Acceso denegado: clausuraron los Archivos de la Paz y ya no hay acceso a los documentos de la SBS sobre adopciones en los 80

Primero, por la manera en que fueron realizadas. Blanca Miranda Arana, quien fuera subdirectora de la casa hogar Rafael Ayau entre 1982 y 1983, explicó a Plaza Pública, en el marco del reportaje “Los niños que el ejército se llevó II” cómo se desarrollaban las jornadas de adopción en el orfanato:

“Había un día que se señalaba. Venían unas cinco parejas que habían sido enviadas por la Secretaría de Bienestar Social. Se formaba a los niños en un salón, sentados, y las parejas pasaban viéndolos a todos. Unos niños les hacían caritas lindas, otros se reían y otros les sacaban la lengua o les daban la espalda porque les daba cólera que los quisieran sacar de allí. La que venía era gente agradable. Traía chocolates y dulces. Pero sólo querían chiquitos. A los mayores de cuatro o cinco años, ya no. No los querían morenos. Los querían blancos como ellos, de buenas facciones”.

En los peores años de la guerra, los orfanatos nacionales se llenaron de niños ixiles provenientes de las zonas de tierra arrasada. Muchos no eran huérfanos: habían sido capturados por el ejército, recogidos en aldeas destruidas o dejados atrás por los padres que huían de la represión. Sin antes investigar el paradero de sus padres, estos niños eran dados en adopción por la Secretaría de Bienestar Social.

Los procesos de adopción gestionados por la Secretaría de Bienestar Social produjeron un abultado archivo que durante años se mantuvo en la sede de la secretaría, en la zona 11 capitalina. En 2008, a inicios del gobierno de Álvaro Colom, se fundó la Dirección de los Archivos de la Paz (DAP) bajo la tutela de la Secretaría de la Paz. La DAP tenía por objetivo realizar investigación histórica sobre lo ocurrido durante el conflicto armado a partir de archivos oficiales. El primer corpus de documentos estudiados por la DAP, fue el archivo sobre adopciones de la Secretaría de Bienestar Social.

El análisis de estos documentos dio luz a un informe llamado “Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977–1989”. Este muestra las incontables irregularidades que cometieron los responsables de los hogares nacionales en su afán por enviar al extranjero el mayor número de niños. “La adopción fue un mecanismo de desaparición forzada para que la niñez sobreviviera pero con otra identidad y sin saber nada o poco de su origen”, indica el informe, el cual agrega que las adopciones se convirtieron en una fuente de cuantiosos ingresos para los actores involucrados: empleados estatales, notarios, jueces, diplomáticos extranjeros, empleados de agencias internacionales de adopción.

En el marco de la investigación sobre las adopciones de Edmond Mulet, Plaza Pública pudo consultar brevemente en 2011 dichos archivos.

En 2012, con el cambio de gobierno, Antonio Arenales Forno fue nombrado Secretario de la Paz. Una de sus primeras decisiones fue cerrar la Dirección de los Archivos de la Paz. “La Secretaría de la Paz tiene prohibición legal de hacer investigación con efectos judiciales, porque esto le corresponde al Ministerio Público”, defendió entonces y defiende hoy Arenales Forno.

–¿Qué le hace decir que la DAP realizaba investigación penal?

–Porque la misma fiscalía me decía: mire, necesito que colaboren con nosotros. Entonces yo les decía, contrátelos en el Ministerio Público, yo no tengo ningún problema, pero yo no puedo hacer investigación penal.

“Yo no sé cómo van a resolver en definitiva los tribunales sobre la validez de las amnistías”, añade Arenales Forno, “pero cuando se resuelva y haya certeza jurídica, habrá investigación sin efectos judiciales que podrá hacer la academia, Sepaz y cualquier institución, y la investigación con efectos judiciales la hará el Ministerio Público. Yo siempre he estado abierto a que se profundice la verdad histórica. Siempre es sano que haya investigación sobre memoria histórica”.

Cuando Arenales anunció el cierre, una de las principales preocupaciones que se expresaron consistía en la posible pérdida de los documentos oficiales, o que se volvieran inaccesibles. A día de hoy, Antonio Arenales Forno asegura que “todos los archivos de la paz están a disposición pública en Sepaz y además fueron trasladados al Archivo General y a la propia institución (la Secretaría de Bienestar Social). Tiene que haber acceso en los tres lugares”.

El 28 de octubre del 2013, Plaza Pública solicitó una copia del archivo sobre adopciones a Sepaz y a la Secretaría de Bienestar Social, en virtud de la ley de acceso a la información pública. En ambos casos, la respuesta fue negativa.

