El día que el TSE se separó de la alianza gobernante
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/uEXU3UkZOK
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 12, 2023
El día que el TSE se separó de la alianza gobernante
Los actuales magistrados del TSE se parecen a una veleta que giraba en dirección al viento más fuerte; a favor de los diputados que los elegirían; a favor de los planes del oficialismo; o de los resultados electorales que no gustaron al oficialismo. La noche del 30 de noviembre sopló el último ventarrón y, de momento, solo sobrevivió una de cinco togados.
Cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) perdieron su inmunidad a manos del mismo Congreso que los eligió. Llegaron en 2020 bajo la consigna de «recuperar» la institución que había puesto en aprietos a los partidos políticos en la época que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investigó, acusó y llevó a la cárcel a sus miembros.
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El desafuero de Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco ocurrió en los últimos minutos del 30 de noviembre, pero el apoyo de la alianza de gobierno no la perdieron esa noche, sino desde que se desmarcaron del pacto político que gobierna el país. Esa alianza enfurecida y desesperada ante los resultados electorales que no les favorecieron. El efecto fue despojarlos del antejuicio, y que se vieran obligados a salir porque en Guatemala no encontraron «garantías mínimas ni justicia», en palabras de la magistrada Palencia.
En consecuencia, la imagen pública de los magistrados también se ha movido como veleta.
En el punto de quiebre de las elecciones generales 2023, los magistrados del TSE pasaron, en tres semanas, de ser señalados de recibir sobornos para proteger los intereses de la alianza oficialista, a ser los principales defensores de la democracia; de «aliados» a enemigos de la coalición gobernante.
El resultado que distanció al TSE del oficialismo
Que Bernardo Arévalo y Karin Herrera pasaran a la segunda vuelta electoral fue el punto de quiebre en esta alineación entre el TSE y los intereses del gobierno de Alejandro Giammattei. Fue una sorpresa que las encuestas no pudieron predecir, sí, pero también el detonante de un cambio de acciones y discurso.
El punto de quiebre se reflejó en los mensajes enviados por el TSE y el Ministerio Público el mismo día con horas de diferencia.
La tarde del 12 de julio de 2023 los magistrados del TSE anunciaron una conferencia de prensa, estaba programada para las 16:30 horas, se esperaba la oficialización del balotaje entre los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.
Pasaban los minutos y la conferencia no iniciaba. La demora parecía a propósito.
A la misma hora que los magistrados estaban reunidos discutiendo el acuerdo que confirmaba los resultados de la primera ronda electoral del 25 de junio, el juez Séptimo Penal Fredy Orellana ordenó, a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), suspender a Semilla porque, supuestamente, sus integrantes falsificaron firmas para constituirse como partido político en 2018.
La audiencia en la que las fiscales del MP, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, pidieron la suspensión del Movimiento Semilla comenzó a las 16:36 horas; y duró 46 minutos, según un audio publicado en la red social X por Michelle Mendoza, quien se define como «periodista activista» y constantemente difunde información, desde el exilio, sobre los actos del MP contra las elecciones generales y Semilla.
El sistema de consultas externas del Organismo Judicial (OJ) registró que esta fue la primera audiencia del caso, misma que concluyó con la orden de suspender el partido político amparado en la Ley de Delincuencia Organizada, y no bajo la Ley Electoral de Partidos Políticos.
A las 17:43, una hora después de finalizada la audiencia en el Juzgado Séptimo, el MP compartió en sus redes sociales un video pregrabado y editado en el que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, dió detalles del caso de las supuestas firmas falsas para constituir a Semilla, y anunció la orden del juez Orellana.
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A las 18:26 horas, la atención pasó del video pregrabado del MP a la tardía conferencia de prensa del TSE. Informaron que los resultados de la primera ronda electoral ya eran oficiales y que la suspensión de uno de los partidos contendientes no afectaba el desarrollo de la segunda vuelta. Pero ese día, el Tribunal solo certificó los resultados de la elección presidencial.
Los magistrados titulares y suplentes lucían serenos, excepto Blanca Alfaro, quien pasó con el rostro desencajado durante 50 minutos que duró la comparecencia ante los medios de comunicación. Tenía la mirada perdida, fija en la mesa que los funcionarios tenían al frente, como se observa en esta nota de Infobae. Por momentos veía su celular o le hablaba al oído al suplente Marlon Barahona.
Una fuente allegada a los magistrados del TSE contó a Plaza Pública que antes de oficializar los resultados electorales, hubo una fuerte discusión entre los integrantes del pleno, pues una facción de ese órgano no estaba de acuerdo con que ese día se confirmara que el balotaje debía llevarse a cabo entre la UNE y Semilla.
