Se observaba que, y sin entrar a temas registrales, era competencia del Ministerio de Salud —que ojalá hubiera despertado en Farmacoeconomía—. Existía un número de proveedores con registros actualizados que no eran adjudicatarios de contratos con el IGSS. La modalidad de la compra directa era —y continúa siendo— el abuso para lidiar con los mismos del club.
Además, se abordó otro tema muy poco conocido por galenos y la burocracia interna —y que es competencia del Ministerio de Economía y del Gabinete Económico y de Gobierno— como lo es el la atracción de Inversión Extranjera Directa y el fomento tecnológico interno para conformar industria local, y que es una política de Estado en países civilizados. En ello, el diálogo con las cámaras y con los proveedores diversos de aquí y de afuera, resulta ser fundamental. Lástima grande que el SICA y la integración centroamericana se encuentren tan alicaídos para impulsar estas acciones a un nivel regional.
En relación al tema de la judicialización de la salud y los perjudiciales y monopólicos proveedores únicos una primera respuesta de los órganos técnicos hacia la Junta Directiva del IGSS vino de un Dictamen de la Comisión de Inteligencia de Mercados del IGSS, del 2 de marzo de 2021. Es decir, casi un año después de una Resolución de Junta Directiva (de junio del 2020) que ordenaba a los cuerpos técnicos buscar soluciones, tanto para defenderse de la judicialización de la salud, y evitar proveedores únicos que encarecen las ofertas.
Antes del 2015 los caciques eran Agefinsa y JI Cohen, liderados por Gustavo Alejos y la familia de apellido Jarquín. Luego, la era Giammattei encumbró a Lanquetin y La Botica. Pero es inconcebible que a estas alturas del partido, bajo un nuevo gobierno, nada cambie en la gobernabilidad del IGSS.
Veamos un poco de historia reciente: en sesión ordinaria celebrada por Junta Directiva del IGSS, el 2 de junio de 2020, se resolvió lo siguiente:
- Ordenar a la Comisión de Inteligencia de Mercados, para que profundice su estudio sobre a) Medicamentos de proveedor único, definiendo cuáles son esos medicamentos y su priorización de adquisición; los proveedores que los fabrican y comercializan, quiénes son los representantes comerciales y legales de dichos proveedores y su certera ubicación; b) Informar sobre la viabilidad de patentes y licencias obligatorias y su situación a nivel mundial. Su calidad de tema estratégico en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Antecedentes en Guatemala y Centroamérica; c) Instruir que el resultado del estudio citado en las literales anteriores, sea entregado en el menor tiempo posible a la Junta Directiva y a la Gerencia, para que esa información pueda servir para una estrategia de negociación con los laboratorios fabricantes, tanto a nivel nacional como internacional; así como oportunamente se pueda constituir una comisión designada por la Junta Directiva, para llevar a cabo esas negociaciones.
- En tal oportunidad, este escribiente había emitido un voto razonado, urgiendo a que se trabajen a fondo y hacia temas prácticos los relacionados con las políticas vinculadas con la farmacoeconomía, en donde sobresale no solo tener en cuenta las regulaciones del Ministerio de Salud, sino las del Ministerio de Economía, incorporando temas de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la posibilidad de ejercitar licencias obligatorias, las compras en el exterior, y revisar adecuadamente todo lo relativo a las marcas y patentes aplicadas a medicamentos y equipo médico quirúrgico.
- Otro director, Alan Jacobo Ruano hizo eco de las propuestas y sugirió que debe presentarse un análisis profundo cuando son compras de proveedor único y buscar alternativas de compra, haciendo todos los estudios y propuestas posibles por parte de la administración, con el apoyo de la Junta Directiva, para que haya una base de proveedores más amplia.
Las estrategias comenzaron a diseñarse, y se pueden mencionar las siguientes, que aparentemente están de nuevo engavetadas en la Gerencia y en la actual Junta Directiva. Sería pertinente que el nuevo gobierno y el nuevo Ministro de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud, las impulse. Veamos algunas de ese tiempo:
- Evaluar la posibilidad de utilizar nuevas estrategias de negociación que promuevan con el proveedor único obtener mejores condiciones de compra (posibles variables de negociación: montos, plazos, cantidades de productos, alternativas medicinales y terapéuticas).
- Explorar la posibilidad de utilizar compras de medicamentos combinadas, es decir, permitir ampliar y competir medicamentos de la misma efectividad terapéutica, con el objeto de ampliar la base de productos y oferentes, adjudicando la alternativa más conveniente o una combinación de estos.
