¿Quiénes se benefician con la amnistía?

Entre 2008 y 2018, los tribunales guatemaltecos emitieron 16 veredictos en casos de delitos graves, condenando a 33 exmilitares, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil de acusaciones de delitos graves, incluyendo tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual agravada, y la esclavitud sexual y doméstica. Dos exoficiales han sido absueltos en dos procesos distintos. Los tribunales también han condenado a un exlíder de la guerrilla.

Otros 14 oficiales militares retirados y excomisionados militares se encuentran en detención preventiva en espera de juicio (incluido uno que ya fue condenado el año pasado, general de brigada retirado y exjefe de Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García). Varios de los que estaban en juicio o estaban en espera de juicio, entre ellos el exdictador Efraín Ríos Montt, cuya condena fue anulada en 2013, murieron antes de que concluyeran los juicios en su contra.

Según las modificaciones de la propuesta de ley, todos los exoficiales, comisionados, patrulleros e incluso guerrilleros serían liberados dentro de las 24 horas de su promulgación.

Breve historia de los juicios por delitos graves en Guatemala

Luego de la firma de la paz en 1996, el poder de los militares combinado con la debilidad de las instituciones legales significó que, si bien en teoría se podía investigar y juzgar delitos graves, las autoridades judiciales se mostraron reacios a investigar estos crímenes. Solo hubo juicios en unos pocos casos de alto perfil, entre ellos los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack en 1990, el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, y la masacre de Xamán, Chisec, Alta Verapaz.

Ante esta impunidad institucionalizada, las agrupaciones de víctimas y sus aliados en la sociedad civil persistieron en sus demandas de verdad y justicia, recopilación de pruebas, incluidos testimonios de testigos, pruebas físicas y documentos oficiales sobre las graves violaciones de los derechos humanos. Ante la inacción de los tribunales nacionales, también comenzaron a llevar sus reclamos de verdad y justicia ante los tribunales regionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el Estado de Guatemala en 27 casos, más de la mitad de ellos por delitos graves relacionados con el conflicto armado interno, y ordenó a las autoridades investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos delitos. A la par de esta creciente presión externa, las instituciones legales de Guatemala estaban en pleno proceso de transformación. Nuevos liderazgos en el Ministerio Público y el Organismo Judicial afirmaron la necesidad de investigaciones independientes y juicios imparciales sobre delitos cometidos en el pasado. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) jugó un papel importante en este proceso de fortalecimiento de la autonomía de los fiscales y jueces.  

[relacionadapzp1]

Los primeros casos de graves delitos de guerra que llegaron a juicio se centraron principalmente en los soldados de infantería y oficiales militares de bajo rango. Bajo el liderazgo de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, se impulsó el enjuiciamiento de los oficiales del alto mando militar, por ser los responsables del diseño y la implementación de una estrategia militar de contrainsurgencia que resultó en violaciones masivas de los derechos humanos. Esta estrategia culminó en el juicio contra el exdictador y general retirado, Efraín Ríos Montt, quien fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil y condenado a 80 años de prisión, y su jefe de inteligencia militar, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue absuelto. Diez días después, bajo una intensa presión de las élites empresariales y sectores militares, el Tribunal Constitucional dictó, en una decisión dividida, la suspensión parcial del proceso, lo cual dejó vacante la sentencia, y forzó un nuevo juicio. Ríos Montt murió en abril de 2018 en medio de su nuevo juicio. En el segundo proceso contra Rodríguez Sánchez, el tribunal, en un voto dividido, lo absolvió por segunda vez, aunque el tribunal determinó por unanimidad que el Ejército cometió genocidio contra el pueblo Maya Ixil.

El retroceso en el caso del genocidio hizo que el enjuiciamiento de altos oficiales militares pareciera un sueño. Claudia Paz y Paz fue expulsada de su cargo en mayo de 2014, seis meses antes de concluirlo. Se iniciaron juicios frívolos contra varios de los que participaron en el juicio por genocidio, entre ellos el fiscal del caso, Orlando López, la juez presidente del tribunal de sentencia Yassmín Barrios, y el antropólogo forense Fredy Peccerelli.

