Talar madera para proteger la Biosfera Maya. Así es el experimento de la Carmelita

El canto de los gallos y el rugido de los monos aulladores se mezclan para anunciar el amanecer en Carmelita, un pueblo asentado en las entrañas de la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala. De una de las viviendas de madera y techo de lámina con cobertura de hojas de guano sale Evelyn, una niña de 10 años capaz de identificar con nombre científico 75 tipos de aves.

Es un día de octubre de 2020 y los niños llevan desde mediados de marzo sin ir a la escuela porque el gobierno suspendió las clases por el riesgo de contagio del coronavirus. Evelyn porta un encargo de su madre y cuando apenas lleva dos minutos sobre la calle fangosa señala el cielo:

«Mire, ahí van los loros».

La bandada vuela tan rápido y alto que no es fácil identificarlos. Unos segundos después señala a un tucán que posa en la copa de un árbol.

Carmelita, de 89 familias, es en los registros oficiales una aldea de San Andrés, municipio de Petén, el departamento más extenso del país. Sus habitantes ocupan este territorio desde hace generaciones, y aunque legalmente no les pertenece tienen derecho de vivir y subsistir de los recursos del bosque con un modelo de conservación.

La Reserva abarca 2.1 millones de hectáreas, el 19% de Guatemala. En 1990 adquirió estatus de zona protegida para frenar la destrucción del bosque y el saqueo de su riqueza natural y arqueológica. Hoy continúa como una zona bajo presión.

Al volver a casa, Evelyn apenas se distrae al escuchar a unas vecinas alarmadas porque una culebra se metió debajo de una vivienda de madera. Antes de la pandemia asistía junto a otros niños y adolescentes al curso de observación de aves que impartían en la cooperativa comunitaria. Los más avanzados podían identificar las especies por el plumaje y canto. La crisis lo detuvo todo.

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Aquí el turismo es el medio de sobrevivencia. Aunque la principal actividad es la visita guiada a El Mirador, ciudad maya a 40 kilómetros, hay planes de abrir una ruta a Puerto Arturo, un accidente natural que deslumbra por tener una isla en medio del bosque. Punto de reunión de aves, preparado con lanchas y una cabaña de madera que los miembros de la cooperativa construyeron para los futuros excursionistas.

Un nubarrón deja el pueblo en penumbra. Las mulas y burros reciben el aguacero. El agua espanta a los tábanos, una especie de moscas que se alimentan de sangre. En la reserva hay que aprender a sobrevivir entre tantos ecosistemas.

Al oscurecer algunas casas quedan iluminadas por velas, otras por energía de prepago o plantas de combustible que suman su ronroneo al concierto de grillos y cigarras. Los que pueden invierten poco más de 200 quetzales al mes por el derecho de encender unas bombillas y costear un par de horas nocturnas de televisión satelital. En la noche, a la luz de la luna y un cielo estrellado, unos pocos se demoran en una minúscula cantina o frente a la nueva tienda que, además de iluminación, ofrece asientos de concreto, hamaca y bebidas frías.

El pueblo cuenta con tres tiendas, dos comedores, dos iglesias, una de ellas evangélica, y una instalación central para las operaciones de la cooperativa.

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Aquí la vida es agreste.

Usan agua de lluvia para todas sus actividades, no pueden tener drenajes y se las ingenian para que las aguas servidas vayan a un pozo ciego. Todos emplean leña para cocinar, queman la basura que no es orgánica, y aunque tienen permitido cortar árboles ancestrales para venderlos al extranjero, la única que puede hacerlo es la cooperativa comunal si cumple con un plan de uso y manejo sostenible.

Mientras la reserva pierde cada año cobertura forestal a causa de los incendios, atribuidos principalmente a narcotraficantes y comerciantes ilegales de ganado, en Carmelita el bosque luce frondoso, impenetrable. 

Vivir del bosque

Carmelita está en la sección mejor preservada de la reserva, la zona de usos múltiples. Aquí hay parques nacionales, biotopos, sitios arqueológicos y los bloques concesionados a comunidades.  

Carmelita es pionera. A través de una cooperativa regenta 53,797 hectáreas, el 2.7% de la reserva: desarrolla ecoturismo, corta madera, hojas de xate, y recolecta pimienta y semillas del árbol de ramón que salen de la selva de Petén al mercado internacional.

