El «reajuste» de Finanzas para bolsones cuestionados y pago de deuda
El «reajuste» de Finanzas para bolsones cuestionados y pago de deuda
El aumento en el presupuesto vigente servirá para cumplir con los acreedores el monto a pagar este año. Pero la iniciativa del Ejecutivo también incluye fondos que tienen poca claridad del destino y la baja capacidad de ejecución.
El ejercicio fiscal 2024 cerrará el primer semestre sin aprobar el reordenamiento del presupuesto de gastos e ingresos del Estado.
El 6 de junio, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó la propuesta al Legislativo para su discusión y posible aprobación.
La ampliación presupuestaria —iniciativa 6403— por 14,451.7 millones de quetzales está en manos de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada del partido Cabal.
El exministro de Finanzas del Gobierno de Jimmy Morales comenzará la discusión previa a emitir dictamen prevista para mañana 12 de junio.
La propuesta incluye una modificación para asegurar que el Estado cumple con sus acreedores, pero también contempla bolsones cuestionados por diputados y analistas.
Bolsones o ¿sacos sin fondo?
Los señalamientos de la propuesta del Ejecutivo se han dirigido a la ampliación del gasto que se destina a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Tienen baja ejecución y recibirán el beneficio del Congreso para que los recursos no ejecutados se trasladen al siguiente ejercicio presupuestario.
Para este año se asignó un aporte de 3,392.1 millones de quetzales para los Codedes; el monto desembolsado es de 164.3 millones, el 4.85%, y la ejecución en los primeros cinco meses de 2024 fue de Q78.5 millones, según el sistema de Control de Desembolsos y Transferencias.
El presupuesto de 2023 (año electoral) para estas entidades fue de 4,334 millones, con una ejecución del 80%.
El Gobierno dispone en la iniciativa darle un aporte extraordinario a los Consejos por 1,675 millones de quetzales para proyectos de educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial urbana y rural.
Los Consejos se caracterizan por dejar compromisos de arrastre, por lo que llama la atención el aporte extraordinario sin destino específico (obras planificadas y registradas), comenta el consultor del departamento de economía de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Erick Coyoy.
«No está normado, pero se ha aplicado el criterio de utilizar la regla constitucional para asignar los recursos, en este caso se cambió ese criterio, al parecer prevalece un criterio político», explica. Tanto el Minfin como la secretaria general de Planificación de la Presidencia (Segeplan) deben explicar cómo se distribuyó el aporte extraordinario, indica el economista.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), entidad a la cual pertenecía el titular de Finanzas, Jonathan Menkos, plantea que no se debe aprobar el aumento a los Consejos, porque sumado a la baja ejecución existen también «serios señalamientos de corrupción, abuso y opacidad» en la gestión de los proyectos.
Carlos Barreda, diputado del Parlamento Centroamericano y exviceministro de Finanzas, considera que la asignación extraordinaria a los Consejos se convierte en un bolsón de recursos que quedarán sin ejecutar o benefician a diputados con asignaciones de obras.
Otro renglón propuesto que genera dudas es el de 500 millones de quetzales para el programa de créditos para vivienda que ejecutará el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). «Es otro bolsón que no se va a ejecutar», dice Barreda al recordar los tropiezos y escasos resultados de los fondos que se trasladaron a ese banco para programas de reactivación durante la pandemia.
El CHN carece de la capacidad para poder colocar esos recursos, además no es una solución para las personas o familias de bajos ingresos, comenta Coyoy al sugerir que lo más factible sería recuperar del desastre que ha sido el Fondo para la Vivienda para entregar subsidios a nivel nacional.
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Poca capacidad para ejecutar
Otro de los rubros cuestionados es el que incluye el Minfin en la iniciativa de 600 millones de quetzales para la atención del cáncer asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
«Es poco probable que se logre la ejecución de estos recursos en un semestre, mientras se tienen emergencias por falta de agua y medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios, para lo cual no se están destinando recursos», explica Coyoy.
