«Hemos encontrado una institución en ruinas», Zulma Calderón, secretaria de Sosep

A Zulma Calderón se le recuerda por su papel como fiscalizadora del sistema de salud pública en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Era una piedra en el zapato de las autoridades de gobierno porque reclamaba por vacunas vencidas, servicios hospitalarios en mal estado y vulneración de derechos a pacientes con Covid19 y otros males. Ahora asume el reto como secretaria de la Sosep. 

«Yo no soy política, toda la vida he sido técnica» aclara, cuando se le consulta cómo fue que le ofrecieron el cargo. Recibe al equipo de Plaza Pública en una sección de la Casa Presidencial que está asignada a la primera dama. 

Dice que llevaba tiempo «rogando a Dios» por un nuevo espacio en donde poder servir. Trabajó 10 años en la PDH, pero sentía que no podía avanzar más en esa institución. En diciembre de 2023 se reunió con su colega, la médica Lucrecia Peinado, esposa del ahora presidente, Bernardo Arévalo. No se conocían, pero la profesión las hizo tener una conexión inmediata. Peinado le ofreció el puesto como secretaria de Sosep y Calderón aceptó de inmediato. 

Tenía una idea general de los problemas de corrupción en la administración pública, pero no se imaginaba lo que pasaba realmente. A la Sosep siempre se le ha visto como la entidad que ejecuta obras de caridad por mediación de la esposa del presidente. 

Alejandro Giammattei fue el primer presidente desde la fundación de la Sosep en 1991 que llegó como soltero a la Casa Presidencial. Sin embargo, la estructura administrativa permite operar sin necesidad de la presencia de la esposa del gobernante. Durante la administración de Giammattei, hubo dos mujeres a cargo de la Secretaría. Thelma Elizabet Portillo Pérez de Quintana dejó el cargo en marzo de 2022 y, en su lugar, asumió Sara López Gálvez. Esta última dejó una institución desordenada, con serios problemas financieros y graves indicios de corrupción que a Calderón le corresponde atender y tratar de solucionar. 

Calderón asumió el cargo el 16 de enero. En esta conversación habla de los hallazgos, del papel de la primera dama en la institución y explica sus argumentos acerca de por qué y cómo rescatar a la Sosep.  

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—Recién cumplió un mes en el cargo. ¿En qué condiciones encontró la institución?

—Voy a intentar responder de una forma anecdótica, porque para mí es la mejor forma de expresar lo que hemos encontrado. Viví muchos años en el interior del país, en un área en la que por estas épocas se daban muchos incendios. Unos eran para preparar la tierra y luego sembrar; y otros eran provocados. Yo creo que esta institución tuvo incendios de los dos tipos que le menciono. Hemos encontrado una institución en ruinas y nos está tocando ponernos las botas y limpiarla desde lo más profundo para tener esa tierra fértil en donde queremos sembrar. Causa mucha tristeza ver las condiciones de los programas que tiene la Sosep porque, bien llevados, están determinados para impactar la vida de las personas que más los necesitan. Impacta, duele, frustra, enoja. Yo estaba consciente de que el reto iba a ser grande, no lo esperaba sencillo, pero no lo había dimensionado.

—¿Tenía idea de qué hacía la Sosep bajo la administración del gobierno anterior?

—Por mi trabajo como defensora de derechos humanos, había coordinado varias acciones con la Secretaría pero, días después de haber aceptado el compromiso, salió el artículo periodístico que todos sabemos y ahí fue que me di cuenta. Fue como aterrizar en la realidad. 

(Zulma Calderón se refiere a la investigación de No Ficción que revela cómo un grupo de jóvenes jugadores de softbol se convirtieron en millonarios contratistas de la Sosep que ofertaron con sobreprecio productos que no son aptos para una dieta saludable para niños, niñas y personas de la tercera edad. Todo ocurrió bajo la administración de Sara López Gálvez. Las empresas de los softbolistas eran de reciente creación, sin experiencia, y vendieron productos como panes para hot dog, frituras o verduras sobrevaloradas de las que no consta que hayan sido entregadas en su totalidad). 

Creo que la mayor parte de los guatemaltecos estábamos muy conscientes de que el tema de la corrupción estaba en todas las instituciones del Estado, y esto lo hizo más tangible.

—¿Qué tipo de institución le entregaron?

—Esta es una institución desordenada, pero desordenada a propósito, en donde muchas de las gestiones, manuales y los perfiles de los puestos fueron hechos a conveniencia.

—¿Puede explicar un poco más?