De todas sus actividades, la madera es la única que requiere una logística compleja. Solo es posible con la coordinación de la cooperativa. Las demás son tareas individuales que generan ganancias más rápidas.

Miguel Ángel Chuc aparece en la sede con las ropas desgastadas y sucias, pero con el semblante fuerte tras tres días de trabajo en el bosque. Él y sus «bestias» caminaron cuatro horas por la selva que regenta Carmelita para recolectar semillas del árbol ramón, «la nuez maya».

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Cuenta que le enseñaron a clasificar al pie del árbol las mejores bolitas color café claro que aparezcan sin mordiscos de animales ni brotes. Terminarán convertidas en harina para elaborar bebidas, panqueques, galletas y hasta pizza.

A Miguel Ángel le quedó dolor de espalda por pasar tanto tiempo agachado. Los árboles tiran una infinidad de semillas y la humedad hace que germinen hasta en las piedras. Hay ruinas mayas que, entre los enormes y pesados bloques, tienen incrustadas las raíces de esta especie.

Por cada quintal (100 libras) puede ganar 125 quetzales (unos 16 dólares). No es un trabajo fijo, ni permanente la paga; pero mantiene a su familia con un sueldo que supera el jornal de 50 quetzales en alguna finca.

Con una mayoría de habitantes que apenas tiene estudios de primaria, tampoco es fácil buscarse la vida fuera de la aldea. Pocos se han atrevido a migrar al área urbana más cercana y quienes lo han hecho es porque consiguen alguna plaza de maestros o en  turismo.

La cooperativa tiene la función de desarrollar proyectos que generen empleo y beneficios sociales a los asociados, al tiempo que debe sujetarse al pago de impuestos y licencias que aprueba el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). La medida del éxito está en si la gente decide permanecer en el pueblo y no sufre la superficie forestal de la zona protegida.

Carmelita y la colonización de Petén

Máximo Siles, 88 años, y María Dolores Soberanis, que no recuerda su edad, contemplan desde su hogar una estampa cotidiana. Un campo verde y una fila de diminutas casas se ven apenas como un detalle entre el firmamento y el bosque verde oscuro se impone al fondo. El sonido del aguacero que va hacia ellos los obliga a buscar refugio.

Son los habitantes más longevos del pueblo.

«Antes aquí había dos, tres casitas, nos gustaba que no haiga mucha gente sino ver el terreno libre, el monte», dice María Dolores.

«El monte» es un término permitido para quienes están acostumbrados a este espectáculo natural.

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Carmelita nació como un campamento chiclero a inicios del siglo XX. Los primeros en llegar fueron migrantes mexicanos, y fue un contratista de ese país quien decidió darle al sitio el nombre de su hija. Cuenta don Máximo Siles que nació en Livingston, Izabal, un municipio del caribe guatemalteco, y llegó a la selva en busca de una oportunidad.  

Ahora hay una conexión de Izabal a Petén, pero en los sesenta, cuando él llegó a Carmelita, no había carretera. Entró por los cielos en una avioneta cargada con jornaleros del chicle. En aquellos años los gobiernos militares de la contrarrevolución promovieron que se colonizara el lugar inhóspito que era Petén. Repartieron tierra para que se asentara la gente, produjera alimentos, y extrajera chicle, madera y petróleo.

«Nos pagaban a 22 quetzales el quintal de chicle», dice con asombro al recordar lo poco que valía su trabajo.

Ahora apenas camina, pero en aquellos años esquivó serpientes y soportó las plagas de zancudos y otros insectos mientras escalaba árboles de chicozapote de 20 o 30 metros con la única ayuda de un lazo y unos espolones en los zapatos.

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Los chicleros marcaban la corteza de los árboles, desde la copa hasta la base, para recolectar el líquido viscoso. El negocio fue tan importante que existen leyes para regular el comercio, el pago de impuestos e incluso la protección de los árboles.

Esa es la única razón por la que son los ejemplares más antiguos en toda el área protegida.

El campamento, cuenta María Dolores, era un lugar de paso, porque la verdadera actividad estaba dentro del bosque. «Era alegre ver que subía la chiclerada (jornaleros)», comenta con un tono de añoranza que la hace sonreír y le acentúa las marcas de la vida.

