En tres jornadas de audiencias, entre el martes 1 y el jueves 3 de marzo, ante Miguel Ángel Gálvez, juez B de Mayor Riesgo B, desfilaron abogados y alegatos. Intentos de todo tipo por apartar del proceso a los acusados de integrar una estructura que, según el Ministerio Público (MP), facilitó a la empresa Aceros de Guatemala S.A. (AG) salir bien librada de una demanda por defraudación tributaria por Q255.61 millones, e incluso, obtener del gobierno la devolución de un crédito fiscal por Q11.8 millones. El resultado, sin embargo, fue adverso: 15 de los 17 implicados fueron ligados a proceso, excepto el abogado Frank Trujillo, que quedó separado del caso; y María Eugenia Valdés Gómez, una de las representantes de la compañía, que aún no ha comparecido por encontrarse en un hospital.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron la investigación con base a denuncias que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó en contra de Aceros de Guatemala S.A. entre 2006 y 2009, por el supuesto uso de empresas de cartón para simular la compra de insumos (en este caso chatarra), y hacer recaer la responsabilidad por las acciones de defraudación tributaria en unos intermediarios ficticios quienes no reportaban sus ventas de manera adecuada.
Tras detectar estos hechos, la SAT denunció a AG, y el caso llegó al juzgado Séptimo de Instancia Penal, donde se retrasó por años. En esta instancia, según la hipótesis de MP y CICIG, la empresa contrató los servicios de Tres Puertos S.A., compañía que contactó a Geovanni Marroquín Navas, un intermediario externo de “La Línea”, el cual habría usado su influencia dentro de la SAT para que los reportes presentados por la institución fueran modificados y al ser presentados de nuevo ante el juez exculparan a AG de los delitos por los que se les acusaba.
Los elementos que la Fiscalía de Delitos Económicos ha presentado para fundamentar su investigación, parten de escuchas telefónicas que se derivan del caso La Línea, en particular las llamadas de Marroquín, los dictámenes emitidos por la SAT que en un primer momento inculpaban a la empresa y luego la libraban de responsabilidades, y la relación de cargos dentro de la SAT y las facultades de los acusados, para mostrar su grado de injerencia.
De frutos envenenados y abogados del diablo
Aunque desde distintos enfoques, los alegatos de los defensores se concentraron en tres áreas: cuestionaron el uso de las escuchas telefónicas originadas en el caso La Línea, como punto de partida de la investigación, argumentando vicios en el procedimiento para obtener la aprobación; reprobaron que el Juzgado B de Mayor Riesgo llevara el caso, cuando la acusación partía de hechos previos como la demanda contra Aceros de Guatemala por defraudación tributaria, y casos especiales de defraudación tributaria, seguidos en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal; y, atacaron las definiciones de crimen organizado usadas por la fiscalía y CICIG, para achacar delitos como asociación ilícita a varios de los acusados.
[frasepzp1]
Empezó el ataque el abogado Aníbal Sánchez, defensor de las acusadas Evelin Yulisa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones en la SAT, y Alicia López Paiz, mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la misma institución.
—Se ha satanizado tanto el tema de las escuchas (dice el abogado), dese cuenta señor juez, que se les dieron vuelta al derecho y al revés. Nos sentimos atados, ¿Por qué no hemos traído medios de prueba? Andamos (los abogados) con una psicosis, porque corre el rumor de que hay procesos contra abogados. Todo esto se origina en un “hallazgo inevitable” bajo el artículo 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Pero no hemos tenido a la vista el informe del MP del hallazgo, si no existe todo lo demás es ilegal.
El artículo 63 al que hacía referencia Sánchez, establece que cuando se encuentre en una interceptación telefónica autorizada otros hechos criminales del investigado o terceros, no contemplados en la orden judicial, el fiscal deberá informar al juez que aprobó la escucha para tener otra autorización para investigar los nuevos hechos. El juez Gálvez dio el visto bueno para las intercepciones telefónicas del caso La Línea, y en este otro caso también avaló seguir con la investigación.
Carlos Israel Velásquez defensor de Omar Franco, el exsuperintendente de la SAT, señaló que la información obtenida por el MP “estaba basada en proceso de inteligencia, pero de inteligencia perversa”, para implicar a su representado.
En cambio, el abogado Mario Antonio Juárez Vidal, defensor de Geovanni Marroquín Navas, reconoció que su cliente es el de situación más difícil en la acusación, ya que las llamadas interceptadas eran las suyas, por lo que su estrategia fue cuestionar la obtención de estas intervenciones, y no tanto al contenido de las mismas.
