El 15 de marzo de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle la inmunidad al diputado Édgar Justino Ovalle. Esto sucedió al día siguiente de que la jueza Benicia Contreras Calderón, encargada de investigar la acusación hecha por el Ministerio Público (MP) contra el diputado, emitiera su opinión a favor de retirarle la inmunidad y más de un año después de que el MP presentara la solicitud ante la CSJ.
Esta decisión faculta al MP a iniciar el proceso judicial contra Ovalle dentro del caso Creompaz, que ha sido descrito por la fiscal general Thelma Aldana como uno de los casos de desaparición forzada más exhaustivos en América Latina. Sin embargo, Ovalle, secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y subjefe de esa bancada legislativa, no ha sido visto públicamente desde el 20 de febrero, lo que lleva a sospechar que haya huido del país anticipándose a los resultados que pudiera traer el procedimiento de antejuicio.
El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) es una base de entrenamiento para las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado fue una base militar, la Zona Militar 21 (ZM21). Desde el 2012, los investigadores han exhumado 565 cuerpos allí. De estos, 142 han sido identificados mediante ADN como víctimas del conflicto armado interno. El MP busca acusar a Ovalle de varios crímenes ocurridos en 1983, cuando era oficial de inteligencia y de operaciones en la ZM21, incluida la desaparición forzada de seis individuos exhumados en dicha zona.
Claudette Domínguez, quien ejerce como jueza de primera instancia en el caso Creompaz, decretó arraigo para Ovalle en diciembre, pero lo retiró en enero luego de que el diputado apelara la decisión. En una carta fechada el 13 de marzo de 2017, dirigida al presidente del Congreso, Ovalle solicita licencia con goce de salario los días del 13 al 31 de marzo. Ahora las organizaciones que representan a las víctimas del caso Creompaz, incluidos el Bufete Jurídico de Derechos Humanos y el Grupo de Apoyo Mutuo, han expresado por medio de tuits su preocupación de que Ovalle haya recibido información filtrada sobre la inminente decisión de la CSJ y haya huido del país. En respuesta a la decisión de la CSJ del pasado miércoles, la Fiscalía de Derechos Humanos del MP logró que se le impusiera arraigo a Ovalle. El domingo se anunció el giro de una orden internacional de detención contra él.
El Centro de Medios Independientes (CMI) ha cuestionado la imparcialidad de la jueza Domínguez y ha señalado que la hermana de ella es mayor asimilada del Ejército de Guatemala. Sumado a ello, si bien Domínguez resolvió en junio de 2016 que no existía evidencia suficiente para enviar a 8 de los 11 militares imputados a juicio, también dejó fuera evidencia relacionada con el 80 % de las víctimas nombradas en la acusación original del caso Creompaz. Los querellantes apelaron su decisión exponiendo la falta de fundamentos para excluir la evidencia. El 14 de diciembre de 2016, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a los querellantes. Si el amparo es otorgado, la evidencia excluida será reincorporada al expediente.
El 16 de marzo, Mario Antonio Guerra León, abogado defensor de Ovalle, promovió un amparo ante la CC alegando que el procedimiento de antejuicio fue ilegal, ya que no fue notificado de la resolución de la jueza pesquisidora. La CC rechazó el amparo.
Édgar Justino Ovalle es un oficial retirado, considerado parte de la vieja guardia de militares relacionados con las operaciones contrainsurgentes de los años 1970 y 80. Durante ese período, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 200 000 personas fueron asesinadas, el 93 % de ellas a manos del Ejército de Guatemala.
Ovalle, graduado de la Escuela Politécnica en la promoción de 1971, estudió en la Escuela de las Américas y es miembro fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), una organización que niega el involucramiento del Ejército en las violaciones de derechos humanos. La agrupación también ha rechazado activamente los esfuerzos por responsabilizar a oficiales militares por los abusos cometidos. En septiembre del año pasado Ovalle fue elegido diputado del FCN-Nación, del cual es cofundador. Ovalle también fue secretario general de dicho partido hasta el jueves pasado, cuando fue removido del cargo luego de una reunión de emergencia.
FCN-Nación es el partido político que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en las elecciones del año pasado. Ovalle es identificado como uno de los asesores más cercanos al presidente. Es él quien invitó a Morales, comediante de la televisión sin experiencia política previa, a participar como candidato presidencial.
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Jo-Marie Burt, politóloga, profesora de la Universidad George Mason y asesora principal de WOLA, monitorea los procesos de justicia transicional en Guatemala para el Monitor Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), un proyecto de Open Society Justice Initiative. Paulo Estrada es estudiante de Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y defensor de derechos humanos. Este artículo fue publicado por primera vez en el IJM y traducido por Evelyn Recinos Contreras.
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