«Después se acabó todo», agrega con una brevísima carcajada. El negocio se fue a pique porque surgió la goma de mascar sintética, así que cuando el trabajo se agotó la mayoría desalojó el área. Los pocos que se quedaron formaron una comunidad en la que ahora viven 358 personas, casi todas nacidas aquí, solo seis con orígenes mayas y casi todas menores de 40 años.

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El pueblo enfrenta desafíos ya conocidos. Entre ellos la desigualdad, incluso en el ámbito de educación sexual, que provoca que los jóvenes se unan muy temprano, o que permite que la comunidad acepte que un hombre de 26 años influya en una niña de 13 años para que acepte una relación marital.

En medio de esta realidad, el recuerdo de cómo se fundó esta sociedad en medio de la selva maya: La alerta por la destrucción del bosque en los 80, la creación de una Ley de áreas protegidas en 1989. El cierre de la empresa estatal de Fomento y Desarrollo de Petén, que era la única autoridad reconocida en el departamento, y la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). La creación de la reserva y luego de eso las concesiones. Una historia de décadas apenas en unas líneas.

Un territorio bajo asedio

Carmelita está a 564 kilómetros de la capital. El recorrido, de once horas, la mayor parte en carretera asfaltada y las últimas dos horas por una de tierra en el área protegida, parece desde el aire una fina serpiente que atraviesa el bosque.

La única forma de entrar o salir es con un vehículo de doble tracción, de los que escasean. Así que varios comunitarios deciden hacer el viaje en motocicleta o en el autobús de la cooperativa. Único servicio de pasajeros que sale una vez al día, de madrugada, y vuelve con las mismas personas al atardecer.

De Carmelita se van los que tienen una verdadera necesidad, y eso incluye el abastecimiento de alimentos. En esta aldea la producción agrícola es reducida, solo la practican quienes quieren consumirla en casa.

La reserva es una colección de contrastes. Antes de entrar al área protegida el territorio está más poblado de personas que de vegetación. Al cruzar a la reserva hay segmentos frondosos, y las ramas más altas de los ejemplares que están a la orilla de la carretera se entrelazan con forma de túneles de techo verde. En otras partes el esplendor se pierde y aparecen explanadas cercadas con alambre de púas para que no se escapen las reses.

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En octubre era fácil ver los restos de árboles carbonizados por algún fuego, y porciones de terreno sin vegetación. Aunque en el sector de las concesiones también hay evidencia de incendios y deforestación, no se compara con las zonas más vulnerables del área protegida.

El Monitoreo de la Gobernabilidad de la Reserva de la Biósfera Maya, publicado por el Conap en 2018, estima que de 2000 a 2017 hubo una pérdida de 262,000 hectáreas de bosque, sabanas y humedales. Las áreas más afectadas fueron la zona núcleo, al occidente de la reserva, y la Zona de Amortiguamiento, localizada al sur. En la zona de usos múltiples, en donde están Carmelita y otras concesiones, así como parques nacionales, el daño fue mínimo y ocurrió porque tres de las comunidades fallaron en proteger sus sectores.

En la temporada de incendios de 2020 quedaron dañadas 50,000 hectáreas a causa del fuego. Carmelita y la mayoría de concesiones quedaron casi intactas, igual que los parques nacionales El Mirador, fronterizo con México, y Tikal, Patrimonio de la Humanidad según la Unesco.

 A salvo del fuego

En Carmelita ningún fuego se salió de control en 2020. Mynor Hernández Zapata, encargado de la comisión de incendios de la cooperativa, cuenta que han tenido éxito en las medidas de prevención.

Los únicos dos registros de incendios pavorosos datan de 1998 y 2002. No hay detalles de cómo o quién los provocó, porque como es usual estos crímenes quedan impunes. Entre los adultos se conserva el recuerdo de esos siniestros y tienen en la memoria cuál fue el área afectada, ahora ya repleta de vegetación.

Cuando ocurrieron, la comunidad vivía bajo tensión. Basta decir que la cooperativa inició funciones en 1997 y poco tiempo después fue asesinado su primer presidente.

En Carmelita están preparados con dos drones, sistemas GPS (sistema de geolocalización), machetes, motosierras, motosopladoras y mochilas para agua que tiran un chorro a presión que alcanza los seis metros. Insumos donados por la cooperación internacional a través de oenegés para que puedan reaccionar con rapidez.

