Así se eligió la CSJ: ganadores, perdedores, alianzas inéditas y traiciones

En la madrugada del jueves 3 de octubre circuló un listado con los 13 nombres acordados por el Congreso para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se perfilaba una elección rápida, al final duró 56 minutos. Según la información confirmada por diferentes legisladores, este listado fue consensuado por una alianza entre todas las bancadas, incluida Semilla, y aunque hubo nombres vetados, el acuerdo no se cumplió a cabalidad.

«Aquí hubo traiciones», dijo uno de los diputados al salir del hemiciclo parlamentario. Esto porque tres nombres de la lista acordada quedaron fuera de último momento para que el partido Vamos y sus aliados incluyeran a sus abanderados.

Así se votó por la lista pactada. En orden de mayor cantidad de votos obtenidos:

• 1. Carlos Rodimiro Lucero Paz, 159 de 160;
• 2. René Guillermo Girón Palacios, 158;
• 3. Flor de María García Villatoro, 158;
• 4. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, 156;
• 5. Estuardo Adolfo Cárdenas, 156;
• 6. Flor de María Gálvez Barrios, 154;
• 7. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, 154;
• 8. Igmaín Galicia Pimentel, 140;
• 9. Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, 139;
• 10. Luis Mauricio Corado Campos, 123.

Quienes entraron de último minuto fueron:

• 11. Jenni Alvarado Teni, 104;
• 12. Gustavo Morales Duarte, 110;
• 13. Clemen Vanessa Juárez Midence, 114.

Un recuento del portal Congreso Eficiente reveló que, por ejemplo, en la elección de Carlos Lucero Paz, votaron en conjunto las bancadas Semilla, Vamos, Cabal, Unionista y el resto de bloques legislativos, algo que no había pasado en votaciones más políticas desde que asumió este nuevo gobierno.

En el caso de Gustavo Duarte, que no estaba en el listado original, los 23 diputados de Semilla votaron en contra, al igual que ocho integrantes de Cabal, cuatro de la UNE, los tres legisladores de Vos, uno de Winaq-URNG,  cuatro de Vamos y tres de Viva. Lo mismo ocurrió con Jenny Alvarado Teni.

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La integración de la nueva Corte Suprema de Justicia despertó reacciones encontradas, unas de preocupación sobre el deterioro democrático en Guatemala y otras que ven esperanzas de contar con autoridades judiciales que no responden por completo al conocido Pacto de Corruptos.

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Ana María Méndez, directora para Centroamérica de Wola, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, escribió en X: «Ganaron el pulso las mafias. El control de las cortes será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semilla y a cualquier voz crítica del Pacto de Corruptos. Un trago amargo para Bernardo Arévalo».

Samuel Pérez, jefe de la bancada Semilla, aún con el estatus de independiente, dijo a Plaza Pública que ve un balance positivo en la elección.

«Me parece que hay una Corte Suprema de Justicia suficientemente independiente, con un mandato del Congreso que tiene representación y legitimidad mayoritaria para detener la criminalización y persecución política. El mensaje que se mandó en las reuniones que hubo con los candidatos que quedaron finalmente electos es que no se puede seguir jugando con la libertad de las personas como si fuera cualquier cosa», señaló Pérez.

El diputado considera que, con este proceso, las mafias perdieron parte del control del sistema judicial. Esta postura choca con la que demostró Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos, partido del expresidente Alejandro Giammattei, que también dijo estar satisfecho con los resultados.

Qué ocurrió

Fuentes consultadas estiman que entre los grandes perdedores  está «la clica de la Toga», como en el mundo de los abogados se le conoce a fiscales y jueces señalados de corrupción y de criminalización, y que quedaron fuera de la nueva corte.

Frente a este grupo, ganaron operadores políticos y paralelos que dominaron el proceso. Entre ellos Gustavo Alejos, empresario señalado en seis casos de corrupción; Roberto López Villatoro, quien enfrentó proceso por supuestamente influir en elección de jueces anteriores; Wilber Castellanos, magistrado que denunció a la exjueza Erika Aifán; Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac) perseguido por la fiscal general Consuelo Porras.

Gálvez pasó un tiempo en prisión y al salir se alejó de los reflectores. En 2024 volvió al foco de atención. En un evento  organizado por la Asociación Política Caminemos, de Roberto Alejos, días antes de que las Comisiones de Postulación votaran por las nóminas finales de aspirantes, el exrector Gálvez fue recibido entre aplausos, simpatías y saludos de mano; fue su regreso a la vida pública y habló de su papel en este proceso.

