Un pueblo, el Estado y… una empresa

Los pobladores están asustados. Las fuerzas armadas, sin embargo, saben que estos lugares son impredecibles y pueden explotar en cualquier momento. “Lo dicen”, como explican ellos, “las estadísticas”.

–No vayan por allá. Por su seguridad. La gente de esas comunidades es muy violenta. Los pueden linchar –el anuncio lo da el grito de un sargento que custodia, junto a una tropa de al menos 20 hombres, un camino rural al borde del río Qan’bala’m, el ícono natural que da vida a las postales del municipio. 

–Queremos fotografiar el río– replicamos.

–No vayan– insiste el sargento.

Luego de varios minutos y explicar que somos periodistas, nos deja proseguir.

Es la primera semana del Estado de Sitio. Estamos en el municipio que, según datos recopilados por el analista Carlos Mendoza, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muertes por linchamientos desde el año 2011. Estamos a una hora y media de la frontera con México. Los pobladores de este municipio hablan de lo que miran y escuchan. Son míticos cuando hay que decir algo de su comunidad. Hay migrantes, dicen, también ladrones y secuestros de personas para tráfico de órganos y sustracción de menores en las aldeas para ser explotados sexualmente más allá de la frontera, con lo cual, sin reconocerlo, justifican a grandes rasgos las acciones violentas de las comunidades en las estadísticas, en los linchamientos.

“Esta gente simplemente reacciona”, explica el comisario Álvaro Pérez López, de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Cruz Barillas.

El camino que seguimos, no obstante, con los soldados observándonos ya un poco en la distancia, no llega ni toca nunca a México. Se queda trunco tras media hora en los microbuses de ruta local. Llega a la cima de un cerro y a una laguna pequeña, pero nada más.

En el trayecto sigue el caudal del río Qan’bala’m. Atraviesa las comunidades de Poza Verde, Recreo A, B, C, D, San Carlos Las Brisas y Santa Rosa, todas poblaciones donde el despliegue militar del Estado de Sitio se ha focalizado, y ha sido intenso. También, de modo paralelo, en el otro lado del camino, se recorren los 14 terrenos de 22 manzanas que pertenecen desde hace cinco años a Ecoener-Hidralia, la empresa española que pretende construir una hidroeléctrica de 5MW de potencia en la región, sin embalse, tipo filo de agua, que utilizará la caída del flujo del río en  un desnivel de 250 metros para mover una turbina. 

En los datos presentados por el Ministerio de Energía y Minas del mes de marzo 2012, y recogidos en este mapa, el Proyecto Qan’bala’m –también llamado Hidro Santa Cruz– de las empresas Ecoener-Hidralia no aparece. El informe se enfoca en presentar datos de hidroeléctricas de mayor tamaño, a partir de 10MW de potencia. Debido a los rangos de potencia que maneja el Ministerio de Energía y Minas, Hidro Santa Cruz podría considerarse como algo pequeño.

A pesar de ello, todo este tramo de terracería, compartido por tres comunidades y el proyecto Hidro Santa Cruz, es el epicentro de un conflicto social que lleva varios años a la fecha. Es un camino que, al ser recorrido a pie, está colmado de eventos que han sucedido en los últimos cinco años: de sustos, de muerte, de trifulcas, de máquinas excavadoras calcinadas y depositadas como cadáveres gigantescos al borde de la carretera, de destrucción, de mallas metálicas colocadas como cercos, de linchamientos, y de paisajes increíbles con cataratas exuberantes en medio de las montañas escarpadas.

Lo que más abunda en el recorrido, sin embargo, son los rumores, los rostros indignados, las opiniones encontradas. Pero hay que subir a la ladera de los cerros colmados de casas humildes para encontrar justo eso: rumores sobre una hidroeléctrica que acusan como fachada de una extracción minera, “no es electricidad sino oro lo que buscan”, indignación por un gobierno que no los escucha, “se hizo una consulta popular en contra de la utilización de los recursos naturales pero no sirvió de nada”, opiniones en contra del Estado de Sitio, “no queremos policías ni militares cerca de nuestras casas”, y otras, las menos, que dicen: “queremos luz en nuestras casas”.

Pero mientras se llega a ese punto, el camino con rastros de conflictividad en las faldas de la montaña, es algo desolado. En más de treinta minutos de caminata lo único que se atraviesa en la vereda es uno o dos perros solitarios. Son las nueve de la mañana y nadie de las comunidades está a la vista. Tampoco policías o soldados. Solo casas que sobresalen más arriba. El canto de las cigarras es un sonido que prevalece en el ambiente.