En 2015 meses de protestas de anticorrupción provocaron la destitución del expresidente Otto Pérez Molina, un general retirado implicado en abusos contra los derechos humanos. Pérez Molina fue arrestado y está siendo procesado por corrupción, junto con decenas de funcionarios gubernamentales y élites empresariales. Entre los arrestados hay varios exoficiales militares de contrainsurgencia, como Mauricio López Bonilla, quien se desempeñó como Ministro de Gobernación de Pérez Molina. Como consecuencia de las protestas anticorrupción, comenzó una nueva ola de enjuiciamientos de graves delitos de guerra.

En enero de 2016, 18 exoficiales militares de alto rango fueron arrestados en relación con dos casos emblemáticos de graves delitos de guerra, el caso de desaparición forzada masiva ZM#21 - CREOMPAZ, así como la detención ilegal, tortura y violencia sexual de Emma Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio, en 1981. Ocho militares fueron enviados a juicio en junio de 2016 en el caso CREOMPAZ, pero el caso permanece amarrado por varios amparos que no terminen de resolverse. El caso Molina Theissen tuvo más suerte; el juicio culminó en mayo de 2018, con una condena de cuatro de los cinco altos exmandos militares acusados. En febrero de 2016, un oficial militar de alto rango y un comisionado militar fueron condenados por el caso de violencia sexual y esclavitud sexual de Sepur Zarco. El martes 28 de enero debe comenzar el juicio de etapa intermedia contra seis ex comisionados militares acusados ​​de violencia sexual contra más de 20 mujeres mayas Achí (uno murió diciembre 2018).

Estos logros y el futuro avance en los esfuerzos contra la impunidad en casos de graves delitos de guerra están ahora amenazados por quienes presionan para imponer una amnistía general. 

¿Quién se beneficia?

Todos los condenados por delitos graves serían liberados si se aprobara la amnistía propuesta por el diputado Fernando Linares Beltranena. Esto incluye a varios oficiales militares de alto rango que conservan importantes cuotas de poder en la Guatemala actual y que han sido vinculados al crimen organizado.

• El general de brigada retirado y exjefe de Estado Mayor del Ejército del Ejército de Guatemala, Manuel Benedicto Lucas García, fue condenado en mayo de 2018 por  crímenes de lesa humanidad y violación sexual agravada de Emma Molina Theissen, y sentenciado a 33 años de prisión, y a 25 años adicionales por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, en 1981. Lucas García también está a la espera de juicio en el caso CREOMPAZ. Antes de su detención en enero de 2016, Benedicto Lucas García alardeó sobre su papel en las elecciones de 2015 a favor de Jimmy Morales.

• El general de brigada retirado y exjefe de inteligencia militar Manuel Antonio Callejas y Callejas fue también condenado por los mismos crímenes en el caso Molina Theissen y también recibió una condena de 58 años de prisión. Callejas y Callejas está acusado de ser el fundador de la Cofradía, una red de oficiales de inteligencia que están implicados en graves violaciones de derechos humanos como en el crimen organizado. Después de su arresto, El diario El Periódico dijo de él: “Callejas y Callejas, junto con [Luis Francisco] Ortega Menaldo [otro oficial de inteligencia militar retirado], ha sido el presidente de facto de Guatemala desde 1982”. Los Estados Unidos revocó la visa de Callejas y Callejas en 2002 debido a las denuncias de su participación en el narcotráfico y el lavado de dinero.

[relacionadapzp2]

* Exoficial de inteligencia militar César Augusto Cabrera Mejía está a la espera de juicio por cargos de desaparición forzada en el caso ZM#21-CREOMPAZ. Cabrera Mejía es uno de los oficiales militares señalados como fundadores del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Jimmy Morales, elegido por el FCN-Nación en 2015, iba a nombrar a Cabrera Mejía como Ministro de Gobernación, pero su arresto en enero de 2016 frustró esta intención. Sus vínculos con el partido oficialista persisten. Su hijo, César Augusto Cabrera Leonardo, es un miembro del círculo íntimo de asesores del presidente Morales. Cabrera Mejía es aún representante legal de la Empresa de Seguridad Privada Élite, y su hijo es gerente general. En abril de 2018, las autoridades acusaron a su empresa de fraude. Poco después, el presidente Morales perdonó una multa de Q7.5 millones que las autoridades fiscales habían impuesto a su empresa. Varios oficiales militares acusados ​​en casos de delitos graves que son fugitivos también pueden beneficiarse si la ley de amnistía propuesta se convierte en ley. Dos de esos funcionarios, acusados ​​en el caso de ZM#21-CREOMPAZ, han informado de lazos estrechos con Jimmy Morales y su partido.

