Desde hace algunos años, un grupo de organizaciones internacionales y entidades que trabajan a favor del establecimiento y protección del derecho de acceso a la información han venido realizando una serie de actividades para promover esta efeméride.
En el país, esta ley ya cumplió un lustro de haber entrado en vigencia y durante ese período se han realizado una serie de experiencias que han presentado una variedad inmensa. Se han logrado realizar investigaciones y monitoreos sobre su implementación, se han evaluado procesos de cumplimiento en algunos sujetos obligados y un continuo ofrecimiento de proyectos de capacitación de funcionarios públicos y organizaciones sociales.
Muchos recursos financieros y humanos se han enfocado en priorizar algunas dimensiones del tema de acceso a la información, entre ellas, el cumplimiento de algunos sujetos obligados, así como la pertinencia de la información de oficio y los niveles de efectividad de los procedimientos de solicitud de información. Ello ha sido correcto y, sin duda, efectivo. No obstante, esta visión ha sido centralista y focalizada especialmente en la capital.
Ahora, la apuesta es que durante el siguiente lustro esos esfuerzos continúen pero deben reenfocarse. Hay que ampliar el alcance de usuarios de la ley. Es necesario empoderar a las personas en el ámbito local. La cantidad de recursos que reciben las corporaciones municipales es inmensa, y la capacidad de decisión política que tiene el entramado institucional de los consejos de desarrollo no es menor.
Y es que mientras no se le preste atención a este punto en el interior del país, las corporaciones municipales y los consejos de desarrollo estarán continuamente en un listado como los sujetos que menos cumplen con la ley, pero en la práctica eso no representa mayor cosa para ellos. En resumen, no pasa nada. Y mientras no pase algo, con toda seguridad los recursos se usarán de manera discrecional y corrupta.
A partir de este momento, el contexto político se vuelve en una arena importantísima para usar la ley de acceso. Muchos alcaldes buscarán la reelección y si alguno de ellos por alguna razón ya no decidirán participar, si lo hará el partido que los llevó al poder. Por ello, se hace necesario impulsar proyectos que ayuden a los colegas periodistas y organizaciones sociales locales a generar procesos de auditoría social.
Hay que iniciar proyectos que permitan generar muchas solicitudes de información que provean insumos sobre la pertinencia del ejercicio de las autoridades, pero sobre todo sobre el uso de los recursos públicos. Mientras más informada está una sociedad, mejores decisiones puede tomar y la emisión del voto es una de ellas. Las elecciones del próximo año podrían ser el pretexto perfecto para promover proyectos que favorezcan el escrutinio ciudadano. La apuesta es que se premie a quien ha hecho un buen trabajo y se castigue al holgazán, corrupto e ineficiente.
Plaza Pública hizo una apuesta por un proyecto de esta naturaleza el año pasado en otras dimensiones y ahora el proyecto ojoconmipisto.com lo está haciendo a nivel local. Estos son solo dos ejemplos que pueden servir de parámetro para establecer el uso de la ley de acceso desde el ejercicio periodístico. No obstante, la sociedad civil y las personas en lo particular pueden hacer lo propio. Construir ciudadanía, también es participar en los espacios que se promueven desde el ejercicio del poder público. Rendir cuentas es un proceso que tiene dos niveles: la voluntad de quien rinde, pero también la voluntad de quien debe exigir dicha rendición.
Más de este autor