Desde que se decretó Estado de Sitio, a lo largo de todo este camino de terracería, donde se ubican las tres comunidades que reciben el mayor número de visitas de la policía y el ejército, justo al lado del terreno de lo que será la hidroeléctrica, se percibe miedo. Casi nadie sale de su casa. Parece todo deshabitado.

El inicio de un Estado de Sitio

Fue en el principio de esta carretera en que el pasado 1 de mayo, cerca del medio día, murió de un balazo Andrés Francisco Miguel. Trabajaba en una pequeña tienda, en la comunidad de Poza Verde. Vivía en la comunidad del Recreo B y de 2010 a 2011 desempeñó el puesto de alcalde auxiliar. Ahora ya no lo era. Y su asesinato, un hecho que cuenta con una versión del Ministerio de Gobernación y otra de los pobladores, sigue sin ser algo esclarecido.

En el tiroteo también resultaron heridos Esteban Bernabé de 23 años y Pablo Antonio Pablo de 59.

En el camino apenas quedan rastros de lo acontecido. Solo se sabe exactamente del lugar cuando lo señalan los pobladores. “Aquí fue, aquí fue”, dicen donde apenas se ve algo. Pablo Antonio Pablo, herido, desde el hospital, dos días después del incidente, declaraba a la prensa que habían sido atacados por guardias de seguridad de la hidroeléctrica. “Ese día fui a un culto en la iglesia, y cuando regresaba a mi casa (en El Recreo B), venían dos señores. El alto pegó un grito, así ahhhh, entonces el guardia me empezó a tirar. Así no más. Me tiré al río que pasa por ahí, cuando sentí que me ahogaba salí y vi mi mano colgando”, contó a una reportera de elPeriódico. Pero eso es algo que no se ha comprobado. Sobre todo cuando las declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirman otra cosa: “Varios grupos tuvieron un altercado y consumieron licor, lo que comenzó una revuelta”. El Ministerio Público, a más de 12 días del incidente, por extraño que parezca, en el momento en que recorremos estos caminos todavía no ha entrevistado a Pablo Antonio Pablo sobre lo ocurrido. Hasta este último fin de semana no había anunciado que llegará a investigar.

El caso, remitido al juzgado del Municipio de Santa Eulalia, a dos horas de Santa Cruz Barillas, se maneja con reservas. Sin declaraciones.

Algo de lo ocurrido aquel día, sin embargo, queda clara tanto para autoridades como para vecinos: “El asesinato de Andrés Francisco fue el inicio del Estado de Sitio”, comenta Ana B., encargada de un hotel que pide omitir su apellido.

Lo que seguiría después al asesinato, aquella tarde del 1 de mayo, fue violento. Algunos pobladores del casco urbano narran cómo, en plena fiesta patronal, cerraban sus negocios lo más rápido posible cuando cientos de habitantes de las comunidades pasaban por el parque en busca de los responsables del asesinato de un líder comunitario de Recreo B. “Habían matado a Andrés Francisco y la gente corría en dirección del pueblo”, recuerda el comisario Pérez López. “Otro linchamiento, fue lo que pensé que estaba pasando”, declaraba hace unos días el encargado de una tienda y recordaba que echó llave a su negocio.

La turba que pasó frente a su tienda se dirigía al hotel La Estancia, cerca de la entrada del pueblo, y el único lugar que al parecer dejaba que se hospedaran los trabajadores de la hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. (En otros hoteles del municipio una de las preguntas para poder hospedarse es: “¿Ustedes son de la hidroeléctrica?” Si la respuesta es negativa, una voz de alivio responde y empieza a tomar datos para la reservación.)

El hotel La Estancia, esa tarde, fue parcialmente destruido. La búsqueda de la turba no produjo resultados, pero sí pérdidas económicas en aquel lugar. No encontraron a nadie de la hidroeléctrica. El hotel estaba vacío. Entonces, el tendero dice que, de entre la multitud, una voz gritó: “¡Están refugiados en el destacamento!”.

