Fiscal Consuelo Porras silencia a trabajadores del MP con la amenaza de destitución
Fiscal Consuelo Porras silencia a trabajadores del MP con la amenaza de destitución
Un pacto colectivo firmado por unas pocas personas dentro del Ministerio Público ahora es utilizado como arma para amenazar a quienes son críticos de la Fiscal General Consuelo Porras y su gestión.
Dentro del Ministerio Público de Consuelo Porras hay miedo. Son los efectos de una herramienta laboral creada hace dos años.
Hay miedo a comentar o publicar en sus cuentas de redes sociales personales algo que pueda desagradar a los altos mandos. Temen ser destituidos, trasladados a una fiscalía a kilómetros de sus residencias, e incluso ser criminalizados. El silencio interno impera si se trata de cuestionar las acciones de la Fiscalía en contra del proceso electoral y los resultados que le dieron la victoria como presidente a Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, del partido Movimiento Semilla.
El origen de este mecanismo de amenaza se originó en marzo de 2021. Porras y el Sindicato de Trabajadores del MP (STMP) —el más grande—, firmaron un pacto colectivo que creó el «bono trabajador» y otorgó un aumento mensual de 2,000 quetzales para los 11,756 empleados, excepto para quienes laboran bajo el renglón 029. Este fue aprobado por el Ministerio de Trabajo en febrero de 2022 e implicó 24,000 quetzales anuales para cada beneficiario, y 282 millones para la institución.
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Plaza Pública reportó que la negociación del acuerdo no fue pública ni consensuada con la mayoría de trabajadores de la institución, y que a cambio del nuevo ingreso económico, Porras tendría la vía libre para despedir a fiscales de carrera sin pasar por los procedimientos establecidos. Esto se logró a través de un artículo del pacto que denomina a todos los empleados permanentes «personal de confianza», lo que implica que pueden ser despedidos sin tener que pasar por el proceso establecido para una destitución.
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Antes de este pacto, la Ley Orgánica del MP establecía que ninguna persona podía ser sancionada sin haber sido citada, oída y vencida.
Plaza Pública buscó durante varios días a trabajadores de las distintas fiscalías para escuchar sus historias, diferentes agentes confirmaron sentirse amenazados pero optaron por no hablar de manera pública. Dentro del MP hay pocas voces que quieran denunciar esta situación, incluso quienes ya fueron despedidos no quieren hacerlo, también persiste el miedo de que sean criminalizados.
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Una persona que fue despedida bajo esa modalidad, y que pidió hablar bajo anonimato por temor a que se inicie un caso penal en su contra, dijo que las redes sociales de los trabajadores están siendo monitoreadas y que incluso cuentas de netcenter han publicado su información personal para exigir su renuncia. La fuente citó uno de los casos más recientes, el de un fiscal que, luego de la victoria del partido Semilla, publicó una fotografía de un almuerzo familiar celebrando el resultado electoral. Una cuenta que promueve contenido afín a las decisiones de Porras en la red social X mostró este contenido, días después fue destituido.
«Todos tienen miedo de recibir una llamada de Recursos Humanos porque eso significa un traslado a Petén o una destitución. Ya no se valora el buen trabajo ni los conocimientos técnicos. Tampoco si lo que se está haciendo es investigar estructuras criminales», dijo una fuente a lo interno de la fiscalía que pidió no ser citada.
El miércoles 11 de octubre, un grupo de fiscales en el anonimato emitió un comunicado para exigir la renuncia de Porras, de Curruchiche y del juez Fredy Orellana. En un pronunciamiento de siete puntos señalan —sin firmas— que los trabajadores están siendo presionados a darle salida a la mayor brevedad a los casos o que se desestimen las denuncias en el menor tiempo posible, todo para dar la apariencia de que las investigaciones se resuelven.
«Estamos hartos de evidenciar cómo desde el mismo Ministerio Público se ha protegido a un conjunto de funcionarios y empleados públicos que nos han gobernado desde hace ya varios años, a través de la desestimación y archivo de casos de relevante impacto social», se lee.
La crisis a lo interno
El pasado 2 de octubre una protesta se instaló frente a la sede principal del Ministerio Público, ubicado en el Barrio Gerona, zona 1 capitalina. Los manifestantes dijeron que nadie entraría ni saldría del edificio hasta que la Fiscal Porras y Curruchiche presenten sus renuncias.
