Xalapán, el fuerte en la montaña

“La defensa del territorio es algo que no entienden los ladinos”, dijo Óscar Galicia, alcalde auxiliar de Santa María Xalapán, territorio xinca. Se acomodó en una banca, vio a su alrededor. “Para los ladinos, territorio es la tierra… para nosotros es mucho más que el terreno donde está mi casa o donde cultivamos. Es todo y por eso nos oponemos pacíficamente a la minería, no sólo a la mina San Rafael”, afirmó y dio por concluida la conversación.

Era el segundo día del estado de sitio, a principios de mayo, en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, un estado que restringía las garantías constitucionales y que los xincas entendían como una forma del gobierno guatemalteco para romper la unidad de la resistencia contra la minería metálica y justificar la persecución a sus líderes. “¡Y todo es porque no entienden lo que es defender el territorio!”, reclamó.

Aquel día, durante más de media hora, Galicia intentó explicar cómo la lucha contra la minería está íntimamente relacionada a una definición amplia de lo que significa territorio, una definición que va más allá de la posesión de la tierra misma. Territorio es agua, raíces culturales, cultivos, población y su sentimiento de pertenencia, además de las tierras. Mucho más que la tierra, recalcó. “¿Entiende ahora? Decir sí a la minería metálica es irrespetar el territorio, irrespetar al agua, al aire y a la población. No vamos a apoyarla nunca. No lo hemos hecho en el pasado, no lo vamos a hacer hoy”.

Ya en el pasado, los xincas se opusieron a la minería. El 11 de enero de 2008, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia Patache, que permitía la exploración de 56 kilómetros cuadrados en Jalapa, y en los municipios de Sansare y Guastatoya, El Progreso. Personeros de la empresa Guatemala Copper, S.A. llegaron a una parte de la montaña de Santa María Xalapán, cerca del río Agua Colorada, un año después. Buscaban cadmio, zinc, cobre, níquel, plomo, platino, plata y oro.

La comunidad empezó a movilizarse en mayo de 2009. Manuel Aguilar, vecino de la aldea Los Izotes, guarda con celo las cuatro resmas de papel embaladas con las 20 mil firmas y huellas digitales que recogieron entre los pobladores para frenar la exploración minera en su montaña y que entregaron a la Gobernación de Jalapa, al Congreso de la República y al entonces presidente Álvaro Colom.

Entonces, la petición de los xincas era solo una: suspender las diez licencias de exploración de minería metálica en Jalapa. Entre ellas estaban los derechos mineros Andrés, Oasis y Lucero, solicitadas por la empresa Entre Mares de Guatemala, concesionaria de Goldcorp Inc., y que ahora pertenecen a Minera San Rafael. “Aquello no era contra una empresa específica. Era, y es, una cuestión de defensa del territorio y de la tierra”, repitió Aguilar.

Mientras se movían firmas y cartas a funcionarios, cuentan que los xincas echaron a los exploradores de Guatemala Copper, S.A., de los cerros de Santa María. Lo hicieron a su manera. “Les dijimos que no queríamos mineras en la zona porque el territorio se defiende con todo lo que se tenga”, afirmó un poblador. ¿Fue por la fuerza? “Digamos que les recomendamos que no regresaran por aquí, que nos los queríamos ver nunca más”, respondió y soltó una carcajada. “Mire, pues. Funcionó. Hasta ahora”.

La montaña y su gente

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, siempre recuerda que existen antecedentes de violencia por parte de la población xinca. Cuando justificó el estado de sitio, aseguró que en noviembre de 2011 se intentó hacer unos allanamientos en la montaña de Santa María Xalapán y que la organización local lo impidió. ¿A quiénes se buscaban y por qué delitos? ¿Fueron detenidos en los siguientes meses antes del estado de sitio? Nunca lo dijo. Desde entonces, tampoco se ha hecho público si la restricción de derechos permitió la captura de estas personas.

