A pesar de que en 2018 se lograra una sentencia condenatoria por la desaparición forzada de Marco Antonio y la violencia sexual e incumplimiento de deberes de humanidad cometidos contra su hermana Emma Guadalupe. Dicha sentencia aún no es firme y los militares responsables han sido beneficiados con medidas sustitutivas, aun cuando esto contraviene los estándares internacionales en la materia, los cuales claramente indican que los criminales de guerra y de lesa humanidad no pueden ser beneficiados con estas medidas sea cual sea su edad.
Cuarenta y tres años de impunidad rodean este caso; hasta hoy se desconoce dónde se encuentran los restos de Marco Antonio, quien el 30 de noviembre estaría cumpliendo 58 años de edad. Tenía 14 años cuando el Ejército truncó su vida sustrayéndolo de su casa luego de que su hermana Emma, militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, lograra escapar del cuartel militar en el que había sido recluida para ser torturada y violada. Prácticas inhumanas e ilegales ejercidas en su contra para obligarla a delatar a sus compañeras y compañeros.
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Este acto planificado y ejecutado con saña, evidencia la intención del Ejército de castigar a la familia Molina Theissen por sus convicciones políticas. La desaparición forzada de Marco Antonio no fue un hecho fortuito sino deliberado, con responsabilidades claramente deducibles. Sin embargo, como en muchos otros casos, la justicia no solo ha llegado tarde, sino que incompleta. Lamentablemente, en Guatemala sigue siendo más fácil que los militares responsables de asesinatos y genocidio mueran de vejez antes que ser sentenciados o cumplir sus condenas.
Los cuatro militares sentenciados en 2018 por este caso, Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, Francisco Gordillo Martínez y Hugo Zaldaña Rojas han buscado desde entonces evadir sus sentencias; Hugo Zaldaña, autor material de lo hechos, quien fue condenado a 58 años de prisión, hasta la fecha sigue guardando prisión preventiva en el Hospital Militar.
En septiembre de este año, los abogados de la familia Molina Theissen recusaron al magistrado Franc Armando Martínez, alegando falta de imparcialidad para resolver las apelaciones de la defensa de los militares condenados por desaparición forzada, incumplimiento de deberes de humanidad y violación agravada. Sin embargo esta no fue aceptada por los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo y se excusaron de conocer el proceso. Es así como actualmente dichas sentencias aún no están firmes.
Una vez más se evidencia la falta de voluntad de este sistema de justicia en promover una verdadera justicia para las víctimas del Conflicto Armado Interno y el genocidio, cuyas familias son revictimizadas una y otra vez, sumergiéndolas en un proceso doloroso, engorroso e interminable.
En este contexto de impunidad e injusticia, el pasado 5 de noviembre, los recién electos magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones decidieron anular todas las actuaciones del caso Creompaz. Un día antes, la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, destituyó al fiscal Erick de León, jefe de la Unidad de Casos del Conflicto Armado del MP, quien estaba a cargo del juicio por genocidio Ixil contra de Benedicto Lucas García, justo cuando este se encontraba en su etapa final.
Este sistema de justicia sigue siendo uno de los principales obstáculos para acceder a una justicia digna y reparadora.
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