Esa opción abre la posibilidad de que paulatinamente se cierre la grieta por donde la impunidad se ha enraizado. Al convertirse en un fenómeno estructural, la arquitectura de la impunidad y de la corrupción sirve a intereses que pueden pagar sus servicios y sostenerla. Es útil a varios actores con poder económico y político. El riesgo de que desaparezca como resultado de una reforma sustancial pone a estos beneficiarios en un trance peligroso.
Ello explica, por lo tanto, la necesidad de evitar que se aprueben. Y por ello recurren al mismo método empleado cuando tiraron por la borda la reforma constitucional derivada de los acuerdos de paz. El instrumento socorrido por excelencia fue una millonaria campaña de propaganda falsa que generó dudas en torno al contenido de la reforma. Luego gestó la implantación de confusiones y finalmente levantó el imaginario del miedo, que movilizó fundamentalmente a la población citadina y mestiza a votar por el no. El racismo arropado con el miedo fue la mezcla perfecta para que el propósito se alcanzara.
Esas campañas intoxican el entorno que rodea una situación con tal de lograr su propósito. Se diseñan y ponen en marcha con un método quirúrgico o como si se tratase de una operación de inteligencia. Una modalidad es el astroturfing, como se les llama a ciertas campañas de publicidad que dan una falsa imagen de base social. Al esquema organizacional trazado se añade un contenido basado en afirmaciones falaces, las cuales sirven para construir los imaginarios de miedo, rechazo y objeción a la propuesta.
Quienes lo realizan son los llamados astroturfers (intoxicadores), quienes, en el caso que nos ocupa, han empezado su libreto. Por medio de mensajes directos en redes sociales han circulado grabaciones en audio que contienen un discurso de Giovanni Fratti, el asesor en comunicación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Cuchi Valdés, compañera de fórmula de la procesada, aunque todavía magistrada, Blanca Stalling.
El asesor malinterpreta el contenido de la reforma y afirma falazmente que incluso personas sin título de abogadas podrían alcanzar una judicatura. Habla de un ente con superpoderes y le lanza un mensaje de miedo a su público. Un coro de operadores de redes sociales con perfiles falsos replica los contenidos y reproduce los mensajes clave a fin de construir el nuevo imaginario del miedo.
Se cuidan, eso sí, de indicar que su propósito es instalar ese imaginario, ya que favorecen a las estructuras que procuran impunidad. Se cuidan de afirmar con palabras (aunque sus acciones apuntan a ello) que desean impedir que avancen los procesos anticorrupción.
Mucho se protegen de mostrar su verdadero rostro. De hacerlo, se enfrentarían a una base social muy amplia que ha expresado su rechazo a la corrupción y la impunidad. Se mostrarían del lado del crimen y del robo al presupuesto público, lo cual ha significado la muerte de usuarios y usuarias del servicio de salud o por falta de seguridad.
Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con la reforma de 1999, esta vez sí hay reclamo social por que se produzca. Ahora los intoxicadores la tienen difícil. El debate social es más amplio que el alcance de sus diatribas. Máxime cuando estas son como castillos de naipes, que de un ligero soplido caen por la ausencia de argumentos y verdades que los sostengan.
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