Lo que el ministro sí ha dejado claro es que la violencia generada por el conflicto entre pobladores y la mina es de fuera de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, donde se encuentra la planta minera, y ha hecho clara alusión a los xincas. “Es una violencia que viene importada de otros municipios aledaños y que realmente lo que buscan es cómo participar, cómo usufructuar, cuando el proyecto no tiene incidencia en las áreas de ellos, es una especie de chantaje extorsivo a la mina. Hay otros municipios aledaños que quieren subirse al barco de las ganancias, aunque el impacto de la mina no tenga que ver nada en el lugar de ellos”, dijo el López Bonilla, el 7 de febrero de este año en conferencia de prensa.

“¿Extorsión? ¿Dinero? Nosotros no queremos dinero. Lo que no queremos es minería metálica en nuestros territorios”, afirmó Roberto González Ucelo. ¿Cómo les afecta una mina que está a 30 kilómetros de la montaña? Según él, porque los ríos que alimentan los pozos de la zona están conectados, porque los túneles llegarán hasta sus tierras y porque ya se sienten las vibraciones de los taladros que entran en la montaña. ¿Datos técnicos? Ninguno. Y no hay pruebas de ello por ningún lado, no en los planos de minera, que muestran que no existe ningún túnel que pueda recorrer los más de 30 kilómetros que hay entre la planta y las tierras xincas. Pero a González Ucelo y el Parlamento eso no les importa al reconocer el verdadero porqué: “La gente ya nos dijo que no quieren minas y nosotros, sus autoridades, nos debemos a la gente”.

Justo “su gente” es lo que hace válida, a sus ojos, toda acción contra la minería. Y ellos tienen gente en una comunidad agrícola de Jumaytepeque, en Nueva Santa Rosa, quienes desde hace tres años exigieron a sus autoridades que se opusieran a la mina en San Rafael por sentirse afectados. “Desde entonces, los xincas nos hemos sumado a la resistencia minera en la zona”, dice Quelvin Jiménez, abogado de Rodríguez Ucelo y parte del Parlamento. Jumaytepeque queda a 28 kilómetros de San Rafael Las Flores, pero según los pobladores está entre las áreas de expansión previstas por la minera. Según la empresa, no.

Lo otro a tomar en cuenta es que las autoridades xincas, en la práctica, no se pueden oponer a las órdenes de su población. El mismo González Ucelo lo reconoció en una entrevista a Plaza Pública, en marzo pasado. “Como junta directiva del Parlamento nos reunimos y hacemos planes, pero no vamos a hacer ataques a la mina… Y cuando le digo a la gente que por favor ya no ataque la mina, ellos me dicen: ‘Ya te vendiste, ya sos de ellos’… No puedo decirle a la gente: ‘Miren, por favor, ya no molesten a la mina’, porque si no, ya no será contra los mineros sino contra mí”, dijo.

Así, si la población vota por oponerse a la minera, las autoridades acatan. Así, si la población quiere bloquear la carretera que cruza la montaña, lo hacen y punto. Y las autoridades, que juegan un papel más político hacia afuera en esos momentos, poco o nada pueden hacer.

Y justo esas decisiones de la población hicieron que los puntos de mayor conflictividad social en el primer semestre del año estuvieran en la ruta que cruza Santa María Xalapán. Ésta es una carretera pavimentada de dos carriles. Son 18 kilómetros desde el desvío de Jalapa hasta el cruce hacia San Carlos Alzatate; unos 12 kilómetros más para llegar a Mataquescuintla. Todo el trayecto se puede recorrer, a pesar de sus muchas curvas y túmulos frente a las aldeas, en menos de 40 minutos sin mayores problemas. Si los xincas lo permiten.