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El bosque es de difícil acceso y eso facilita que cualquier atisbo de fuego pueda transformarse en un monstruo. La cooperativa Carmelita asignó 208,527 quetzales en 2019 para la prevención, control y vigilancia de incendios. Los fondos provienen de los proyectos que ejecuta, como la venta de madera, y con esos recursos cubren los sueldos de cuatro y hasta ocho empleados que se encargan de monitorear lo que ocurre en la selva.

En 2020, Mynor acompañó a dos equipos de Carmelita que viajaron al Parque Nacional Laguna del Tigre, en la zona núcleo de la reserva, para apoyar las labores contra incendios. Ese año fue complicado porque el Ejército solo envió a los soldados por tierra porque sus helicópteros estaban en reparación.

El gobierno de Honduras prestó dos de sus naves y oenegés contrataron los servicios privados de helicópteros para descargar agua sobre el fuego. Mynor cuenta que el dron les ayudó a identificar el comportamiento de uno de estos incendios para poder atacarlo desde tierra.

Manuel Marroquín, con 12 años de experiencia en el combate de incendios, explica el procedimiento. «Si tenemos un fuego a escasos tres o cuatro metros y viene bajito lo puedes atacar, pero si está en la copa de los árboles tienes que hacer una ronda (quitar maleza) a 10 o 15 metros (de distancia) y luego le pegamos el contrafuego para que este y el otro topen y no avance».

El Conap, la autoridad de la que depende la conservación, no ha podido recuperar el control de las áreas amenazadas. En sus informes reconoce que las llamas casi siempre ocurren en lugares en donde hay «brechas» o, en otras palabras, caminos ilegales vinculados a las tomas de tierra.

Además del narcotráfico, en la zona núcleo de la reserva hay presencia de comunidades paupérrimas, se ha identificado huellas de ganado que ingresa desde México y solo en 2020, 19 avionetas destruidas que se supone llegaron cargadas con droga desde Suramérica. En el sector también hay caza y tala ilícita.

En Carmelita han practicado varias acciones preventivas. Una de ellas es que son una sociedad cerrada. La única forma de que una persona foránea pueda vivir en el lugar es que se case con alguien nativo y se adapte a las reglas de convivencia. Aquí no existe la propiedad privada, pero los padres suelen ceder a los hijos el área que han habitado por años.

Quien no tiene descendencia no puede vender y la propiedad quedará bajo la responsabilidad de la cooperativa mientras mantenga la concesión.

La comunidad tiene reglas estrictas. La actividad agrícola se realiza en un sector específico y la cooperativa gestiona las solicitudes de los vecinos para que les asignen terrenos y les permitan realizar la roza agrícola con acompañamiento del área de vigilancia.

Mynor reconoce que han logrado mantener a raya el fuego, pero cuenta que necesitan más personal para las supervisiones. Aspiran a tener cuatrimotos para agilizar los recorridos, porque ahora dependen de la agilidad con la que caminan los vigilantes.

Manuel, acostumbrado a largos trayectos diarios, sale de su casa con una mochila en la que lleva una brújula, el gps, alimentos, una gorra, con suerte un poco de repelente de insectos, un machete y una linterna por si lo sorprende la noche.

Su mirada siempre está alerta. En sus recorridos ha visto venados, pizotes y otra colección de animales salvajes. El día de la entrevista encontró las huellas de «un tigre», como le llaman a los jaguares o pumas, en un camino lodoso de unos cuatro metros que conduce a la zona en que pueden cortar árboles.

A falta de recursos para incrementar el personal, la cooperativa espera los reportes de novedades que les envían los cortadores de xate cada cuatro días. Estos trabajadores reciben una paga mínima por adentrarse en la selva durante meses para recolectar las hojas que se venden al mercado de floristerías en Estados Unidos.

«Ellos son los verdaderos guardianes del bosque», señala Mynor.

Los aludidos son lo que el escritor Virgilio Rodríguez Macal llamaba «hombres de otra especie». Capaces de soportar la vida más ruda, casi en el olvido, sin perder la esperanza de una vida mejor.

Un día en el campamento de xateros alcanza para tener una dosis de la realidad que describió este narrador de la vida en la selva. Cada cuatro días un arriero lleva alimentos al campamento en donde viven 10 hombres en sus cuarenta años, cincuenta y hasta setenta.