La Secretaría de Bienestar Social afirmó no tener registro de tales archivos y la Sepaz contestó, explicando su negativa: “los documentos debidamente clasificados y ordenados digitalmente fueron trasladados a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, por ser dicha instancia la responsable del manejo de su información”. Para apoyar esta afirmación adjuntaron una fotocopia del acta en de entrega de los documentos a la Secretaría de Bienestar Social.

Se le indicó a Antonio Arenales Forno que la institución que dirige había negado los documentos, y que Bienestar Social aseguraba que ellos no los tenían, pese al acta firmada de recibido. El Secretario de la Paz hizo una llamada y, después de hablar unos minutos con el subsecretario Óscar Bautista, confirmó que Sepaz aún tiene una copia digital de los archivos sobre adopciones. Y agregó: “La oficina jurídica dice que por ser datos sensibles de menores de edad, está protegido por la ley de acceso a la información, pero déjeme chequear. Si esto es así, ya pedí que los jurídicos me den el estudio, y si no, inmediatamente le doy acceso al archivo”.

Ese no fue el argumento presentado por la oficina de acceso a la información originalmente. Antonio Arenales Forno prometió revisar el dictamen de su oficina jurídica, y en caso de que no existiera impedimento legal, abrir el acceso a los archivos de adopciones. Diez días después, respondió que, según el subsecretario Óscar Bautista, la ley no permite entregar documentos con nombres de menores, pero que se volviera a hacer la solicitud y él se comprometía a agilizarla.

Arenales Forno, abogado de las canadienses en el caso contra Mulet

El 30 de enero Plaza Pública divulgó una investigación sobre un caso de adopciones que implicó al hoy secretario general adjunto de la Naciones Unidas y responsable de las misiones de paz del organismo internacional, Edmond Mulet. El artículo se centraba en la detención, en noviembre de 1981, de Mulet, de las madres adoptivas canadienses que iban a viajar con sus hijos y las madres originales que habían entregado a sus hijos, y en los métodos que el diplomático usaba para colocar a los niños en el extranjero.

Entre la masa de documentos judiciales que se analizaron en este trabajo, sobresale el nombre de un abogado quien hoy es una de las figuras emblemáticas del gobierno de Otto Pérez Molina: Antonio Arenales Forno, Secretario de la Paz y jefe de la Comisión Presidencial en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

Arenales Forno fungió como abogado defensor de las mujeres canadienses. Además, el bufete Arenales, Urruela, Skinner–Klee, fue el encargado de formalizar, siguiendo el proceso notarial legal, las adopciones de los menores que Edmond Mulet no había realizado correctamente. En esta entrevista, el Secretario de la Paz nos permite conocer mejor su participación en esta trama judicial.

–¿Cómo llegó a este caso?

– Yo estuve en el servicio diplomático en Canadá y mi cuñado, abogado también, estaba en la oficina Arenales, Urruela, Skinner Klee. Si bien me recuerdo, la embajada de Canadá nos buscó por el problema de las canadienses. Nuestra tarea fue lograr la liberación de las pobres señoras que habían venido con toda la buena intención para ayudar a los niños.

–¿Usted ya conocía a Edmond Mulet?

–Lo conocía porque somos de la misma edad. No teníamos la amistad que tenemos ahora, pero lo conocía como una persona decente, y me extrañaba que tuviera algún problema. Nunca dudé de que hubiera algo hecho de mala fe en su detención.

–¿Su bufete fue el encargado de legalizar estas adopciones?

–Sí. Actuó como notario Federico Urruela, quien estaba casado con mi hermana gemela. Él terminó los trámites y todo se arregló.

En la partida de nacimiento de los niños, que Plaza Pública pudo consultar en el Registro Nacional de las Personas, se puede ver la anotación al margen que indica que los niños fueron adoptados por las familias canadienses. Datan del 5 de noviembre de 1982, es decir, casi un año después del suceso. Este era el plazo habitual para formalizar una adopción siguiendo los pasos indicados por la ley. La fecha coincide con lo que indicó a Plaza Pública una de las madres canadienses: para reunirse con su hijo adoptivo tuvo que esperar un año después de su salida de prisión. “Con Antonio (Arenales), todo se arregló”, afirmó la canadiense, quien recuerda con cariño y gratitud al hoy Secretario de la Paz.

Arenales también recuerda la situación: “Para ellas una tragedia que afortunadamente terminó bien. Luego, durante algunos años me mandaron fotos y constancias de los progresos de los niños, quienes fueron muy queridos y muy bien acogidos por las familias. Una vez, estando en Canadá pude verlo. Recuerdo que algunos niños tocaban piano, violín”.