La derrota de los magistrados al perder la sede evidenció la pugna por el poder en las postuladoras
La derrota de los magistrados al perder la sede evidenció la pugna por el poder en las postuladoras
Acceder a que las comisiones de postulación se celebren en la Universidad Rafael Landívar (URL), develó que la alianza entre magistrados y un grupo de delegados del Colegio de Abogados no es tan fuerte como mostraron al inicio. La resolución de la Corte de Constitucionalidad les ordenó cumplir con los tiempos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia no les respaldó en el cambio de sede. Sus votos debieron cambiar y la lucha por el poder se hizo evidente.
Hubo un cambio de discurso en uno de los bloques dominantes en la Comisión de Postulación para la evaluación y nominación de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los 24 magistrados (12 en cada postuladora) que integran la postuladora insistían en mover la sede a su cancha: el Palacio de Justicia. Finalmente, después de casi un mes de impasse, votaron por quedarse en la Universidad Rafel Landívar. Fue una derrota para este grupo, según analistas que fiscalizan el proceso.
Después de dos semanas de evaluar opciones, en la sesión del domingo 18 de agosto, la postuladora votó nuevamente. Esto, después de dos semanas de evaluar opciones, entre ellas el edificio del Congreso y hoteles ubicados en la Ciudad de Guatemala, que por diferentes motivos, entre accesibilidad y horarios, fueron descartadas.
Días antes, en el inicio del trabajo de la Comisión, el 30 de julio, el primero en pedir el traslado de la sede fue el comisionado Ramiro López, representante de los magistrados de apelaciones y vinculado a Wilber Estuardo Castellanos, expresidente del Instituto de Magistrados. Su argumento fue sentar el precedente de que la elección de un funcionario debía hacerse en la misma institución en la que ocuparía el cargo. Esta propuesta generó preocupación sobre la independencia que podía garantizar la Corte, ya que la mayoría de sus integrantes buscan la reelección.
El 18 de agosto, López fue el primero en tomar la palabra para anunciar el cambio de postura del bloque.
«Como grupo que apoyamos esta propuesta hemos hablado que, sin duda alguna, la independencia, la imparcialidad y la neutralidad es interna y nos consta que cada uno de los que integramos esta comisión hemos puesto nuestro máximo esfuerzo, pero esta vez traemos la propuesta de que la sede sea la URL, como se ha venido desarrollando».
A esta postura se sumó inmediatamente José Urrutia, delegado del Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) por la planilla Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (Aspa), vinculada a Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad.
«Yo personalmente estoy muy contento de estar acá, estas son mesas de negociaciones, es un ejercicio eminentemente político», dijo. Este entusiasmo contrastó con sus posturas iniciales, en las que insistió en el traslado.
El posicionamiento de este bloque, el de los magistrados que buscan su reelección y la mayoría de comisionados del Cang, fue opuesto al inicial y provocó semanas de retrasos.
José Alexander Ortíz, delegado de los magistrados de apelaciones y quien según una investigación de Plaza Pública comparte oficina con el abogado principal señalado en el caso B410, dijo «nosotros no hemos manifestado nada en contra de la universidad».
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Estos cambios de posición de los magistrados, que inicialmente buscaban retrasar el trabajo de las postuladoras, evidencian que no tienen el control total para dirigir la Comisión a sus intereses, lo que deja entrever que existen posibilidades de que aspirantes no vinculados a operadores paralelos se cuelen a las nómina final, que deberá presentarse al Congreso a más tardar el próximo 26 de septiembre. [1]
Además, han revelado fragmentación y negociaciones entre los grupos paralelos que orbitan alrededor de las Comisiones.
El bloque sólido quedó desintegrado
Carmen Aída Ibarra es directora de Movimiento Projusticia, una organización que sigue el proceso de elección de Cortes. En entrevista con Plaza Pública analizó lo que pasó alrededor de la discusión por la sede de trabajo.
Al momento de esta entrevista, las votaciones permiten identificar dos tipos de bloques. El primero incluye al decano de la universidad de San Carlos, más los representantes del CANG de las planillas 3, 4, 5 y 6 (vinculadas a Wilber Castellanos, Néster Vásquez, Roberto López Villatoro y Gustavo Alejos). Desde el inicio intentaron plantearse como un bloque sólido y llegaron a sumar hasta 22 votos. El segundo está compuesto por el resto de decanos y tres representantes del CANG, llegaron a sumar hasta 14 votos.
