Acuerdos y desacuerdos sobre Palo Viejo

Hace más de año y medio, el 7 de mayo de 2011, la empresa italiana Enel Green Power firmó las bases de un diálogo con comunidades indígenas de la región ixil. Reconocía, en un tercer inciso, a las autoridades indígenas Q’esal Tenam como representantes legítimas de las comunidades que se oponían al funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, construido desde 2006, y que tomaría el agua del río Cotzal y tres de sus afluentes: los ríos El Regadío, Chipal y Arrollo Escondido. Las autoridades indígenas fueron incluidas como interlocutores del proceso en el que se intentaría llegar a un acuerdo para que el proyecto “tuviera un equilibrio entre las ganancias de la empresa Enel y la forma de vida de las 36 comunidades de Cotzal”, recuerda Concepción Sintay, alcalde indígena del municipio San Juan Cotzal.

Ese día, las comunidades también aceptaron que Enel era una sociedad legalmente establecida en el país. Como testigos de honor acompañaron el proceso, Álvaro Ramazzini, ahora obispo de Huehuetenango, y Vitalino Similox, secretario del Concejo Ecuménico de Guatemala. Por su parte, la empresa italiana eligió a Gustavo Porras, sociólogo, ex secretario de la Presidencia, ex guerrillero, signatario de los Acuerdos de Paz y desde septiembre de 2012 también presidente del Consejo Económico y Social (CES).

Porras recuerda el contexto de aquel primer acercamiento: “Era el año 2011 y Cotzal no tenía alcalde municipal; José Pérez Chen había sido acusado de asesinato y estaba prófugo. La empresa decidió intentar un diálogo con Fundamaya, que dirige Pablo Ceto –ex candidato a la vicepresidencia por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca– y que es la ONG que está detrás de las alcaldías indígenas de San Juan Cotzal; este grupo había bloqueado la carretera que llega a la hidroeléctrica y por ese conflicto, y no por otra cosa, es que la empresa resulta conversando con ellos y no con un alcalde municipal”.

Las reuniones –seis en total– concluyeron apenas dos meses después. El diálogo se detuvo una vez que las comunidades y las autoridades indígenas de Q’esal Tenam entregaron, el 30 de junio de 2011, doce peticiones a la empresa italiana. Reclamaban que se respetaran sus derechos sobre los recursos naturales, y si las montañas y los ríos eran explotados por Enel, “lo justo”, dice Sintay, era “solicitar el 20 por ciento sobre el valor de la venta de cada megavatio, y una indemnización de Q8 millones anuales por los daños que ha causado y causará la empresa durante los 50 años que estará en operaciones”.

Seis meses más tarde, San Juan Cotzal, tras las elecciones generales, escogería a un nuevo alcalde municipal: Baltazar Cruz, por el Partido Patriota. Cruz indica que hasta antes del momento en que fue electo democráticamente, las alcaldías indígenas usurparon las funciones de un alcalde municipal. “Si uno pregunta a los abuelos ixiles, en Cotzal nunca han existido autoridades ancestrales. Lo que sí había era un Concejo de Principales, pero alcaldes indígenas nunca. Desde 2008, este grupo, sin ningún antecedente claro, se presentó como autoridad. En realidad no representan a nuestras comunidades”, dice.

Hasta ese momento, el único convenio firmado con la empresa era uno en el que esta se comprometía a contribuir con Q800,000 a la municipalidad estatal de San Juan Cotzal.

Miguel de León, de la alcaldía indígena de Nebaj, sostiene que su función como autoridad es legítima, que Q’esal Tenam sí es una representación de sus comunidades, y agrega que “Enel, aparte del convenio de Q800 mil, ya había firmado otro convenio que otorga el 8.5 por ciento de las ganancias a Pedro Brol, el propietario de la finca San Francisco, lugar donde fue construida Palo Viejo, lugar donde pasan los ríos que son propiedad Cotzal”.

De este dato, del convenio entre la finca y Enel, no obstante, las alcaldías de Q’esal Tenam no cuentan con documento que lo respalde. “No nos parece justo que una sola persona obtenga tanta ganancia, y que las 36 comunidades de Cotzal, con más de 26 mil habitantes, en contraste, no obtengan casi nada”, dice. “Esa es parte de nuestra lucha”.

Entre los daños, los alcaldes indígenas enumeran peces, nutrias y pájaros muertos, inundaciones de las cosechas, tuberías rotas, contaminación…

Un nuevo convenio

Año y medio después, paralizados los diálogos con la alcaldía indígena, la municipalidad de San Juan Cotzal, ahora presidida por Baltazar Cruz, volvió a hablar sobre la hidroeléctrica Palo Viejo con los ejecutivos de Enel. “En este nuevo diálogo –diciembre de 2012–, no tomamos en cuenta a las alcaldías indígenas por dos simples razones”, razona Cruz. “La primera es que el código municipal reconoce únicamente a los alcaldes auxiliares y ellos, como autoridades ancestrales, como ya he dicho, no están reconocidos. La otra es que sus peticiones no tienen fundamentos técnicos; piden un 20 por ciento de las ganancias pero no detallan bajo qué tipo de análisis decidieron esta cifra”.