La institución llamó a sus trabajadores a laborar de forma remota y a otros los envió a sedes del MP fuera del ojo público. En medio de la crisis, muchos auxiliares fiscales e investigadores criminales no tuvieron tiempo de recoger los expedientes de sus casos asignados, lo que implica una dificultad ya que Porras estableció un sistema de evaluación de desempeño que se basa en estadísticas de cuántos casos tienen salida.
El pasado 6 de octubre uno de los tres sindicatos de la entidad «Todos Somos MP», envió una carta a la Fiscal Porras, en la que expuso que la entidad no ha proporcionado las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo como lo demandan las leyes laborales del país.
«De seguir con la situación actual, cualquier incumplimiento o atraso que se presente en los procesos penales, así como en las funciones administrativas y técnicas, se escapa de la buena voluntad con la que los trabajadores de la institución desempeñamos nuestras funciones», dice el oficio enviado a Porras.
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En ese sentido, el sindicato pide que no se tomen acciones contra los trabajadores que incumplan con sus funciones, especialmente en el momento en que se realicen las evaluaciones anuales de desempeño, lo que implicaría bajas notas para el auxiliar o fiscal, y eventualmente una destitución.
«Es una monarquía»
La destitución de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, sentó las bases para esta nueva modalidad. Fue despedido sin que se siguiera el procedimiento establecido para los fiscales de carrera.
Según explica Sandoval, en su caso Porras utilizó un reglamento de 1998 para despedirlo sin pasar por un procedimiento administrativo. Fue en el contexto de su salida que el sindicato mayoritario del MP negoció el pacto colectivo que, según fuentes internas, ha llevado al despido de alrededor de 150 empleados.
El exfiscal señala que en su gestión Porras ha violado la normativa que regula la carrera fiscal e incluso disposiciones internacionales, como la de Naciones Unidas que señala que los fiscales no pueden ser destituidos debido a opiniones personales si estas no ponen en peligro las investigaciones.
«Se están violando derechos de los empleados. Ahora es muy fácil destituir, no existe freno en contra de la Fiscal General, lo hemos visto en todos los acontecimientos de la vida política del país. Es como una monarca, ya que incluso el presidente del país tiene más frenos», dijo Sandoval.
—¿Cuál es el impacto para la institución del despido indiscriminado de personal capacitado?—, se le consultó al exfiscal, ahora asilado político en Estados Unidos.
—Se desbaratada la institución. La calidad de los casos que se presentan a los tribunales son mediocres, se manipulan las estadísticas. Si se presenta una fiscalía con menos mora es porque los casos se desestiman o se trasladan. Para ocultar el fracaso de su gestión, se manipulan cifras y estadísticas—, señaló Sandoval.
René Girón, abogado laboralista, opinó que el pacto colectivo fue utilizado para darle un matiz de derecho laboral a un “pacto de impunidad».
«Fue una traición del sindicato, que dice que negociaron un aumento, pero le dieron vía libre a Consuelo Porras. Un acuerdo del MP no puede contradecir la Ley Orgánica. El tema es que las destituciones se están fundamentando en el pacto colectivo y este es un instrumento especial que está protegido internacionalmente, ese es el eslabón, anular un pacto colectivo es prácticamente imposible», explicó.
Los costos de destituir personal con base a un pacto colectivo y obviar el procedimiento de la carrera judicial va desde lo económico hasta reducir la capacidad técnica de la institución.
«Nunca habrá una profesionalización del servicio civil y no se cumplirán los fines del Estado porque no hay estabilidad laboral. Esta es una institución de alta relevancia cooptada y canta lo que las fuerzas políticas paralelas le ordenan», dijo Girón.
De acuerdo con el abogado, el costo económico será alto y llegará tarde o temprano, ya que si los trabajadores destituidos denuncian por la vía laboral, tienen muchas probabilidades de ganar, aunque el proceso tome años.
El caso del Organismo Judicial, en 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado de Guatemala por despidos de alrededor de 300 personas en una huelga ocurrida en 1996. El caso se resolvió en 26 años.
«Del año 2000 a enero de 2022 el Estado de Guatemala ha sido condenado en materia laboral a pagar 1.7 millardos de quetzales», concluyó.
Mientras esto ocurre, Porras está ausente y aferrada al poder. No ha sido vista públicamente desde el inicio de las protestas y en un vídeo pregrabado dejó clara su decisión de no renunciar al cargo.
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