Barillas, el lunes 2 de febrero de 2009, amaneció con una patrulla militar. Desde esa fecha, como parte de un plan de seguridad nacional del gobierno de Álvaro Colom, argumentando la conflictividad del lugar, un destacamento militar se ubicó cerca de la salida del pueblo. El terreno se usaba con anterioridad como bodega y resguardo de maquinaría de la municipalidad. Dos años después, los vecinos enardecidos enfilaron en esa dirección. Iban decididos.

Era el primer día de la feria patronal que el pueblo celebra cada inicio de mayo.

La toma del destacamento duró más de 30 minutos, dice el subjefe del Estado Mayor de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio. La muchedumbre, antes de llegar allí, pasó por la casa de Ranferí Villatoro, un vecino que había vendido gran parte de su propiedad a Ecoener-Hidralia, y la quemaron. Fueron cinco mil personas, como indican los comunicados de prensa que circularon desde el lugar, las que llegaron luego frente al destacamento; entraron. Ese día de feria había 20 soldados mal armados y desprevenidos en el interior. La multitud les cayó por sorpresa, con la guardia baja.

“El ejército no pudo reaccionar”, dice un vecino de Barillas que fue testigo de lo ocurrido, pero que pide no publicar su nombre. No se escuchó ni un solo disparo.

Una vez más los pobladores no encontraron a nadie. No localizaron a los responsables por el asesinato de Andrés Francisco Miguel y no encontraron a nadie de la hidroeléctrica. Se dispersaron tras un rastro lleno de destrozos.

En el recuento de daños, al destacamento militar le faltaban tres escopetas de su inventario, y el soldado Héctor Godínez y otros oficiales estaban lastimados. La PNC reportaba dos pistolas desaparecidas. El Ministerio de Gobernación y la Presidencia de la República decretaban en consecuencia el Estado de Sitio para todo el municipio.

La opinión pública resaltó, felicitó y aplaudió que las fuerzas armadas hubieran contenido pacíficamente y no de otra manera, quizás hasta con violencia, a la multitud que los amenazaba.

El Estado reaccionó de inmediato con la fuerza, con el suspenso de las garantías constitucionales en todo el municipio. Fue tajante.

Santa Cruz Barillas celebraba así el 124 aniversario de su fundación. Eran las 7 de la tarde. El Estado de Sitio había comenzado.

El Estado que tenemos

En las comunidades todos andan con cuidado desde entonces. Se esconden. No hablan con extraños. Las órdenes de captura se han vuelto un pan diario para fiscales que solicitan el apoyo de policías y el ejército.  Por lo general, para un solo allanamiento, piden hasta 200 efectivos.

El Estado, tras su reacción, tras suspender los derechos de los ciudadanos, también ubicó sus prioridades.

La decisión no fue profundizar en el inicio del problema del 1 de mayo, sino actuar directamente sobre la consecuencia: el ataque al destacamento militar. Buscar entonces las armas sustraídas. Ubicar a la gente que estaba ese día cerca, en el parque.

Con la implementación del Estado de Sitio “nunca la intención de las autoridades fue buscar en la raíz de los acontecimientos, nunca fue investigar la muerte de Andrés Francisco. Fue, en todo caso, encontrar a los responsables de los destrozos ocasionados en las instalaciones militares”, reflexiona un vecino, un maestro de la comunidad Recreo A. Este profesor de primaria no quiere dar su nombre, lo enfatizó una vez que nos saludó, y una vez más antes de la despedida, cuando, desolado, se hizo una pregunta: “¿Qué tipo de Presidente tenemos?”.  

La misma reflexión la hizo en su columna semanal Juan Luis Font, director de elPeriódico: “En Guatemala el valor que se atribuye a la vida de los pobres es ínfimo y resulta descorazonador que el propio Estado, el gobierno encabezado por Otto Pérez Molina, anteponga otros objetivos, incluso el del orden social y legal, al de la persecución de la muerte de uno de sus ciudadanos. La Constitución reza que el Estado se organiza con el fin primordial de defender la vida humana. La propiedad privada viene en segundo orden. No marcha al revés la cosa”.

–¿Qué tipo de análisis previos hizo el ejército sobre el municipio de Santa Cruz Barillas una vez implementado el Estado de Sitio?

–La verdad, ninguno. Este lugar siempre ha sido conflictivo. Las estadísticas respaldan eso. Había que rescatar la gobernabilidad del municipio a toda costa– respondía, con serenidad, el subjefe del Estado Mayor de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio, encargado de toda la operación en Santa Cruz Barillas.

