2018: «annus horribilis» para Guatemala y América Latina

Durante 2018, América Latina atravesó un gran número de cambios políticos. Por un lado, la celebración de elecciones presidenciales que permitieron el ascenso de la derecha conservadora y de la izquierda al sur y al norte de nuestra región, respectivamente.

Por otro, la perpetuación del autoritarismo al centro y al sur de la región, así como la celebración de un proceso electoral protodemocrático en Cuba. Además, en Guatemala vivimos un año complejo, durante el cual se sentaron las bases de un régimen de aspiración autoritaria que vio la luz en 2019.

Todos estos cambios han contribuido a que la población, tanto en Guatemala como en el resto de los países de la región, se interese cada vez menos por la política, apoye menos a los regímenes democráticos y contribuya a gestar una peligrosa tendencia de apoyo de modelos autoritarios [1] y una preferencia por personajes que se presentan como ajenos a la política tradicional.

Como producto de lo anterior, fenómenos como la corrupción, la delincuencia y violaciones de los derechos fundamentales aumentan cada vez más, pues los Estados son débiles e incapaces de proveer condiciones mínimas para generar bienestar.

Hay que prestar especial atención al fenómeno de la corrupción, particularmente en el caso de Guatemala, pues esta resulta, en gran parte, de la expresión de los intereses de las élites nacionales en los asuntos públicos. El año 2015 fue un parteaguas para las dinámicas de corrupción en Guatemala y obligó a las élites a reconfigurar la forma en que defienden sus intereses. A juzgar por la situación actual, parece que el 2018 fue un año bastante productivo para dicho propósito, pues el Cacif y otros actores que agrupan a las principales élites del país no han tenido problema en apoyar abiertamente las múltiples acciones ilegales y arbitrarias del Gobierno, aun cuando Jimmy Morales contaba con una aprobación de tan solo el 25 % en 2018.

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Desde inicios de la transición democrática del Estado e incluso desde su fundación, la corrupción ha sido el enemigo más grande de la democracia guatemalteca. La instrumentalización del Estado para fines particulares no es nueva y debemos luchar por erradicarla. Sin embargo, esto empeoró durante 2018. La corrupción nunca nos había puesto en semejante riesgo de retroceder varias décadas para reinstalar el autoritarismo. Hacia mediados del 2018, apenas el 28 % de los guatemaltecos apoyaban la democracia, mientras que el 20 % estarían de acuerdo en instaurar un régimen autoritario. Estos datos son, por mucho, producto de la corrupción.

El 2018 también fue un año horrible para la democracia guatemalteca, pues la corrupción y las aspiraciones autoritarias lograron exitosamente servirse de las instituciones públicas y de derechos adquiridos gracias al orden democrático del Estado para debilitar esas mismas instituciones y así defender sus intereses.

Todo lo ocurrido en 2018 nos conduce a enfrentarnos hoy a una amenaza autoritaria. Hoy en día no solo tenemos problemas para hacer funcionar nuestra democracia, sino que estamos al borde de perderla. El Gobierno y sus aliados han dejado claro que no se interesan en el fortalecimiento democrático, sino todo lo contrario.

Por todo lo anterior, es necesario que en 2019 trabajemos para que la democracia guatemalteca sea más que aquel concepto abstracto que deseamos alcanzar. Las recientes experiencias regionales han demostrado que las armas ya no son necesarias para instalar una dictadura, que también se puede lograr por la vía de las elecciones. Por lo tanto, debemos usar los pocos mecanismos que nos quedan para evitar que sigan destrozando aquello que tanto ha costado construir.

El 2019 es un año importante. Probablemente sea un año igual de horrible para la democracia, pero es uno en el que tendremos la oportunidad de tomar un nuevo rumbo para los años siguientes. Hagamos que cuente. Y, más que contar, que sirva para transformar.