“La gente acá es muy unida”, dice uno de los alcaldes auxiliares de Xalapán y explica cómo una llamada es suficiente para poner en alerta a los 12 cantones, a los 40 caseríos y a cerca de cien mil personas que conforman el territorio de los xalapanes. Con una llamada de un auxiliar se activan los picops con megáfonos que recorren cada aldea, se moviliza la gente y se realizan las “tapadas”. “A veces, cundo el picop pasa voceando por los caseríos; la gente ya va caminando”, dijo y sonrió satisfecho del poder de convocatoria de las autoridades indígenas, aunque en la práctica esto sea sólo el eco de las decisiones ya tomadas por los pobladores.

El poder de convocatoria en Xalapán quedó demostrado el día que se corrió la voz del secuestro de Rodríguez Ucelo y tres representantes más del Parlamento Xinca, el 17 de marzo pasado. Entonces, se talaron árboles a las orillas de la carretera, se empaparon con gasolina y se les prendió fuego; donde no había troncos, se utilizaron llantas y matorrales. Según los pobladores, era una medida para que no salieran los supuestos secuestradores: que cerraron por completo la ruta CA-18, la carretera que une Casillas, Santa Rosa, con Jalapa.

Las tapadas mantuvieron obstruido el paso la noche del 17 al 18 de marzo. A la montaña solo podían entrar aquellas personas autorizadas por los líderes indígenas. “El ambiente estaba caliente… Encontramos el cuerpo de Exaltación Marcos Ucelo, secretario de actas del Parlamento Xinca; los otros dos compañeros –Rigoberto Aguilar y Roberto López–, que habían logrado escapar, dieron detalles del secuestro… Pero Roberto (González Ucelo) no aparecía. No íbamos a quitar las tapadas hasta que apareciera”, dice un alcalde auxiliar.

El secuestro de las autoridades

La noche del 17 de marzo, el presidente del Parlamento Xinca manejaba su picop de regreso a Santa María Xalapán. Según su relato, lo seguía un picop negro desde que pasaron el desvío a Mataquescuintla. Según Rigoberto Aguilar, otra de las personas que lo acompañaban, era un vehículo verde. Salvando distancias con los colores, ambos coincidieron en que el picop los adelantaba por tramos, luego se dejaba alcanzar y pasaba atrás de ellos. Así por casi cinco kilómetros.

Luego apareció otro picop que se colocó al frente del vehículo de González Ucelo, le disparó a la carrocería y les hizo chocar. En ese momento, de entre la maleza salieron más de 15 hombres con armas largas y los rostros cubiertos con pasamontañas. “Le dije a los compañeros que no se fueran a oponer”, recordó. Los obligaron a bajar del picop, los pusieron en fila y preguntaron quién era el jefe. “Me conocían”, aseguró. “Nos pusieron en fila a los cuatro. Vi cómo amarraban a los compañeros. Y a mí me subieron a un vehículo y ya no vi nada más”.

A partir de ahí, la historia se divide.

González Ucelo aseguró que eran cerca de las 9:00 de la noche cuando dejó a sus compañeros. Le preguntaron por dónde estaban los papeles, las cédulas reales entregadas a los xincas que confirman la propiedad histórica de sus tierras y de otras en manos de terceros; le aseguraron que lo llevarían donde Amildo Morales, diputado de UCN y quien negó cualquier relación con el hecho; le dijeron que el secuestro era por su participación en la resistencia minera. Mientras tanto, lo pasaron a una camioneta y no sabe por qué, después de tres horas de marcha, lo dejaron en Chimaltenango, en el hotel San Carlos, un pequeño hospedaje de paso. “Ellos pusieron la camioneta de reversa en la puerta del hotel. Uno de ellos tocó la puerta y preguntó por el precio. Ahí mismo entré yo, sin ver para atrás, pagué el cuarto. Me dijeron que no saliera del cuarto, que dos de ellos se quedarían vigilándome”, dijo.

Aguilar recuerda que el resto fueron separados, vendados y atados de manos y pies. “A cada uno nos llevaron por lados diferentes. Yo fui el primero, me tiraron al suelo y ahí aproveché para tirarme por el barranco, así rodando… luego no supe de los demás”. Según López, a él lo subieron a un picop, habían recorrido pocos metros y se lanzó del mismo. “Me solté las cosas plásticas que me habían puesto y caminé como 15 kilómetros entre el monte hasta que encontré ayuda”, dijo.