Similar es el caso de los 350 millones de quetzales para el Programa de Salud Escolar, a cargo del MSPAS y el Ministerio de Educación, que se puso en marcha en marzo pasado en sustitución del Seguro Médico Escolar.
La iniciativa otorga una asignación extraordinaria de 300 millones de quetzales para el régimen de clases pasivas del Estado, esto a pesar de que el titular del Minfin, Jonathan Menkos, a finales de enero declaró en el Congreso que existía poca viabilidad para financiar un incremento a las pensiones.
Ahora, se propone incrementos de 8% hasta 10% de acuerdo con cinco rangos de las jubilaciones que van desde quienes reciben 1,634.61 quetzales hasta 4,634.61 quetzales.
Plaza Pública en dos ocasiones solicitó una entrevista con Menkos acerca de los detalles de la ampliación presupuestaria, pero se respondió que sería hasta en una presentación oficial que daría detalles.
Una de las dudas que surgen con la iniciativa es que no es común dejar en el presupuesto gastos sin especificar, por ejemplo, en la ampliación hay 639.3 millones de quetzales para contingencias y 83 millones de quetzales de aporte para el fortalecimiento institucional.
«No suele dejarse sin detallar el gasto y en la Comisión de Finanzas del Congreso corresponderá modificarlo», indica el economista de ASIES, al sugerir que la falta de detalles para estas asignaciones parece un margen para la negociación política para aprobar la iniciativa.
Durante las siguientes semanas la ampliación o reajuste del presupuesto se discutirá en el Congreso, mientras que el Minfin aborda los talleres de Presupuesto Abierto para la construcción de la propuesta de ingresos y gastos para 2025, que debe presentar en septiembre.
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Más pago de deuda
Según la propuesta, honrar el pago del servicio de la deuda es uno de los montos que se ampliará. Este servicio es un rubro que, de no cumplirse, provocaría caer en impagos y que eso afecte la calificación de riesgo país, y a futuro eleve el costo del endeudamiento externo.
En el presupuesto actual tiene contemplado 16,141.7 millones de quetzales, si se aprueba la modificación llegará a 18,253.7 millones, es decir que se destinarán 2,112 millones de quetzales más para cumplir con los acreedores.
Patricia Joachín, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, justifica la presentación de la iniciativa como parte del proceso para ordenar las cuentas fiscales, mejorar la inversión pública y cumplir con los compromisos del pago de la deuda.
Coyoy explica que las autoridades del Minfin deben priorizar el pago de la deuda, uno de los rubros del presupuesto que más crece cada año, y al mismo tiempo es de los gastos que tiene buen ritmo de ejecución.
De acuerdo con el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), hasta la primera semana de junio la ejecución en el pago del servicio de la deuda fue del 41.81%, lo que representó más de Q6,748.3 millones devengados.
De complicarse la aprobación y no aprobarse el reacomodo presupuestario se pueden utilizar las transferencias de rubros con poca ejecución para obtener cumplir con el pago de la deuda, indica Coyoy.
El servicio de la deuda es un rubro que se debe priorizar para evitar caer en impagos y que eso afecte la calificación de riesgo país, y a futuro eleve el costo del endeudamiento externo.
Si la iniciativa no lograra la aprobación en el Congreso como lo prevé el Ejecutivo deberán seguir readecuando los rubros para poder ejecutar los objetivos de gobierno, coinciden los economistas.
«Palacio Legislativo» y el CAE
En la iniciativa presentada por el Ejecutivo se retoma la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE), una idea que surgió hace una década, para edificar cuatro torres de oficinas en los patios de la empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), que en su momento recibió el respaldo del ahora diputado Julio Héctor Estrada, así como el rechazo de colectivos sociales en defensa del patrimonio cultural dentro del Centro Histórico capitalino.