–En las primeras declaraciones para justificar el Estado de excepción, el Ejecutivo habló de narcotráfico, de organizaciones internacionales que “manipulaban” a los pobladores. ¿Tiene el ejército información sobre el narcotráfico, sabe de estas organizaciones en Santa Cruz Barillas?

–Hay indicios. Pero es algo que está en proceso de investigación.

–¿Cómo se justifica el Estado de Sitio con una mayor despliegue militar en las comunidades de El Recreo, San Carlos y Santa Rosa?

–Lo que pasa es que son comunidades que han sido protagonistas de conflictos anteriores.

–¿Por el tema de la hidroeléctrica?

–Sí. Pero ubicamos a varios de ellos, residentes de esas comunidades, como protagonistas de los disturbios de aquel primero de mayo. Una de las armas rescatadas fue encontrada en el Recreo A.

–¿Se aprovecha el Estado de Sitio para hacer efectivas órdenes de aprehensión con fechas anteriores al 1 de mayo?

–Sí. Es correcto. El tema es la gobernabilidad– contestaba López Ambrosio, en la entrada del destacamento militar.

Una estrategia que puso en duda el obispo de Huehuetenango, Rodolfo Bobadilla, en una carta pastoral, firmada por los presbitéros del departamento. Bobadilla acusa al gobierno de no haber analizado los hechos acontecidos y de criminalizar a la población de Barillas y a sus líderes comunitarios. La carta pastoral cuestiona: "Si ordinariamente ha habido vacío de poder y no se ha promovido una vida civil, amparando y promoviendo la aplicación de la ley, ¿Por qué en este caso sí actúa el gobierno y lo hace dejando de lado los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece  la razón de ser del Estado guatemalteco es la Protección de las personas y sus familias...?". La diocésis de Huehuetenango se ofrece como garante del proceso.

El Recreo, San Carlos, Santa Rosa

Para llegar a las comunidades en conflicto y hablar con los habitantes se debe conocer bien el camino. Un contacto nos dibuja un mapa en una hoja de papel. En él aparece la alcaldía del municipio, luego una iglesia católica, y a partir de allí una serie de garabatos que simbolizan una infinidad de veredas, cerro adentro, a 20 minutos a pie desde el parque central de Santa Cruz Barillas. Los puntos de referencia son tres: una escuela, una iglesia de la comunidad de El Recreo y el terreno donde inicia el proyecto de Ecoener-Hidralia. El contacto nos dice que alguien nos guiará, que no somos del lugar y que nos deben cuidar. Pero luego de esperar más de 15 minutos por el guía y con el mapa en la mano, sabemos que debemos llegar solos. Que nadie en el pueblo debe vernos con los pobladores de por allá, con ninguno de las tres comunidades más afectadas.

Los vigilan

La incertidumbre es grande. La Poza Verde, El Recreo, San Carlos, Santa Rosa e Hidro Santa Cruz aparecen en el mapa. Nos movemos, entre terracería y veredas muy pequeñas, hacia esos lugares.

A pesar del Estado de Sitio, a pesar de las órdenes de captura y a pesar de que sus líderes han huido a la montaña, los vecinos quieren hablar. Tienen algo que decir, pero no conocen cómo denunciarlo. El miedo a dar sus nombres es otra cosa que los paraliza.

Aun así, todos, en cada una de las tres comunidades asentadas en las laderas de las montañas, al lado del terreno de la empresa Hidro Santa Cruz, se hacen presentes. Más de 30 personas en cada visita. El Estado de Sitio decretado en Santa Cruz Barillas, sólo prohíbe marchas y manifestaciones. Reunirse, les explicamos, no está prohibido. Pero tienen miedo.

Si los perros ladran, “los ejército” están allí, dicen. Si la milpa se mueve, “los ejército” están cerca. 

Entonces, si una de las dos cosas sucede, todos corren. Hay murmullos. Algunas mujeres se llevan la mano izquierda al corazón y ponen cara de susto. Otras se trasladan a vigilar lo que ocurre y miran detrás de los muros de madera del pequeño salón donde nos han dado una cita. La escena es la misma en El Recreo, en Santa Rosa. En cada reunión.

