Desde el 28 de enero de 2013, cuando el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió que existían indicios suficientes para llevar a juicio a Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por su “responsabilidad en operaciones militares de represión selectiva” en el área ixil, en Quiché, la batalla –legal– de los generales en retiro se ha vuelto infinita. Poco más de medio centenar de recursos legales presentados ante distintas instancias por los abogados de la defensa han mantenido en vilo el proceso judicial a lo largo de tres años. La mayoría de estos planteamientos jurídicos ya han sido resueltos, algunos con efectos polémicos, como los solventados por la Corte de Constitucionalidad y que han tenido como consecuencia la invalidez de un condena y el que se obligue a repetir el debate desde el inicio en dos oportunidades, otros han sido utilizados como estrategia de la defensa para ganar tiempo sin cuestionar a fondo la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Así, tras una sentencia anulada, y dos intentos para dar comienzo al juicio contra el expresidente de facto, comandante y ministro de la Defensa, José Efraín Ríos Montt, y su oficial encargado de Inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, varias preguntas siguen flotando: “¿Habrá por fin una condena firme y definitiva?”, “hasta dónde llegará el poder de los exmilitares para evadir la justicia?”, “¿está preparada la sociedad guatemalteca para enfrentar su pasado?”.
Enero de 2016 ha iniciado con la misma incertidumbre acerca de su sistema de justicia ante el juicio que intenta comprobar que la muerte de 1.771 personas puede ser entendida como genocidio y que detrás de las órdenes, estrategias y masacres acontecidas entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, pudo haber responsables del más alto nivel.
Una vez más, este 11 de enero de 2016, el debate legal acerca de estos delitos intentó reactivarse. Esta vez, abogados defensores, fiscales y querellantes adhesivos se presentaron ante un nuevo tribunal de sentencia de Mayor Riesgo, integrado por los jueces María Eugenia Castellanos, Sara Yoc y Jaime Delmar González. En este tercer intento de apertura de debate, las condiciones del tribunal variaron significativamente: la audiencia se llevaría a cabo a puerta cerrada, sin permitir acceso al público y la prensa.
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La justificación de esta medida del tribunal fue que, debido a la condición física de Ríos Montt –diagnosticado con demencia vascular mixta–, tenía derecho a una “medida de seguridad” que permitía realizar el juicio lejos de los reflectores de la prensa y la opinión pública, y sin que el acusado esté presente, en este caso Ríos Montt.
Rodríguez Sánchez sí se presentó ante el tribunal. “Soy el más interesado en realizar el juicio para volver a demostrar mi inocencia”, explicó Rodríguez, luego de la audiencia. En la primera sentencia, anulada el 20 de mayo de 2013, el exjefe de inteligencia había sido absuelto.
El dilema de un juicio doble
La primera audiencia del nuevo debate de 2016 inició sin la localización del expediente de todo el caso –más de 14 mil folios–. El tribunal de sentencia, como indicaron los abogados defensores luego del debate al que no tuvo acceso la prensa, argumentó que todo lo actuado hasta el momento nunca había llegado al despacho de los jueces. “Podría estar en manos de la CC, como parte de su competencia para revisar recursos legales”, indicó el abogado defensor de Ríos Montt, Jaime Hernández Zamora.
La reapertura de debate, sin embargo, se enfocó en el nuevo dilema que existía entre realizar un juicio privado (para Ríos Montt) y uno público (para Rodríguez Sánchez). El tribunal necesitaba de la solicitud de una de las partes procesales para poder discutirlo. El Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), como querellante adhesivo del caso, planteó esta preocupación mediante un amparo con el fin de aclarar esta situación que, según el abogado Héctor Reyes, no se había dado antes dentro del sistema de justicia de Guatemala: “Dos acusados por el mismo delito pero con dos juicios distintos, sería como llevar dos procesos simultáneos en el mismo caso”, indicó el jurista.
El tribunal, presidido por la jueza Castellanos, ante esta nueva contradicción, como comentó el abogado Reyes luego de la audiencia, decidió suspender de nuevo el juicio por genocidio, y así esperar una resolución de una instancia superior para saber cómo trabajar un juicio a puerta cerrada y otro oral y público dentro de un mismo proceso judicial.
El juicio tampoco pudo ser reanudado debido a que otros dos amparos están pendientes de ser resueltos. El primero de ellos, como refirió Reyes, es parte del segundo intento de reactivación, llevado a cabo el 5 de enero de 2014, cuando la juez presidenta del Tribunal de Sentencia de ese entonces era Jeannette Valdés Rodas, recusada por la defensa y apartada del caso, debido a que su tesis de maestría en Derecho Penal llevaba por nombre “Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio”. La recusación contra Valdés, como indicaron abogados defensores y querellantes adhesivos, aún no está resuelta en firme por la Corte de Constitucionalidad, y eso “pone en duda al nuevo tribunal sobre su competencia en el caso”, dijo Reyes.
Hernández Zamora, por su parte, indicó que hay otro amparo, un tercero, que también está pendiente de ser resuelto y que a causa de ello, tampoco es posible reanudar el juicio. Se trata, en efecto, de un recurso planteado por la defensa para que una Corte de rango superior determine, finalmente, si las condiciones de salud de Ríos Montt son favorables para que enfrente debate o no.
El tiempo que tome dar una respuesta a estos tres planteamientos legales es indefinido. El tribunal, bajo estas circunstancias, tiene las manos atados para iniciar, por tercera vez, el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Un juicio que se ha tornado infinito, sin aparente solución y sin demasiadas respuestas por parte del sistema de justicia de Guatemala.
