Verónica Ponce: “No se trata de seguir avanzando en dividir al país, en crear polarizaciones”

El despacho de Gladys Verónica Ponce Mejicanos es austero y pequeño: un escritorio ejecutivo, una computadora portátil, dos sillones y un par de archivos en 25 metros cuadrados. Lo que es grande en ella, que de ser tangible no cabría en ese espacio, es la confianza en sí misma, en su hoja de vida y su experiencia en el campo del derecho penal. Por eso dice, no le sorprendió que los 15 miembros de la Comisión de Postulación la votaran por unanimidad para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General sobre la que deberá elegir el presidente Jimmy Morales al profesional que sustituya a Thelma Aldana. “Me siento satisfecha y contenta, muy feliz de que los comisionados hayan valorado mi hoja de vida, el hecho de que no tuviera señalamientos, y la experiencia comprobada a nivel profesional y académico”, se congratula.

De sus 17 años de experiencia destaca como sus principales tres logros profesionales la docencia universitaria; su paso por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en donde se desempeñó como agente fiscal entre 2010 y 2011; y su participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), de 2011 a 2014, en donde, dice, se especializó en investigación de estructuras criminales y en estrategia de litigios penales, dos materias que a la mayoría de abogados guatemaltecos, “todavía nos falta bastante” por conocer, asegura.

Sonriente pero tensa, al responder las preguntas previsibles sobre su candidatura (su plan de trabajo, experiencia, objetivos) da la impresión de que está leyendo un guion aprendido. Se relaja cuando habla de su familia y amigos, su gusto por la cocina, el yoga y la lectura. Pero se desencaja y titubea, evade, cuando se le inquiere sobre temas en los que, en su posición, requieren de respuestas políticamente correctas. “No me considero una conservadora recalcitrante”, dice previo a asegurar que no se inclina por ninguna ideología. “Yo considero que todos los extremos son malos: ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Creo que se debe tener una postura objetiva, equilibrada. Tengo mis valores morales, me rijo por ellos, y creo que siempre deben estar presentes”.

Luego ordena sus ideas, y matiza: “Yo he tratado de mantenerme bastante apolítica, porque creo que este es el perfil que se está buscando en este momento como Fiscal General, qué es precisamente no pertenecer a un grupo en específico; creo que tanto se necesita del brazo izquierdo como del brazo derecho. Me he mantenido apolítica porque creo que lo que debemos buscar como guatemaltecos es el bien común”.

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Ponce Mejicanos es católica, pero es creyente de la laicidad del Estado, “porque la diversidad de pensamientos es lo que enriquece a un país”. No se considera abolicionista, pero está convencida de que la pena de muerte no es un disuasivo para reducir los niveles de criminalidad, algo que sí se podría lograr con “una administración de justicia real”. Se declara “pro-vida” y cree que “una persona que se embarazó porque metió la pata no debiera optar por el aborto”; reconoce que hay casos complicados, “como las violaciones”, pero advierte que “nuestro país es muy conservador y mantiene la postura de no al aborto”. Respeta, dice, la diversidad sexual, pero considera que de momento “Guatemala tiene temas más prioridades que solventar”, antes de discutir sobre los derechos de la comunidad LGTB.

¿Por qué quiere ser Fiscal?

Yo soy una abogada que ha sido penalista toda su vida. Desde el inicio de mi carrera me enfoqué en el área penal. Trabajé en el Ministerio Público (MP) desde que inició el Código Penal que nos rige actualmente, y luego tuve la oportunidad de ir creciendo en la institución. Estuve también trabajando un tiempo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y ahora me dedico a trabajar en mi bufete en casos netamente penales. 

Como abogada litigante, por haberme dedicado a esa área, he visto algunas situaciones que hacen que participemos de este proceso. Yo creo que es importante ser actores activos porque tenemos la expertis. Eso es lo que me motivó a tomar la decisión de postularme a Fiscal General, para poder aportar a través de mi experiencia en aras de buscar un mejor país, de fortalecer el Estado de Derecho y el propio Ministerio Público (MP).