—Por ejemplo, para los puestos de directores y directoras de los programas no pueden aplicar profesionales del área humanista, sino que debe ser un economista o un mercadólogo. Parece broma, pero es cierto. Modificaron los manuales de procedimientos a conveniencia. O sea, fueron hechos para el momento, para las personas que ocupaban los cargos en el gobierno anterior. También hay procedimientos que estamos en un proceso de modificar. Por ejemplo, cada programa tiene un contador o una persona específica para X o Y función. Esto no es necesario porque la Secretaría tiene una Subsecretaría financiera y administrativa que debe dirigir, coordinar y evaluar todos los procesos administrativos, incluyendo las compras. Pareciera que cada programa era un mundo específico para poder gestionar, sobre todo, las asignaciones presupuestarias. Porque en los programas está la mayoría del presupuesto asignado. (La Sosep tiene asignados 200 millones de quetzales). 

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—¿Cómo ha reconducido estos problemas?

—Esta ha sido una tarea investigativa. Por ejemplo, solicité el manual de compras vigente, para estar enterada de cómo era el procedimiento y resulta que planificación me da un manual, el jurídico me dio otro, compras tenía uno diferente. Con personas que sí conocen de administración pública hemos tenido que hacer un análisis muy profundo para buscar soluciones inmediatas.

—¿Con cuál manual de compras se quedó?

—Aquí no hay mucho pierde. Nos apegamos a lo que está vigente en la Ley de Compras y Contrataciones. Ningún manual puede ser superior a la ley vigente. En este momento estamos identificando todas estas debilidades, porque hay que trabajar paralelamente una reestructura del reglamento interno, y eso lleva tiempo.

—¿Por qué tenían tres manuales de compras?

—Tenemos un problema serio. Aunque la mayor parte del personal empezó a trabajar en mayo, o en agosto del año pasado, parece que tienen amnesia o pérdida de la memoria. El área jurídica dijo que estos manuales fueron aprobados sin sus dictámenes, que es un poco difícil de creer, pero no tenemos la evidencia para decir lo contrario. Planificación manifestó que no fueron convocados para las revisiones o modificaciones de esos manuales. Pareciera que es una institución que se divorció de sus propias unidades. No sabemos si fue un divorcio a propósito o a conveniencia. Sin procesos claros para adquirir los insumos, alimentos y demás, no podemos atender a través de los programas.

—Tomando en cuenta todo este desorden administrativo y el antecedente de esas compras millonarias anómalas en la administración de Sara Eugenia López Gálvez, ¿ha logrado constatar que todo lo que compraron ingresó al inventario de la Sosep?

—Hemos buscado y seguimos en el proceso de buscar la evidencia de que esos insumos ingresaron. Al preguntar de forma directa a quienes están en los servicios, hemos recibido un contundente “no”. Dicen que nunca los vieron. También se entrevistó y se le pidió la documentación a los directores que eran parte de esa administración y tampoco dieron una respuesta clara. En los archivos hay mucha información que no está, seguimos buscando los sustentos, valga decir también que hay mucha información que no tenemos disponible, porque estamos en una auditoría de la Contraloría. Una que nosotros solicitamos y otra que está en proceso. La Contraloría ha respondido de forma ágil a las solicitudes que hicimos cuando venimos.

—¿Tuvo alguna conversación con la secretaria saliente, Sara Eugenia López Gálvez?

—La conocí el día que me vine a presentar. Yo vine el 16 de enero en la tarde, luego de ser juramentada, cerca de las 2:30 o 3:00 de la tarde y, como aquí se retiran a las 3:00, me dijo que ya no nos daba tiempo, entonces fue al día siguiente (que se hizo el traspaso). Ese fue el único momento en que la vi. No la conocía.

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—¿Usted está trabajando con el personal que ella contrató?

—El tema del personal es otro asunto difícil. Del 2020 para el 2023 despidieron alrededor de 300 personas cuando la Secretaría estaba emplazada (una medida judicial que impide realizar despidos sin autorización de un juez laboral). Tenemos órdenes de reinstalación qué cumplir.
Vi que en el presupuesto de enero pagaron 3.9 millones de quetzales en sentencias judiciales.

—¿Se trata de salarios para estos empleados que han reinstalado?

—Sí. De hecho, una de las auditorías que le pedimos de forma directa a la Contraloría fue por el manejo del presupuesto, porque también lo usaron para pagar los estipendios de 2023 para las madres cuidadoras (que atienden a niños y niñas de seis meses a siete años en sus casas) y no podían hacer eso con el presupuesto de este año. En cuanto al tema del recurso humano, hemos hecho cambios en los puestos que son de libre remoción (de confianza), que la ley sí  nos permite. Hay unas direcciones y algunos puestos que no hemos llenado porque estamos en el proceso de reinstalar a trabajadores por orden judicial, por eso no los hemos podido ocupar con personas de nuestro equipo.

