Ella es, sin duda, conocedora del derecho y del sistema de justicia nacional. Sin embargo, su larga trayectoria profesional no resulta un factor de confianza ni de credibilidad suficiente para quienes aspiramos a contar con funcionarios públicos integrales, conscientes y responsables.
El nombramiento de Porras genera preocupaciones importantes y levanta más preguntas que respuestas. Aunque ella fue muy cautelosa y mantuvo un bajo perfil a lo largo del proceso de elección de la nómina que le fue entregada al presidente, su plan de trabajo y el contenido de sus declaraciones a medios de comunicación permiten aproximarse a su visión de Guatemala y del servicio público y hablan del rumbo que podría tomar el MP en los próximos años, particularmente en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Durante un conversatorio con estudiantes universitarios centroamericanos el pasado 21 de abril, Iván Velásquez, jefe de la Cicig, expresó que su gestión —y, por ende, los resultados en materia de corrupción obtenidos en los últimos años— se fundamenta en un esfuerzo conjunto con el MP para comprender los fenómenos que se pretende atacar de forma integral y en tener muy clara la visión del rol que tanto el MP como la Cicig deben desempeñar. La nueva fiscal general no tiene claro ninguno de estos aspectos.
La revisión del modelo de gestión, las alianzas interinstitucionales y regionales, el aumento de la presencia del MP, la valoración del recurso humano, la profesionalización fiscal y evitar la revictimización son algunos de los pilares de su plan de trabajo. El primer punto que llama la atención es el aumento de la presencia del MP. De acuerdo con una entrevista para este mismo medio, Porras pretende ampliar la presencia del MP a nivel departamental, pero también quiere aumentarla en las «zonas rojas» del área metropolitana para mejorar la eficacia de la investigación y para que, de paso, haya «un poquito más de respeto».
Lo anterior es solo uno de los ejemplos que expresan que, aunque ella es una profesional del derecho, no comprende aún lo fenómenos contra los que debe luchar. Está claro que es importante reducir la delincuencia en aquellas zonas que presentan los niveles más altos de este flagelo. Sin embargo, es necesario comprender que la violencia en sus distintas expresiones y los actos delictivos (particularmente en zonas altamente vulnerables) no responden a la poca o débil presencia del MP o de la PNC, sino a una relación multicausal derivada de fenómenos estructurales como desigualdad, pobreza y analfabetismo. En tal sentido, propuestas como esta no solo distan de la realidad nacional, sino que reflejan las incoherencias de su plan de trabajo y comprometen el rumbo de la institución.
Además, pareciera que para ella lo público es sinónimo de poder, y no tanto de servicio. Que una persona crea merecer respeto por haber accedido a algún espacio de poder público o que una institución pública es de alguna forma superior y merece respeto refleja un espíritu autoritario, y no de liderazgo, lo cual es peligroso para cualquier institución, aún más para el MP, un ente clave para Guatemala en la actualidad.
La nueva fiscal general aprueba la gestión de Thelma Aldana y considera el trabajo de la Cicig y de Iván Velásquez positivo y necesario en Guatemala. Además, afirmó que la lucha contra la corrupción y la impunidad será prioridad en su gestión. Sin embargo, considera que el presidente es un buen aliado contra la corrupción y prefiere no expresar su opinión respecto a las acusaciones por corrupción presentadas por el MP y la Cicig contra Jimmy Morales.
El presidente cuenta cada vez con menos apoyos y veía en esta designación una gran oportunidad para protegerse a sí mismo, pues se esperaba que eligiera a aquella persona que representara un menor grado de riesgo y desgaste. Espero que, como es costumbre, este sea otro de sus desaciertos.
Aunque aún es muy temprano para juzgar a la nueva fiscal general, el panorama actual no es prometedor. Sin embargo, aún hay tiempo para darle el rumbo correcto al MP.
Más de este autor