La venganza del CSU y la rectoría

Ya habían iniciado con la presentación del caso «Toma de la Usac: botín político», que presentó el Ministerio Público en noviembre de 2023. En ese momento, este caso sirvió como uno de los múltiples intentos de anular los resultados electorales y de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Pero también era la venganza de Walter Mazariegos Biolis contra la oposición que se organizó por las fraudulentas elecciones que lo llevaron a la rectoría de la Usac en 2022.

El Consejo Superior Universitario y la rectoría sufren una seria crisis de legitimidad política. Más de la mitad de representantes pasaron el período para el cual fueron electos y la propia rectoría de Mazariegos Biolis es cuestionada por el fraude y las anomalías que le llevaron a dicha posición. De esa cuenta, Mazariegos Biolis no puede presentarse personalmente en actividades públicas porque es cuestionado. Para mayor escarnio le ha pasado tanto en el país (con diputados electos) y fuera del país (con estudiantes de Costa Rica). Su figura concita rechazo.

Sin embargo, estar al frente de la institucionalidad, recibir el respaldo de la mayoría del CSU y mantener intereses con el pacto de corruptos, le permiten actuar en contra de sus opositores y buscar la venganza en contra de ellos. De nuevo, el caso «Toma de la Usac: botín político» fue una muestra de ello, solo que no fue todo lo bien que esperaba. Pese a la continuidad del caso, los acusados capturados salieron y obtuvieron victorias simbólicas importantes como la graduación del estudiante Javier de León.

[frasepzp1]

Ahora el CSU y la rectoría continúan en búsqueda de su venganza, presentando una acción en contra de 37 estudiantes universitarios, 34 profesores y administrativos, 1 jubilado y 9 personas «sin vínculo con la Universidad de San Carlos de Guatemala», entre los que se incluye a Marcela Blanco, Aldo Dávila y Jordán Rodas (en esta ocasión no se incluye a la vicepresidenta Karin Herrera, que sí fue acusada en el caso presentado por el Ministerio Público).

En otro contexto institucional, con un Ministerio Público y las distintas cortes funcionando adecuadamente, con apego al derecho, esta situación no se hubiera producido. En primer lugar, se hubiera podido revertir el fraude electoral que llegó a Mazariegos Biolis a la rectoría, y el Consejo Superior Universitario ya hubiera sido renovado. Además, no existiría una institucionalidad que se preste al juego de intereses espurios. En segundo lugar, no se hubieran presentado casos como el de la supuesta toma de la Usac y estas medidas administrativas, o se podrían rechazar con relativa facilidad.

Pero en un contexto en que la institucionalidad está en juego y sectores importantes siguen capturados por el pacto de corruptos, esto puede originar procesos efectivos de persecución contra figuras que han defendido la autonomía universitaria y la democracia. Entre otras razones de peso, es por ello que existe urgencia en que el gobierno de Bernardo Arévalo pueda encontrar las acciones necesarias para desembarazarse de Consuelo Porras y debilitar al pacto de corruptos, que sigue vivito y coleando.

Mi solidaridad con las personas perseguidas ilegal e injustamente.