Se destinarán Q250 millones para los estudios de preinversión con prioridad de «la construcción de líneas de metro, infraestructura hospitalaria, educativa, cultural, y económica como caminos rurales y carreteras; infraestructura para la administración pública como el Palacio Legislativo y el CAE, entre otros».
Fue el expresidente Alejandro Giammattei, quién ofreció al inicio de su gestión un terreno para construir una nueva sede para el Congreso de la República.
De esa cuenta, serán Q90 millones más para la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie); Q20 millones para Segeplan y Q140 millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que figura entre los ministerios con más baja ejecución al reportar 22.4% de su presupuesto vigente por más de Q5,791.6 millones.
Para Barreda dejar recursos para los estudios de preinversión del CAE o la vía exprés solo es un nuevo intento por revivir esos proyectos.
Poca capacidad para ejecutar
Otro de los rubros cuestionados es el que incluye el Minfin en la iniciativa de Q600 millones para la atención del cáncer asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). «Es poco probable que se logre la ejecución de estos recursos en un semestre, mientras se tienen emergencias por falta de agua y medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios, para lo cual no se están destinando recursos», explica Coyoy.
Similar es el caso de los Q350 millones para el Programa de Salud Escolar, a cargo del MSPAS y el Ministerio de Educación, que se puso en marcha en marzo pasado en sustitución del Seguro Médico Escolar.
La iniciativa otorga una asignación extraordinaria de Q300 millones para el régimen de clases pasivas del Estado, esto a pesar de que el titular del Minfin, Jonathan Menkos, a finales de enero declaró en el Congreso que existía poca viabilidad para financiar un incremento a las pensiones. Ahora, se solicita incrementos de 8% hasta 10% de acuerdo con cinco rangos de las jubilaciones que van desde quienes reciben Q1,634.61 hasta Q4,634.61.
Más recaudación
La meta de ingresos fiscales vigente en el presupuesto es de 86,247.6 millones de quetzales, y la nueva estimación de cierre para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es alcanzar Q99,200 millones, es decir que se eleva en Q13,436.5 millones la recaudación. Además, se incluyen 1,015.1 millones de recursos de caja para financiar la ampliación presupuestaria.
El ajuste propuesto, según el Minfin, es un escenario mínimo para la recaudación ya que podría superar los Q101 millardos. La cartera de Finanzas y la SAT tendrán que suscribir una adenda al convenio de metas de 2024 para redefinir las metas mensuales de ingresos fiscales.
Abelardo Medina, coordinador del área de análisis macrofiscal del Icefi durante la presentación de Las Investigaciones para Modernizar el Sistema Tributario de Guatemala, reiteró que las estimaciones de ingresos tributarios “no son resultados extraordinarios de la recaudación, sino que se mantiene el problema de incluir metas subestimadas”.
Para el Icefi la proyección de cierre de la recaudación efectiva de la SAT es de 102,066.1 millones de quetzales y recomienda que, en la iniciativa, la corrección de los ingresos tributarios se presente de forma desagregada por impuestos. Con estos datos, seguiría existiendo una subestimación de 2,568.5 millones en la propuesta que presentó el Minfin.
En la presentación de los estudios que realizó el tanque de pensamiento, la diputada del Movimiento Winaq, Sonia Gutiérrez Raguay, señaló la necesidad de fortalecer las capacidades de la SAT para mejorar la recaudación, los controles y las sanciones en materia tributaria. «Se necesita una SAT más eficaz y eficiente», apuntó.
Lo político afecta lo fiscal
Gutiérrez Raguay advierte del mecanismo perverso que afecta los ingresos fiscales y la calidad en la ejecución del gasto. El Congreso ha legislado para dar incentivos fiscales que debilitan los ingresos públicos. Los diputados aprueban estas exenciones y son beneficiarios de los mismos incentivos, comentó.
Con la actual clase política se ve difícil modernizar el sistema tributario y darle un verdadero giro para cumplir con estándares internacionales, concluyó.
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