Sísifo se recarga o las mafias se reencuentran para detener los cambios

“La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”, escribió Antonio Gramsci en su libro Cuadernos de la cárcel. Tras la crisis política de 2015 desatada por las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre la cooptación del Estado, una reforma profunda del sistema judicial para garantizar su independencia parecía inevitable, aunque difícil. Las viejas estructuras —legales e ilegales— temen perder el poder y la impunidad que les ha facilitado amasar fortunas producto de la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y los negocios mal habidos. Ese miedo les ha unido ahora, para, a toda costa, evitar cambios en el sistema que interfieran con sus intereses.

La oposición a las reformas constitucionales, que pretenden hacer más eficiente, autónomo y profesional el sistema de justicia, según diversas fuentes políticas, diplomáticas y oficiales, es sólo una de las partes de una amplía estrategia diseñada para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad iniciada en 2015 por la CICIG, la fiscal general Thelma Aldana, y un puñado de organizaciones de la sociedad civil, y respaldada por la embajada de los Estados Unidos (por coincidir con los objetivos de la Casa Blanca con el Triángulo Norte de Centroamérica).

De Mariscal Zavala hasta la Casa Blanca

“Yo les digo a los muchachos que tengan paciencia, que no se desesperen. Que es seguro que aquí vamos a pasar las próximas dos o tres Navidades, pero sólo tres, no 20 o 30”, decía hace unas semanas a Plaza Pública un exministro del Gobierno del Partido Patriota (PP), bajo la sombra de uno de los toldos blancos que han improvisado como despacho en los jardines de la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde guardan prisión preventiva la mayoría de los detenidos por los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.

El exfuncionario, que insistió en ser “víctima de sus enemigos”, “inocente” de los cargos de que se le acusa, y “un hombre creyente y de fuertes convicciones”, pidió mantener su identidad en reserva “para evitar malos entendidos”. Sin entrar en detalles, explicó su confianza en que su estancia en prisión —y la de sus compañeros— no superará los dos o tres años, “porque la justicia en este país es muy lenta”, y “porque las impugnaciones y los recursos llevan tiempo para resolverse”. Pero principalmente, “porque la fiscal (Thelma Aldana) no va a ser eterna, y no va a ser reelegida”, y “porque la CICIG tiene los días contados, y no se quedará para siempre”.

—¿Cuál es la estrategia para salir bien librados de los procesos y evitar condenas? ¿Retardar los procesos judiciales con lluvias de recursos mientras Aldana concluye su período y el mandato de la CICIG concluye en 2019, como está previsto? —se le pregunta al exfuncionario.

—Usted es muy suspicaz —responde con una larga sonrisa marcada en el rostro—. Yo lo único que puedo decirle es que hay que esperar; que cada quien está preparando su defensa, y que esa gente (Aldana y la CICIG) no pueden quedarse para siempre.

El período de Thelma Aldana como Fiscal General concluye en mayo de 2018, y el mandato de la CICIG en septiembre de 2019. La decisión de reelegir a la Fiscal —en caso se postule—,  así como de renovar por un nuevo período el mandato de la CICIG, está en manos del presidente Jimmy Morales. La semana pasada, en su cuenta de Facebook, el mandatario dijo  que desea que la CICIG perdure durante la totalidad de su Administración, y auguró que “pueda aún continuar después de 2020”.

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Una fuente cercana a la CICIG asegura que “el contraataque de las mafias”, contempla “la coincidencia estratégica” de los grupos y sectores que han visto perjudicados sus intereses, para sacar del camino a quienes consideran los únicos capaces de liderar un proceso de reforma del sistema de justicia y combate a la corrupción e impunidad: la fiscal Aldana, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. “Los más interesados son los que están (detenidos) en Mariscal Zavala, pero no son los únicos”, advierte. También están los empresarios evasores de impuestos, los diputados y alcaldes que ya no pueden seguir con sus negocios ilícitos, los medios de comunicación implicados en casos de corrupción, y “los que saben sus delitos y tienen miedo en ser los próximos” capturados.

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Desde planear un atentado en contra de la Fiscal General, hasta ganar tiempo retardando los procesos legales para evitar condenas, pasando por debilitar la imagen de Aldana, Velásquez y Robinson por medio de “demandas espurias” e artimañas políticas, hasta tomar el control de las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso de la República, obstaculizar las reformas constitucionales y buscar el apoyo de aliados en Estados Unidos, son algunas de las acciones que la fuente identifica como partes de la estrategia para detener la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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Fuentes diplomáticas y de organismos internacionales, aseguran que tras el triunfo de Donald Trump, las maquinarias de empresarios y exfuncionarios empezaron a planear misiones de cabildeo con destino a Washington, para buscar el apoyo de los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, ambos exprecandidatos presidenciales del Partido Republicano, a los que se les atribuye cercanía y amplía influencia en el Senado y el Departamento de Estado del nuevo presidente de los Estados Unidos.

