Abelino Chub Caal, el líder indígena que no tuvo miedo

Todas las mañanas durante la última semana, antes de subir los 15 niveles de la Torre de Tribunales, para estar presente en las audiencias del juicio en su contra en el Tribunal A de Mayor Riesgo, Abelino Chub Caal, repetía la misma frase, como un mantra: «Hay que perder el miedo».

Seguro de su inocencia, pasó 812 días privado de libertad antes de escuchar la sentencia dictada el viernes 26 de abril, que lo declaraba inocente de los delitos que desde hace más de dos años le imputó la Fiscalía. Los jueces Yassmin Barrios, Gilvi Sical y Patricia Bustamante lo absolvieron de los cargos de de incendio, asociación ilícita y usurpación agravada en contra de las empresas Inversiones Cobra, Sociedad Anónima y CXI, Sociedad Anónima, dueñas de la finca Plan Grande, en donde habría ocurrido los hechos delictivos por los que fue detenido y procesado.

Durante los dos años de cárcel, Chub Caal, un preso político en contra de quien, según el tribunal, fue utilizada la justicia penal para criminalizarlo por la lucha social que lideró en favor de las comunidades indígenas de Alta Verapaz e Izabal, fortaleció sus convicciones, iniciadas en su trabajo como promotor social en las comunidades campesinas como maestro de escuela y guía espiritual maya q’eqchí. Podía defender la honestidad de su trabajo, frente a las acusaciones de empresas poderosas, usufructuarias de enormes extensiones territoriales que, según se demostró en el juicio, fueron inscrita de forma fraudulenta.

Cuando fue capturado, el 4 de febrero de 2017, en Carchá, Alta Verapaz, Chub Caal hubiera podido aceptar las acusaciones en su contra, obteniendo un procedimiento judicial abreviado para evitar la prisión. Pero, sabiéndose inocente y dispuesto a demostrarlo, prefirió el camino largo de la justicia. En su declaración ante el Tribunal, Abelino denunció que en julio 2016 rechazó la propuesta de Inversiones Cobra, de ser contratado como asesor para facilitar el desalojo de las comunidades de las fincas, a cambio de dinero, un viaje turístico para su familia y un apartamento en Ciudad de Guatemala.

La acusación en contra del líder comunitario estuvo a cargo de la fiscalía de Alta Verapaz, y del abogado Carlos Ovalle Leránoz, columnista de Plaza Pública.

Los dos años de prisión, lejos de su familia, de sus dos hijos pequeños, fueron duros. No obstante, mantuvo entrenado el cuerpo y la mente, caminando los cuatro kilómetros de recorrido diario que le permitían los 40 minutos de aire libre, participando en talleres de artesanía, donde aprendió a elaborar hamacas, bolsos y prendas. También se dedicó a la lectura. Le gustaron dos libros en particular, dice: Primavera con una esquina rota, del poeta uruguayo Mario Benedetti, y El Alquimista, del novelista brasileiro Paulo Coelho.

Abelino Chub Caal siempre estuvo convencido de que las comunidades indígenas tenían el derecho a reclamar legitimidad sobre las tierras que ocupaban ancestralmente, a pesar del sistemático proceso de exclusión que los pueblos autóctonos sufrieron desde la llegada de los conquistadores hasta la fecha.

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El peritaje de la geógrafa Jennifer Casolo, presentado el miércoles como parte de la defensa del imputado, demostró como el proceso del denominado «Colonialismo por asentamiento», en su propósito de despojar las tierras mayas, invisibilizó las relaciones sociales ancestrales de los pueblos indígenas a través de la eliminación directa de la población nativa y de lo que la investigadora denomina el «desdibujo» de las etnias, que restó el rango de ciudadanía a la identidad indígena, catalogando a los indígenas como sujetos atrasado, sin valores. Las tierras ocupadas por los q’eqchies, por naturaleza nómadas y acostumbrados a vivir en pequeños grupos dispersos, asumían la definición de tierras baldías. El proceso de desprecio racial hacía que los nuevos amos se adueñaran de las tierras al igual que de la flora y la fauna presentes en los terrenos, así como de las personas que los habitaban haciéndolos sus esclavos o mozos.

El peritaje del arqueólogo Diego Vásquez Monterroso (tambien columnista de Plaza Pública) confirmó que antiguamente, en las áreas territoriales correspondientes a las actuales propiedades de las empresas de la familia Arriaza Migoya, se desarrollaron dos centros estratégicos, a nivel socioeconómico, para la etnia q’eqchí: el Murciélago y El Bombo. El primero, polo conocido en la ruta del comercio del jade en su camino hacia Raxrujá; el segundo, sitio arqueológico y espiritual de referencia en el área.

Plan Grande, escenario de los supuesto delitos a cargo del imputado, en cambio, es un asentamiento q’eqchí reciente. En la actualidad, como se consta en el peritaje del historiador Harald Waxenecker, la comunidad es uno de los 165 poblados ubicados dentro de fincas privadas del área de El Estor, Izabal.

La lógica de ese largo proceso de reconstrucción histórica, llevó a los abogados de la defensa, dirigidos por Juan Castro Simón, a levantar la duda sobre quién estaba despojando a quién, ya que la población q’eqchí había sido objeto de despojos mucho antes de que se diera la disputa levantada por el caso de Abelino Chub Caal.

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El peritaje de Waxenecker también levantó dudas sobre posibles irregularidades en los procesos de desmembramiento, compra y ventas sobrevaloradas de las tierras de la familia Arriaza Migoya, que han dado vida al recién imperio conformado por 53 sociedades anónimas bajo el control de la misma red familiar. El Tribunal ordenó al Ministerio Público investigar las supuestas anomalías en las escrituras públicas denunciadas en el peritaje.

El escenario macondiano presente en la actualidad en el área de El Estor, salió a la luz gracias al caso de Chub Caal, y su lucha. Al leer la sentencia, el juez Gervi Sical denunció que se hizo uso del derecho penal como una forma para criminalizar la conducta del acusado. La jueza Barrios añadió que «el Tribunal considera que, en un verdadero Estado de Derecho, no se deben de utilizar como mecanismos la insinuación, la persecución, las amenazas y el hostigamiento para las personas. Se debe respetar la libertad de expresión, la identidad cultural, el derecho de cada ciudadano y, de esa forma, nosotros vamos a poder vivir en paz».

Declarado inocente, pero todavía esposado, Chub Caal dio su primera declaración a la prensa recordando los casos de Andrés Patzán, María Choc, Bernardo Caal y a los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales del lago de Izabal, todos defensores de los recursos naturales, líderes comunitarios y al igual que él, considerados como presos políticos.