- Explorar la posibilidad de utilizar modalidades de compra a través de organismos regionales e internacionales oficiales que consoliden la demanda de países e instituciones en medicamentos, a efecto de aumentar el poder de compra con el fabricante en el exterior o explorando la viabilidad de utilizar el mecanismo de subasta inversa internacional.
- Explorar la posibilidad de utilizar mecanismos de compras habilitados en la ley de contrataciones, en particular para aquellos medicamentos con efectividad terapéutica no disponibles en el mercado local, permitiendo habilitar la compra directa a través de la Comisión de Bienes y Servicios Importados. (Ello está establecido en la ley de la materia).
- Realizar estrategias de acercamiento al mercado, a través de sesiones informativas con proveedores, a efecto de conocer las siguientes razones: i) por qué no participan los oferentes con registros en el Ministerio de Salud de los medicamentos en estudio en los eventos de compra; ii) explorar si existe oferta de alternativas terapéuticas similares, para consideración y evaluación del IGSS.
- Complementariamente, presentar la programación de eventos de compras anticipadamente para dar tiempo a los proveedores a prepararse.
- Revisar fechas de vencimiento de patentes de protección, con el propósito de plantear la introducción de medicamentos genéricos bioequivalentes, ampliando la oferta de productos.
- Y lo más importante, presentar adecuadas defensas ante las cortes de trabajo y de Constitucionalidad, advirtiendo a los jueces de su grave responsabilidad en recetar sobre temas que desconocen completamente.
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Y es que hoy cuando aparece por el Congreso el señor José Flamenco, presidente del IGSS, siempre dice que no tiene más remedio que comprarle el onerosísimo Aprovel a Lanquetin, porque es el único que lo ofrece. Claro está que todos los demás coluden y se ponen de acuerdo en no ofertar. Cabe agregar que el precio del Aprovel es 10 veces mayor que los demás «sartanes», que están debidamente registrados en el Registro Nacional de Medicamentos. Resulta ser entonces que, al dictar sentencias recetando Aprovel, se convierte en un negociazo que lamentablemente es avalado por las magistraturas.
En las diferentes reuniones pasadas de Junta Directiva de IGSS, se sugirió atender las recomendaciones de otro estudio que había sido planteado por UNOPS titulado «Estudio de Viabilidad de Estrategias de Adquisición de Medicamentos de un único Registro Ante la Agencia Reguladora Nacional». En aquella oportunidad también en un acta del 3 de diciembre del 2020, la Junta Directiva en pleno comenzó a ocuparse del tema de la judicialización de la salud desde 2017. Se realizó un esfuerzo exhaustivo que llevó a la presentación de una denuncia penal de 82 casos. Por tanto, se inició nuevamente una ofensiva en ese tema para discernir realmente qué es lo que está sucediendo en el tema de la judicialización.
En primer lugar, se trabajó con el listado de todos los amparos, revisando los médicos y despachos de abogados que los están interponiendo. La compra por marca tiene implicaciones legales para quienes las decretan incluyendo las más altas magistraturas. Ellos no tienen la experiencia para hacerlo, esta conclusión la corroboré en un Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social, celebrado en Buenos Aires, y que contó con los más altos expertos en seguridad social desde el punto de vista legal, incluyendo a los miembros más prominentes de la Fundación Cabanelas. Como se sabe Cabanelas es un autor prominente del Derecho del Trabajo.
En Guatemala, existe claramente una prohibición de comprar por marca. Y además está la ventana de las licencias obligatorias, muy utilizadas en América del Sur y otras naciones civilizadas. Por lo que se debería poner a trabajar en todo ello al Ministerio de Economía, y sus áreas de marcas y patentes, así como a la normativa de la Organización Mundial del Comercio en este asunto. Dicho sea de paso es este último punto algo que los médicos y los tecnócratas del IGSS nunca entendieron. Pero eso es harina de otro costal.
Me señala otro querido exdirector del IGSS, con quien consulté este tema, que es recomendable revisar si es verdaderamente un medicamento de marca el que se está importando, porque no hay análisis de laboratorio que certifique que realmente son del fabricante original. Un tiempo atrás se allanó una bodega de los caciques tradicionales ya mencionados, en ella se estaba procesando un producto genérico de la India y poniéndole el nombre de una marca reconocida como fabricante, para así venderlo como original. Pregúntese entonces ¿quién garantiza que Plavix y Aprovel, de los proveedores únicos indicados, sean los originales? Y para remate el laboratorio Nacional no funciona y el IGSS no cuenta con uno propio.
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