Que el embajador que sustituya a Robinson a partir de octubre del próximo año cuando venza su mandato, “sea menos beligerante y más amigo”; que se reduzca la ayuda financiera de Estados Unidos para la CICIG, “para ahogarla económicamente”; y que se fortalezcan las relaciones “entre pares”, para evitar la llegada al poder de los “izquierdistas”, serían los principales objetivos —y argumentos— de esas misiones.

El vicepresidente Jafeth Ernesto Cabrera Franco, a través de su equipo de comunicación, aseguró que desconoce si empresarios o exfuncionarios guatemaltecos realizan cabildeo en Washington. “Respecto a las reformas constitucionales, el vicemandatario considera que “no hay ningún cambio” en torno al apoyo del Ejecutivo a esa iniciativa, y destacó que la tarea de aprobarlas corresponde en exclusiva a los diputados.

La embajada de los Estados Unidos en Guatemala no emitió comentarios al respecto.

Las reformas (casi) truncadas

Aunque las reformas a la Constitución fueron aprobadas por 116 de los 158 diputados del Congreso, ello no garantiza que el espíritu original de la propuesta se mantenga el próximo año cuando se continúe con la revisión de cada uno de sus artículos. “Todas las fuerzas se unieron para boicotear la reforma”, sostiene una fuente dentro de la CICIG. “De momento, nada garantiza que el próximo año se puedan lograr”, agrega.

A grandes rasgos los aspectos medulares de la reforma tocan cuatro ámbitos: independencia judicial, blindaje al Ministerio Público, revisión del derecho a antejuicio y pluralismo jurídico.

El primer punto la clave es la creación del Consejo Nacional de la Justicia, que separaría las tareas administrativas del Organismo Judicial de las de jurisdicción; crear una verdadera carrera judicial que evaluaría y promovería a los jueces; la reforma liquidaría el sistema de comisiones de postulación y devolvería tareas al Congreso de la República para designación de magistrados, dentro de una propuesta del triple de candidatos del Consejo y ampliaría los periodos a nueve años de gestión para evitar el vaivén político y las transacciones entre operadores. De igual forma ampliaría la Corte de Constitucionalidad a nueve integrantes por igual número de años de periodo, aunque renovados por tercios cada tres años.

El blindaje al Ministerio Público recaería en permitir la remoción de un fiscal general solo si este recibe sentencia por un caso, se amplía su gestión a seis años y permite la reelección. Aspectos que buscan una mayor autonomía del poder político.

La revisión del antejuicio agilizaba la posibilidad de levantar el derecho a antejuicio de un diputado, al permitir a un juez realizarlo al dictar “auto de procesamiento”. Esta consideración es previa a la que establece actualmente la ley, al otorgársele “auto de prisión”, una acción que puede llevar años o retrasarse maliciosamente dentro del organismo judicial.

Finalmente, el cuarto componente, el pluralismo jurídico, venía a reconocer la jurisdicción indígena en la aplicación de justicia. Permitía el ejercicio que ya se da de hecho en varias partes del país, restringiéndolo a actuar en coordinación con el sistema ordinario y limitándolo a no violar derechos humanos o constitucionales. Todos estos cambios, en cualquier caso estaban sujetos a una consulta popular.

Frente a estos posibles cambios en el statu quo la reacción no se hizo esperar.

I acto: un cambio en la marea

El cambio en la suerte de la reforma constitucional tiene su punto de quiebre en la reunión para establecer la presidencia del Congreso del próximo año del Congreso.El 4 de noviembre, tras la renuncia del perfilado candidato Oliverio García Rodas, diputado del Movimiento Reformador, en una reunión en la finca presidencial de Santo Tomás, que incluyó a diputados de FCN-Nación, Todos,  Alianza Ciudadana (AC), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Compromiso Renovación y Orden (Creo) se designó a Óscar Chinchilla como el próximo presidente del Legislativo.

Hasta ese momento el acuerdo entre bloques para cerrar el año incluía la aprobación de un presupuesto ajustado a lo requerido por el Ejecutivo, dar luz verde a la Ley de Competencia como seguimiento de los compromisos con la Unión Europea en materia comercial y finalmente la reforma constitucional en su última versión consensuada, y en teoría, con el espíritu intacto. El nuevo equilibrio de poder en el Legislativo para el próximo año, sin embargo, dio pie a un cambio en la estrategia, y los legisladores oficialistas contemplaron que una mayor independencia judicial podría traerles riesgos a largo plazo. De ahí que los dos primeros artículos de la reforma constitucional que los tocaban directamente fueron rechazados de tajo por los diputados: permitían que fueran sometidos a investigación,  y les obligaban a dejar el Legislativo si eran ligados a proceso.

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También lograron detener la aprobación del artículo 3, que se refería al reconocimiento al pluralismo jurídico, al rechazar las enmiendas que previamente se habían consensuado. La votación de ese artículo será la primera que se discuta el próximo año, cuando el Congreso decida retomar el tema.

