—¿Podría indicarnos si usted, en el lugar de los hechos, pudo observar al señor Pedro García Arredondo? —La abogada Hilda Pineda, agente fiscal a cargo del caso de la quema de la embajada de España, toma la palabra para interrogar a Gustavo Adolfo Molina Sierra, testigo presencial, quien aquel 31 de enero de 1980 perdió a su padre en esos hechos.
La sala del Tribunal de Alto Impacto, donde se celebra la tercera audiencia de este juicio, está semivacía. Hay más periodistas y observadores internacionales que familiares de las víctimas de uno de los sucesos más publicitados del conflicto armado de Guatemala, en el que 37 personas murieron calcinadas a plena luz del día, dentro de la sede la embajada de España. Una tragedia que supuso, por primera vez en la historia, la ruptura de relaciones diplomáticas de ese país europeo con una nación latinoamericana.
Ya pasaron 34 años, y 18 desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. El entonces presidente de Guatemala, el general Romeo Lucas García, murió de muerte natural en Venezuela, al igual que el jefe de la Policía Nacional (PN), el coronel Germán Chupina Barahona; mientras que el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio Público sólo ha podido sentar en el banquillo de los acusados a Pedro García Arredondo, quien en aquel momento dirigía el Comando VI, un cuerpo operativo que dependía del jefe de la PN, acusándolo de dirigir este operativo.
—Sí —responde Gustavo Adolfo Molina Sierra, que aquel día llegó a la embajada alertado por el chofer de su padre, el abogado Adolfo Molina Orantes, quien, ajeno a todo acontecimiento, se había desplazado a la casa de la zona 9 a una cita con el embajador español para pedirle apoyo económico para la celebración de unas jornadas de Derecho Procesal.
—Él —dice dirigiendo su mirada hacia Arredondo— era un personaje público conocido por las múltiples fotos que salían en los diarios en la época. Notaba que él tenía una presencia, y asumí que él era el que estaba dirigiendo toda la operación.
—¿Usted se dirigió a él y le hizo alguna petición específica? —retoma la palabra la fiscal Pineda.
—Sí —afirma Molina—. Me dirigí al señor García Arredondo y le pedí, por favor, que no lo hiciera (que las fuerzas de seguridad no ingresaran al interior de la embajada), porque esto iba a causar un problema. Y él me dijo que lamentablemente tenía órdenes para hacerlo y que no podía detenerlo. Pregunté que de quién eran las órdenes, y me contestó que eran de muy arriba.
Gustavo Molina relata cómo aquel día no pudo impedir que los agentes de policía ingresaran en la embajada, y las llamadas de su madre al ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, ni al Canciller, tampoco pudieron evitar que su padre, —quien había sido Ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978) y también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad San Carlos—, falleciera calcinado por el fuego en el interior de la sede diplomática española.
Pero en un momento de su intervención, las declaraciones de Gustavo Molina toman un giro discordante al afirmar que los responsables no fueron los agentes de seguridad del Estado, sino “los invasores” y el entonces embajador español Máximo Cajal. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas (CEH), asegura, no tomó en cuenta su declaración testimonial para su informe, en la que responsabilizaba al embajador Máximo Cajal. “El grupo invasor fue quien provocó las muertes, la policía franqueó la entrada de un cuerpo diplomático, pero cuando ingresó, permaneció en el primer piso; el incendio y los disparos se produjeron en el segundo piso”, dijo a Plaza Pública al concluir la audiencia.
Estos mismos argumentos fueron expuestos por el hijo de Pedro García Arredondo, Cristian García, también al final de la jornada, al asegurar que los responsables de la quema de la Embajada fueron el embajador Cajal y el entonces dirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y actual coordinador general del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Gustavo Meoño Bremer.
—Ante los ojos de Dios en la tierra, mi padre es inocente —expuso García—. Si vemos detenidamente todos los testigos que ha presentado el MP, dejan muy claro la responsabilidad de las personas ocupantes.
Sin embargo, los demás peritajes que se escucharon en la tercera audiencia del juicio, presidido por la jueza Janet Valdez —y acompañada de las otras dos juezas del Tribunal B de Alto Impacto, Sara Yoc y María Castellanos—, señalan como responsables a las fuerzas estatales.