—Si existen nuevos hechos debe pedirse autorización para las escuchas a todas las nuevas personas involucradas, eso implica una nueva cadena de custodia. El artículo 62 de Ley Contra Delincuencia Organizada, establece que la violación al derecho a la privacidad, más allá de lo establecido a la autorización, haría a las escuchas ilegales, —alegó el abogado.
El abogado apeló a la teoría del fruto del árbol envenenado: si la obtención de las escuchas no cumplía con las formas, todo lo derivado de estas no sería utilizable en este caso, y la acusación se caería. Y citaba al magistrado de la Corte Suprema estadounidense Oliver Wendell Holmes al respecto: “Es en verdad deseable que los delincuentes resulten descubiertos y que cualquier prueba existente sea utilizada para este fin, pero también es deseable que el gobierno no se ponga al mismo nivel que aquéllos, y pague por otros delitos, ni que estos sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente. Es necesario elegir, y, por lo que a mi concierne, prefiero que algunos delincuentes escapen a la acción de la justicia, antes que el gobierno desempeñe un papel indigno”.
La siguiente ronda de alegatos de los defensores se orientó a cuestionar que el caso fuera llevado por Juzgado B de Mayor Riesgo que dirige Gálvez. Lo resaltó el abogado Sánchez: “El MP hace uso de elementos de investigación del caso La Línea, cuando ellos mismos han dicho que no es La Línea, pero han usado todos los motes (alias) de ese caso. No se ha dicho que la acción penal contra Aceros de Guatemala continúa ¿entonces qué delito se persigue? El caso sigue en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal”.
También apeló a esto el abogado Velásquez, al afirmar que cuando se presentó el caso de Aceros de Guatemala en otro tribunal, Franco, su defendido, no era Superintendente de la SAT, ni si quiera de manera interina.
“Estoy convencido que este caso corresponde al juzgado Séptimo”, agregó Juárez, el abogado de Marroquín, apelando al artículo 61 de la Ley del Organismo Judicial: “Ningún tribunal puede avocarse el conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley confiera expresamente esta facultad”. Aduciendo que en todo caso Marroquín estaba ejerciendo “una defensa fiscal como auditor”, al igual que el abogado de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo “llevaba la defensa legal”.
Por último, los defensores enfilaron contra los argumentos de MP y la CICIG, que han ubicado las actividades de los acusados dentro de una estructura de crimen organizado. Juan Carlos Borrayo, abogado de Ariel de Jesús Guerra Castillo, exintendente de Verificación, argumentó que la fiscalía debía probar que por su lugar en el organigrama de la SAT su defendido podía influir en la alteración de los reportes para favorecer a Aceros de Guatemala. “El MP lanzó un escopetazo y al que le pega está guardando prisión”, afirmó el defensor. Borrayo también destacó que la fiscalía debería probar que Guerra “en su calidad de intendente tenía la función de inducir, instruir, coordinar y dirigir a funcionarios de la intendencia de fiscalización bajo su mando, por razón de su puesto o función, para que estos realizaran los actos ilícitos que beneficiaban a la entidad Aceros de Guatemala S.A.”, pues de lo contrario no podrían perseguirlo por el delito de asociación ilícita.
De igual forma se expresó Velásquez, el defensor de Franco: “Hemos oído estigmatizar a los profesionales (abogados y auditores señalados en el caso) como parte del crimen organizado, hemos discutido la definición de crimen organizado de la declaración de Palermo de Naciones Unidas. El caso La Línea que se ha politizado e incluso nos ha llevado a un cambio de gobierno”. El abogado afirmó que la fiscalía no había mostrado indicios claros de que hubiera entre los aprendidos una “organización criminal”, con fines bien definidos, puestos jerárquicos y más de tres personas dispuestas a cometer varios delitos.
Y una vez más fue el defensor de Marroquín quien llevó la voz cantante. El litigante Juárez enumeró los aspectos que a su criterio no había logrado fundamentar la fiscalía: establecer quienes eran los dirigentes de la presunta estructura criminal, que objetivos comunes tenía la organización, si poseía cohesión, jerarquías y tendencia a la autorregulación, una división de funciones clara… “la convención de Palermo, a la que tanto le gusta hacer alusión MP y Cicig también contempla que las organizaciones se agrupan para varios delitos, ¿dónde están esos delitos? Claro en la imaginación del MP.”, espetó el abogado.
