En los terrenos de esa instalación castrense fueron exhumadas más de 560 osamentas. Durante más de un año la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevó a cabo allí trabajo arqueológico, antropológico y genético forense. Buscó en el terreno y encontró los puntos, las fosas con indicios de que en ellas había restos humanos. Trabajó y procesó las tumbas clandestinas en la zona militar. Exhumó los cuerpos, los examinó y pudo identificar, con pruebas de ADN, sin lugar a dudas, a 128 personas.
Esas personas identificadas habían sido detenidas y desaparecidas en períodos que van desde finales de los años 1970 hasta finales de los 80. Más de una década en la que se volvió conducta organizacional llevar personas detenidas ilegalmente, someter a tortura a la mayoría, ejecutarlas y luego sepultarlas ilegal y clandestinamente en terrenos militares. La tierra, en lugar de tragarse el oprobio, parió los cuerpos y los trajo a luz para que contaran su verdad, la verdad que ahora será juzgada en tribunales.
Las más de 28 000 hojas que contiene la acusación exponen los argumentos del Ministerio Público (MP), que hila con precisión absoluta los hechos referidos e investigados con la evidencia. Esta apunta a señalar la responsabilidad de quienes ocuparon diversas posiciones, desde el mando en el Estado Mayor General del Ejército hasta posiciones en el terreno de la base militar misma en inteligencia y operaciones. Pasa por la comandancia y la subcomandancia de dicha localidad, entre otras posiciones que tienen responsabilidad en las acciones del separo castrense.
No se trata de cuerpos encontrados en terrenos particulares. No. Se trata de los cadáveres de mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas, así como de hombres jóvenes, sepultados en el terreno de un edificio estatal. Un inmueble que, por su naturaleza en general, y muy particularmente en el período de los hechos, no podía dar lugar a incursiones ajenas. No hay manera de que un grupo ajeno al Ejército hubiese podido ingresar con vida, ejecutar y luego sepultar 565 cuerpos en decenas de fosas a lo largo de diez años.
Tan solo ese análisis hace obvia la más que probable implicación de los inculpados. De ahí que, ante la abrumadora evidencia presentada por el MP, la jueza del Tribunal «A» de Primera Instancia de Mayor Riesgo haya resuelto de una vez llevar a juicio oral y público a ocho de los acusados: Manuel Benedicto Lucas, Byron Barrientos, César Augusto Cabrera, Raúl Dehesa Oliva, Juan Ovalle Salazar, Carlos Garavito, César Ruiz Morales y José Vásquez García.
En los casos de Ismael Segura y Gustavo Rosales clausura provisionalmente el proceso, al igual que en otros hechos imputados a los ocho ya mencionados, para que el MP resuelva aquellas incongruencias que la jueza afirma haber encontrado. En un mes la Fiscalía habrá de presentar la nueva acusación, en la cual se resuelvan las supuestas incongruencias. Una vez desvanecidas, además de sumar los hechos que por ahora no imputó la jueza, tanto Segura como Rosales podrían volver a prisión a enfrentar debate oral y público.
Transcurridos entre 30 y 40 años de las detenciones ilegales y de las ejecuciones extrajudiciales, por fin las víctimas podrían obtener justicia de un sistema que se la ha negado por décadas. La valentía, la perseverancia y la coherencia de las familias son un ejemplo de dignidad, en tanto que la meticulosidad con la que el MP ha formulado los cargos resulta un esfuerzo casi sobrehumano por vencer la impunidad. Una luz para la justicia puede encenderse y ofrecernos su brillo para derrotar la oscuridad.
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