En un esfuerzo periodístico de Plaza Pública, Jody García nos presenta la Radiografía de la caída de los casos de corrupción. Procesos que fueron impulsados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en colaboración con la original Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Fruto de ese compromiso, al menos 35 casos, que involucraron a 118 personas, llegaron a los tribunales. En 2021, una vez la CICIG estuvo fuera de Guatemala, Consuelo Porras, en su rol como FG y jefa del MP, se hizo con los casos, destituyó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval e inició su hazaña de impunidad.
En un análisis previo a la elaboración de la base de datos que presenta García, Plaza Pública analizó el fenómeno de reconfiguración de la justicia a la salida de la CICIG. Luego de que Porras desmantelara la FECI con la destitución de Sandoval y llevara al frente de esta a quien se convertiría en su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Desde entonces, entre ambos, se aseguran de que los casos estén en manos de jueces afines y llevan adelante acciones de desestimación o sobreseimiento de los procesos. Se aseguran de la libertad anticipada, el arresto domiciliario e incluso de la anulación de órdenes de captura de las personas sindicadas.
En la danza de la impunidad que ha representado la acción de Porras al frente del MP, también ha seguido con la criminalización y el uso del derecho penal como arma de represión. En esta estrategia de la fiscalía, se integra el tercer elemento del triángulo del mal: el secretario privado de Porras, Ángel Pineda. Con la embriaguez del poder de la persecución, Porras y su equipo han llevado a la podredumbre el imperio de la ley.
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La ciencia como base en la investigación penal ha dejado de ser rectora. El MP, incluso, resulta regañado por titulares de los tribunales ante la incapacidad de sustentar los casos que presenta. Razón que esgrimen quienes dirigen los juzgados, para liberar a quienes han sido sindicados de actos de corrupción. El enorme esfuerzo que representó la investigación de delitos de cuello blanco y el análisis de estructuras de corrupción, prácticamente, ha sido anulado por la mano sucia del triángulo del mal que forman Porras, Curruchiche y Pineda.
Más que ser una entidad que persigue el crimen en sus diversas expresiones, el MP ha llegado a ser un instrumento al servicio de los delincuentes. Hace menos de dos semanas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó sobre el descubrimiento de una compleja red de empresas que, además de delinquir, evadían el pago de impuestos. Estas empresas estarían vinculadas a Miguel Martínez, protegido del exgobernante Alejandro Giammattei, quien ha llegado a ser el gobernante más ratero que ha ocupado la presidencia del país.
La SAT presentó la respectiva denuncia y el MP asegura haber realizado allanamientos para profundizar la investigación. Sin embargo, no hay quién crea que esto avanzará bajo la tutela de Porras y su banda. De hecho ha surgido la duda de si en los allanamientos, más que buscar información se ha procurado limpiar evidencias. Al día de hoy, el MP no ha avanzado en la persecución de varias decenas de denuncias presentadas por el Ejecutivo, contra Giammattei y su equipo. La protección de los corruptos, mediante la inacción o la forma perversa de manipular las atribuciones del MP, liberan a criminales y persiguen a inocentes de quienes se vengan por su labor de denuncia o lucha contra la corrupción.
En las manos del triángulo del mal, el MP dejó de ser una institución prestigiada y con legitimidad ante la sociedad guatemalteca. De haber sido una de las entidades con más respaldo social, hoy por hoy es un ente despreciado, debido a las acciones de quienes perversamente la conducen.
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