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—¿Se siente segura al trabajar con la gente que contrató la administración anterior?

—Me hubiera gustado consolidar un equipo que fuera íntegramente de mi confianza, por lo menos en esos puestos (direcciones), pero en este momento esas son las circunstancias y tenemos que ser obedientes de lo que los jueces han dictado. También hemos encontrado mucho personal administrativo dentro de las oficinas y poco personal operativo en los servicios. Todo esto está vinculado al tema del presupuesto, porque debemos alrededor de 167 millones de quetzales de salarios caídos, por estas reinstalaciones. La Secretaría debe pagar 25 millones de quetzales en multas judiciales por estos casos. También tenemos deudas, porque el año pasado firmaron el pacto colectivo y no dejaron el presupuesto. Son alrededor de 15 millones de quetzales. También tenemos que cubrir 64 millones de quetzales para pagar a las madres cuidadoras en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de este año y eso no quedó en el presupuesto.  

—¿De quién es la responsabilidad de esos despidos? En la administración de Giammattei, la Sosep fue dirigida por Thelma Elizabet Portillo Pérez de Quintana hasta el 14 de marzo de 2022, después asumió Sara Eugenia López Gálvez.

—Creo que a la primera corresponde 180 (destituciones) y el resto a la siguiente secretaria.

—¿Las plazas de las personas despedidas están ocupadas por otro personal?

—Eso es lo que nos tiene esta situación complicada, porque destituyeron y contrataron a otras personas. Ahora hay que reinstalar, pero muchas de esas plazas están ocupadas y no podemos darlas. Y tenemos que reinstalar, tal cual ordena el juez. Es una tarea titánica, porque hay que considerar que yo puedo tener el puesto libre, pero si no me dejaron presupuesto para esa plaza cómo puedo darla. Nos enfrentamos también al problema del reconocimiento de las madres cuidadoras, que necesitan que se les incorpore como trabajadoras de la institución, con sueldo mínimo y, personalmente, creo que ese es un tema justo. Son madres que atienden a niños que dejan otras mamás que van a trabajar y se les reconoce un estipendio de 1,400 quetzales mensuales. Algunas han presentado denuncias y otras formaron un sindicato (para avanzar en esta gestión) lo cual es su derecho.

—¿Cuál es la solución que propone?

—Implica tener 64 millones de quetzales anuales para 1,090 personas. Nuestro presupuesto es de 200 millones de quetzales. Hemos conversado con la primera dama sobre este tema y su opinión es que debemos enfrentar esa situación. Que se reconozca esta deuda que no se ha querido saldar. Estas madres pertenecen a los hogares comunitarios y a los Centros de Atención de Desarrollo Infantil, que funcionan en coordinación con municipalidades. Atienden a 4,000 o 5,000 niños. Solicitamos apoyo al Ministerio de Finanzas y estamos esperando respuesta. (El 9 de febrero solicitaron una ampliación presupuestaria por 167.2 millones de quetzales).  También nos tocará hacer incidencia en el Congreso, porque es una deuda del Estado.

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 —Volviendo al tema de la corrupción, encontré en un informe público de la Contraloría varios hallazgos de 2022, en la transición de la secretaria Portillo Pérez a  López Gálvez. Hubo sanciones económicas por anomalías en el uso de vales de combustible, servicios con una médica que no estaba habilitada para ejercer, personal que no aparecía en las oficinas en las que estaban asignados. ¿Qué otros hallazgos ha identificado?

—Esta Secretaría carece de procesos en todos los aspectos. De forma coloquial le puedo decir que este parecía un pueblo sin ley, sin normas, sin lineamientos, ni estrategias. Una persona me decía que venía tarde tres veces a la semana porque tenía que ir a unas terapias, pero no encontramos registros o constancias en su expediente en Recursos Humanos. Otra persona faltaba dos días a la semana por un permiso para ir a estudiar, pero en los expedientes tampoco hay información de esos estudios. Todavía estamos haciendo diagnósticos de cuántas personas tenemos (trabajando en la institución). Hay personas que fueron contratadas para una función en una de las sedes, pero resulta que las tenemos aquí (en la capital). Y, cuando uno les pregunta, dicen que las trasladaron, o al contrario, personas que estaban contratadas aquí, como asistentes personales del despacho, pero luego ocupaban una dirección. No hay procesos para el uso de vehículos y es de los cambios que estamos haciendo en este momento. Esto es como partir de cero, pero con el inconveniente o el choque de que el personal se ha acostumbrado a que las cosas se hagan sin procedimientos.