Juárez reconoció que Marroquín se dedicaba a “gestionar en favor de Aceros de Guatemala” el aspecto fiscal de su demanda, “y como ese aspecto era el que se discutía en el Juzgado Séptimo Penal, tenía todo el derecho, facultad y oportunidad de defenderlo. Por defender o ejercer su profesión no se le puede vincular a un delito”.
[frasepzp2]
El abogado finalizó su intervención de manera histriónica.
—Hay mala intención en la acusación. Alguien aquí dijo que mi defendido era el diablo, deberé entonces adoptar la actitud del abogado del diablo. Mi defendido en sus gestiones no hizo más que lo que todos hemos hecho uso: de la vanidad, que como decía John Milton en El abogado del diablo, es el pecado favorito.
Consultado por Plaza Pública, Juárez, explicaría este punto de la defensa: asegura que Marroquín presumía en las escuchas de tener más influencia de la que en realidad poseía.
Que la investigación continúe
En la siguiente audiencia, el martes 2 marzo, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a 15 de los 17 acusados, y excluyó del proceso a uno de ellos. El juez consideró los alcances de la información presentada por MP y CICIG, y señaló dos momentos en la investigación: en el primero ubica a las acciones emprendidas por la organización para obtener los dictámenes favorables de la SAT, de lo cual aseguró “hay indicios suficientes”; el segundo es la búsqueda de la desestimación de la demanda contra Aceros de Guatemala, y en este punto aceptó los alegatos de los abogados defensores, al confirmar que “no se profundizaba” en la afirmación.
Con estas consideraciones, al día siguiente, Gálvez dictó la prisión preventiva para Álvaro Omar Franco, exsuperintendente de la SAT, quién ya tiene esa situación por el caso “La línea” por asociación ilícita, y lo ligó por los delitos de cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
Igual suerte corrieron Elder Hermelindo Fuentes García, exintendente de la SAT, por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; Geovanni Marroquín Navas, el presunto enlace de la estructura, también ya ligado por asociación ilícita por el caso “La Línea”, al cual sumó cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal, por este nuevo caso.
De igual forma ordenó prisión para Ariel de Jesús Guerra Castillo, exintendente de Verificación, por asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal; a José Antonio Mangandi Ortiz, exgerente de contribuyentes especiales, por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; a Alfonzo Romeo Castillo Castro, exdirector de la Intendencia jurídica por asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos; a Alfredo Muñoz Ledocarrillo, representante legal de Tres Puertos por asociación ilícita y cohecho activo; y a Rigoberto Chacaj Soc, auditor de Tres Puertos por asociación ilícita y cohecho pasivo.
Para el resto de acusados, ordenó las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo (prohibición de salir del país), suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y la obligación de firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público, a Evelin Yulisa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones por asociación ilícita y obstaculización de la acción penal; Alicia López Paiz, mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos por obstaculización de la acción penal; y a los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres, Julio Ernesto Román García por el delito de obstaculización de la acción penal. El representante legal de Aceros de Guatemala, Pedro José Raúl Paiz Valdez, fue ligado sólo por cohecho activo.
El abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, cuyos contactos con algunos de los acusados aparecen documentados en escuchas telefónicas, fue el único que corrió con suerte. “Me llama la atención el papel del señor Trujillo, habla pero no de cosas más allá de la profesión, dice, también, que habla con un fiscal. Además un día antes de que sean públicas lee las conclusiones del informe de la SAT, ¿será que él sabía lo que hacían las otras personas?”, dudaba el juez.
La escucha a la que aludía el juez es del 20 de diciembre de 2014, entre Marroquín y Trujillo, en esta se percibe el acceso de Marroquín a los documentos internos de la SAT con los que se buscaba exculpar a AG. Gálvez no lo ligó a proceso, pero ordenó su arraigo y la obligación de acudir todos los meses a firmar el libro de asistencia del MP. El MP y la CICIG apelarán esa decisión.
Para fundamentar las acusaciones de la Fiscalía, el juez ordenó a la Contraloría General de Cuentas realizar una auditoría a Aceros de Guatemala S.A., sobre la devolución de créditos fiscales para esa empresa. Y las indagaciones del MP en documentación de la SAT, la cual no había solicitado para no levantar la sospecha de los acusados, varios de ellos todavía funcionarios; y los archivos y registros incautados en los allanamientos, así como la solicitud de información bancaria sobre los detenidos.
El juez dio hasta el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal contra los señalados. Y programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio. Las ramificaciones de este caso se encuentran lejos de acabar.