El punto de quiebre se había concretado. Durante los siguientes cuatro meses hubo amparos, allanamientos, conferencias para defender los resultados, protestas a favor de los magistrados y discursos que los identificaban, ahora, como «enemigos» de la coalición gobernante.
Para el cierre de esta nota solo la magistrada nerviosa seguía en el país y Barahona buscaría ser oficializado como magistrado titular.
Recontar los votos, el primer intento por cambiar los resultados
La investigación presentada por el MP dirigido por Consuelo Porras, llamada «Corrupción Semilla», es uno de los cuatro casos revelados por la fiscalía —conectados entre sí aunque presentados como supuestos hechos aislados— que afectan a las elecciones generales y al partido que ganó las presidenciales.
Alrededor de estas acusaciones se ha tejido el discurso de «fraude», primero con declaraciones de Curruchiche, luego secundadas por cuentas anónimas en redes sociales y grupos de personas autodenominados «defensores de la libertad».
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Los casos desde el MP contra las elecciones generales se aceleraron después de que una coalición de partidos, incluido el oficialista Vamos que llevó a la Presidencia a Alejandro Giammattei, intentaron obligar, sin éxito, a recontar los votos.
Los alegatos de actas alteradas lograron frenar por una semana el proceso electoral. Amparados en una orden de la Corte de Constitucionalidad, obligaron a repetir las audiencias de revisión (no recontar los votos como querían) bajo el argumento de que se habían alterado los cientos de registros hechos por la ciudadanía que conformó las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Sin embargo, una investigación de Plaza Pública documentó que en realidad los partidos políticos que reclamaban la alteración de resultados solo presentaron 15 actas con tachones, que hacía ilegibles los datos consignados en estas, algo común en todos los procesos electorales.
Las revisiones, lejos de cambiar los resultados, confirmaron la tendencia ya marcada. La variación de votos fue de menos del 1 %.
Con la UNE y Semilla como contendientes en el balotaje, el resultado de las elecciones era una predicción, como desde hace dos elecciones. La candidata de la UNE, Sandra Torres, posee un antivoto que se aumenta en las segundas vueltas. En 2015 y 2019 los oponentes de Torres ganaron la presidencia porque los electores votaron contra ella.
Para julio de 2023 los partidos políticos sabían que el efecto antivoto volvería a funcionar, y así pasaría un mes después.
Los magistrados llegaron con una misión
La historia de los actuales magistrados del TSE y de las elecciones generales se entiende al conocer en qué contexto y bajo qué promesas fueron electos.
En marzo de 2020, cuando los entonces candidatos a jueces electorales fueron entrevistados en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, sus ofrecimientos (como los políticos en campaña) redundaron alrededor de cuatro de los factores que más le preocupaban a los partidos políticos para ese entonces.
Los candidatos hicieron ver a los diputados que serían menos drásticos al imponer multas, fiscalizar las finanzas y cancelar partidos políticos; también prometieron que «delimitarían» el transfuguismo. Todos estos factores jugaron en contra de los partidos durante el tiempo que la Cicig y el MP los identificaron como parte de complejas redes de corrupción.
En su entrevista como candidata a magistrada del TSE, Irma Palencia llegó a ofrecer una legislación electoral «clara, flexible y básica», promesa que repercutió directamente en las organizaciones políticas. Respecto a la cancelación de partidos, Blanca Alfaro indicó: «se tiene que cuidar a los partidos, tratar, de forma transparente, llegar a arreglos».
Y eso fue lo primero que hicieron, favorecer a los intereses de los partidos políticos que los habían elegido, principalmente la alianza que, desde 2020, orbita alrededor del presidente Alejandro Giammattei.
El actual TSE llegó al punto de revisar lo ya actuado por la administración anterior, que buscaba cancelar siete organizaciones políticas. Amparados en procedimientos que no contempla la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), frenaron los procesos.
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Según el medio No-Ficción, el TSE usó las categorías de «proceso de cancelación en análisis» y «proceso administrativo en análisis de causal de cancelación en el Registro de Ciudadanos» en los expedientes iniciados contra los partidos UNE, Valor, Podemos, URNG-Maíz, Vamos, Winaq y BIEN. Lo anterior, evitó que las personalidades jurídicas de dichas organizaciones desaparecieran.
Los actuales magistrados, además, destituyeron a cuadros técnicos dentro del TSE, como al auditor Giovanni Rodríguez, a cargo de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Rodríguez estuvo en el TSE desde 2002 y en 2017 llegó al cargo propuesto por Cicig. La unidad especializada se creó con las reformas a la LEPP de 2016, tras los casos con los que se reveló el financiamiento anómalo de los partidos.