«Fueron unas jornadas muy complicadas para los comisionados, días de intensidad y agresividad, especialmente de los magistrados y los representantes del CANG de las planillas 3, 4, 5 y 6, porque los demás no cambiaron su posición», señaló.
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Los comisionados del primer grupo trataron de operar como un bloque sólido respecto al lugar de trabajo, pero en otros temas se desintegraron. Por ejemplo, dijo Ibarra, los comisionados vinculados a Estuardo Gálvez, exrector de la Usac votaron diferente. Los segundos en cambio no cambiaron de postura.
«Empezaron a haber fisuras por el desgaste de la sede y por la discusión y aprobación del reglamento», explicó.
Otro ejemplo es cuando Ortíz propuso un documento «antidemocrático».
Actualmente es magistrado de apelaciones y vinculado a Néster Vásquez, sugirió que la Comisión reservara totalmente la información del proceso, pese a que la legislación guatemalteca ordena que sea público.
La misma propuesta fue presentada en la Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones por Julio Velásquez, delegado del CANG, quien también intentó que se establecieran «medidas pertinentes ante ataques o pronunciamientos públicos contra los comisionados que fueran realizados por medios de comunicación». Esto fue rechazado por el colectivo de periodistas NoNosCallarán, que señaló a Velásquez de amenazar la libertad de expresión y de prensa y de violentar el derecho a la ciudadanía de estar informada. El intento de Velasquez fue infructuoso pues ante las críticas que levantó, retiró su propuesta.
«Poner bajo reserva todo el proceso de postulación es muy el estilo del Ministerio Público», criticó Ibarra, haciendo referencia a la tendencia de la Fiscalía de Consuelo Porras de realizar diligencias en los juzgados a puerta cerrada. «Esto provocó que las fuerzas se atomizaran», agregó.
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La pugna que hizo inviable el plan
Uno de los sucesos clave para que este bloque cambiara su postura, a criterio de Ibarra, fue que Oscar Cruz, presidente de la CSJ y Organismo Judicial (OJ), expusiera públicamente a los magistrados.
«Desde febrero hay un conflicto interno que afecta a la CSJ. No era evidente pero todo mundo sabía que había problemas, los 12 magistrados de la Suprema se unieron contra Cruz porque consideraron que estaba asumiendo el control total de la parte administrativa y lo obligaron a promover un cambio de autoridades», explicó la analista.
Esta disputa salió a la luz a través de un cruce de cartas público entre Cruz y el resto de integrantes de la CSJ. En el programa radial ConCriterio, el funcionario dijo que la controversia inició en marzo de 2024, cuando fue presionado por el resto de magistrados para destituir al gerente general de la institución, José Toledo. Cruz dijo que Toledo firmó su renuncia. El descontento por los nombramientos que hizo el presidente del OJ provocó que el resto de sus 12 colegas lo excluyeran de las Comisiones de Postulación (según la ley, solo 12 de los 13 magistrados que conforman la CSJ, pueden integrarlas).
Cruz contraatacó cuando se disputaba la sede. Los magistrados propusieron trasladarse al Palacio de Justicia. Ahí, Cruz recibió a los presidentes de las postuladoras, Miquel Cortés Bofill y Raúl Arévalo y les dio un recorrido. También envió una carta a las Comisiones donde detalló que la institución no contaba con presupuesto ni la logística necesaria para funcionar como el lugar para llevar este proceso. Esto dificultó aún más los planes del bloque que insistía en el traslado.
Además, el presidente de la CSJ arrojó otra bomba: los magistrados «han entorpecido el proceso» para intentar quedarse en el cargo.
«Todas esas maniobras son para no permitir la alternabilidad que debe haber en el poder, nosotros, como magistrados de la CSJ, nuestro periodo constitucional vence el 13 de octubre y por ningún motivo debe prorrogarse este plazo», dijo en una carta firmada el 13 de agosto.
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Esto provocó una respuesta inmediata del resto de magistrados de la CSJ, quienes en un comunicado dijeron ese mismo día que desautorizaban las comunicaciones de Cruz a la Postuladora y que esos aspectos competían únicamente al pleno de esa corte.
«En el Organismo Judicial quien toma las decisiones administrativas es el presidente, no los magistrados», concluyó Cruz en ConCriterio, donde agregó que hubo pedidos para que renunciara, a lo que se negó.