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¿Cuáles son los cinco puntos más importantes de su plan de trabajo?

Tenemos como ejes transversales la independencia, la objetividad, la legalidad del proceso, el respeto a los Derechos Humanos de todas las partes y fortalecer el Estado de Derecho y la atención al público. Creo que ya tenemos avanzada una política de Estado en la cual se ha planteado la posibilidad de iniciar una lucha contra la corrupción y la impunidad, que ya se venía empujando y que ha tenido un auge en este último tiempo. Creo que también son importantes otras áreas, como la de delitos comunes donde hay mucha mora; hoy por hoy no hay una inmediación entre quien hace la investigación y quien presenta el caso (en los tribunales), eso es algo que está generando una vulnerabilidad y debilidad en el MP. Entonces es importante fortalecer todas esas áreas, capacitar al personal, profesionalizarlo.

¿Qué presupuesto necesitaría para cumplir sus planes?

Hay que hacer un análisis de cómo está funcionando todo hoy, creo que se puede maximizar los recursos humanos y hacer una reorganización que pueda permitir tener acceso a más fiscalías, porque por haberse dividido en unidades de investigación y litigio quedaron menos fiscalías. Al unificar estas, para que el fiscal que haga la investigación sea el que vaya al proceso, podemos generar nuevas fiscalías que no van a generar un costo.

El candidato que sea elegido iniciará su gestión con un presupuesto ya establecido; ya el otro año podremos hacer una visión diferente y sabremos exactamente qué es lo que se necesita. En el sistema de justicia en Guatemala en general, sabemos que lo asignado se queda corto para las necesidades que hay. Hay que justificar aquello que sea necesario. La idea es maximizar con lo que hay y obviamente enriquecer para poder hacer más.

¿Por qué está convencida que con modificar el sistema de unidades separadas de investigación y de acusación, se dinamizará el Ministerio Público?

Realmente es un análisis que hasta llegar a la institución podremos realizar a profundidad, como litigante puedo ver desde fuera, pero hasta llegar a la institución podré ver las interioridades. Creo que si utilizamos las unidades que litigan y las transferimos a las unidades de investigación, podemos generar resultados más eficientes. Hay que ver cómo están las necesidades de cada una de las fiscalías y ver qué podemos fortalecer.

En caso fuera usted la elegida, ¿cuál será su equipo de trabajo? y ¿quiénes de los fiscales actuales considera imprescindible conservar?

Estoy analizando perfiles. Le puedo garantizar que son personas probas, que no están vinculadas con ningún grupo; son personas profesionales, honorables, con trayectoria y con conocimientos para estar en los puestos que podrían llegar a ocupar. No me atrevería a darle nombres porque aún no he sido nombrada Fiscal General, además de que antes tengo que conversar con estas personas para tener su aceptación. Lo que sí le puedo asegurar es que estoy buscando personas probas, académicas, profesionales, que realmente puedan dar la talla que se necesita para Guatemala.

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¿Dará seguimiento a los planes y políticas de la actual fiscal? ¿Se distanciará de alguno en particular?

Creo que la fiscal (Thelma) Aldana ha impulsado buenos proyectos, ha iniciado ciertas áreas que están funcionando bastante bien. Pero creo que se ha dejado por un lado a las fiscalías que no se consideran de élite y que están en una situación de precariedad. Eso ha provocado morosidad. A mí me preocupa mucho el tema de la investigación y de la manera en que se está abordando ante los tribunales la defensa de casos en algunas fiscalías, porque no en todas las fiscalías está así. Entonces hay que hacer ese análisis para mejorar lo que los abogados litigantes sabemos que es una falencia en el Ministerio Público.

Durante esta administración se ha fortalecido mucho todo lo relacionado con el tema de género y grupos vulnerables; se ha creado la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Pueblos Indígenas, eso es algo a lo que se le debe de dar seguimiento porque son cosas que se han hecho en beneficio de la población. Y obviamente todo lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la impunidad, que ya es una política de Estado, que es algo que todos debemos de entender, y que es algo que debe de continuar.

