La diputada del partido Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, quien impulsó las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, para mejorar los controles del gasto y frenar la corrupción en los contratos, aseguró en una entrevista con Canal Antigua que “el Estado ha comprado productos con una sobrevaloración de hasta el 800%”.
Montenegro denunció en marzo de 2014, que el Ministerio de Salud, a través del contrato abierto DNCAE-12-2008 publicado en el portal de Guatecompras, adjudicaría Q4,590 millones a una farmacéutica por la compra de 5 mil vacunas Gardasil para prevenir el cáncer de cérvix. El precio unitario era de Q918, y según una cotización que la legisladora pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ésta costaba Q110, casi nueve veces más barato que el costo asignado en el contrato. La afirmación de la legisladora es “verdadera”. Si se compara el precio de la farmacéutica con el de la OPS, hay una sobrevaloración de 800%.
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Cuando Montenegro hizo la denuncia, Luis Fernando Paiz de la Droguería Colón, vinculada a Gustavo Alejos, indicó que el precio era referente al 2008, y que durante esos seis años no había entregado ninguna vacuna al Ministerio de Salud. El contrato se mantuvo vigente y el costo del medicamento no fue modificado hasta julio de este año que se prorrogó el convenio por sexta vez. En el documento firmado por autoridades de Salud y la farmacéutica, acordaron el nuevo valor de Q160 por cada vacuna. Se adjudicaron 5 mil unidades a un monto total de Q800 mil.
La semana pasada, se aprobaron las reformas a Ley de Contrataciones; hubo polémica entre los congresistas con respecto a las compras por contrato abierto, debido a que la nueva disposición regula que este tipo de convenios pueden ser ampliados cada año, sólo si se mantiene el mismo valor del producto en el mercado. Se estableció que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará cada mes los precios de referencia para realizar compras estatales, para evitar que se sobrevaloren los productos y mantener estandarizados los precios con la realidad del mercado.
Entre otras modificaciones a esta ley, se crea la figura de la “subasta inversa” que pretende garantizar calidad a costos bajos. Se prohíbe a los diputados, sus cónyuges y sus familiares en grados de ley, así como a los financistas de partidos y campañas políticas, ser contratistas del Estado.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) quien formó parte de las mesas técnicas que analizaron las reformas, cree que la modalidad del contrato abierto no es el problema. “La cuestión está en que las farmacéuticas han encontrado espacios y cuotas de poder excesivos e ilegítimos que distorsionan y alteran el funcionamiento correcto del contrato abierto. El estereotipo de este problema es el caso de los negociantes de la salud”.
El experto explica que los dos procesos claves –donde se manifiesta la corrupción– son la elaboración de las bases del concurso, que determinan los precios y características de los productos; y la integración de las juntas de calificación, quienes deciden a qué proveedores se adjudican los contratos. Barrientos opina que los cambios en la normativa son un avance, pero todavía se necesita una reforma profunda e integral.
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