De Exaltación Marcos Ucelo no se supo nada hasta la madrugada del lunes. Encontraron su cuerpo en un barranco de la aldea Las Brisas, Mataquescuintla. Tenía dos golpes en la cabeza y según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), murió ahogado en su propio vómito, por lo que podría haber estado inconsciente en ese momento. A unos 500 metros, sobre una ruta de terracería, estaba el picop de González Ucelo, mellado por perdigonazos.

El presidente del parlamento apareció a las 3:00 de la tarde del lunes. Según su versión, a mediodía se atrevió a encender el televisor del cuarto y se enteró de las noticias. Salió y pidió prestado el teléfono a una empleada del hospedaje, llamó a una colaboradora del Parlamento y ésta llamó a su familia. Hasta que llegó a Xalapán, en la madrugada del martes 19 de marzo, las calles fueron liberadas. Aun así, todavía para que un extraño entrara a las aldeas se necesitaba el permiso expreso de los alcaldes auxiliares.

El suceso tensó la casi inexistente relación entre el gobierno y los xincas, que hasta entonces se limitaba al trabajo en la comisión de estudio de las cédulas reales de la zona y que buscaban retomar posesión de los derechos históricos de sus tierras, uno de los acuerdos alcanzados en la marcha campesina realizada en 2012.

A esa tensión se sumó que Marcos Ucelo era parte de la comisión que le daba seguimiento al caso de derechos históricos de tierra y que él, junto al presidente del Parlamento Xinca, venía de participar como observador en una consulta de buena fe contra la minería en la aldea El Volcancito, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. “Si no era por las tierras, era por la mina… Una de esas dos”, dijo un alcalde auxiliar. “Y también por eso se dieron las tapadas, para presionar a que se investigara”.

Las tapadas no ayudaron en mucho. Al contrario, tensaron más la situación en la zona. Según explicaron personeros del Mingob, no ayudó en nada que los xalapanes sitiaran la ciudad de Jalapa, que bloquearan diferentes tramos de la carretera que conducía a Casillas, que amenazaran a policías y periodistas, que el domingo 17 y el lunes 18 de marzo intentaron ingresar a la montaña. “En todo caso, para cuando se pusieron los bloqueos, el vehículo en que viajaba González Ucelo ya había dejado la zona porque lo encontramos en Chimaltenango, a más de 120 kilómetros de donde dijo que había sido secuestrado”, dice una fuente interna del Ministerio, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones.

Tampoco ayudaron las declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, que puso en duda la veracidad del secuestro mismo, “Es un caso raro porque es un área en la que no entra una hormiga sin que lo sepan los vecinos… ni si quiera la fuerza pública ha podido entrar a esos lugares”, dijo el 21 de marzo en conferencia de prensa. “Aquí lo que tenemos que ver es todo el entorno, que ha sido sumamente conflictivo, y que no hay ningún patrón, de lo que hemos visto hasta ahora, que nos pueda orientar sobre situaciones que han sido iguales en diferentes lugares, inclusive con conflictividad”.

A eso se sumaba las dudas que dejaban las primeras indagaciones sobre los hechos. Según los investigadores, el presidente y el secretario de actas habían tenido encontronazos fuertes por ciertos manejos financieros dentro del Parlamento; y la encargada del hotel en Chimaltenango recordaba a Rodríguez Ucelo pero no a la persona que, según él, tocó antes y supuestamente preguntó por los precios del hospedaje. Tampoco les cuadraba a los investigadores que él hubiera estado tantas horas solo y que no hubiera intentado escapar o que nunca se pidiera rescate por él. “Además, ¿si ya habían matado a uno, por qué no matar a Rodríguez Ucelo, ya que lo tenían controlado y fuera de la zona?”, preguntó un pesquisidor.

