De todos es conocido que el crecimiento de la matrícula en la USAC es desordenado y casi exponencial. Los programas de fin de semana se multiplican sin mayor control, sin que se les exija una evaluación externa de las necesidades por cubrir y los resultados que se desea obtener. Los centros universitarios, creados desde la lógica de constituir centros de desarrollo tecnológico regional directamente vinculados a los procesos económicos de las distintas regiones, se han convertido en centros departamentales de formación profesional en los que, pese a los esfuerzos de profesores y estudiantes, la misma institución los ve como propuestas académicas de segunda categoría, aunque en carreras como Medicina y Agronomía los estudiantes deban pagar altas colegiaturas, como en cualquier universidad privada, mientras sus colegas capitalinos gozan de enseñanza gratuita y de mucha mejor infraestructura.
Se ha perdido la ilusión de que los centros universitarios sirven para potenciar el desarrollo local. Ahora son muestra y consecuencia de la vida profesional de cada ciudad en la que sobreviven. Compiten en calidad y cobertura con las universidades privadas, que no se caracterizan por privilegiar la calidad académica como parte de sus objetivos.
El pedido al Congreso de la aprobación del préstamo tiene carácter urgente, aunque no llegó acompañado de una clara y detallada justificación de esa urgencia, como sería de esperar de una institución para la cual la excelencia académica y la seriedad profesional deberían ser marcas. Los diputados no pudieron conocer mediciones de demanda y oferta, mucho menos de la urgencia que para el desarrollo regional tiene cada una de las construcciones. Cuando el rector se refirió a que estas inversiones permitirían atender a más estudiantes, la afirmación fue tan gruesa como decir que ayer llovió más que anteayer sin que se ofrezca información milimétrica sobre la cantidad de agua caída por minuto.
Es evidente que en todos los lugares donde se construyen aulas se atenderá a estudiantes, pero no queda claro si servirán para desahogar aulas superpobladas o para atender a estudiantes de nuevas carreras. En todos los casos, esa suposición de atención a más alumnos no está acompañada de la estimación cuidadosa del número de docentes que se incrementarán para lograrlo, mucho menos de los costos que eso implica y de las fuentes para satisfacerlo. En dónde y en qué parte de su edificio invertirá, por ejemplo, la Escuela de Ciencia Política casi un millón de dólares en infraestructura en un año es un gasto que debería haber llegado detallado hasta el último centavo.
Un préstamo adquirido por el sector público significa comprometer recursos de toda la ciudadanía, pues el Congreso no solo está dando su aval, sino también está aprobando que la universidad gaste por anticipado esos recursos públicos. Debe el Congreso, en consecuencia, actuar con cuidado, mucho más si consideramos que ha sido la misma USAC la que apenas el año pasado abanderó concentraciones contra la corrupción y el uso inadecuado de los recursos públicos y sirvió de portavoz a las críticas que con fundamento se hicieron contra varios diputados.
Si la USAC exige calidad y eficiencia en el gasto, es a todas luces evidente que la que debe dar el ejemplo es la administración superior de esa institución. No se pueden encabezar marchas contra la corrupción y, al presentar un pedido de recursos públicos anticipados, hacerlo con la mayor displicencia e irresponsabilidad técnica, tal y como se observó en la presentación de esta semanas.
No pueden las autoridades universitarias esconder su gestión de los recursos públicos bajo el manto protector de la autonomía, considerando una ofensa y hasta una agresión que desde el Parlamento se les solicite utilizar cuanto antes las plataformas y los mecanismos aprobados para transparentar el gasto público, tal el caso del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin) y de Guatecompras. El Congreso no tendría que exigir eso como algo que cumplir durante la gestión del préstamo. La situación actual del país demanda que, desde ya, instituciones como la USAC hagan uso de esos recursos para que todos los ciudadanos interesados en conocer el proceso de ejecución puedan hacerlo. Esconder información es fuente de duda y corrupción, y las autoridades universitarias, por presentarse a reelección en los próximos eventos electorales, no pueden mostrarse como gestores públicos del pasado: con prácticas opacas en la gestión de los recursos institucionales.
Los diputados exigen, además, el cumplimiento de una promesa año con año aplazada: la realización de la reforma universitaria. En realidad, eso sí es pedirle peras al olmo, pues, si bien tal proceso camina, aunque sea a pasos de tortuga, es evidente que, de ser presidida por las autoridades, será una reforma para no cambiar nada sustancial. El Congreso de la República tiene la oportunidad, mediante sus distintas comisiones y órganos de dirección, no solo de convocar al debate y a la discusión de reformas profundas a la Ley Orgánica de la USAC (decreto 325-1947), sino, aprovechando el momento reformista que actualmente vivimos, de promover la constitución de un efectivo sistema nacional de educación superior mediante la cual se revisen tanto la Ley de Universidades Privadas (decreto 82-87) como las que en contenido y forma, más que promover la investigación científica, la han castrado (decretos 63-91 y 73-92).
Es necesario tener claro que la USAC no es una isla autosuficiente en el país. Ella es parte de un sistema de educación superior y de producción científica que urge constituir y reglamentar en beneficio de la sociedad y de su futuro. La anarquía y el desorden que existen en la educación superior en su conjunto solo favorecen a los que en las instituciones públicas y privadas apenas buscan satisfacer sus intereses particulares y los de sus grupos.
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