La actual gestión del TSE, además, ha sido un obstáculo para la información pública.
En 2021 clasificaron 104 documentos como «información pública con condición», confidencial y reservada, pese a que varios de estos deben ser de acceso irrestricto según la Ley de Acceso a la Información Pública. En el listado incluyeron informes de auditoría a los partidos políticos, o las propias actas donde constan lo que aprueban o rechazan los magistrados durante sus reuniones. Aunque posteriormente revocaron la disposición por presión mediática, el acceso a los datos del tribunal sigue siendo complicado.
Obstáculo para uno, amigable con otros
Después de cumplir la promesa de no cancelar partidos políticos, en 2023 inició la era de aplicación de criterios discrecionales antes y durante el proceso electoral.
Durante los comicios, los magistrados electorales fueron cuestionados por bloquear candidaturas de partidos que no eran allegados de la alianza oficialista, como la de Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y la de Roberto Arzú, del partido Podemos.
La primera porque su candidato vicepresidencial, Jordán Rodas, tenía un finiquito, pero este perdió vigencia cuando el nuevo Procurador de Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, lo denunció ante la Contraloría General de Cuentas, y así anuló la constancia. El TSE le negó la inscripción bajo el argumento de que el documento que presentó Rodas era «inválido».
La segunda por incurrir en campaña anticipada, un criterio que no se le aplicó a otros candidatos que hicieron lo mismo, como al oficialista Manuel Conde, cuya imagen era promocionada en actos oficiales del gobierno.
Para los partidos de las bancadas que votaron alineados a las propuestas del Ejecutivo, los criterios fueron menos severos.
No sancionó a la UNE y Vamos por utilizar vehículos oficiales en un mitin; permitió la inscripción del pastor Romeo Guerra como vicepresidenciable de Sandra Torres a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente. En cuanto a Zury Ríos, el gobierno de Giammattei aceptó previamente una resolución amistosa para garantizar la protección de sus derechos políticos, y el TSE resolvió que las prohibiciones del artículo 186 de la Constitución no le aplicaban a la hija del exjefe de facto, Efraín Ríos Montt.
El TSE también influyó en el desplome de la candidatura del empresario Carlos Pineda, quien se postuló con Prosperidad Ciudadana (PC). Pineda encabezaba las encuestas de intención de voto, se vendía como un outsider (aunque su historial demuestra lo contrario) y, por su efervescente ascenso —inició campaña en 2020 regalando víveres a familias afectadas por las tormentas Eta e Iota— no era parte de la alianza gobernante. Su candidatura fue anulada por anomalías en la conformación de PC que no fueron sancionadas cuando ocurrieron, en 2022.
En medio de la lucha por la inscripción de candidaturas, la judicialización marcó la gestión del actual tribunal electoral. La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) señaló constantemente los criterios discrecionales del TSE al momento de inscribir candidatos.
Previo a la convocatoria a elecciones generales, diversas fuentes políticas contaron a Plaza Pública que las decisiones como multas y aprobación de asambleas de partidos políticos, o contrataciones en el TSE, obedecían a directrices del presidente Giammattei, aunque los jueces electorales han negado en público dichos señalamientos.
Denuncias de sobornos en el TSE
A finales de mayo llegó la primera denuncia que involucra a mandos medios y a los magistrados del órgano electoral.
Esta la presentó, en el MP, Óscar Rodolfo Castañeda, quien buscaba inscribirse como candidato presidencial del partido Poder. Señaló en un video publicado en Tik Tok que su organización se negó a pagar «una extorsión» que le exigieron, supuestamente, desde el TSE.
«Si no se apuran o no se ponen las pilas, los dejan fuera y pues lamentablemente están viendo ya que van para afuera, que no van a proceder las asambleas ni las inscripciones de nadie. Y la otra es arreglarlo de la otra forma. Pero sí te aviso que estamos hablando de centavos grandes, 250, va», se escucha en el audio que Castañeda compartió en su video.
En junio, Plaza Pública buscó a Castañeda para consultarle sobre la denuncia, pero se abstuvo de ampliar detalles. Una fuente que conoce sobre la denuncia, y que pidió no ser identificada por su seguridad, aseguró que se trataba del integrante de otro partido político, que fungía como intermediario entre los funcionarios de diferentes rangos dentro del TSE que cobraban dinero a cambio de «solucionar» problemas legales, y las organizaciones políticas urgidas por solucionar estos contratiempos.