Una mujer de Recreo A dice que “los ejército” la encañonaron hace tres días y la obligaron a enseñarles el camino entre la montaña que los llevara a la siguiente comunidad. Un hombre de rasgos duros, de Recreo B, dice que no sabe dónde está su papá, que él tuvo que huir hace horas, que tuvo que salir de casa para buscar un sitio seguro: llora. Un joven de Santa Rosa dice que “los ejército” hacen rondas por las noches, se llevaron sus pencas de banano, cortaron las naranjas de su patio, y patearon las puertas solo para asustarlos. Hay un hombre, también de Santa Rosa, que dice sentirse humillado, el sábado llegaron a su casa, rodearon la vivienda, le preguntaron por las armas, y lo intimidaron apuntándole a la cara. Un adolescente de Recreo A dice que hace pocas horas lo detuvieron, le tomaron fotografías sin su permiso, y le quitaron su documento de identificación.    

De la comunidad de Santa Rosa hay tres capturados. Líderes. Miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode). Antonio Rogelio Velázquez, Saúl Méndez Muñoz y Pedro Vicente Nuñez Bautista recibieron una llamada un día después de haberse decretado el Estado de Sitio. Debían llegar a la cabecera municipal para hablar con otros líderes sobre cómo proceder ante la carencia de derechos constitucionales. Los atraparon frente a la municipalidad y los acusaron de atentado y asociación ilícita, también de haber entrado el 1 de mayo al destacamento militar. Les habían tendido una trampa.

A 10 días de su captura, nadie en Santa Rosa sabía algo de ellos. A dónde se los habían llevado. Si estaban bien. Era lo que reclamaba Carmelia, esposa de Rogelio Velázquez, desde esta comunidad.

–No tenemos comida. Nuestros esposos son los que trabajan. ¿Cómo nos vamos a alimentar? –reclamaba Carmelia.

La tarde que pudimos entrevistarla, un grupo de la iglesia católica se había movilizado hasta Santa Rosa. “Pedimos permiso al coronel encargado”, decía una de las religiosas. “Nos dijo que solo les diéramos comida a las esposas de los detenidos. Que no diéramos nada a los que se esconden en las montañas”.

Consigo también traían noticias. Ese día, Prensa Libre había publicado las fotos de los detenidos. Estaban los tres líderes de Santa Rosa. Gabriel Velásquez, de 10 años, hijo de Rogelio, señalaba a su papá en la fotografía. Hacía dos semanas que no lo veía.

–¿Cómo pueden los familiares saber sobre los detenidos en las comunidades? –le preguntamos al comisario López Pérez.

–La PNC maneja los traslados. Nos pueden preguntar con confianza –sonreía.

En San Carlos Las Brisas, el único capturado fue un catequista: Jaime Velásquez. Fue detenido a las 6 de la mañana del día 3 de mayo. La mayoría de la comunidad no sabe el porqué de su captura. “Él si no se metía en nada de nada”, decía uno de los vecinos.     

Aquí los líderes se han ocultado en la montaña. Tienen órdenes de captura. “La cuestión acá es desorganizar a las comunidades. Quitar a los líderes, capturarlos, para que las comunidades no puedan reaccionar. Nos intimidan”, dijo una vecina del lugar. Su hija, una miembro del Cocode, se había ido sola a esconderse en la cima de una montaña cercana. Su hijo, hace tres días, le había marcado desde un teléfono público en México. Le dijo que estaba bien, cansado, pero bien.

Recibimos una llamada. Era el contacto que había dibujado el mapa en la hoja de papel. Sólo alcanzó a decir un par de frases: “La policía y el ejército están en El Recreo. Hay un allanamiento”.

Colgaron…

El pasado en el presente

Hace media hora que estuvieron en este lugar y el llanto no cesa. Tiraron el maíz, metieron las manos en la comida del almuerzo, en el arroz con frijol de los niños sentados en el borde de las mesas. Buscaron en lugares ilógicos lo que siempre andan buscando. “¿Dónde están las malditas armas?”.  Y siempre amenazan con volver más tarde, en medio de la oscuridad, para llevárselos a todos.

A primera vista, lo que existe en todo el lugar, es una estela de desorden,  de demasiado alboroto, y de mucho miedo que todavía permanece. Hay sillas tiradas, la leña para calentar la cena está regada por los matorrales, la ropa (ahora rota), hecha jirones, ha sido lanzada fuera de las casas. Es el rastro de que ha sucedido un nuevo allanamiento en una comunidad de Santa Cruz Barillas. Uno más, luego de que se decretara el Estado de Sitio para este municipio de Huehuetenango el pasado 1 de mayo. Otro que se da luego de una visita improvisada del presidente Otto Pérez Molina el lunes 7 de mayo donde, acompañado del Ministro de Defensa, Noé Anzueto, felicitó a “sus muchachos” por portarse bien durante “una situación tan difícil”. Felicitó a las fuerzas armadas del ejército y a la Policía Nacional Civil.