Aquí nadie es jefe, cada quien empieza el día a la hora que quiere y le puede dar a la jornada la duración que le plazca. Eso, claro, determina la cantidad de kilómetros que puede recorrer y el número de hojas que logre encontrar.

El xate ya no es tan abundante, así que cada vez les toca adentrarse más profundo, aunque esto suponga más riesgos a mordeduras de serpientes o lesiones por alguna caída. El campamento El Guacute, en donde el grupo está asentado, está a cinco horas de Carmelita a paso inexperto en caminos lodosos y abundantes pozas de agua por las lluvias de temporada.

La lluvia es lo único que impide que estos hombres salgan a trabajar. El éxito de esta empresa es elegir las mejores hojas, que de este bosque saldrán en el lomo de una mula hacia Carmelita. Ahí las mujeres desechan las dañadas y empaquetan las bonitas para que vayan a Estados Unidos.

Cuenta Juan Francisco Artal que, por las hojas buenas, de tamaño regular, le pagan 4.5 centavos de quetzal, y que por la palma de tamaño superior el precio llega a siete centavos. Este negocio va más allá de cortar hojas: hay que examinar la planta, ver que esté bonita, sin daño o carcomida, de un color verde fuerte al frente y menos intenso en la parte posterior.

El uniforme del xatero son las botas de plástico. Una playera o camisa de manga larga para soportar los piquetes de zancudo y la navaja para cortar las hojas, una por cada mata de xate. Hay que cortar cientos para tener una paga decente.

En el campamento cada hombre tiene su propio espacio para colocar una hamaca o un catre hecho de palos. Un nylon los protege de la lluvia y un mosquitero de las plagas, al menos durante las horas de sueño. Aquí cada hombre cocina sus alimentos. Temprano a moler el maíz cocido y preparar las tortillas y hervir agua de lluvia para preparar una sopa instantánea, hacer café o algún atol. Frijoles, huevos, incluso pollo el día en que llega el arriero con el pedido de compras que han hecho a la cooperativa.

De aquí nadie se va a la zona poblada hasta que pasen por lo menos tres meses. Algunos sueñan con salir para reconstruir vidas rotas, otros ya no quieren volver. Prefieren el sonido del bosque, la compañía de la naturaleza, el silencio. 

El experimento de las concesiones forestales

La primera concesión forestal data de 1994. Ese primer intento fue tímido, con una asignación de apenas 7,039 hectáreas. Cuentan Ileana González y Ernesto Méndez en El caso de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop) que este experimento nació para recuperar la gobernabilidad después de la crisis que provocó la declaración de la Reserva de la Biósfera Maya.

El primer gobierno de la democracia (1986-91) prohibió varias actividades en la reserva, pero no contempló la reacción de las poblaciones que dependían del bosque. Los investigadores narran que los técnicos del Conap eran recibidos con violencia y que crecieron la migración y las actividades ilícitas.

El gobierno de Estados Unidos, que antes había apoyado colonizar Petén, dio un vuelco para apoyar la creación de las concesiones. La presión llevó a que el Conap aceptara el modelo, aunque tardó en agilizar los contratos. Carmelita obtuvo el suyo tres años después de la primera asignación de tierra, y de 1998 a 2002 fueron otorgadas diez más a organizaciones comunitarias y dos a empresas industriales. La firma de los Acuerdos de Paz fue determinante para agilizar las concesiones.

En uno de los acuerdos quedó establecido que el estado debía propiciar la concesión de 100,000 hectáreas de bosque a pequeños y medianos campesinos legalmente organizados para realizar «manejo forestal sostenible, administración de áreas protegidas, ecoturismo, protección de fuentes de agua y otras actividades compatibles».

Don Máximo, uno de los fundadores de la comunidad, recuerda que «les costó» arrancar con la creación de la cooperativa. No tenían idea de cómo registrarse legalmente, ni sabían cómo formular un plan operativo anual, elaborar un presupuesto, tener registros contables o comercializar los productos. Conocían bien el bosque, pero no sabían cómo administrarlo y ahora debían promover empleo y desarrollo en el pueblo.

