La justicia y la batalla por las altas cortes del país

«Para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley» es otra frase atribuida a diversidad de políticos latinoamericanos, desde el mexicano Benito Juárez hasta el brasileño Juscelino Kubitschek. Esta frase refleja la disparidad entre las normas jurídicas que rigen la vida de las naciones y la verdadera aplicación de la justicia. Todos estos enunciados y conceptos vertidos a lo largo del tiempo ilustran la importancia que la justicia y su aplicación tienen para el correcto funcionamiento de un país. Tanto es así que, incluso los neoliberales, a menudo tan alérgicos a todo lo relacionado con el Estado, coinciden en que la impartición de justicia es una de las funciones fundamentales que dicho ente debe cumplir 

Los encargados de impartir justicia son los jueces y los magistrados, y, aunque los primeros suelen ocupar sus cargos según la carrera judicial, el nombramiento de los segundos también varía de país en país. En los Estados Unidos de América el cargo de los jueces de la Corte Suprema es vitalicio, estos son nombrados por el presidente de la república, lo cual incide en su orientación política. Se espera que un presidente liberal nombre jueces de esa tendencia, y lo mismo hará un presidente conservador. De ahí que mientras más jueces nombre un presidente durante su mandato, más hacia el lado liberal o el conservador se inclinará la composición de ese alto tribunal. Asimismo, en México los magistrados se eligen igual que en Estados Unidos, con participación del ejecutivo; sin embargo, el país se encuentra actualmente en medio de una reforma judicial que busca que todos los encargados de impartir justicia en el país sean elegidos mediante voto popular. Esta situación ha producido fricciones diplomáticas entre el país y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, quienes han expresado reservas sobre esta modificación del sistema. Así de importante es el tema de la justicia, que puede llegar a provocar choques internacionales.

Guatemala, por su parte, tiene las comisiones de postulación. Estas son integradas por los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades de Guatemala, además de un representante de los rectores de dichas universidades, y  representantes del Colegio de abogados y notarios y de los magistrados que ya se encuentran ejerciendo sus cargos. Estos cuerpos tienen la misión de depurar las solicitudes de todos los abogados que desean ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las cortes de apelaciones, produciendo un listado de 26 finalistas de los que 13 magistrados serán escogidos por el Congreso de la República para la CSJ, y un número variable para las cortes de apelaciones. Este sistema fue creado a través de la Constitución de la República en 1985, pero no fue sino hasta el año 2009 que se promulgó la ley específica que lo regula, todo ello con el fin de evitar la politización excesiva que se daba antes en el proceso de elección de magistrados. 

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La idea, impulsada con las mejores intenciones de democratizar el proceso y asegurar excelencia en la elección de magistrados capaces e íntegros, rápidamente mostró que hasta el mejor plan puede ser torcido por un entorno corrupto, y que el camino del infierno está perpetuamente empedrado de buenas intenciones. Ante la importancia, que de pronto cobraron los decanos de las facultades de Derecho, los operadores de la corrupción encontraron un plan brillante: fundar nuevas universidades, con el objeto de tener decanos de derecho a sus órdenes para torcer la balanza de las elecciones. Por su parte, los comisionados reciben toda parte de ofertas y presiones para influir en sus decisiones. Esta situación, que los creadores de la ley posiblemente no previeron, ha permitido que abogados de dudosa capacidad profesional, escasa ética o cuestionables motivaciones personales ocupen altas magistraturas, causando enorme daño a las instituciones de justicia y a la aplicación de esta. 

Sin mencionar situaciones totalmente bizarras, como la que se vivió recientemente, cuando los magistrados que integraban la CSJ cumplieron su período durante el gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, como no se escogieron nuevos magistrados, los togados llegaron a cumplir nueve años en sus cargos, casi el doble del tiempo que tenían asignado, hasta que la legislatura del año 2023 tuvo que escoger una nueva CSJ a toda velocidad por órdenes de la Corte de Constitucionalidad. 

Actualmente, nos encontramos atravesando un nuevo período de comisiones de postulación, y la lucha por la renovación y limpieza de nuestro sistema político se ha trasladado a este nuevo campo de batalla. Un grupo de decanos íntegros, a quienes se suma el rector de la Universidad Rafael Landívar, el jesuita Miquel Cortés, han debido hacer auténticos malabares para llevar adelante las reuniones de la comisión, torpedeada por recursos espurios y actitudes sospechosas de diversos actores, quienes se negaban, por ejemplo a que las comisiones se reunieran en el campus de la Universidad Rafael Landívar, que contaba con espacios adecuados para ello, y exigían que en su lugar las reuniones se llevaran a cabo en la sede del Organismo Judicial, un entorno que no garantizaba ecuanimidad ni seguridad. Por suerte los comisionados que están a favor de la transparencia y la excelencia han sabido impulsar el proceso con entereza, sorteando estos obstáculos, y las reuniones se llevan a cabo por fin con normalidad. 

Entre los muchos expedientes recibidos figuran los de nefastos operadores de la corrupción, como el de el fiscal Rafael Curruchiche, quien en un despliegue de desvergüenza pretende optar a una magistratura de la Corte de Apelaciones, con el objetivo más que probable de conseguir inmunidad a posibles juicios por los delitos que ha cometido en su cargo, y no a un afán de servir a los guatemaltecos desde los órganos de justicia. Queda por ver si los comisionados serán capaces de depurar el listado final de estos elementos nocivos, de modo que los 30 candidatos seleccionados sean realmente idóneos para la impartición de ese bien tan esquivo y preciado como es la justicia en el país. 

Y claro, luego quedará el último escollo por salvar: garantizar que el Congreso de la República escoja a los mejores magistrados, sin que su elección se vea empañada por la corrupción y el tráfico de influencias. Como podemos ver, el camino para tener altas cortes compuestas por magistrados probos y capaces, quienes realmente impartan justicia, está plagado de obstáculos, pero vale la pena fiscalizarlo, vigilarlo, impulsarlo y esperar lo mejor de él.