Este medio consultó al equipo de comunicación del MP sobre el estatus de dicha denuncia. El ente investigador ofreció trasladar una respuesta, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo réplica.
Pero hubo otra revelación el 22 de junio, tres días antes de la primera vuelta electoral, que marcó las actuales elecciones.
El New York Times reveló una denuncia hecha por la magistrada Blanca Alfaro en la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. La publicación señala que Alfaro llegó a la sede diplomática con un fajo de dinero en efectivo e informó que era muestra de lo que Miguel Martínez, hombre de confianza del presidente Alejandro Giammatte, les entregaba a los magistrados, a cambio de que las decisiones del tribunal favorecieran sus intereses.
Los medios Con Criterio y El Faro también reportaron la visita que Blanca Alfaro hizo, supuestamente en marzo de 2022, a la embajada estadounidense. Esta otra publicación cuenta que los pagos a todos los magistrados del TSE, presuntamente, eran de 50,000 quetzales, aunque no especifica la periodicidad de estos.
Uno de los togados del tribunal, que no identifica la nota, aseguró incluso que el expresidente de dicho órgano, Ranulfo Rojas, entregó dinero en cada una de las oficinas de sus colegas. Todos estaban al tanto de que el pago provenía del presidente Giammattei, dijo.
El departamento de comunicación del MP tampoco respondió a Plaza Pública si la denuncia de Blanca Alfaro, supuestamente hecha en la Embajada de Estados Unidos, está siendo investigada.
Alfaro niega que haya hecho tal denuncia, aunque a lo interno del TSE se cuenta otra historia.
El caso usado para que cuatro magistrados perdieran su inmunidad
Para el momento en que el juez Séptimo pidió la suspensión de Semilla, los magistrados del TSE ya daban conferencias de prensa bajo la bandera de defender los resultados electorales. En estas, el tribunal electoral implementó un nuevo elemento: el maestro de ceremonias citaba frases de personajes como John Lewis, político estadounidense defensor de los derechos civiles de los afroamericanos; o del mexicano Benito Juárez.
En medio de ese nuevo viento, el director del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, Ramiro Muñoz, se negó acatar la orden del juez bajo el argumento de que en época electoral no se pueden suspender ni cancelar organizaciones políticas. Eso provocó denuncias y presiones hacia el tribunal electoral de parte del MP.
La negativa del registrador duró hasta el 28 de agosto, ocho días después de la segunda vuelta. El RC accedió a suspender al Movimiento Semilla por orden del juez Orellana pese a que el proceso electoral no había terminado oficialmente, por eso el pleno de magistrados revirtió el fallo de Muñoz y extendió la protección al partido hasta la finalización de los comicios, que ocurrió el 31 de octubre. Ese día la orden del juez volvió a surtir efecto y Semilla quedó suspendido de nuevo.
La oficialización de la primera vuelta marcó una serie de acciones que, sin decirlo, atacan los resultados electorales.
El MP allanó cinco veces las instalaciones del TSE; confiscó las cajas que contienen los votos y actas; solicitó diversa información relacionada con partido Semilla; y pidió los datos de los digitadores que contrató el tribunal para ingresar al sistema electrónico de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La fiscalía general dirigida por Consuelo Porras, la principal aliada de Alejandro Giammattei, inició otros dos casos además de la investigación de la supuestas firmas falsas de Semilla: uno que cuestiona una presunta alteración de documentos físicos, por el que secuestró las actas originales donde constan los votos del 25 de junio; y otro más que señala compra sobrevalorada del TREP. El último caso sirvió para retirar el antejuicio a los cuatro magistrados del TSE que hoy están fuera del país.
La compra del TREP tuvo un costo de 148.8 millones de quetzales, de los cuales el tribunal electoral ya pagó el 70 % al proveedor Datasys Guatemala, S.A. que subcontrató a la mexicana PoderNet S.A. de C.V. para vender el servicio. Sobre esta contratación hay dudas respecto a cómo hicieron para determinar el precio, o por qué solo invitaron a dos empresas para ofertar en el concurso. Pero estas no fueron aclaradas en el proceso que realizó la comisión pesquisidora en el Congreso.
Para el retiro exprés del antejuicio a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, dos instituciones actuaron diligentes, como pocas veces.
Una fue el Congreso donde la comisión pesquisidora, en la que tres de cinco diputados eran parte de las bancadas que votaron en forma alineada al oficialismo durante esta legislatura, recomendó el desafuero de los cuatro togados un día antes de finalizar el periodo de sesiones ordinarias.