¿Se reuniría con Thelma Aldana para darle continuidad a su gestión y facilitar el proceso de transición?

Por supuesto, es algo importante e imprescindible. 

¿Cómo interpreta el papel del Ministerio Público y la Cicig en la lucha contra la corrupción y la impunidad?

La Cicig fue creada en un momento muy oportuno, en 2007; en 2006 fue aprobada la Ley contra el Crimen Organizado, desde entonces empezaron las investigaciones de estructuras criminales como tal. La comisión ha generado un apoyo crucial en la labor del MP. Pero el MP no está fortalecido al 100%, falta la transferencia de capacidades. Hay que tener en cuenta siempre y no olvidar que la idea es fortalecer al MP. Hoy por hoy la Cicig tiene todavía bien justificada su posición y situación en Guatemala, porque es necesario que siga apoyando al MP. Considero que deben de seguir trabajando en conjunto, y siempre tener presente que la independencia y la objetividad del Ministerio Público deben prevalecer en todo momento, en cualquier circunstancia y ante cualquier entidad.

¿Cree que el MP ha perdido su independencia frente a la Cicig?

Por lo que yo he podido ver desde afuera, creo que el Ministerio Público ha tenido la independencia y la solvencia de decir qué casos tramita y qué casos no. En ese sentido la idea es que se continúe y se fortalezca esa independencia, así como la objetividad y el respeto de los derechos de las personas.

¿Cómo sería su relación con la Cicig en caso fuera electa Fiscal General?

Pues tiene que ser una relación de cordialidad, una relación de cooperación mutua. Las mismas leyes establecen los parámetros de cómo deben de realizarse y deben continuar en ese marco.

¿Será la lucha contra la corrupción y la impunidad uno de los pilares de su gestión? ¿Qué giro personal le dará a ésta?

Eso es un eje transversal, es algo que se debe seguir trabajando. No me he referido tanto a ello porque en realidad eso ya está establecido. Hay cosas que necesitan continuidad y esa es una de ellas. A mi punto de ver, creo que está más que entendido. Nuestro compromiso con Guatemala es darle continuidad a esas líneas que se han establecido como prioritarias, no sólo para el Ministerio Público sino para la sociedad en general. La idea es seguir trabajando en conjunto con la comisión, siempre bajo los parámetros de legalidad y objetividad.

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Combatir a las mafias que generan corrupción e impunidad requiere de voluntad política. ¿Tiene usted la misma voluntad política que ha mostrado Thelma Aldana?

Nosotros como abogados tenemos una posición jurídica. Yo creo que los procesos per sé no deben ser politizados, porque aquí de lo que se trata es de administrar justicia. Una cosa es el puesto político y las situaciones políticas de las que uno se encuentra, y otra muy distinta es politizar el derecho porque eso sí sería grave. Yo creo que la objetividad y la legalidad deben prevalecer. Todos los procesos deben de ser jurídicos. Todos los procesos sobre corrupción tienen una afectación y un efecto a nivel de Estado porque afectan mayormente la administración pública, pero hay que tener muy claros estos conceptos, porque no es lo mismo que yo tenga una función política a que yo politice los procesos.

¿Cuál es su valoración del trabajo del comisionado Iván Velázquez y de los intentos del presidente Jimmy Morales de expulsarlo del país?

Yo al señor Velásquez lo conozco por los medios de comunicación. No he tenido la oportunidad de trabajar con él ni de interactuar con él. Creo que su trabajo ha sido coyuntural y ha sido primordial. Ha sido una labor ardua la de la Cicig como la del Ministerio Público. 

Pero la tónica del trabajo de Velásquez ha sido totalmente diferente a la de sus antecesores, Carlos Castresana y Francisco Dall'Anese...