En el rostro de María Juana Manuel, 36 años, esta tarde no hay más que una mirada vacía mientras reordena su humilde vivienda en medio de la resignación. Está atareada con el desorden. Sus dos pequeños hijos la miran atemorizados desde un rincón. Lloran. 

 –Así como ustedes llegaron a alborotar al pueblo, al destacamento, así les toca ahora. No se quejen– recuerda que le decían los policías.

–¿Qué hicimos pues señores?

Y ellos se reían. Lo tiraban todo.

Más arriba, a tres casas en la ladera del cerro, Juana Pedro Ramón, 75 años, viuda, está ahogada por el llanto. La tristeza la tiene sumida en una silla de madera y mira regado el maíz para moler sus tortillas -todo tirado- a lo largo y ancho de su pequeña cocina/dormitorio.

Su nieto la consuela, pero no es suficiente. Unas señoras a su alrededor dicen que el ejército se llevó a su marido en los años ochenta. Ella lo recuerda todo. La situación la pone mal. Los policías y los soldados que recién entraron sin permiso a su casa, para ella llegaron como si hubieran salido directamente de un infierno que ubica en el pasado. Se toca el pecho y no puede, no consigue, no logra que de sus labios salgan las palabras.

Con más de 50 órdenes de captura, los allanamientos en Santa Cruz Barillas hasta ahora son más de 30. Buscan, además de “personas delincuentes”, las armas sustraídas del destacamento militar durante los disturbios del 1 de mayo, que hoy, como indica  el subjefe del Estado Mayor de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio, “sólo quedan por recuperar dos pistolas de agentes de la PNC”.

Mientras tanto siguen buscando.

En sí, buscar debería significar, como lo explica Raúl Aragón, jefe distrital de la PNC, primero, recibir la solicitud del Ministerio Público para efectuar aprehensiones. En el lugar crear tres círculos. Uno perimetral conformado por las fuerzas del ejército. Uno de apoyo, más cercano al lugar del allanamiento, en que los agentes de la PNC son los protagonistas. Y un tercero, donde el fiscal, acompañado por dos agentes desarmados, revisa la vivienda.

No ocurrió así en Recreo A. Hay puertas pateadas, tapancos levantados, “entraron por todas partes y el Ministerio Público, que estaba allí, no hizo nada”, dicen las vecinas. No había organizaciones internacionales ni miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos acompañando esos allanamientos.

Los hombres, en estas comunidades aledañas al casco urbano de Santa Cruz Barillas, en las cercanías al terreno de la Hidroeléctrica de la compañía Ecoener-Hidralia, han tenido que huir, esconderse. Los policías y soldados, en breves entrevistas, dicen que únicamente encuentran niños y mujeres, también muchas casas abandonadas.  A nadie a quién aprehender.

Han capturado hasta el momento a 17 personas. Dos por temas de trata de personas. Las demás relacionadas a los disturbios del 1 de mayo y a estas comunidades que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica cerca de sus viviendas.

–Vamos a regresar en la noche. Nos lo vamos a llevar presos a todos– escuchó Eularía Pedro Simón, 24 años, cuando se alejaban por fin los policías.

–Vamos a quemarles las casas – rezongaba otro.

Los niños quedaron afectados. Unos recogen  sus juguetes también dispersos entre la tierra. Hay los que lloran junto a sus mamás. Otros, con la mirada vidriosa, observan desde la cima de una roca, el curso del río Qan’bala’m que corre metros más abajo, en las faldas de la montaña.

Las armas, los gritos, las patadas, la comida en el suelo… cosas que no se irán fácilmente. El pasado, el presente. Los ancianos, de pie, inexpresivos, frente a sus casas allanadas, parecen pequeños niños perdidos. Recuerdan.

Media hora después del allanamiento, Rosa Juana Lorenzo, 30 años, con nueve meses de embarazo, no quiere quedarse a esperar una nueva visita de la policía y el ejército. Está decidida a marcharse. No importa a dónde, quizás a la montaña. Se llevaría a sus cuatro hijos. Tendría a su bebé en cualquier lugar menos aquí.

