Esta discusión que se propone alrededor del deporte en Guatemala no se centra en la existencia o no de habilidades para practicarlo, sino en las condiciones histórico-materiales que permiten que estas se desarrollen y potencialicen. Estas provocan que unas (pocas) personas tengan el privilegio de profesionalizarse en alguna rama y otras (muchas) simple y tajantemente, no. Y no es porque carezcan de habilidad o capacidad, sino porque han crecido en circunstancias desfavorables que no pueden superarse por pura voluntad individual, de la noche a la mañana, como el sistema capitalista quiere hacernos ver o creer.
Hablar de deporte no es algo sencillo; hemos crecido en una sociedad que aún forma a sus generaciones más jóvenes basada en la idea de que no se puede hablar de política, religión y/o fútbol, porque estos «temas» son «indiscutibles». Los Juegos Olímpicos desde su invención han estado sujetos a la coyuntura y contexto político-económico mundial; la historia lo demuestra. Hoy en día no podemos hablar de las olimpiadas sin hablar de capitalismo y esto también es político.
Lo complejo en todo esto es que el deporte cumple con una función social de equilibrio, la cual no se basa únicamente en la idea de competencia, nacionalismo o mercantilización, sino que tiene que ver directa y principalmente con la salud (física y mental) de la sociedad, con su cohesión, recreación y desenvolvimiento. Es precisamente por esto que el Estado tiene relación directa con la administración y generación de políticas que fomenten, promocionen y garanticen su acceso y acompañamiento; según la Constitución Política de la República es su deber.
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Lamentablemente, conforme han pasado los años, en lugar de haberse democratizado el deporte y por ende facilitado el acceso a los espacios para su práctica, hemos visto una tendencia a la privatización, lo cual es efecto directo del modelo de Estado colonial, que ha usado su misma institucionalidad para desgastar lo público y entonces justificar su «necesaria» privatización. La relación de Estado y deporte sigue estando permeada por la carencia, corrupción y falta de voluntad política.
En los espacios urbanos, los parques o áreas verdes han sido suplidos por centros comerciales y, de parte de las autoridades, en todos los niveles y en la mayor parte del país, hay un desinterés por planificar y generar condiciones adecuadas para la recreación y el deporte. Ante la falta de espacios públicos de este tipo, hemos visto la proliferación de gimnasios, canchas sintéticas y otros lugares privados para hacer deporte, a los cuales solo tienen acceso quienes pueden pagarlos. Esto se aplica no solo al ámbito de la competición, sino también al de la salud.
El 26 de julio la corporación Futeca hizo el anuncio de su más reciente proyecto llamado «Distrito Futeca», este será construido en un terreno que es propiedad del Instituto de Previsión Militar -IPM-, que les alquiló dicho espacio por 50 años y en el que se edificará este megaproyecto que contendrá un hotel de cinco estrellas, comercios, gimnasios, supermercado, restaurantes, estacionamientos, piscina, pista para correr y área para eventos masivos. Futeca es una corporación cuya fundación está ligada a la familia Arzú; su actual director es Javier Arzú, sobrino del expresidente Álvaro Arzú, quien es famoso en nuestra historia por privatizar distintos servicios del Estado durante su gobierno y cuyo hijo, Roberto Arzú, también aparece entre los fundadores de esta corporación.
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