No. En realidad no. Lo que pasa es que ha habido diferentes maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, el doctor Dall'Anese era del criterio que los procesos se litigaban en los juzgados y por eso no tenemos un recuerdo suyo dando conferencias de prensa o saliendo constantemente en los medios. Pero muchas de las investigaciones de las que ahora estamos viendo los resultados fueron iniciadas durante el tiempo de Dall'Anese. Creo que fue importante la continuidad que le dio el doctor Velázquez al asumir la comisión y ahí tenemos los resultados.

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¿Qué opina de las intenciones del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al comisionado Velásquez?

Creo que es un tema político; creo que es una cuestión que a nosotros como aspirantes a Fiscal General no nos compete en realidad. Esa es una cuestión que ellos deben dilucidar a nivel diplomático, a nivel político, para beneficio del país. 

¿Siendo Fiscal General, apoyaría una decisión de esa naturaleza de parte del presidente?

Yo considero que se deben de respetar los procesos democráticos. Es muy importante mantener el Estado de Derecho. Yo le he dado seguimiento a este caso y creo que cada quien tiene su postura. Yo creo que lo importante es que el Fiscal General tenga claro que debe mantener esos procesos democráticos, que se mantenga el Estado de Derecho. El Fiscal debe velar porque todas las organizaciones que están involucradas en el sistema de justicia trabajen coordinadamente, que es la única forma de generar y fortalecer el sistema de justicia. No se trata de apoyar un bando o apoyar a otro.

Tomando en cuenta que el Ministerio Público ya solicitó el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales en dos ocasiones ¿cómo deja esto al presidente?

No he tramitado ninguno de los procesos, por lo que desconozco las interioridades. Yo creo que el principio de inocencia es una burbuja que nos protege a todos en tanto no seamos condenados por algún delito, y creo que esto va en la línea del pleno respeto de los Derechos Humanos. Yo no puedo decir a mí me parece bien o me parece mal, o yo creo que esta persona es así o es asá. Yo creo que cada quien una tiene función. Pero debemos de tener claro el principio de inocencia y ser respetuosos del mismo.

Y si siendo usted Fiscal General encuentra indicios en contra del presidente, ¿cómo actuaría?

La función del Fiscal General es actuar con independencia y objetividad. Yo considero que se debe hacer una investigación seria, deberán recabarse los elementos que se consideren necesarios y proceder dentro del marco legal. Así es como se debe de trabajar. Todos somos ciudadanos y todos estamos sometidos al imperio de la ley.

¿Ve al presidente Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción?

Yo creo que esas son preguntas muy subjetivas que realmente no vienen al caso. Lo que nosotros estamos proponiendo como aspirantes a la Fiscalía General es dirigir una institución, creo que debemos ser objetivos, ser cautelosos. No se trata de seguir avanzando en dividir al país, en crear polarizaciones, sino que se trata de trabajar en pro de Guatemala. Es lo que la población requiere y es por lo que hay que trabajar.

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¿Cuál cree que debe ser la relación entre un Fiscal General y el presidente de la República?

El mismo que se tiene con cualquier organismo del Estado: de coordinación en pro del estricto cumplimiento de la ley. Recordemos que el MP es totalmente autónomo.

En caso de que el Gobierno no renueve el mandato de la Cicig, ¿cómo afectaría eso sus planes?

No tiene por qué afectarlo en nada.

¿Plantea entre sus objetivos la ampliación de la cobertura del MP?

Ese ha sido un reto que han tenido todos los fiscales, y en la medida que les ha sido posible a cada uno, han ido incrementando la cobertura. El crecimiento tiene que ser ordenado, tiene que atender ciertos aspectos de criminalidad y de población para poder determinar en qué área se debe reforzar en cada uno de los municipios; tiene que ser algo progresivo. No hay un presupuesto para decir ahorita vamos a crecer en los 340 municipios. Se ha hablado que en los últimos años ha habido un crecimiento del 10% al 15%; por lo menos debemos de tratar de mantener ese crecimiento.

La justicia transicional ha sido una línea clave de trabajo de los tres últimos fiscales ¿cómo la afrontará usted?