La siguiente jornada ponía en evidencia las prioridades: La Ley de Competencia fue aprobada en tercera lectura, pero no por artículos; y el Presupuesto General de la Nación 2017, ratificado con los requerimientos del Ejecutivo, aunque sin las enmiendas de último momento de su bancada oficial.Sobre este quiebre en los acuerdos la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), tiene una visión clara del causante: “La falta de voluntad de las bancadas mayoritarias, de bancadas hechizas como FCN-Nación (con diputados electos por el PP y Líder entre otros), ellos fueron los que desde el principio mostraron falta de voluntad. La presión viene de los mismos sectores conservadores y grupos mafiosos que están contra la modernización del sector justicia”.

II acto, la suma de todos los miedos

Tras la negativa a avanzar con la reforma constitucional el testigo pasa del presidente Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que reconoció la jurisdicción indígena como una demanda popular, a Óscar Chinchilla. El futuro Presidente del Legislativo quiso diluir responsabilidad al día siguiente de la paralización de la reforma, diciendo que “es una responsabilidad compartida no solo por el Presidente si no por junta directiva y jefes de bloque”.  Y arriesgo un compromiso: “será uno de los temas prioritarios en agenda para el próximo año”.

Sin embargo, el terreno es adverso. Para el diputado Amílcar Pop, de Winaq, quien ha seguido el proceso de discusión de primera mano, hay al menos tres temores básicos que ponen la reforma cuesta arriba:  El temor de los políticos por la reducción de sus privilegios, respecto a la inmunidad; el temor del sector privado, por la conquista de derechos de los pueblos indígenas confundiendo pluralismo jurídico con ser sujetos de derechos económicos y sociales, y junto a estos  también los sectores militares, con presencia en el Congreso como en caso de FCN-Nación, a otro tipo de procesos; y por último el miedo de las fuerzas de presión sobre el sistema de justicia, a acostumbradas a operar e influir en cualquier órgano elector coaccionando en el gremio de abogados, el mismo Organismo Judicial o la Universidad de San Carlos en las Comisiones de Postulación.

Los miedos de los sectores más conservadores de la economía nacional se manifestaron durante el proceso de discusión y tras la votación tuvieron su expresión en el pronunciamiento de la Cámara del Agro, dos días después de la discusión en el pleno. A través de su presidente Nils Leporowski manifestaron en conferencia de prensa su rechazo a la presencia de la Fiscal General, Thelma Aldana, y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez.  Y anunciaron acciones de inconstitucionalidad contra el Congreso por prolongar la votación y recibir “presiones” de las autoridades indígenas presentes en el parlamento.

Para el director del Centro de acción legal, ambiental y social (Calas), Yuri Melini, el temor de las élites económicas a la jurisdicción indígena pasa por los conflictos abiertos por el rechazo de mucha población a industrias como la minería, la explotación de la caña de azúcar, palma africana e incluso las hidroeléctricas. Un ámbito de acción sobre el cual incluso con la justicia ordinaria estas industrias han tenido reveses.

Por otra parte, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y la Asociación de Jueces y Magistrados se pronunciaron contrarios al proceso de reformas. El presidente del CANG, Marco Antonio Sagastume Gemmell, indicó que el gremio no respaldaba la “politización” de la integración del Organismo Judicial al señalar que se depositaba en el Congreso “un sector en el que la población no confía” la elección de magistrados.

Y en la misma línea se expresó Mario Alberto Taracena, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, aduciendo que el Consejo Nacional de Justicia “introduce personas ajenas al sector justicia” a la decisión de quienes ingresan en el Organismo Judicial. Aunque Taracena reconoce la existencia de vicios en los procesos de comisiones de postulación no considera estos cambios el camino para subsanarlos.

III acto, la apuesta por el desencanto

Frente a este clima adverso, voces dentro y fuera del Congreso advierten la pronunciada pendiente por remontar. Para la diputada Montenegro retomar la reforma constitucional es la oportunidad del nuevo presidente Legislativo de “demostrar con hechos que no hay negociaciones oscuras bajo la mesa, y que esa reunión de Santo Tomás no fue para decirle no a las reformas, por incluir reformas como facilitar el retiro del antejuicio a diputados”.

En el mismo escenario Pop coincide en que no aprobar las reformas constitucionales será “un retroceso grande”, y lamenta la falta de presión ciudadana hacia el Parlamento. “Hay una ausencia de organización social y esto es un reto importante de sociedad civil de cara a las reformas institucionales”, agrega. Al respecto, Melini reconoce que reformas de este calado en el sector justicia no se tocaron en las manifestaciones ciudadanas de 2015 contra la corrupción, y que la falta de articulación de esas demandas se ve reflejada en una menor presión directa sobre este punto.

De momento, las partes están plenamente identificadas y sus cartas sobre la mesa. Por un lado, la Fiscal General, la CICIG y la embajada de los Estados Unidos;  y por el otro, los grupos interesados en evitar cualquier tipo de cambios que perjudique sus intereses. Sísifo sigue.