Según personeros del Ministerio Público (MP), el caso sigue abierto y pero sin capturas. “Solo hay dudas, muchas dudas de que esto fuera algo real”, afirmó Eddy Juárez, viceministro de Seguridad. Dudas que comparten algunos habitantes de Xalapán, que no terminan de creer que Rodríguez Ucelo hubiera ido en aquel vehículo. “¿Si él pudiera estar metido en la muerte de Exaltación Marcos Ucelo? No, no creo… Era parientes… Pero muchos no creemos que haya estado ahí. Quizás se había ido por su lado y está tapando algo. No lo sé…”, dijo un vecino de la aldea Los López.

Como sea, el secuestro fue un parteaguas en el conflicto minero. Mientras el gobierno ponía ejemplos de cómo los xincas eran una población organizada difícil de controlar; el movimiento ganó un mártir y mostró que podía hacer las cosas “a su manera”. Aquel martes 19 de marzo por la tarde, durante la presentación del cuerpo de Exaltación Marcos Ucelo en la aldea Laguna del Pito, en Santa María Xalapán, dieron un ejemplo más de ello.

Cerca de dos mil personas se reunieron frente a la glorieta en que estaba el ataúd del secretario de actas del Parlamento Xinca para escuchar el relato de los hechos de boca de Rodríguez Ucelo. Y entre aquellos estaban quienes ponían en duda cada palabra del presidente de su Parlamento. Ahí le preguntaron si habían tomado bebidas alcohólicas, por qué los habían separado, si realmente venían los cuatro juntos, cómo se habían escapado los otros, quién fue el último en ver con vida a Exaltación Marcos Ucelo. Todo puesto en duda.

Aquel interrogatorio sólo se suspendió cuando corrió el rumor de que dos niños habían desaparecido durante el acto. Entonces, los xalapanes cerraron filas. Frente a ellos, los tres periodistas y los cinco observadores de organismos de derechos humanos presentes fueron los primeros de los que sospecharon. En menos de cinco minutos se ordenaron tapadas en la carretera. En la mitad de ese tiempo, la gente empezó a acercarse a la glorieta a exigir justicia. Las autoridades pidieron calma, recordaron que el grupo de foráneos había entrado con permiso de las autoridades locales.

Diez minutos después, los niños aparecieron. Una nueva ronda de llamadas de los alcaldes auxiliares para que todo volviera a la normalidad. “Levanten las tapadas, muchá… Ya aparecieron los patajos… Andaban jugando… Bueno, dejen los bloqueos un momento más, pues”, dijo uno de los auxiliares, entre carcajadas, mientras llamaba por teléfono a los responsables de los grupos en la carretera.

Aquello terminó siendo una muestra de que las autoridades podían conjuntar a los habitantes de la montaña y, a la vez, que los pobladores pueden tomar sus propias decisiones y a sus líderes sólo les quedaba acatarlas a rajatabla.

“Aquí no andamos con cuentos. Un par de llamadas y tapamos todas las entradas de la montaña. Un par de llamadas y aquí no entra nadie, no sale nadie. ¿Ahora entiende? Si aquel día que dicen que vinieron a rescatar a los policías hubiéramos querido un enfrentamiento con ellos, una llamada bastaba. No, no queríamos eso. ¡Queríamos diálogo!”, aseguró un alcalde auxiliar xinca, sacó un teléfono celular de la bolsa de su pantalón y dijo, a manera de despedida: “¿No me cree?”. Bajo su camisa, y en pleno estado de sitio, tenía un revolver .38.

¿Diálogo o negociación?

Una simple llamada. Eso fue lo que alertó a las comunidades la tarde del 29 de mayo, cuando 23 agentes de las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC se transportaban en tres picops y un microbús. “Ahí los detuvimos… Ni cinco kilómetros habían subido cuando ya estábamos en la carretera”, recordó una persona que participó de las tapadas.