El dictamen que recomendaba retirar la inmunidad llegó después de que el presidente de la comisión, Julio Enrique Montano, denunció presiones y amenazas. Este tipo de informes solo se pueden conocer en el pleno cuando el Congreso no está de vacaciones: de enero a mayo, o de agosto a noviembre.
El retiro de inmunidad fue aprobado por 108 diputados, diez minutos antes de la medianoche del 30 de noviembre. Esto ocurrió después de que el Legislativo aprobó un cuestionado presupuesto para 2024, rechazado por el presidente electo Bernardo Arévalo, cámaras empresariales y tanques de pensamiento.
La otra entidad que apresuró el paso fue la CGC. En esta parte, la magistrada Blanca Alfaro fue una figura clave.
Un informante de la CGC indicó a Plaza Pública que fue con la llegada de Alfaro a la presidencia del TSE (26 de octubre) que se agilizó la auditoría sobre la compra del TREP, así como de otros gastos dentro del tribunal electoral durante los comicios. En el periodo de Palencia, en cambio, «hubo resistencia a compartir los informes sobre las adquisiciones», dijo la misma fuente.
La Contraloría presentó dos denuncias contra Palencia, Rojas, Franco, Aguilera, el magistrado suplente Álvaro Cordón y el director de Informática Jorge Santos, por la compra «sin planificación» del TREP y por adquirir 3,077 laptops que no fueron utilizadas durante las elecciones generales.
Alfaro no está dentro de la denuncia de la Contraloría y tampoco se le retiró el antejuicio porque fue la única que votó disidente el día que el pleno del TSE autorizó la compra del sistema de resultados preliminares, pero ella no razonó su voto. Ese fue un hecho que cuestionó la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP cuando ratificó la denuncia en el Congreso.
Alfaro dice que no estaba obligada a razonar su voto; sin embargo, el artículo 132 de la Ley Electoral dice algo distinto: «Las resoluciones y los acuerdos del Tribunal Supremo Electoral serán firmados, obligatoriamente, por todos los magistrados que integren el Tribunal, al momento de ser tomados. Si alguno disiente de la mayoría, deberá razonar su voto, en el propio acto, haciéndolo constar en el libro que para el efecto se lleve».
Alfaro, la única que quedó después del último ventarrón
Horas después de la votación donde los magistrados electorales perdieron su inmunidad, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco abandonaron el país, confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Un día después, Irma Palencia hizo lo mismo. A los cuatro se les concedió permiso para ausentarse de sus labores por dos semanas contadas a partir del 4 de diciembre de 2023.
Debido a que hay dos vacantes de magistrados suplentes y a la ausencia de los cuatro titulares, el pleno tampoco llega al mínimo de cinco miembros para integrarse; por lo tanto se encuentra desintegrado.
Blanca Alfaro, la magistrada que denunció ante la Embajada de Estados Unidos un supuesto sobresueldo pagado por Giammattei; la misma que el 20 de agosto anunció su dimisión que nunca se hizo efectiva; la mism que lloró el día que los fiscales del MP secuestraron las actas originales; es la única magistrada titular que sigue en el país.
En el último cambio de viento, Alfaro propició que la auditoría sobre el TREP avanzara en la Contraloría y además recomendó a sus colegas ausentarse de sus cargos, según la magistrada Palencia. También pidió al Congreso que este llene las vacantes de los sustitutos.
Según un comunicado que Palencia compartió con Plaza Pública y pidió difundir, hay preocupación porque la persecución penal contra los magistrados —la cual calificó de «espuria»— tenga por objetivo que el TSE se integre con nuevos magistrados y que posiblemente se cambien los resultados de las elecciones mientras ella y sus tres colegas sin antejuicio se mantienen fuera de Guatemala.
No hay precedentes para cambiar los resultados electorales ni un procedimiento establecido en la Ley Electoral de Partidos Políticos, hacerlo alteraría el orden constitucional debido, dando paso a un golpe de Estado judicial.
El órgano que acaba de desaforar a cuatro magistrados titulares decidirá si, a petición de Alfaro, elige a los dos magistrados suplentes que debió designar hace tiempo para integrar el pleno, aunque eso suponga el riesgo que denunció Palencia.
El Legislativo también podría prolongar el impasse en el TSE, porque solo con cuatro magistrados no podría adoptar decisiones que van desde contratar personal, autorizar vacaciones, licencias y presupuestos, hasta resolver apelaciones relacionadas como la suspensión del partido Semilla o la cancelación de otras organizaciones políticas.
Esta historia vuelve al lugar donde empezó: el Congreso.
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