Diversos documentos históricos y de evaluación de la experiencia de las concesiones describen que sin el apoyo de la comunidad internacional los comunitarios no habrían podido avanzar. González y Méndez recopilaron información de las donaciones de Usaid (la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos), países europeos y aportes locales. En el periodo de 1989 a 2003 se destinaron 92 millones de dólares a proyectos en la reserva.

Aunque esto fue positivo, citan González y Méndez, con el tiempo la relación entre comunidades y oenegés que ejecutaban los recursos fue «vertical» y «paternalista». A los comunitarios no les dejaban tomar decisiones y fueron las oenegés las que asumieron «un rol protagónico… y más que acompañantes o facilitadores se convierten en empresas prestadoras de servicios».

De las doce concesiones comunitarias solo quedan nueve. A dos les rescindieron el contrato y una más lo tiene suspendido por incumplir con las regulaciones de conservación del territorio. Carmelita es la comunidad organizada más antigua y su contrato vencerá en 2022.

Un proyecto con problemas financieros

La sede de la cooperativa Carmelita se ubica al ingreso al pueblo. Ocupa un terreno en el que se ubican las oficinas administrativas, el aserradero, la bacadilla en la que acumulan los árboles cortados cada año, y la carpintería.

La mayoría de los insumos e instalaciones que hay en este complejo han sido donaciones. Hasta octubre de 2020 este era el único lugar del pueblo en donde había servicio de internet satelital. El mes siguiente el presidente de la cooperativa inauguró un servicio en su casa que alquila por hora a los vecinos.

El Conap determinó que en 2018 la cooperativa tuvo un desempeño «bueno» al dar satisfactorio en el 80% de los criterios evaluados. La organización tuvo los mejores resultados en la gestión territorial y la responsabilidad social hacia sus socios. El manejo sostenible tuvo buenos resultados en el 79% de los indicadores considerados, con un llamado de atención porque no habían cumplido con enriquecer con plantaciones una de las zonas y caminos utilizados para extraer madera.

En donde tuvieron baja puntuación fue en el cumplimiento de normativas institucionales y el manejo financiero.

            RESUMEN DE LA EVALUACIÓN CONAP 2018

PRINCIPIOS	INDICADORES CALIFICADOS	SATISFACTORIO		NECESITA MEJORAR		INSATISFACTORIO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE	28*	22	78%	3	10.7%	3	10.7%
GESTIÓN TERRITORIAL	12	12	100%	0	0%	0	0%
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	11	6	54.5%	5	45.5%	0	0%
RESPONSABILIDAD SOCIAL	8	8	100%	0	0%	0	0%
NORMATIVA INSTITUCIONAL	6	4	66.7%	1	16.7%	1	16.7%
DESEMPEÑO GENERAL		52	80%	9	13.8%	4	6.2%

(En la escala de colores, Carmelita tuvo 80% de valores satisfactorios, 13.8% indicadores a mejorar y 6.2% insatisfactorios). Fuente: Conap

El año de esa evaluación tuvieron ingresos por nueve millones de quetzales y ganaron 1.5 millones. En 2019 planearon tener los mismos ingresos, pero no llegaron a la meta por 700,000 quetzales.

Los líderes comunitarios explican que la mayoría de sus ingresos los determina la cantidad de madera que pueden extraer. En los primeros años de la concesión usaron los sectores en los que había más riqueza de caoba, la madera con más demanda y valor, y en los últimos cinco años quedaron los que tienen pocos ejemplares.

El problema de Carmelita no se limita a sus ingresos. Hace poco más de cinco años invirtieron en un aserradero de más de un millón de quetzales. Lo dejaron de usar porque consume mucho combustible y requiere demasiado personal.

El reporte de ingresos y egresos de 2019 muestra que manejaron un presupuesto de 8.2 millones. Lograron reducir el gasto de operaciones de corte de madera de 1.1 millones a 730,432 quetzales, aunque los ahorros no se invirtieron ni en lo social ni en prevención, control y vigilancia de incendios. Dos rubros importantes que tuvieron una reducción presupuestaria.

En cambio, los gastos administrativos incrementaron de 1.8 a 2.2 millones de quetzales. Cometieron un error al prever ingresos por 120,000 quetzales del proyecto de transporte de Carmelita a la cabecera municipal. El bus sale del pueblo una vez al día y recorre poco más de 80 kilómetros. Al cierre del periodo lo recaudado sumó 29,264.87.