“Tengo mucho miedo”, dijo.

Ella y otras mujeres, al hacer una nueva visita a la comunidad, al día siguiente, habían abandonado sus viviendas. Se habían ido “a la montaña”.

Los muros que se ven desde la montaña

Algo curioso en el camino: una excavadora yace al borde de la carretera. Permanece ahí como un cadáver abandonado. Uno imagina la violencia que la dejó en ese lugar. No cualquier cosa detiene a una máquina tan grande, tan fuerte, tan pesada. En este caso fue una turba que bajó de todas las comunidades alrededor del río Qan’bala’m. Venían de todas partes. No solamente de Poza Verde, San Carlos, Recreo o Santa Rosa.

La quemaron completa. Ocurrió el pasado 22 de febrero.

Más adelante, hay otros restos de maquinaria de la misma fecha. Más máquinas calcinadas. Son tres camiones, una aplanadora y dos excavadoras completamente destruidas las que indican la entrada al terreno de la hidroeléctrica de Ecoener-Hidralia.

El 23 de junio de 2007 una consulta comunitaria en Santa Cruz Barillas se llevó a cabo. Fueron 46 mil 472 personas las que votaron ese día. Sin embargo, como lo indica un reporte de consultas populares en el país de 2005 al 2011 del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Santa Cruz Barillas votó en contra de la minería. No votaron en contra de una hidroeléctrica. Tampoco la Corte de Constitucionalidad la consideraría vinculante si hubiesen votado en contra de la hidroeléctrica, como ha sucedido en otras consultas.

Entonces llegaron los muros y mallas metálicas. Las máquinas. La hidroeléctrica. El disgusto. Las multitudes enardecidas. La destrucción. Los incendios. Las armas. Los sustos. Las intimidaciones. Las ordenes de captura. La conflictividad. Santa Cruz Barillas es un lugar que ha explotado muchas veces con anterioridad.

Dicen que en este muro estalló una mina personal el pasado 13 de abril. Fue en la mañana. Un pequeño perro, de Recreo A, de nombre Negro, se metió a explorar y voló en mil pedazos. Dicen que los guardias de este lugar disparan de día y noche. Dicen que dos días después de la explosión del Negro los empleados de Hidralia sacaron todo del lugar. Dicen que debemos ir a preguntar.

El tramo que conduce a la propiedad privada también luce destruido. Buscamos a los guardias del lugar.

Entramos.

Saludamos.

Gritamos.

Nadie nos responde.

Ni un guardia permanece en el sitio. Tampoco hay soldados. Ni policías. Hay dos bodegas destruidas. Muros metálicos tirados por doquier. Ningún indicio de minas personales. Es aquí, dentro del terreno, donde el afluente del río Qan’bala’m busca una salida en la montaña. Cae a un precipicio. Son, más o menos, 250 metros de caída. La catarata es impresionante.

El 27 de julio de 2011, participaron pobladores de 29 comunidades del área para rechazar, en una nueva consulta popular, la construcción de proyectos en San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas. La acción ya no era vinculante.

La hidroeléctrica está en construcción.  

Andrés Francisco Miguel está muerto.

Santa Cruz Barillas permanece en Estado de Excepción.

El jaguar amarillo

En las comunidades los rumores se esparcen más rápido que la chispa en una mecha. Y los murmullos hacen ruido. Dicen que una hidroeléctrica en el lugar no es posible. “El río es muy chiquito”, afirma un señor de bigote curioso en la comunidad de Recreo B. “Apenas tiene fuerza”, dice otro en Santa Rosa. Y así se producen tantos otros.

Si se lograran aglutinar todos los comentarios que ocurren a lo largo del camino que atraviesa el terreno de la empresa, el río, y las tres comunidades aledañas, podría sintetizarse una opinión en unas cuantas oraciones: “No es electricidad lo que buscan, es oro. Hay oro en el río”. Pero nadie tiene pruebas.

En q’anjoba’l, el idioma que se habla en este lugar, Qan’bala’m significa “Jaguar amarillo”. Los abuelos, los mayores del lugar, en un castellano apenas inteligible explican que el nombre del río no es una casualidad, tampoco debe ser tomado a la ligera. Tiene historia y también una razón histórica: “Antes, hace miles de años, el oro era visible desde la superficie en el río del jaguar amarillo”, dice don Saúl Pedro, un anciano del lugar.