—¿Considera que se están adaptando al cambio?

—Esto es un proceso, pero creo que se ha entendido el mensaje de que hay una autoridad que está comprometida a trabajar, que va en la línea de retomar las funciones que le corresponden, que estoy acompañada de un equipo de trabajo que abraza esa misma visión y ese mismo compromiso.

—¿Ha presentado denuncias de los hallazgos?

—No lo puedo comentar todavía, porque estamos en el proceso de recopilar el sustento para estas denuncias. Esperamos que, de la mano con los hallazgos de la Contraloría, podamos presentar las denuncias de forma contundente.

—¿La primera dama le dio algunos lineamientos o enfoque para conducir la Sosep?

—Cuando yo acepté el cargo, ya había un trabajo avanzado. Fui de las últimas personas en incorporarse al equipo. Había un grupo de consultores, gestionado por la primera dama, que habían recopilado toda la información para hacer un informe de transición mucho más sustentable. Nuestro plan de trabajo consiste en que la Secretaría retome las funciones para las que fue creada, que es servir a las poblaciones más vulnerables. 

—¿Qué quiere lograr?

—Soñamos con que esta secretaría ponga, nuevamente, al ser humano en el centro, que se modernice, que lleguemos a más personas. Nuestro brazo operativo son todas las sedes que tenemos en los departamentos y ahí es donde queremos ampliar la cobertura. Llevar muchos más programas, avanzar del enfoque asistencialista, a dar un verdadero empoderamiento a las personas. Eso es avanzar, no sólo hacia la conciencia social, sino también hacia la democracia. Seguiremos con la entrega de las donaciones de las sillas de ruedas, pero necesitamos involucrar a esas  mismas personas y empoderarlas, para que sepan que esto no es caridad, sino un derecho, debido a las brechas que el mismo Estado ha creado al dejar vulnerados el derecho a la salud y a la educación. Somos una secretaría con poco presupuesto. Yo siempre les digo que, si el presupuesto alcanzó para comprar cosas que no se tenían que comprar, nos tiene que alcanzar para nuestros proyectos, porque estamos cuidando el presupuesto y lo vamos a administrar de forma eficiente y correcta.

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—Durante el gobierno de Giammattei no hubo una figura de esposa del presidente al frente de la Sosep. Ahora las circunstancias han cambiado y las miradas están sobre una primera dama que tiene un perfil distinto a las anteriores (es médica y ha trabajado en proyectos de salud en poblaciones vulneradas). ¿Qué papel desempeña Lucrecia Peinado en la Sosep?

—Es un poco difícil de entender, porque administrativamente nuestro jefe es el presidente. Pero esta es la casa de la esposa del presidente y ella acompaña de forma directa el trabajo que aquí hacemos.  Trabajamos en la visión de pasar del asistencialismo a un enfoque de cuidado integral hacia las personas. Prácticamente, todos los días tenemos reuniones de trabajo con la primera dama. Le informamos de los avances, pero también es importante mencionar que hay un total respeto a las decisiones técnicas que aquí se toman. El acompañamiento de la doctora Peinado, como nuestra primera dama, es un pilar.

—Pero ella no aparece en el organigrama de la secretaría

—Podemos decir que es una figura que está dentro de la conciencia de la secretaría y que, como tal, se respeta. Es una fortaleza que se nos aparezca aquí (a la oficina), venga a saludarnos y hablar del trabajo. Ella siempre está atenta a las reuniones que tenemos y, no solo conmigo, sino con la Secretaría de Bienestar Social que es la otra secretaría con la que coordina. Ambas instituciones atienden a poblaciones similares, entonces coordinamos muchas acciones.

—¿Han considerado realizar alguna reestructuración de la Secretaría? Actualmente tiene cuatro programas enfocados en niñez, adultos mayores, servicios sociales y mejoramiento económico de las mujeres. 

—Estamos en ese proceso, queremos renovar, pero quisiera ser clara en que no hay ninguna instrucción o ningún plan de cerrar ningún programa. Al contrario, deben de ser fortalecidos.

—Con los antecedentes que me ha comentado, ¿la Sosep debería existir o desaparecer?

