Los comentarios varían: falta de liderazgo, insuficiencia de conocimiento y experiencia, corrupción por doquier, contratos indebidos que se pagaron y pagos necesarios que no se efectuaron… en fin, todo esto recuerdo el debate sobre si Luis Fernando Tena es apto o no para la competitividad futbolística. Mientras unos sugieren enfoques de liderazgo a lo John Maxwell, el conocido predicador y consejero gerencial, otros dirigen su atención hacia el SISTEMA, sus mecanismos y el carácter necesario para abordar y erradicar los males estructurales.
Lo cierto es que al escuchar en las redes los nombres y apellidos de los personajes a quienes proponen, uno sí que se pone a pensar en que el masoquismo es la enfermedad mental predominante entre buena parte de la ciudadanía con voz en estos medios. Los nombres que surgen incluyen a los castigadores más conocidos de la cosa pública: privatizadores, gestores y operadores de fideicomisos dizque públicos, inspiradores de la fragmentación del Estado, fanáticos corporativistas y demás por el estilo.
Ah, y no olvidemos los defensores del statu quo gremialista, léase los que manejan las postuladoras y los colegios profesionales, especialmente, los colegios de ingenieros, arquitectos, auditores y contralores. Estos grupos, aglutinados en colegios coludidos, incluyen a los tecnólogos administrativistas de moda, quienes abundan pero carecen de principios éticos, valores morales y, sobre todo, de un compromiso genuino con la labor sustantiva de muchas de las instituciones donde prosperan.
Si tenemos claro esto, por exclusión habría que caminar por esos lares. En primer lugar, es importante señalar que la actual ministra en funciones, Paola Constantino, fue nombrada como viceministra del Viceministerio de Edificios Estatales y Obra Pública por Jazmin de la Vega. No tengo el gusto de conocer a tan dilecta arquitecta, pero resulta llamativo que el propio ministro saliente se refiera a ella con cierto desdén, señalando que «tenía cerca de una semana de no verla por los alrededores». Una situación peculiar, considerando que, en teoría, los miembros de una cartera deberían, al menos, mostrar cierta solidaridad y trabajo coordinado entre sí.
Otro viceministro que se mantiene lejos de las luces de la prensa es el de Transportes, Fernando Suriano. Su posición parece estar bien respaldada por sectores como los promotores de infraestructura vial y entidades como PRONACOM y ANADIE. Cabe destacar que estas instancias impulsan cambios en las inversiones prioritarias, alineados principalmente con la competitividad del comercio exterior, sobre todo en el ámbito importador que predomina en el país. Suriano representa una vía clara de expansión para este ministerio, independientemente de quién esté al frente de la cartera. Aunque es un tema que no se discute como prioridad, no debería ser el único ni el principal en la agenda de la administración pública, especialmente en un gobierno comprometido con la ruralidad, la pobreza y la promoción de los bienes públicos en general.
Entramos luego a los temas del día a día: los asesores, administrativistas, conocedores de la maquinaria burocrática. Con los buenos burócratas con los que he platicado, y que me visitan siempre por la oficina, bien me dicen que tal cartera está en extremo contaminada de malos e inmorales asesores. Los susodichos dominan, por ejemplo, en la Dirección General de Caminos. Espero sinceramente que Carlos Asturias, el director, quien es un impecable ingeniero y técnico, sepa las diferencias entre el bien y el mal.
Pasemos, entonces, al MECANISMO: los males estructurales. Esto nos lleva directamente a los diseños organizacionales, la burocracia decadente y las formas corruptas de contratación que predominan en la actualidad.
De acuerdo con la propia SEGEPLAN, las instituciones, al elaborar su Plan Estratégico Institucional (PEI), deben partir de un mapa de actores. Este mapa identifica a los denominados actores involucrados, según las metodologías del Marco Lógico de proyectos. En este contexto, destaca el ciudadano y vecino de a pie, quien depende directamente de una infraestructura adecuada, es decir, buen transporte, red vial eficiente, telecomunicaciones más accesibles y económicas, así como instalaciones diversas que incluyan espacios para el ocio recreativo y edificante. Un ejemplo ideal sería un espacio como el envidiable Central Park, ubicado en plena zona cosmopolita de Nueva York, hogar de una nutrida comunidad de latinos y guatemaltecos migrantes, por cierto.