El presupuesto de Carmelita debe cubrir el pago de impuestos, licencias y certificaciones forestales, gastos de oficina (telefonía, internet, combustible para vehículos y la planta de energía, viáticos), víveres, reparación de automotores, gastos de exportación, fletes, prestaciones laborales, sueldos y entre otras cosas, seguros y la regencia forestal.

En voz baja, los socios cuestionan el manejo financiero de la cooperativa. Se preguntan por qué tienen deudas, por qué han comprado maquinaria que después ya no usan, por qué no reparten dividendos y cómo harán frente a los desafíos de los últimos dos años de la concesión.

Los socios tienen el poder de elegir a la Junta Directiva, que es el gobierno de la cooperativa, pero muchos temen que al expresar sus inconformidades los excluyan de las oportunidades laborales o los beneficios sociales.

El negocio de la madera

En 2020, Carmelita extrajo mil troncos de madera del bosque. Juan Antonio Pérez y Pérez, el encargado de calidad del aserradero comunitario, tiene un argumento para justificar la magnitud de la madera que perdió el bosque. «Estos árboles se sacrificaron para mantener (la prevención de) incendios, salud, educación, sostener la frontera agrícola y mantener el área verde».

Más de la mitad de los ingresos anuales de la cooperativa provienen de la venta de madera, y de ahí salen los recursos para cubrir el seguro de vida y salud, las becas de diversificado, y cualquier otra asistencia social para los asociados.

La población espera más de la cooperativa que del gobierno. En 2020, para asombro de muchos, el Consejo Comunitario de Desarrollo inició la excavación de un pozo de agua que costará poco más de tres millones de quetzales. Si concluyen el proyecto, las personas podrán dejar de recolectar agua de lluvia para consumo.

De vuelta al proyecto de madera, la cooperativa solicita autorización al Conap para realizar el «aprovechamiento», como le llaman a la extracción de árboles. Pueden cortar las caobas que tienen un tronco que mide por lo menos 55 centímetros de circunferencia, y otras especies que alcancen los 45 centímetros.

El modelo sostenible implica que el bosque no quedará destruido luego de la intervención. Aunque la operación de tala implica abrir caminos para el paso de maquinaria y la limpieza de campos para reunir los troncos, la cooperativa debe asegurarse de provocar el menor daño posible o actuar para reparar el territorio afectado.

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La cooperativa cuenta con una certificación activa del Consejo de Administración Forestal, que indica que la madera que vende lleva un sello verde que garantiza que el bosque del que salió tiene la esperanza de regenerarse y sobreponerse a la pérdida. La cooperativa deja en pie varios árboles aprovechables para asegurar que proveerán semilla de forma natural, y está obligada a enriquecer con semillas el lugar que talaron.

«Cualquiera podría pensar que como ahí tenemos los árboles es fácil ir a traer uno, pero eso nos costaría una suspensión y con eso dejamos sin comer a nuestra gente», expone Juan Antonio Pérez y Pérez. Los pobladores sí tienen derecho a usar la madera para fabricar sus viviendas, pero deben pasar por varias fases de aprobación.

El mercado de la madera de Carmelita, y en general toda la que sale de Petén, es Estados Unidos. Juan Antonio Pérez prepara con cuidado las piezas que se convertirán en una parte de la estructura de las famosas guitarras Gibson o que servirán para construir una casa u oficinas de lujo.

El gran reto es conseguir un horno para poder secar la madera antes de exportarla para obtener mejores réditos. Mientras tanto se enfocan en la formación de adolescentes en la ebanistería, para que conviertan los saldos que usualmente desechan en piezas de carpintería de primera calidad.

Para cumplir este objetivo el Ministerio de Agricultura les donó equipo por más de seis millones de quetzales y la Asociación de Concesiones Forestales de Petén (Acofop), el brazo político y comercial de las concesiones, les asignó un instructor.

El conflicto con Richard Hansen

Aunque Carmelita y otras concesiones cumplen con los requisitos de sostenibilidad ambiental, hay voces que se oponen a la tala de madera.

Uno de los críticos es Richard Hansen, el arqueólogo que dirige el proyecto Cuenca El Mirador, al norte de Carmelita. Nacido en Estados Unidos, con intenciones de nacionalizarse guatemalteco, afirma: «El árbol le daría mucho más dinero a la gente parado que cortado».