Además del asesinato de las 37 personas —18 campesinos provenientes de Quiché, 10 estudiantes de la Universidad de San Carlos, el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres Lehnhoff; el exministro de relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes; y tres españoles, entre quienes se encontraba el cónsul Jaime Ruiz del Árbol— también se juzga la desaparición y posterior asesinato de Gregorio Yujá Xona, quien sobrevivió a los hechos y fue sacado al día siguiente del hospital Herrera Llerandi por supuestos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado; y de los estudiantes, Jesús España Valle y Gustavo Adolfo Hernández González, asesinados el 2 de febrero tras participar en el sepelio de las personas fallecidas en la embajada
Como querellantes adhesivos en el caso, están Rigoberta Menchú Tun, Premio Nobel de la Paz, quien aquel día perdió a su padre Vicente Menchú; y Sergio Fernando Ví Escobar, originario de Chajul, que actualmente trabaja en la organización Aj Quemap, en Santa Cruz del Quiché, quien el día de la quema perdió a su padre Gaspar Ví Ví, y luego a su madre y su abuelo a manos del Ejército.
Quemaduras de tercer y cuarto grado
Durante la audiencia también testificaron el médico Abel Girón Ortiz, quien en aquel momento trabajaba como médico forense para el Organismo Judicial y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y fue el encargado de los exámenes forenses realizados a las víctimas.. “Aquel día me costó entrar en el OJ, por la gran cantidad de cuerpos que llegaron de la embajada”, relata Girón. En base al examen forense del momento, agrega, las personas —hace mención a siete expedientes— murieron a causa de quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado. Gregorio Yujá, aclara, falleció por “una herida penetrante en el cráneo”, al igual que Gustavo Adolfo Hernández González, líder estudiantil asesinado el día del sepelio de las víctimas de la embajada.
Ada Melgar Quiñonez, perito del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), hizo un relato de los 284 documentos relacionados con la quema de la embajada extraídos de este archivo, con base en los cuales puede establecerse el conocimiento de las fuerzas estatales de las actividades que estaba preparando los campesinos. “Días antes a los hechos, el director de la Policía Nacional, el coronel Germán Chupina Barahona, el jefe del Cuerpo de Detectives, el teniente coronel Manuel de Jesús Valiente Téllez, y el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales o Comando VI, Pedro García Arredondo, fueron informados de las actividades de un grupo de personas provenientes de Quiché”, indicó Melgar.
Mostró un informe circunstancial del cuerpo de radiopatrullas, donde puede leerse que fue el primer jefe del Comando VI, “quien dirigió el operativo” de la quema de la embajada de España; así como otros documentos donde se consigna la presencia en inmediaciones de la sede diplomática de agentes del Cuerpo de Detectives, Comando VI, pelotones de choque del Primer Cuerpo, agentes del cuerpo de radiopatrullas y del segundo y tercer cuerpo de la Policía Nacional.
Una película de terror
Marina De Villagrán, psicóloga especializada en violencia política, quien realizó un peritaje psicosocial, expuso sobre las consecuencias psicológicas de un evento de tal magnitud en los familiares de las víctimas y en toda la población del país. Unas palabras que captaron la atención de todo el auditorio, desde que comenzó a hablar de la Doctrina de Seguridad Nacional, implementada por los Estados Unidos a partir de 1954 a través de las leyes y políticas de corte anticomunista, hasta la instauración del terror y de la creación de la doctrina del enemigo interno como parte de la política nacional. “No se ha estimado el número de víctimas no directas que sufrieron traumas por la quema de la embajada”, dijo, y describió cuadros en los familiares de “angustia, desamparo, miedo, e idealización de las víctimas”.
“Durante el periodo de la guerra interna, hubo algunos hechos que marcaron un antes y un después. El caso de la quema de la embajada de España fue uno de estos hechos, porque mostró al mundo lo que el Estado de Guatemala era capaz de hacer en contra de sus ciudadanos, pública y abiertamente. No es fácil ver hechos de esta naturaleza, más que en las películas de terror, la sociedad guatemalteca tuvo la oportunidad de ver algo que sucedió a plena luz del día. Causa una conmoción terrible en quienes perciben estos hechos, que queda grabado en la memoria colectiva de este país, y hoy los expertos consideran que queda grabada en la memoria genética de las personas”, expuso De Villagrán.
Dentro de sus análisis mencionó cómo la aplicación de la doctrina del enemigo interno afecta a toda la sociedad. “El primer efecto que se produce en la sociedad es la desconfianza mutua. Esto entra dentro un grupo de capacidades del ser humano, que se conocen como las creencias básicas de las personas: Las personas consideramos que el mundo funciona bien, consideramos que en nuestro entorno hay buenas personas, consideramos que es un lugar grato para vivir. Esto son parte de las creencias básicas de los seres humanos. Lo primero que sucede con eventos de esta naturaleza es que se destruyen las confianzas básicas, por lo tanto las personas dejan de creer que hay un orden, y pueden dejar de confiar de la manera en que el mundo se mueve en general. Se pierde la confianza en todos. Esa desconfianza está en todos y cada uno de los guatemaltecos, hasta el día de hoy”, concluyó Villagrán.
La próxima audiencia fue programada para el 24 de octubre. La Fiscalía acusa a García Arredondo de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad.