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También es imprescindible hablar de los trabajadores del sector. No se trata de enfrentarlos, como hizo cierto viceministro que apenas llegó, se fue, al igual que en otra cartera similar. Los sindicatos forman parte de la vida moderna, pero pueden volverse perversos y descontrolados cuando persisten medidas absurdas y rutinarias. Un ejemplo claro son las políticas de los últimos ministerios de Finanzas Públicas, que cada 15 de diciembre publican el Plan Anual de Salarios de la administración pública, sin ningún cambio ni indexación de categorías de mérito en las últimas tres décadas.
Si el servicio civil no se moderniza, no podemos quejarnos de una sindicalización mal concebida. Urge implementar un sistema de servicio civil moderno que acompañe la transformación del CIV. Aquí el llamado es directo al Ministerio de Finanzas: es hora de liberar los candados inhumanos que mantienen estancado el Plan Anual de Salarios de los burócratas, permitiendo así una modernización que beneficie tanto a la administración pública como a sus trabajadores.
Un gobierno que presume de sensibilidad social y contempla subir el salario mínimo debería, con mayor razón, reflexionar sobre las condiciones de sus propios trabajadores. Ojalá que la Comisión de Modernización de Justicia, liderada por Ana Glenda Táger, actúe antes de ese fatídico 15 de diciembre, persuadiendo al Ministerio de Finanzas para que reconsidere seriamente temas como salarios, prestaciones, Monetepío y otros beneficios laborales.
La Dirección General de Caminos es un ejemplo claro de este problema, con una plantilla llena de operarios contratados bajo el renglón 031, un término frío e inhumano que reduce a las personas a una mera categoría contable. Es urgente que estas prácticas sean revisadas y transformadas para dignificar a quienes sostienen el funcionamiento del aparato público.
Y así llegamos a los principales actores que mantienen alicaído el sistema: los contratistas, grandes empresarios y medianos de la construcción, quienes han convertido al CIV en su piñata personal. Rodeados de testaferros, empresas coaligadas, poder corporativo y demás redes de influencia, estos actores operan bajo una estructura opaca y bien coordinada.
Un claro ejemplo de este esquema es COVIAL, una entidad en la que, incluso si usted recurre a cualquier portal de transparencia, resulta imposible identificar a los integrantes de su consejo directivo. Son personajes que han permanecido en el anonimato durante años, a la espera de la firma y la venia de directores y viceministros para tomar ventaja de contratos previamente asignados y dedicados.
Si abordamos este problema desde la perspectiva estructural y del sistema, sabemos bien que una sola golondrina no hace verano. Un buen CIV depende, ante todo, de una institucionalidad en contrataciones y adquisiciones completamente distinta a la actual. Las propuestas existen en abundancia, pero los diputados actuales parecen ignorarlas. Mientras tanto, lo que buscan es crear excepciones, como la afamada Ley de Infraestructura Vial, que no solo establece privilegios, sino que también fomenta el gasto opaco.
A esto se suma una serie de excepciones a los consejos de desarrollo, así como una preferencia por fideicomisos igualmente opacos, como el que se acaba de crear bajo dicha ley. Y no podemos pasar por alto el funcionamiento igualmente gris del denominado Fondo Social de Solidaridad, que se suma a este entramado de opacidad y falta de rendición de cuentas.
Las propuestas, entonces, están al alcance, pero el actual Congreso las ha engavetado, mostrándose indiferente ante los grandes males estructurales de la administración pública. En lugar de abordar estas problemáticas, ha optado por permitir estados de calamidad y excepciones corruptoras, siempre que le convenga.
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