La noche de ese lunes, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, y el entonces director de la PNC, Gerson Oliva, dieron declaraciones a los medios de comunicación: El contingente policial se dirigía hacia Ciudad de Guatemala después de participar en un operativo antiextorsiones a mototaxis en Jalapa; cerca de las 2:30 de la tarde, varios centenares de comunitarios que habían bloqueado la carretera en Santa María Xalapán, Jalapa, detuvieron a los cuatro vehículos, y retuvieron y desarmaron a los agentes –22 hombres y una mujer–; la Dirección General de la PNC interpuso un recurso de exhibición personal para los agentes y, ante el Ministerio Público (MP), una denuncia en contra de los líderes xincas, a quienes consideraban los inductores del secuestro de los policías que sólo iban de paso.

López Bonilla recordó los “antecedentes violentos en esa zona”, haciendo referencia al robo de explosivos, en noviembre de 2012, y el asesinato de dos agentes de seguridad privada de la minera, el 12 de enero. Aunque los hechos habían sido a más de 30 kilómetros de Santa María Xalapán, las declaraciones del ministro hicieron ver a los xincas como responsables de ello.

En Xalapán se cuenta otra historia. “Los policías iban a reprimir a los compañeros que se estaban manifestando pacíficamente contra el permiso de exploración que dio el gobierno y en protesta por las víctimas del sábado anterior, cuando seis comunitarios fueron atacados por la seguridad de la minera”, dijo una persona que participó en los bloqueos. Que fueran agentes de la división de Fuerzas Especiales Policiales destacados en Escuintla, la misma delegación de donde eran los refuerzos policiales en San Rafael Las Flores, solo despertó más sospechas. “Por eso, no los íbamos a dejar pasar”, aseguró. La gente se movilizó y detuvieron al convoy policial cuando circulaban frente a la aldea La Paz.

Eran más de 400 personas en el lugar. Según los agentes, tenían armas de fuego, machetes, palos y piedras. Por eso, los policías prefirieron rendirse y evitar cualquier enfrentamiento con los pobladores. Entregaron sus armas de equipo y fueron llevados al polideportivo de la aldea Laguna del Pito al lado de la carretera, donde pasaron la noche. Ahí, a 50 metros, pasando una curva frente a la entrada de la aldea, estaban los vehículos y las armas de los policías.

Según las autoridades del Parlamento Xinca, la retención de los policías fue una acción espontánea de la población. Roberto González Ucelo estaba fuera de la zona, en Barberena, junto al tesorero del Parlamento. Allá recibió las noticias. “Le dije a la gente que dejaran libres a los policías, porque esa acción sólo traería problemas a Xalapán y a la resistencia minera… Pero ellos se negaron”, recordó González Ucelo. Según él, cerca de las 5:00 de la tarde llegó a la zona e intentó de nuevo mediar con los pobladores. Después, por la noche, habló con el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, para asegurarle que los policías estaban siendo bien tratados. “La población no quería dejarlos ir y yo no podía hacer nada. Ellos querían una mesa de diálogo y en eso quedamos con los funcionarios, que habría una”, dijo.

“La intención de los pobladores era que se estableciera una mesa de diálogo con el gobierno y exigir el retiro inmediato del permiso de explotación de Minera San Rafael”, dijo Óscar Galicia, alcalde auxiliar de Xalapán . Según los líderes xincas, se esperaba que el martes, a las 6:00 de la mañana, un grupo de representantes del comisionado presidencial de diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, y de los ministerios de Gobernación (Mingob) y de Energía y Minas (MEM) subieran a la montaña para abrir el diálogo.

Pero ¿cómo esperaban dialogar con 23 rehenes? “No, si en ese mismo momento los iban a dejar libres. Y no, no eran rehenes… Estaban ahí, bien cuidados”, aseguró Galicia. “Se les trató bien. No se les amarró en ningún momento, se les dio comida y agua”.