Ibarra analiza que con esto, «los comisionados se vieron obligados a tomar otras decisiones».
La presión de la CC los desarticuló aún más
Hubo un elemento más que influyó: la Corte de Constitucionalidad (CC), presidida por Néster Vásquez, entró a la cancha.
Dos días después de estas disputas, el 16 de agosto, la CC otorgó un amparo provisional al diputado José Chic, de la bancada Vos. En este ordenó a las Comisiones de Postulación cumplir con los plazos y abstenerse de incurrir en retrasos para la entrega de la nómina de aspirantes al Congreso, donde se vota por los titulares y suplentes para ambas Cortes. Esto, dijo la CC: «bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes».
Ibarra enfatiza que la disputa por la sede «fue una derrota total para los magistrados».
Días después de este ir y venir, Cruz participó en el Desayuno Nacional de Oración, auspiciado por la organización conservadora Guatemala Próspera. En el evento se sentó en la misma mesa que Vásquez, el presidente de la CC, la Fiscal General Porras y el secretario General del MP, Ángel Pineda; todos actores que orbitan la elección de nuevos magistrados.
«Ahora que ya bajaron la intensidad, es más fácil que coincidan los unos con los otros (dentro de la postuladora)», dijo Ibarra
Los otros acuerdos
Con la discusión por la sede superada, las comisiones avanzaron para establecer cronogramas de trabajo, perfil de aspirantes y tablas de gradación. También se establecieron las fechas para la recepción de expedientes, del 20 al 24 de agosto.
La convocatoria fue masiva: en cinco días, la Comisión para la CSJ recibió 313 expedientes y para la Corte de Apelaciones fueron 1525. Algunos de las y los abogados que más destacaron porque buscan un espacio en el Organismo Judicial fueron los fiscales sancionados por Estados Unidos, que los incluyó en la Lista Engel: Rafael Curruchiche, Leonor Morales y Cinthia Monterroso. También se presentaron abogados vinculados a la criminalización de operadores de justicia, como Lesther Castellanos, Relator contra la Tortura y fue el denunciante de la exfiscal Virginia Laparra.
La siguiente fase
Cada uno de los expedientes será sometido a diferentes revisiones, entre ellas la primera sobre requisitos básicos, y otra más profunda sobre si el o la postulante es de reconocida honorabilidad, no desempeña ningún cargo directivo en sindicatos o partidos políticos, no es ministro de religión o culto, si posee méritos de capacidad, honradez e idoneidad, y haber ejercido por un período completo como magistrado de la Sala de Corte de Apelaciones, o comoabogado por más de 10 años.
La primera revisión de la Comisión para la CSJ fue el domingo 25 de agosto. En este primer filtro se detectó que 38 expedientes no cuentan con la documentación solicitada; los aspirantes tendrán tres días para completarla.
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Un proceso observado
La crisis en el sistema judicial guatemalteco ha provocado reacciones internacionales. En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita al país para «observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial» y concluyó que el sistema penal se ha utilizado como arma de represalia por las investigaciones y judicializaciones de hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.
Ante esa preocupación se formó el Panel de Personas Expertas Independientes para Observar la elección de las Altas Cortes en Guatemala, impulsada por 14 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y la Fundación Luis von Ahn.
Uno de los integrantes del panel es Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (2009-2018). Blanco dice que si pudiera ponerle un título a este proceso sería «luces y sombras».
«Sombras porque el ambiente que vive Guatemala no es muy propicio para que se desarrolle este proceso con plena libertad y capacidad de tomar decisiones, hay siempre un fantasma que los amenaza, que es la criminalización», señala.
Para el exmagistrado «no todos de manera unánime pueden estar con el objetivo de nombrar jueces independientes e imparciales, desvinculados de partidos políticos, sectores económicos, gubernamentales o militares; hay una amenaza latente de que interfieran».
«La gente ya se dio cuenta del tremendo poder que tienen las instituciones para hacer cosas buenas o malas, para eso se debe nombrar a jueces probos e imparciales, con eso claro que se puede revertir», concluye.
Las fechas cruciales para esta fase de la elección de Cortes son 22 y 23 de septiembre, cuando la Comisión votará por integrar el listado final de los 26 aspirantes al cargo; esta nómina será enviada al Congreso para que elija a los 13 titulares y 13 suplentes.
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