La diferencia entre saber y no saber, en  estar bien y mal informado, en medio de un conflicto, resulta un factor preponderante. Un medidor de la tensión. Y aquí la información que se maneja del proyecto en las 29 comunidades de Santa Cruz Barillas es escasa. Nadie sabe con exactitud lo que se construye detrás de aquellos muros que se ven desde la montaña. Nadie ha visto un dibujo. Aunque sea un garabato. Tampoco explicaciones detalladas. Mucho menos en q’anjoba’l.

Han visto máquinas. Han escuchado disparos. Han reaccionado.

Hidro Santa Cruz, es claro, apenas se ha acercado a las comunidades para explicar el proyecto. Ecoener-Hidralia recientemente contrató a una oenegé para mediar con las comunidades, para establecer una mesa de diálogo. Quieren explicar que Hidro Santa Cruz es un proyecto pequeño, de apenas 5MW de potencia, y que su impacto ambiental no será importante para la zona. De hecho, es pequeño para la red eléctrica del país, que no exige a quienes generan menos de 10MW interconexión con la red nacional.

Mientras tanto no hay diálogo. El Estado de Sitio mantiene todo en suspenso.

Y los rumores, a buena velocidad, encienden y apagan la mecha. Explotan, se calman y vuelven a estallar. Santa Cruz Barillas mantiene estos círculos, estas retóricas. Un pueblo, un Estado… una empresa. Un río: Qan’bala’m.

Las organizaciones que cita el Presidente

En los discursos del presidente Otto Pérez sobre el Estado de Sitio de Santa Cruz Barillas hay un halo de misterio que desde su puesto no ha querido develar. Ha insistido en que se investiga a grupos que pudieran estar manipulando acciones contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Ha dicho que provocan al ejército. A la fecha no ha dado nombres.

Prometió darlos a conocer pronto. Pero luego el Ejecutivo guardó silencio. El tema de las organizaciones desestabilizadoras quedó así. Sin bulla. Otto Pérez Molina esquivó el tema, luego, en sus conferencias de prensa. No dio y sigue sin dar un solo nombre.

Pero sucedió que Ecoener-Hidralia, pocos días más tarde, sí los dio. Dijo lo que ocultaba el Ejecutivo. En una entrevista, el representante legal de la empresa española, Fernando Rodríguez, dio los nombres que el presidente no quiso dar: “Hasta donde tenemos conocimiento, de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, el Consejo de Pueblos de Occidente, el Frente Nacional de Lucha, el Sindicato de Trabajadores de Salud. Tenemos entendido que es un conglomerado, con una ideología y visión muy determinada”.

A JP ya no le trae sorpresa escuchar todos esos nombres de organizaciones, ya sabía todo eso. Lo supo dos días después del 1 de mayo, lo supo cuando su nombre apareció entre los acusados, con una orden de captura en su contra. JP es líder de una de las comunidades y hoy, obligatoriamente, vive en la montaña.  JP huyó.

Luego del Estado de Sitio, JP fue uno de los primeros en moverse. En no regresar.

Logré hablar con él, pero solo unos minutos:

–¿Son éstas las organizaciones que cita el representante de la hidroeléctrica y el presidente ubica como manipuladores?

–Sí.

–¿Pero cuál es el interés principal?

–Las consultas populares.

–¿La validez legal?

–Son organizaciones que han luchado y han trabajado para que las consultas populares sean vinculantes en los casos en contra de megaproyectos. Ese es el meollo del asunto. Un tema que les incómoda.

–¿Por eso están en la montaña?

–Sí.

–¿Pero saben que Hidroeléctrica Santa Cruz Barillas no es un megaproyecto?

–Hay algo que se debe poner en contexto. En Barillas no nos oponemos al progreso. No estamos en contra del desarrollo. Si se nos pregunta a qué nos oponemos, es más complejo que eso. Sabemos que la hidroeléctrica no es un megaproyecto, pero forma parte de toda la estructura a la cual criticamos. Nuestra negativa es, en sí, en contra de los modelos económicos que está implementando el gobierno.    

La voz de JP se escucha lejana. Está hasta allá, en la montaña. Hoy ya no contesta. La batería de su teléfono celular ha perdido toda la potencia. Se oculta. Jura que él no ha hecho nada malo. Que lo persiguen por lo que puede hacer y tener resultados: hacer vinculante la consulta popular.