“Planteamos nuestro derecho a administrar el 20 por ciento de lo que van a generar nuestras montañas, bosques y ríos. Es lo justo. Nada más. Es lo que administrarán nuestras comunidades a través de la municipalidad de Cotzal”,  defiende Sintay.

Consuelo Teló, de Burson Marsteller Guatemala, la empresa que se hace cargo de las relaciones públicas de Enel en el país, evitó contestar por qué se excluyó a las alcaldías indígenas del diálogo, cuáles son sus porcentajes de ganancia y cuál será la producción que tendrá la hidroeléctrica Palo Viejo y de qué manera se fijó la cifra de Q2.3 millones que Enel ofrece en este nuevo convenio con la municipalidad de San Juan Cotzal. Pero mediante un comunicado indicó que sí hubo un consenso: “Previamente el Alcalde y los integrantes del Concejo Municipal de San Juan Cotzal, quienes representaron al municipio y las comunidades en este proceso, compartieron el contenido del acuerdo con distintos líderes de la zona, de quienes obtuvieron avales por escrito. Cabe destacar que Baltazar Cruz fue electo, democráticamente, como Alcalde en el proceso electoral de septiembre de 2011, en el que participó cerca del 87 por ciento de la población empadronada, y que los integrantes del Concejo Municipal son, en su totalidad, líderes importantes de la etnia ixil”.

Enel explica que el proceso de este diálogo estuvo acompañado por el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, representantes de Gobernación, integrantes de la Red de Atención a la Conflictividad de Quiché (Red Quiché), y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), y miembros del concejo municipal de San Juan Cotzal.

Pero en esta última conversación excluyeron a las alcaldías indígenas de la región ixil.

“La firma del convenio fue una sorpresa para nosotros”, dice Sintay. “Nos excluyeron. Fue algo poco ético, discriminativo”.

Estuardo Galdámez, diputado de Quiché por Partido Patriota, dice que “la municipalidad de San Juan Cotzal no se puede permitir componendas con ninguna supuesta autoridad”.

En Guatemala las alcaldías indígenas no son reconocidas legalmente. Carecen, a pesar de algunos primeros fallos de la Corte de Constitucionalidad, de respaldo jurídico para reclamar algún derecho.

“Si quieren influir en las decisiones de la municipalidad, que lo hagan pero desde las elecciones, que se lo ganen desde un partido político. De lo contrario son usurpadores del poder municipal”, exclama Galdámez.

El pasado 13 de marzo finalmente el diálogo terminó con la firma de un convenio en la Casa Presidencial. Reunidos, durante más de dos horas, el presidente Otto Pérez Molina; Oswaldo Smith, representante de Enel en Guatemala; Baltazar Cruz, alcalde de San Juan Cotzal; Gustavo Porras, asesor de Enel y presidente del CES; Miguel Ángel Balcárcel, del Sistema Nacional de Diálogo Permanente; y el diputado Estuardo Galdámez, acordaron que el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo empezaría a funcionar. Durante sus primeros 20 años, de los 50 que estará en operaciones, la empresa aportará Q2.3 millones anualmente a la alcaldía municipal de San Juan Cotzal.

¿Por qué específicamente esa cifra? “Ninguna empresa está obligada a pagar algo por funcionar en un municipio. Enel sí lo ha hecho, se ha comprometido con la firma de este convenio”, explica Baltazar Cruz. “Es un beneficio que aumenta en Q1.3 millones en comparación del anterior acuerdo. Pedimos más desde luego, pero parte del diálogo fue no revelar esa cifra”.

En el convenio se obviaron las opiniones de monseñor Ramazzini, también la del reverendo Vitalino Similox, los otros testigos de honor que habían acompañado el proceso desde 2011 por parte de las comunidades. El alcalde Cruz dice que no eran necesarias. Similox, luego de que se firmó el acuerdo, se lamentaba de todo el proceso. “Parece pues que es una provocación, una provocación para otra conflictividad en el país. Además es un acto de racismo no incluir en el diálogo a los representantes de las comunidades indígenas. El Estado, prepotente, es responsable de lo que pueda ocurrir”, decía Similox.

“Q2.3 millones, cada año, no son nada en comparación de lo que se va afectar. Nada tampoco, comparado con la ganancia de Brol como propietario, único, individual, de una finca; nada para San Juan Cotzal”, añade Sintay.

Gustavo Porras explica que la alcaldía indígena planteaba un acuerdo de “ni vos ni yo: o esto o nada”, con la exigencia del 20 por ciento y la indemnización de Q8 millones anuales. “En esta condiciones no se podía llegar a un acuerdo”.

De 84 megavatios de potencia, Palo Viejo tuvo una inversión inicial de más de US$200 millones (Q1,560 millones). La empresa no ha hecho público cuánto dinero espera generar con esta hidroeléctrica. Pero ha estimado que generará 370 millones kWh por año. Plaza Pública cruzó datos con el precio promedio del kWh ofertado por las empresas generadoras en la última licitación de la CNEE (Comisión Nacional de la Energía Eléctrica), Q0.80 por kWh. Si esos precios se mantienen, ENEL obtendrá alrededor de Q296 millones al año. Cotzal, tras la firma del nuevo acuerdo, recibiría sólo el 0.7 por ciento de los ingresos.