Guatemala, al igual que en 2022, permanece en la categoría de los países donde existen altas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ubicado en el lugar número 19 de 22 países, descendiendo cuatro posiciones respecto a 2020 y dos con respecto a 2021. Es decir, vamos en caída libre. En peores condiciones solo quedan Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Se lo pongo en números. La medición de libertad de expresión para Guatemala quedó 32.07 de 100 puntos, bastante más bajo que el promedio regional global (47.84), casi 8 puntos por debajo de la medición anterior (2022), que ubicó al país en 38.40 puntos y 16 puntos por debajo de la medición de 2021.
En cuanto al contexto, en la descripción que acompaña a las estadísticas, se destacó que durante todo el periodo de medición (de agosto de 2022 hasta julio de 2023) continuó la criminalización al ejercicio periodístico, la utilización del sistema de justicia para silenciar a periodistas y el encarcelamiento de aquellas personas a quienes no se logra disuadir por medio de amenazas y coacciones.
Si no le alcanza le dejo por aquí otros datos: el Observatorio de Periodistas de Guatemala (OPG) registró 521 ataques desde que asumió el gobierno actual hasta julio de 2023 y solo de enero a julio de 2023, 120 agresiones. O sea que, si bien la violencia contra el periodismo en el país opera como un continuum, tuvo un incremento durante el proceso electoral alcanzando un récord que en siete meses superó las agresiones de todo el año pasado. De continuar la tendencia podría ser considerado el más violento de los últimos años.
El informe destaca, retomando el dato que aportó el colectivo de periodistas #NoNosCallarán, que aproximadamente treinta periodistas y comunicadores han tenido que abandonar el país de manera forzada durante el periodo de gobierno de Alejandro Giammattei, 11 de los cuales salieron en marzo de 2023 ya iniciado el periodo electoral.
También se menciona el injusto y arbitrario encarcelamiento de José Rubén Zamora, quien fuera condenado a seis años de prisión fruto de un proceso legal absolutamente viciado.
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De los tres poderes de Estado el peor calificado fue el Ejecutivo (influencia fuerte, 6.08), el cual fue identificado como el «autor intelectual» de la criminalización del periodismo en el país. Se remarcaron las dificultades para el ejercicio de un periodismo autónomo y no tutelado debido a la persecución que reciben las y los periodistas. «Las intenciones del Ejecutivo son claras: suprimir la auditoria social, las críticas públicas y las investigaciones periodísticas que evidencien los actos de corrupción, nepotismo y pago de favores, que proliferan bajo su mandato», señala el OPG en su informe 2023.
El informe da cuenta, además, de que, si bien el Ejecutivo es desde donde emanan las directrices, el Ministerio Público (MP) es el ente de gobierno que actúa como brazo ejecutor de la criminalización y del asedio contra periodistas. Preocupa que se está poniendo en riesgo extremo la narrativa periodística, que, por cierto, está protegida por ser de interés público. Poco tiempo atrás, en marzo de 2023, el mismísimo presidente de la SIP, Michael Greenspon, ya había advertido que estas acciones contra periodistas constituían «acoso judicial».
El Legislativo también es obediente del mandato del Ejecutivo, aunque el índice lo coloca como el poder menos nocivo para la prensa durante el período de registro.
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