La versión del gobierno es otra. Según testimonios de los agentes retenidos y los exámenes de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), algunos policías fueron golpeados con varas de madera en la espalda, recibieron patadas y amenazas de muerte. “Fue una emboscada. Nos detuvieron con armas largas y granadas fragmentarias”, dijo un policía retenido. “Nos tenían en una galera. En ese momento uno piensa un millón de cosas, en qué te podrán hacer”, aseguró otro. “Cada cierto tiempo cambiaba el grupo de pobladores que nos estaban vigilando, entonces llegaban, nos insultaban y nos daban patadas”, relató otro policía. “Escuché como a la compañera, la única mujer que iba en el grupo, le dijeron que la iban a violar todos los hombres de la aldea”, afirmó otro policía.

Según el ministro Archila, la plática con González Ucelo estuvo lejos de ser una llamada cordial invitando a una mesa de diálogo. “Hablé con él cuando se negó a hablar con las autoridades del Mingob. Me dijo insultos, exigió cosas”, afirmó. “Eso no era un diálogo, él estaba dando a conocer sus demandas para liberar a los policías”. Así, Gobernación entendió la retención de los policías como un secuestro (aunque hoy no lo ratifiquen así sus propias estadísticas), y las posibilidades de un diálogo con los xalapanes eran nulas en esas condiciones. Según Eddy Juárez, viceministro de Seguridad, en ningún momento se estableció una mesa de diálogo porque no podían exponerse al secuestro de más funcionarios.

La liberación, la persecución

El martes 30 de abril, a las 6:00 de la mañana, 100 patrullas y 4,500 policías y soldados avanzaron por la carretera hacia la aldea Laguna del Pito. Los coordinaba directamente el viceministro de Seguridad, Eddy Juárez.

Desde que el operativo inició, en el desvío de Jalapa, empezaron las llamadas de alerta entre los xalapanes. “Los dejamos subir porque no queríamos enfrentamiento alguno… ¿Ha visto el terreno? ¿Usted sabe con quién se estaban metiendo?”, preguntó un poblador que estaba en el grupo que cuidaba a los agentes retenidos. “Aquí, el 60 o 70% de los hombres tenemos instrucción militar… Aquí sabemos que hay pedazos de la carretera en la que hay paredones a ambos lados, que podemos poner hombres en ellos y disparar a discreción porque serían un blanco fácil. Aquí sabemos eso y sabemos otras cosas que se pueden hacer… Pero no, no hicimos nada”, afirmó.

De aquel grupo de personas, las cámaras de televisión de TV Azteca captaron a hombres con machetes, tubos de metal y palos. Y también a un hombre con gorra azul y suéter café, con una franja negra y blanca en el pecho, alzando una granada de fragmentación en su mano derecha que caminaba hacia los policías. En ese momento, desde el contingente policial se empezó a disparar.

“No había gente armada”, aseguró Rodríguez Ucelo. “Había niños y mujeres, gente de todo tipo… Eso era una fiesta porque se esperaba que llegaran los representantes del gobierno, porque iba a haber una mesa de diálogo. Entonces fue que empezaron a lazar gases lacrimógenos y granadas, y se escucharon disparos y la gente empezó a correr”. Pero los mismos pobladores desmienten a sus autoridades: desde la aldea La Paz, un grupo de xalapanes armados se dispuso a repeler el ataque con armas de fuego. El enfrentamiento duró poco más de 20 minutos de fuego cruzado. A las 8:00 de la mañana, el operativo terminó. Once policías resultaron heridos por proyectiles de armas de fuego y esquirlas; además de tres pobladores, uno de ellos con un disparo en el pecho.

“No son manifestantes pacíficos, están armados, están entrenados… No nos estamos enfrentando a manifestantes pacíficos, sino a población organizada para generar violencia”, afirmó Juárez. Según el viceministro, una vez liberados los agentes retenidos, se ordenó la retirada del contingente. “Era una operación de liberación no un enfrentamiento directo contra ellos, pero nos tendieron una emboscada y se tuvo que responder al fuego”, justificó. “El líder, el que encabeza todo esto desde anoche, el vocero del grupo violento, es el señor Roberto González Ucelo. Él y su primo, Rigoberto Ucelo, son los que encabezan estos temas”, dijo López Bonilla.

