ya está sujeto a pagar salarios, tribunales, universidad, todo el sistema; la rigidez en la orientación del gasto público hace que el gasto social sea bastante restringido.

En América Latina, tres de cada cuatro pobres viven en el área urbana, dice Cepal. Es otra de las diferencias con Guatemala, ¿cierto? ¿Cómo disminuir esas brechas en lo rural?

Según los últimos datos de la Encovi en 2006, teníamos 4.6 millones personas rurales pobres, y personas urbanas pobres eran 2.6 millones. En cuanto a hogares, la mayoría de hogares pobres son rurales, 734 mil hogares pobres rurales, frente a 504 mil hogares pobres en las áreas urbanas.

La concentración de la tierra en Guatemala es extrema, comparada con los países de la región, en 2003 cerca del 2 por ciento de productores poseía el 57 por ciento de la tierra, mientras el  45 por ciento de los productores tienen acceso al 3 por ciento de la tierra. Allí se miran las raíces de la gran desigualdad de Guatemala. Desde 2003 se han venido a revelar procesos que están poniendo en jaque a la agricultura campesina, no sólo son parte de una estructura históricamente concentrada, si no que los procesos de capital que invierte en la palma y el banano, están poniendo en jaque a la agricultura campesina, generando el desplazamiento. También han surgido los procesos de la minería y de las plantaciones forestales, que son objetivos legítimos, pero que exponen a fuertes presiones a los pequeños productores del país. A esas fuerzas que hacen presión sobre lo campesino se suman, en Petén, en el norte del país, la ganadería y la apropiación ilegitima de la tierra por parte del crimen organizado.

Ya había una estructura inequitativa, pero se suman todas estas nuevas presiones para agravar la situación. El asunto es que la mayor parte de las personas pobres son rurales, ¿cómo hacemos para conectar esas fuerzas del mercado con los pequeños? ¿Por qué no podemos tener un modelo que dé ingresos a los más pequeños? Como la experiencia de Costa Rica con su modelo de turismo, procesos que apuntalen las pequeñas producciones, conectarlos con las cadenas de producción más modernas. Tenemos que darles oportunidades a los pequeños y desarmar las estructuras que nos tienen atrasados. Como el caso mexicano, que a través de políticas públicas agrega cadenas de valor a los procesos agrícolas. No debemos caer en el maniqueísmo decimonónico guatemalteco, no es pensar en lo confrontativo, es cuestión de modernizar fuerzas y tendencias que se están haciendo en otros países. Que en vez de ser concentradoras sean igualadoras, que cada uno tenga un pedacito que ganar con la nación.  

En una entrevista, hace unos años, usted dijo: “es importante que la parte política acompañe los esfuerzos económicos”… En Guatemala, ¿se camina en la misma ruta?, o ¿es lo que económico lo que guía los pasos de la política?

Hay una jerarquía de orden. El orden ético es el orden superior. A lo ético se debería subordinar lo político. Lo político y lo económico deben responder a lo ético. ¿Es ético continuar con el racismo en Guatemala?, ¿qué hacemos para destruir el racismo? La cuestión, es que no podemos continuar con esas brechas que nos hacen una sociedad injusta. Es necesario retomar preguntas de orden ético, que deben guiar a la política, y delimitar la estructura económica. Debemos tener la claridad, no perder el horizonte del orden ético.