«El punto es cómo recuperar las instituciones, no tener miedo; si por miedo fuera, yo mismo no estaría aquí», dijo a los presentes, entre quienes había aspirantes en las Cortes. Uno de ellos al momento de anotar su nombre en la lista de asistentes dijo «yo vine aquí a hacer puntos».

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Gálvez, al igual que Vásquez, Castellanos y López, los cuatro grandes operadores, figuraron en el caso Comisiones Paralelas 2014 y 2020, una investigación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que se quedó en fase inicial debido a que los mismos magistrados se protegieron entre sí al rechazar los antejuicios que les levantarían la inmunidad para ser procesados.

Los votos en la Comisión de Postulación para la CSJ demuestran que hubo una alianza entre los comisionados vinculados a Vásquez, López Villatoro y Gálvez y que nunca rompieron el bloque.

«Los extremos no fueron favorecidos», dijo una fuente dentro de las Comisiones de Postulación. Ese «veto» provocó que no pasaran de la primera fase del proceso aspirantes como Rafael Curruchiche, actual jefe de la Feci, quien tuvo cero votos para ser incluido en la  nómina final. Algo similar ocurrió con el resto de candidatos sancionados por Estados Unidos con la Lista Engel  de actores considerados antidemocráticos y corruptos.

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En ese sentido, entre los grandes perdedores también se cuenta a 10 de los actuales magistrados de la CSJ que buscaban su reelección; sólo tres de ellos lo lograron: Claudia Paredes, Gustavo Duarte y Guillermo Girón Palacios.

En la postuladora hubo un acuerdo tácito de no reelegir a «magistrados que pusieron en juego la institucionalidad del país». Este fue el mismo reclamo que hicieron organizaciones indígenas que vigilaron el trabajo de los comisionados en la Universidad Rafael Landívar.

Por su parte, la estrategia de Consuelo Porras y el Ministerio Público fue mostrar fuerza desde el inicio: días antes de que iniciara el trabajo de las postuladora, la Fiscalía citó a dos decanos a declarar por una investigación por supuestamente reunirse con la exfiscal Thelma Aldana en El Salvador, extremo que uno de los decanos citados, Luis Ruano de la Universidad Marino Gálvez, negó.

Pese a esto, la presión no dio resultados. Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal metropolitano del Ministerio Público y señalado de ser el cerebro operativo de Porras, quedó fuera de la nómina final de aspirantes a la Corte de Apelaciones y dentro de la postuladora corrió el rumor de que el delegados de Porras llamarían a los comisionados para presionarlos.

Fuentes consultadas confirman que ocurrió y que esto influyó para que la Comisión de Postulación para la CSJ sí lo incluyera en el listado final que fue enviado al Congreso. Pese a esto, la estrategia no funcionó porque en el Congreso obtuvo 94 votos en contra.

Su exclusión fue el reflejo «de un mensaje que se manda desde el Congreso y otros actores sociales de rechazo a todo lo que esté cercano a la extorsión, criminalización y persecución política», dijo el diputado de Semilla, Samuel Pérez.

Pero este rechazo vino desde mucho antes. Para lograr la exclusión de los aspirantes más polémicos, uno de los momentos clave en el proceso fue la discusión por la sede de trabajo de las Comisiones de Postulación, que aunque retrasó el trabajo por casi un mes, permitió identificar alianzas entre actores dentro y fuera de la postuladora. «Esto sirvió para fragmentar sus intereses», dijo un comisionado en condición de anonimato.

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Juan Francisco Sandoval, quien investigó el caso Comisiones Paralelas, esta vez observó la elección de Cortes de lejos, ya que se encuentra en el exilio.

«Aunque pasó el tiempo, los sectores interesados siguen estando allí; aunque parecía que estaban neutralizados por los procesos penales, enviaron emisarios y su papel fue más activo», opinó Sandoval.

Para el exfiscal el modelo de selección de cortes vigente «ha sido utilitario para intereses corruptos».

«Ha sido funcional, ya sabe cómo funciona, cómo manipular al gremio, queda demostrado que el modelo es caduco, es ilegítimo y se contrapone y sobre todo la aspiración de la independencia en los tribunales de justicia», dijo.

Ahora falta que se elija a otros 156 magistrados para las salas de apelaciones.

Mientras tanto el Ministerio Público sigue al acecho. El fiscal Rafael Curruchiche, que buscó ser magistrado de apelaciones, abrió un caso contra las Comisiones de Postulación, por supuestamente haberse reunido con delegados de la Organización de Estados Americanos que a petición del presidente Bernardo Arévalo llegaron a Guatemala a observar el proceso. Se teme que la fiscalía busque botar este proceso para repetirlo.