La modificación más reciente, y que retrata de cuerpo entero las posturas y mentalidades de la clase política y de la élite económica, por supuesto, reside en la colocación de un articulado que secuestra Q6 mil millones de los denominados saldos de caja, que actualmente se sitúan en el fisco. Las mentalidades miopes y cortoplacista que predominan, manifiestan angustia por presupuestos con altos saldos de caja que ven forzoso gastarse año con año. Proponen gastar todo lo que entra, sin pensar en contingencias graves posteriores, ni mucho menos en política y garantías sociales, ni climáticas u otras por el estilo.
Así, por estos lares, la infraestructura no se observa como una variable de amplios efectos multiplicadores en la renta y en la distribución del ingreso y el fomento productivo. Y si ello fuera así, las grandes prioridades serían, por ejemplo, limpiar los lagos de Amatitlán y Atitlán, y las cuencas del Motagua, entre otros. Y ello acompañado de una ley de aguas, y de competencia, por supuesto, adicionalmente a combatir esa perniciosa iniciativa colateral, que se viene cocinando en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, destinada a derogar el Impuesto de Solidaridad que es, nada más y nada menos, que la columna vertebral del Impuesto sobre la Renta y de la tributación directa.
Sostenemos aquí que la iniciativa 5431 no es más que una continuación de leyes cuyos inspiradores han venido trabajando en la fragmentación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, desde los tiempos de Álvaro Arzú, y su ministro líder Fritz García Gallont.
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Tanto García Gallont, como Leonel López Rodas, en el área de energía e hidrocarburos, y previamente a ellos el hoy magnate Mario López Estrada (exministro de comunicaciones de Vinicio Cerezo), se dedicaron con tesón a promover negocios públicos utilizando salidas legales, provenientes de bufetes de postín, principalmente de contadores públicos y auditores, abogados corporativos de altos vuelos y estudiosos de la administración pública bajo la denominada visión neoliberal; es decir, desreguladora, fragmentadora, con incentivos y privilegios, y denigrante de la visión de Estado de los gobiernos militares y los regímenes populistas.
A esto último, este escribiente les otorgó una gran dosis de razón en los primeros tiempos de la discusión, porque los argumentos de un Estado eficiente, ágil y de mérito no los discute nadie, ni por asomo. El problema surgió cuando los intentos reguladores y de registro se pervirtieron, se estructuraron coaliciones mafiosas, y se prostituyó a la academia y a los colegios profesionales, en aras de estructurar cuerpos corporativos decisores, diz que alejados de la clase política que tanto odian los tecnócratas neoliberales y los empresarios.
La iniciativa de marras plantea la creación, dentro del Ministerio de Comunicaciones, de una nueva Dirección denominada Dirección de proyectos viales prioritarios (Dipp). Cabe aclarar que, si de modernizar se trata, no se necesita de toda una ley para crear una nueva dirección entre un ministerio. Simplemente se requiere de un cambio al Reglamento Orgánico del mismo, y por acuerdo ministerial pueden darse los pasos necesarios para ello. Entonces ¿por qué una nueva ley? Es evidente que hay algo más que eso.
De acuerdo a declaraciones de actores involucrados, se habla que la reglamentación de esta nueva dirección y los trámites ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) llevarán cerca de 18 meses. Los ponentes de la ley, aglutinados cerca del año 2017 en los ambientes de la Fundación privada FUNDESA, entregaron un cuerpo legal completo al pleno del Congreso, que lo remitió luego a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para un primer dictamen. Llama la atención que no haya sido una Comisión de Infraestructura o más especialidad en temas ingenieriles.
El dictamen le quita inspiración a los primeros diseños: vale indicar que tuve acceso y participé en algunas discusiones de ese primer diseño, y me sorprendió que incluso se planteaba un modelo tipo SAT, que se deslindó del Ministerio de Finanzas Públicas, aboliendo la antigua Dirección General de Rentas Internas, creando luego una burocracia dorada, alejada de los candados del sistema de servicio civil, y que hoy es objeto de jugosos emolumentos y, además, producto de un complejo proceso de nombramientos, con muchos vicios, muy parecidos a las comisiones de postulación del sistema de justicia.
Se tenía, en la iniciativa inicial, donada por FUNDESA, un híbrido de entidad semiautónoma parecido también a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sencillamente porque a los inspiradores pioneros les gusta mucho esa palabra, como entresacada del modelo liberalizador chileno, pero que aquí, se trata de cuerpos que carecen de dientes reguladores, como precisamente se fue perfeccionando en Chile, luego de la retirada de Augusto Pinochet.
Asimismo, es importante aclarar que en los diseños de todos estos cuerpos legales, como sucedió con Guatel y la desmembración del INDE, participan famosos chilenos expertos en cambios liberalizadores, que a la larga fueron positivos dada la notable tradición institucional chilena, fuera del período de excesos y quiebras de Augusto Pinochet Ugarte.
El primer dictamen del 2018 del Congreso suprime la creación de la denominada Superintendencia Vial (SIVIAL) que ya no será una entidad autónoma, sino ahora desconcentrada del Ministerio, y estará dotada de autonomía funcional y técnica (una especie de gallo-gallina, que refleja que lo que se quiere es fragmentar para que otro tipo de decisores, léase empresarios, colegios y demás entren en la jugada).
Además, limitó la posibilidad de imponer peajes, que era algo que tenía a todos los alcaldes en contra. Y solo podrá imponer peajes en nuevos contratos, facilitando así los ahora famosos APP (proyectos de construcción Público-Privada). Estos son toda una moda en los ambientes de esa agencia del Ministerio de Economía, denominada ANADIE, y en el propio Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), muy afín a FUNDESA y que trabajó palmo a palmo con los planes de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, dentro de la llamada iniciativa Guatemala No se Detiene.
Por otro lado, el dictamen le otorga un nuevo rol a la Dirección General de Caminos, designándole las responsabilidades de supervisión, que hoy en día se encuentran tan coludidas, dados los pésimos criterios de precalificación que se mantienen en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) en donde se mezclan y coluden firmas constructoras con supervisoras.
Ahora bien, lo novedoso de las discusiones actuales es una posible inclusión de un fondo nuevo por crearse, denominado Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP). Se ha anunciado que este fondo se alimentará con un aporte de seis mil millones de quetzales, provenientes de saldos de caja actuales del fisco.
Este tema, sin duda, merece una amplia discusión. A mi juicio, los saldos de caja no deberían destinarse al gasto dispendioso y avaricioso; deberían tratarse como ahorro público. En países como Chile, por ejemplo, se creó un fondo con los recursos generados por el alto precio del cobre, acompañado de una ley que prohibía su uso desmedido, estableciendo un fondo de naturaleza intergeneracional para asegurar un gasto bien pensado en el futuro.
Mi reflexión final invita a la opinión pública a que estos ejercicios de diseño institucional provengan de una profunda reflexión sobre los temas que la genuina CICIG de Iván Velásquez y Thelma Aldana dejó en el tapete. Casos emblemáticos como los de Construcción y Corrupción, ODEBRECHT y otros conexos, que hoy han dejado campantes e impunes a personajes nefastos como Baldizón, Sinibaldi y «honorables caballeros» de la Cámara de la Construcción.
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