—La Sosep tiene un sello en particular que no tiene ninguna otra institución. Lamentablemente, su sello se ha desdibujado desde hace muchísimo tiempo y esperamos volver a escribirlo sobre todo en el corazón de los guatemaltecos. Uno puede leer y leer las funciones, pero no lo entiende hasta que lo ve y lo vive. Entregar una silla de ruedas, que en el mercado puede costar 1,000 o 1,200 quetzales  a una persona que no puede pagarla le puede cambiar la vida. Ese es el sentido humano de esta Secretaría, que no lo tienen otras entidades. Hay muchas personas, entre ellos pacientes renales que vienen aquí por ayuda, porque no tienen para comprar un medicamento. Ese es uno de nuestros objetivos, tener una coordinación con otras instituciones, como los hospitales.

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—¿No cree que hay duplicidad de funciones entre lo que hace la Sosep y lo que pueden hacer otras instituciones como los ministerios de Salud, Educación, el Mides?

—No hay duplicidad de funciones. Lo hemos revisado a profundidad. La Sosep ha sido la casa de algunos proyectos, como la bolsa solidaria, que luego se trasladó a otra entidad. Pero los programas están dirigidos a grupos vulnerables y, en este país, casi todos son vulnerables. Aquí acogemos a los que están en pobreza extrema. Uno de los objetivos como le mencionaba, es pasar del asistencialismo al enfoque de cuidado integral. 

—Es que se ha visto a esta Secretaría como la entidad que fue creada para ocupar en un puesto institucional a la esposa del presidente. Aunque, finalmente, ha sido una entidad utilizada para beneficiar a quienes la han dirigido. Me gustaría que usted pudiera decirle a la población, ¿qué  relevancia tiene esta institución? ¿Qué mérito tiene para existir y seguir formando parte de la estructura del Estado?

—Gracias por preguntarme eso. En primer lugar, yo quisiera que en ningún lado me vuelvan a preguntar por el tema de los tortrix (los que compraron de forma anómala y sobrevalorada en el periodo anterior). Quisiera que la población supiera que aquí existen programas sociales y los conozcan a profundidad. Nuestros hogares comunitarios, en donde se cuidan niños de madres que tienen que ir a trabajar. Estos funcionan en las casas de las mamás y son la única opción de tener un lugar seguro para dejar a los niños. Que conozcan los centros de atención para personas mayores. Cómo, a pesar de las  situaciones descritas, hay gente con carisma que los atiende las 24 horas, que están dispuestos a darle una atención integral a una población prácticamente abandonada. Que también sepan que tenemos un programa de atención a las condiciones socioeconómicas de la mujer, en donde, no sólo queremos volverlas productivas, sino también que repliquen y fomenten en las comunidades el empoderamiento para que tengan libertad financiera. Soñamos que esos programas sean renovados, reforzados, con visión integral. Queremos que en los Centros de Atención de Desarrollo Infantil podamos tener tamizajes para diagnóstico oportuno. Aunque hemos recibido una Secretaría descalabrada, tenemos el compromiso para rescatar y sostener estos programas.

—¿La Secretaría ha tenido impacto desde su creación?

—En su momento, la Secretaría aportó, sobre todo en el interior del país. Tenemos 22 sedes departamentales. Soñamos con doblar la cantidad de personas a las que se atiende. Creemos que no es un sueño loco, que si se ha podido llegar a una cantidad de personas (en las condiciones descritas), con el uso ineficiente de recursos, podríamos duplicar esa cantidad.

—También atienden a población migrante retornada

—No sé por qué lo hacemos, pero aquí lo hacemos y es un programa que nos demanda mucho. Los recibimos, les facilitamos el retorno a sus hogares, pero, hasta ahora, hasta ahí llega nuestro programa. Necesitamos ver cómo pueden ser reinsertados a la sociedad.

—Luego de este mes, ¿cree que el rescate de esta institución es a corto o a largo plazo?

—Ha habido momentos en los que he visto todo cuesta arriba, pero esto también me ha permitido asumir un compromiso mayor. Quienes dijimos que sí al rescate de Guatemala sabíamos que no iba a ser fácil. El tema de cómo buscar esa reconstrucción del país debe ser una visión de Estado, integral, que nos involucre a todos. Tenemos muchos años de tener instituciones mermadas y debilitadas, así que en un mes apenas estamos haciendo un diagnóstico. Creo que dejaremos sentadas las bases para un cambio.

—¿Cree que esos cambios puedan evitar que en el futuro se vuelva a utilizar esta institución como instrumento de la corrupción?

—Lo ideal sería dejar un cerco para que no se repita la historia, pero ningún cerco es inevitable de romper. Por eso es tan importante que la estructura que armemos sea fuerte en sus normativas, hasta que la institucionalidad se fortalezca. Porque nosotros nos vamos pero las instituciones quedan y deben tener un fuerte andamiaje para que puedan funcionar como debe ser.