Claudia Paz y Paz: «El sistema de elección de altas cortes ya topó, se ha demostrado que no funciona»

El domingo 13 de octubre las y los nuevos integrantes de las Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones asumieron sus cargos de forma oficial para el período 2024-2029. El abogado Carlos Rodimiro Lucero Paz se convirtió en el presidente «en funciones» de la CSJ de este primer año de gestión, ya que, hasta la fecha, el pleno de la institución todavía se disputa quién ocupará el cargo (son 13 magistraturas y se necesitan 9 votos para alcanzar un mínimo).

Que las magistraturas se renovaran puede considerarse un logro para el país, ya que los togados que asumieron en 2014 permanecieron en el cargo cuatro años más de lo estipulado en la ley.

En el proceso para elegir a los nuevos funcionarios judiciales hubo ganadores, perdedores, traiciones, figuraron los viejos operadores y salieron a la luz nuevas alianzas. Un reporte de la Alianza por las Reformas, que monitoreó el proceso de elección de inicio a fin, señala que este mismo sistema de Comisiones de Postulación se utiliza para la cooptación de la justicia, que los plazos son insuficientes, que no se establecieron instrumentos adecuados para evaluar a los aspirantes, entre otros hallazgos.

En este contexto, Plaza Pública entrevistó a la doctora Claudia Paz y Paz, exFiscal General, exjefa del Ministerio Público y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), institución que formó parte del Panel de Expertos Independientes (PEI-GT), una alianza de más de una docena de organizaciones nacionales e internacionales que vigilaron el trabajo de las Postuladoras y la elección en el Congreso.

En la gestión de Paz y Paz como Fiscal General se persiguió a narcotraficantes y a militares señalados de crímenes durante el conflicto armado interno. Paz y Paz dejó el cargo en 2018 y desde entonces se encuentra fuera de Guatemala, por lo que esta entrevista se realizó por videollamada.

Plaza Pública: ¿Qué balance hace de los resultados para elegir nuevos magistrados?

Claudia Paz y Paz: Es un proceso que nos deja muchas lecciones aprendidas y una de las más importantes es que es el sistema de elección de altas cortes ya topó, se ha demostrado que no funciona: tienes que elegir a muchas personas en plazos muy cortos, por comisiones que son designadas para esto específicamente. También por la misma integración de las Comisiones. La ley permite conflictos de interés porque había personas que eran electores y candidatos. Una vez que ya entraron magistrados de salas que estaban cooptadas iban a seguir reproduciendo, en el siguiente período de elección, el mismo esquema.

Creo que entre las cosas positivas está que hubo elección, la participación de los pueblos indígenas y las organizaciones, también la misión de observación desde la OEA (Organización de Estados Americanos) y el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI), que siempre estaban señalando cuáles eran los estándares para una elección de altas Cortes correcta, cómo debía ser el proceso, denunciando también los intentos de criminalización desde la Fiscal General Consuelo Porras.

A pesar de toda esta observación internacional, si bien sí se lograron algunas cosas como que ninguno de los señalados en la lista Engel pasara y fuera nombrado, también hay candidatos que son muy cuestionables que están tanto en la Corte Suprema Justicia, como en Salas de Apelaciones.

PzP: La Alianza por las Reformas publicó un informe donde señaló que es el mismo sistema de Comisiones de Postulación el que permite la cooptación de la justicia. Con esto, ¿cuáles son las reformas necesarias?

CPP: Yo creo que hay un problema estructural por el que vuelve a ocurrir lo mismo y es la impunidad. Porque si bien se abrieron los casos Comisiones Paralelas 1 y 2, las personas que participaron en esos procesos fraudulentos permanecieron en la impunidad y volvieron a ser actores. Se sabe quiénes son, se sabe cómo actúan, eran casos penales muy fundamentados y quedaron en la impunidad.

Ahí tenemos un problema, porque este ciclo se vuelve y se vuelve a repetir. Por otro lado, son temas normativos, ya que cuando la Constitución previó el sistema de Comisiones de Postulación el número de universidades privadas era muy poco y ahora ha sido denunciado muchas veces que se han creado universidades solo para tener una silla en las Comisiones de Postulación; digamos que de cinco que eran en los años 80, cuando se creó este sistema, ahora (son) doce universidades. Eso es totalmente inmanejable.

De la misma manera, la elección de magistrados de sala debería de ser estrictamente por carreras como es la elección de primera instancia por méritos, no tendría por qué ser político. Estas son de las principales reformas que se tendrían que dar para evitar que en cuatro años estemos otra vez con esta angustia de quiénes van a ser electos en la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

PzP: Hablando de impunidad, es indispensable mencionar al Ministerio Público, que en el último año fue sancionado internacionalmente y en este proceso estuvo al acecho con amenazas de criminalización contra los mismos comisionados. Aunque se renovaron las Cortes, ¿qué cambios puede tener la justicia si la Fiscalía sigue igual?