“Venían a atacar a la población”, aseguró González Ucelo. Era el segundo día del estado de sitio en los cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, y él hablaba desde su teléfono celular desde algún lugar de la montaña de Santa María Xalapán. “Todo esto tiene dedicatoria. Va en contra mía aunque no participé en la acción de los pobladores, aunque traté de mediar entre ellos y el gobierno”, aseguró. Había escuchado las declaraciones del ministro de Gobernación que lo responsabilizaban de ser el líder de todos los hechos violentos alrededor de la resistencia minera. “Fue el gobierno, y no los xincas, quien optó por utilizar la fuerza en lugar del diálogo”, aseguró.

–¿Diálogo con rehenes de por medio?

–La gente está cansada… Aquí se prometen cosas y no se cumplen nunca, por eso la gente buscó una forma de presionar –respondió.

–¿Secuestrando a los policías?

–No estaban secuestrados…

–… Estaban retenidos a la fuerza y ustedes pedían ciertas cosas para liberarlos: que cesara la explotación minera en la zona, que se comprometieran a hacer una carretera.

–Eso era lo que la gente quería.

–Eso era exigencias a cambio de la liberación de los agentes. Técnicamente, sus demandas a cambio de los policías. ¿No es eso un secuestro?

–No, porque no se les tenía vendados ni amarrados… Ahí andaban libres.

–Con gente vigilándolos, amenazándolos y golpeándolos.

–No, se les trató bien.

–¿Y no había armas?

–Si las había, sirvieron para defender a la población del ataque de la policía.

–Y usted fue quien hizo las demandas al gobierno.

–Porque así lo quiso la gente y yo me debo a mi gente. Yo ya se lo he dicho, al que menos le convienen las acciones violentas de la población es a mí… Como presidente del Parlamento Xinca, al primero que le iban a echar la culpa era a mí. Y así lo han hecho.

–¿Niega toda participación en hechos violentos?

–Nunca he participado… El gobierno es el que violenta y mete miedo… Tenemos información que están movilizando a kaibiles para enfrentar a los pobladores. ¿Eso no es violencia? Ellos son los que están amenazándonos y la gente de aquí puede responder de igual forma, y eso sería su culpa, no la nuestra.

–¿Quién ha dado esta información?

–Tenemos nuestras informaciones…

Aquel 30 de abril, cuando ya se sabía que era investigado por el Ministerio Público (MP), González había dicho que se presentaría ante los fiscales, acuerpado por abogados, organizaciones de derechos humanos e indígenas, para mostrar que no tenía nada que temer porque no había hecho nada malo. Pero cuando se supo que tenía orden de captura girada por un juez y que se pensaba en instaurar el estado de sitio, cambió de parecer. Desde entonces, mantuvo contacto vía telefónica con periodistas durante tres semanas más. Después, guardó silencio.

Ahora, casi cinco meses después de ser acusado, Gonzáles Ucelo ha perdido el tono beligerante con que respondía a las acusaciones del gobierno y está enfermo. Las aldeas de la montaña se mantienen en calma, las protestas contra la minera en la zona bajaron de intensidad y la batalla ahora se libra en el plano legal, donde se intenta apelar la orden de captura en su contra. “Pero la lucha contra la minería sigue”, afirmó.

Se asegura que González Ucelo, a pesar de los operativos de allanamiento que realizaron policías, fiscales y ejército en la zona, sigue escondido en las aldeas de Santa María Xalapán. Que nunca dejó la zona, que nunca dejó a su gente. “Aquí es un fuerte, aquí no lo van a encontrar”, dijo un alcalde auxiliar el primer viernes de mayo, en pleno estado de sitio. Y, hasta ahora, no lo han encontrado.