* Edgar Justino Ovalle Maldonado, un coronel retirado y exoficial de inteligencia militar que fue elegido diputado en el Congreso con FCN-Nación en 2015, se convirtió en prófugo cuando la Corte Suprema de Justicia levantó su inmunidad en marzo de 2017 para que pudiera ser investigado en relación con el caso ZM#21-CREOMPAZ. Ovalle fue el oficial de inteligencia de la antigua base militar de Cobán en donde se realizaron las exhumaciones de más de 550 osamentas y donde se centra el caso ZM#21-CREOMPAZ, documentos desclasificados lo vinculan con los comandos militares que participaron en masacres y desapariciones forzadas durante la década de 1980. Él era el secretario general del FCN-Nación y se desempeñó como asesor principal de Morales hasta convertirse en prófugo.  

* El oficial retirado de inteligencia militar, Luis Felipe Miranda Trejo, está también acusado en el caso de desaparición forzada ZM#21-CREOMPAZ, pero no logró ser capturado y se mantiene prófugo. Fue ex jefe del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales Kaibil y luego fue comandante de varias zonas militares. En 1999 fue elegido al Congreso como miembro del partido de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco. Miranda Trejo luego fue el secretario general adjunto de la FCN-Nación. Según la Organización en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Miranda Trejo ha sido implicado en varios casos de graves violaciones a los derechos humanos, y en la obstaculización de la investigación sobre el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine en 1990.

 FCN-Nación: El Partido de la Vieja Guardia Militar

 Altos oficiales militares retirados, muchos de los cuales son miembros de la Asociación de los veteranos del Ejército de Guatemala (Avemilgua), fundaron FCN-Nación. Altos funcionarios de la contrainsurgencia y oficiales de inteligencia militar vinculados a la Cofradía que se opusieron a las negociaciones de paz fundaron esa agrupación en 1995.

Desde sus inicios, Avemilgua se opuso activamente a los enjuiciamientos por crímenes de guerra. Durante el juicio por genocidio de 2013 contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, la Avemilgua lanzó una campaña política y mediática que negó el genocidio e intentó desacreditar a jueces, fiscales y testigos que participaron en el proceso. Avemilgua también se opuso a la creación de la Cicig y ha sido una de sus críticas más vociferantes.

El actual presidente de Avemilgua es José Luis Quilo Ayuso, un general de brigada retirado que estudió en la Escuela de las Américas, considerado de la línea dura de exoficiales de la contrainsurgencia. Estuvo de alta en Quiché durante 1983. En 1994, fue jefe del Estado Mayor del Ejército. Quilo Ayuso sería uno de los miembros fundadores de FCN-Nación y uno de los oficiales militares retirados que financiaron la campaña electoral de Jimmy Morales. Aunque Morales afirmó repetidamente que FCN-Nación ya no tenía vínculos con Avemilgua, Plaza Pública informó que casi el 40 % de los fondos del partido provinieron de cinco oficiales militares retirados, entre ellos Edgar Ovalle Maldonado, Alsider Arias Rodríguez, Gregorio López González y José Luis Quilo Ayuso.

 El vicepresidente de Avemilgua es Marco Antonio González Taracena, general retirado del Ejército de la vieja guardia militar. El pasado 17 de enero, cuando el Congreso debatía los dos dictámenes, uno a favor y otro en contra, de la propuesta de reformar la Ley de Reconciliación Nacional, González Taracena se encontraba en la galería del Congreso alentando a los diputados a votar por el dictamen favorable.  Según el Archivo de Seguridad Nacional, González Taracena estuvo a cargo de "El Archivo", una unidad de espionaje del temido Estado Mayor Presidencial; así mismo, llego a ser Ministro de Defensa en 1995. También estuvo María Elena “La Nana” Winters, esposa de Lucas García, quien antes de la sesión legislativa bendijo al congresista Fernando Linares Beltranena, el impulsor de la propuesta de ley.

Se prevé que en las próximas semanas el Congreso continúe con la discusión y aprobación de la iniciativa de la amnistía. Entonces se sabrá si la vieja guardia militar se saldrá con la suya.