La justicia transicional es parte de los acuerdos de paz y es algo a lo que debe dársele continuidad; se debe pasar del conflicto armado al proceso de paz. Existe en el MP una fiscalía encargada de estos temas y se debe continuar con esa labor. Creo que eso será algo que nos llevará décadas, porque no es sólo la justicia de transición sino un tema generacional y de cambio de pensamiento. Los procesos iniciados deben de continuar de conformidad con el marco de la ley. Hay que hacer un análisis de aquellos casos que deben continuar y de aquellos que requieran la amnistía; aquellos muy concretos en que se debe establecer cuando proceda.

¿Estaría usted de acuerdo con una ley de amnistía?

Habría que analizarlo, ese no es un tema que le pueda responder en este momento. Habría que ver cuál es el marco y en qué sentido lo quieren hacer. Yo no puedo emitir una opinión al respecto.

Los homicidios son uno de los crímenes que más afectan a la población, ¿a qué adjudica la caída de las tasas desde 2009, y cómo piensa reducir la tasa de impunidad?

Esas son las áreas que están ahora deficientes y es lo que hay que reforzar. Necesitamos un MP más eficaz que pueda resolver estos conflictos en un tiempo razonable.

Con respecto a los casos sobre temas fiscales, ¿cómo será su relación con la Superintendencia de Administración Tributaria?

El Ministerio Público tiene una fiscalía especializada, que se dedica precisamente a la persecución penal de esos casos. Parte de los ejes principales es la coordinación interinstitucional, en este caso con SAT, sobre los casos que se están planteando en el Ministerio Público. Pero hasta llegar a la institución podré ver qué es lo que se está haciendo al respecto para determinar los pasos a seguir para mejorar la persecución de ese tipo de casos.

Hay diversas iniciativas desde el sector empresarial, la comunidad internacional y la sociedad civil que plantean la necesidad de aprobar leyes específicas para transitar de un estado cooptado a un Estado de Derecho. ¿Apoyaría usted la aprobación de leyes que tengan que ver con reducción de condenas, reconocimiento de responsabilidades, resarcimiento y garantía de no repetición de los delitos, cómo fórmula para salir de la crisis?

Tienen que ser iniciativas completas. Una ley que establezca este tipo de procedimientos tiene que ir de la mano con que efectivamente se pueda demostrar la responsabilidad de las personas. Si bien es cierto que una persona puede aceptar una responsabilidad, tiene que haber medios de prueba que avalen que efectivamente la persona participó, porque si no tenemos ese contrapeso y ese control, no solamente vamos a perder la esencia del sistema acusatorio, qué es lo que nos rige, sino que además estaríamos supeditados a que después se pudieran dar las circunstancias en que las personas acepten culpas con tal de no llevar un proceso.

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¿Cuál es su estrategia para lograr el presidente Morales la elija?

No tengo una estrategia al respecto. Creo que al presidente le van a pasar los expedientes y él hará el análisis correspondiente para decidir quién sería la persona idónea para ocupar el cargo.

¿Se reunirá con el presidente para presentarle su plan de trabajo?

No lo tengo previsto. En otras oportunidades, otros presidentes han tenido entrevistas con los candidatos. Obviamente, si él entrevista a los candidatos yo asistiré.

¿Tiene relaciones o comunicación con funcionarios del Gobierno o diputados que le puedan ayudar a acercarse al presidente?

No tengo ningún tipo de relaciones. Mi candidatura fue totalmente independiente, lo pueden verificar: yo no tengo vinculación con ningún tipo de grupo ni del gobierno ni de la comisión ni de la sociedad civil. Por eso estoy muy satisfecha con el trabajo de la comisión (de Postulación), porque yo he sido una candidata totalmente independiente, que participé en la contienda por una convicción personal y no porque estuviera apadrinada o apoyada por ninguna persona.

¿Qué opina de las organizaciones de la sociedad civil que exigen la elección de un fiscal intachable?

Creo que todos los sectores deben de ser escuchados y tienen derecho a presentar sus propuestas. Es importante escuchar a todos los actores para tomar las mejores decisiones.