Una elección decisiva

Cierto. Es un proceso lento, parcial y con altibajos, en el que no se expresa toda la clase política del país, pero es el espacio de poder público donde de manera más clara podemos ver que las exigencias ciudadanas han tenido efecto.

En las democracias modernas son los Parlamentos los espacios donde de manera más abierta y clara se da la representación, defensa o manipulación de los intereses ciudadanos. La fortaleza de una democracia se mide al final de cuentas por la calidad y la transparencia de sus Congresos, sean estos sistemas parlamentaristas o, como el nuestro, con un trasnochado y deforme presidencialismo.

De manera acertada, la Junta Directiva del Congreso ha promovido que esta vez la elección de sus nuevas autoridades se realice antes de que finalice el período de sesiones y entre en debate la propuesta de presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Con ello, ni el Ejecutivo ni los diputados podrán promover ni sufrir chantajes alrededor de la asignación de recursos para la gestión pública, y las nuevas autoridades del Legislativo tendrán tiempo suficiente para definir y negociar la agenda legislativa de 2017, el segundo año del actual gobierno y el período óptimo para que el fuego de las movilizaciones sociales de 2015 se apague por completo o venga a producir sus escasos frutos, que vendrían a ser las reformas que se puedan realizar dada la composición del actual Congreso.

Como ya todos hemos constatado, las movilizaciones sociales han perdido fuerza y vitalidad. El freno y el control que desde el poder económico se les impusieron el año pasado han demostrado tener efectos de larga duración. Pero en el Congreso lo recientemente sucedido ha dejado amplia huella y ha hecho que la parte no podrida de la clase política guatemalteca pueda moverse con mayor libertad y sin temor al sabotaje y chantaje que durante décadas le impusieron los grupos de interés afincados en los distintos estratos de la economía nacional. Grandes y pequeños empresarios habían hecho de la corrupción y la evasión sus prácticas cotidianas, con las cuales manipulaban a la clase política a su sabor y antojo. Ahora esa situación es un poco diferente. Y si bien las distintas bancadas no han jugado su función de fiscalización de la gestión pública con prontitud, calidad, honestidad y esmero, la manera como ha sido conducido el Congreso ha impedido que se produzca el chantaje que mediante las malintencionadas interpelaciones sufrieron los gobiernos de la UNE a manos del Patriota y este a manos de Líder.

Un gobierno más que débil e ineficiente que los dos anteriores ha tenido en el Congreso un aliado para implementar su agenda. Si esta es caótica e ineficaz, no ha sido por culpa del accionar del Congreso, lo que ya es una ganancia para el funcionamiento de las instituciones del Estado.

La manera como desde las bancadas mayoritarias de oposición se ha planteado la elección de la Junta Directiva permite pensar que los pesos y contrapesos políticos podrán mantenerse. Los principales cargos deberán estar en manos de esas bancadas, sin menospreciar la importancia de los pequeños grupos. No hay, en el horizonte cercano, la posibilidad de las negociaciones bajo la mesa, mucho menos de la piñatización de los recursos financieros del Legislativo, como sí la hubo con la elección de los distintos presidentes del Congreso en el ahora mal querido período patriota. La actual Junta Directiva, presidida por el diputado Mario Taracena, ha logrado transparentar casi todos sus procesos para dar paso a las negociaciones políticas legítimas y dejar de lado las espurias y corruptas.

Es por ello que hasta quienes desprecian y vituperan a Taracena y a su partido ven con buenos ojos, o con resignación, que él pueda ser de nuevo el presidente del Legislativo. Ha demostrado mano fuerte para transparentar su funcionamiento, a la vez que ha mostrado sensibilidad política para responder a las exigencias que el incipiente proceso democrático guatemalteco exige y permite. Dícese, no con cierta maledicencia, que su elección estaría siendo vetada por la dirigencia de su partido, cuestión que no parece coherente con la manera como esa organización política ha logrado moverse en los tres últimos años. Evidentemente hay en su interior discusiones y disputas, naturales y normales en toda organización política, pero la obligada renuncia a la curul de dos de sus diputados ha mostrado que es un partido que comienza a entender que para sobrevivir necesita sacudirse de la mayor cantidad de suciedad posible, esa que en los viejos estilos de hacer política afectó a todos los partidos del país y los convirtió en simples franquicias electorales.

No queda claro, sin embargo, de qué manera se validará el peso del partido de los militares que actualmente gobierna, pues es evidente que, si no logran controlar las ambiciones personales de sus ya enfrentados miembros, ello puede venir a afectar la negociación política. La lógica y la responsabilidad indicarían que, siendo el bloque mayoritario, no solo debería presidir comisiones importantes, sino además estar presente en la Junta Directiva, pues es necesario asumir que esta no es coto absoluto de las oposiciones o del partido del gobierno de turno. Sin embargo, es evidente que, más que la UNE, FCN es en la actualidad el partido que más expresa las formas y maneras de actuar de la vieja política. Y esto, no solo por la cantidad enorme de tránsfugas que decidió aceptar en su seno, sino por la manera como sus más conspicuos representantes se han comportado. La inexplicable renuncia de su diputado por Chimaltenango para dar paso al militar Mansilla es una muestra de lo opaco y poco democrático que es ese grupo de políticos.

La reelección de Taracena daría en el Congreso mayor aire y fuerza a los procesos de modernización del Estado. Es de esperar que, si sucede, las bancadas minoritarias progresistas puedan aprovechar esos espacios ya no para presentar iniciativas de ley atomizadas, sino para avanzar en la construcción de un bloque multipartidario capaz de modificar, al menos en parte, la ya anquilosada estructura política y económica del país. El debate y la aprobación del presupuesto vendrían a ser su prueba de fuego.