CPP: Creo que la criminalización de opositores, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de defensores de la tierra y el territorio, de funcionarios de Justicia probos, ha ocurrido no solo por el mal actuar de la Fiscalía sino también porque se ha contado con jueces que se han prestado a ese juego. Son ambos y también se requiere de ambos para cerrar casos de gran corrupción, como ha estado sucediendo, y que queden en la impunidad personas que son responsables de hacerse con dinero público o de graves violaciones de derechos humanos. O sea, se requiere tanto de la Fiscalía como de jueces que no son independientes y que vulneran la ley en sus resoluciones. Sin embargo, la Fiscalía sí es un ente muy importante y creo que es un peligro, tanto por la criminalización como por la impunidad, no solo en casos de corrupción, también en casos de violaciones de derechos humanos, de violencia contra la mujer, de criminalidad ambiental.

La Fiscalía no cumple con su papel e inventa otros casos en contra, por ejemplo de periodistas, como uno los casos más importantes y emblemáticos de la criminalización: el del periodista José Rubén Zamora, que recientemente cumplió más de 800 días privado de libertad y en otros casos que también son emblemáticos, donde personas están privadas de libertad sin que sus casos tengan sustento.

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PzP: Tras el paro nacional, la salida de Alejandro Giammattei del gobierno y la toma de posesión del presidente Arévalo, se percibe que una parte de la ciudadanía dejó de preocuparse por los ataques a las instituciones y a la democracia. ¿Cómo lo observa?

CPP: El acceso a una justicia independiente es un derecho humano y quizás las y los ciudadanos, como dices, lo miran lejos de su vida cotidiana, pero es algo que afecta. La semana pasada, desde el Ejecutivo se denunciaron varios casos de corrupción en el Ministerio de Salud, que implican que no hubieran medicinas en los hospitales, o sea, cosas básicas. La ciudadanía resiente que no tiene servicios de salud bien abastecidos y con buena atención y eso en parte es porque hay impunidad respecto a esos casos de corrupción.

PzP: En su visita a Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado que realice una evaluación independiente al Ministerio Público. ¿Qué se puede esperar de esto?

CPP: Lo que hemos visto en otros países es que la Comisión establece mecanismos de seguimiento a sus recomendaciones. Es decir, que exista una presencia bastante más permanente en el país, guiando cómo se deben de cumplir (las recomendaciones), estableciendo si se ha dado seguimiento y cumplimiento. Creo que esa sería una vía importante, porque siempre tiene que ser por acuerdo entre el Estado y la Comisión. En México hay mecanismos de seguimiento similares, en Nicaragua y Colombia también. El desafío de esta evaluación independiente, que es una recomendación específica, es que se tiene que encontrar una entidad que tenga la independencia suficiente para que pueda hacer una investigación profunda de cómo la institucionalidad del Ministerio Público ha sido totalmente destruida por la Fiscal General, empezando por el sistema de carrera, que es fundamental para que los fiscales se sientan con el suficiente espacio para hacer investigaciones independientes sin temor a que van a ser destituidos o van a ser criminalizados.

Al despedir directamente a los fiscales, (la Fiscal Porras) rompió con todo el sistema de carrera. Y como ese ejemplo hay muchos más, como el archivo (cierre) de casos está encubriendo cifras de impunidad. Una evaluación independiente podría darnos muchas luces de todo lo que está mal haciendo la Fiscalía, no sólo la criminalización, sino la impunidad en varios de los frentes, y también podría dar luces de reconstruir toda esta institucionalidad demolida.

PzP: La duda que se repite en muchos espacios es cuál es el futuro de Guatemala después de esta elección de cortes, donde quedaron fuera algunos de los candidatos más sancionados y al mismo tiempo lograron meterse algunos nombres un poco más grises. ¿Tiene esperanza de que la situación del sistema de justicia cambie?

CPP: A mí lo que me da mucha esperanza es la participación ciudadana. Creo que se logró que muchas personas que quizás antes no le habían puesto tanta atención a la elección de cortes, estuvieran ahí. Por ejemplo, las autoridades ancestrales, la vigilancia por parte de la comunidad internacional y las alianzas que se crearon para establecer mecanismos novedosos como este panel de personas expertas independientes. La misión de la OEA también fue inédita.

Entonces creo que si estamos conscientes de que hay que hacer cambios en la forma en que se rigen las altas cortes y a la Ley de Ministerio Público, pues hay que continuar empujando por ahí y mantener estas alianzas ciudadanas para lograr una justicia independiente.

También creo que hay temas que la Corte Suprema de Justicia tiene que retomar para evitar la criminalización. Por ejemplo, el sorteo para ver a qué jueces se les asignan los casos, ya que los procesos más importantes, o donde hay criminalización, siempre le tocan a los mismos jueces. Entonces, esa es una tarea que como ciudadanos tenemos que vigilar, además de la eterna suspensión de audiencias, que es lo que permite que personas continúen criminalizadas.