Hansen y Carmelita mantienen una relación tensa. Los líderes de la cooperativa lo ven con recelo porque aseguran que se ha encargado de desacreditarlos.

Hansen les señala que no representan los intereses de toda la población, que excluyen a sus opositores y reparten beneficios solo a sus allegados y a ellos mismos.

El arqueólogo tiene adeptos en el bando de los socios de la cooperativa y de los que no están afiliados porque no quisieron, se separaron o fueron expulsados. Rudy Marroquín, un opositor que no forma parte de la cooperativa y que vive en la comunidad, está en este último grupo.

Se queja de una junta directiva que concentra el poder. El presidente de la cooperativa es a su vez el alcalde auxiliar, y el tesorero es también el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo. A esto suma la crítica a la ejecución financiera, en donde todos tienen dudas. «El aserradero, la maquinaria, todo lo que tienen es donado, ¿por qué entonces están endeudados, por qué si ahí está la concesión la gente no tiene pisto (dinero)?».

Byron Hernández, el presidente de la cooperativa responde que «muchos se alimentan de la mala información», y que una voz disidente es capaz de dividir al pueblo y que esto solo beneficia a quienes buscan que les suspendan o quiten el proyecto. El bosque es un territorio en disputa.

Lo único que ha debilitado el apoyo hacia Hansen es la propuesta de instalar un tren eléctrico que conduzca a los turistas de Carmelita hacia El Mirador.

La gente de Carmelita siembra solo para consumo familiar, no lo ven como un negocio y tampoco tienen vocación para la ganadería. Lo suyo es el turismo de apreciación a la naturaleza y de las ciudades mayas.

Santiago Juárez, un habilidoso guía certificado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, cuenta que la primera vez que fue a El Mirador era un adolescente que a duras penas le pudo seguir el paso a su madre. En aquel tiempo los guías eran las personas que conocían los recovecos del bosque, pero que no sabían mucho de quiénes, cuándo o cómo habían erigido aquellas edificaciones de piedra en medio del bosque.

La visita a El Mirador se hace en cinco días luego de 40 kilómetros de ascenso y la misma cantidad de regreso. La cúspide de la exploración es subir a La Danta, a 72 metros de altura. Una pirámide que tiene una pequeña plaza en la cresta, desde donde se puede apreciar la salida o puesta del sol y la espesura del bosque que, a ese nivel, parece un infinito mar verde.

Esa cúspide se alcanza con esfuerzo físico y mental. Santiago tiene mucho que ver para animar a los exploradores a cumplir el recorrido, mientras las mulas, los caballos y los burros son el auxilio para quienes no soportan la ruta a pie.

Santiago no imagina cómo pretenden poner un tren entre las veredas en donde apenas cabe un pie, o en la amplia calzada maya cerca de El Mirador, o sobre las colinas o pozas de lodo y agua que llegna a las rodillas. Además de los obstáculos naturales, él y la mayoría de personas en Carmelita creen que el tren los sacaría del negocio. En la actualidad los guías ganan mil quetzales (cerca de 130 dólares) y los arrieros y cocineras la mitad de esa cifra con cada recorrido. Parte del valor que pagan los turistas va a la bolsa de quienes rentan los semovientes, las toallas y hasta las sábanas. Incluso la cooperativa capta fondos de esa actividad.

Hansen dice que el tren generaría más recursos porque ahora los visitantes llegan en un bus desde Flores, la cabecera municipal, hacia el pueblo y al concluir la exploración vuelven al transporte y de regreso al área urbana o directo al Aeropuerto Mundo Maya.

El principal proyecto de Hansen no es el tren. Su enfoque es obtener 60 millones de dólares del gobierno de su país para recuperar diez sitios arqueológicos que hoy reposan bajo el suelo. La polémica se desató porque el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció un préstamo con la misma cifra para el proyecto que el arqueólogo promueve.

Hansen le ha dedicado casi cuatro décadas a los descubrimientos mayas en Guatemala y está seguro de que logrará el apoyo. Carmelita y las demás concesionarias están en alerta.

Planear el futuro

En diciembre de 2020 los turistas empezaron a volver a Carmelita. Las dueñas de los dos comedores empezaron a preparar las mesas para atender a los visitantes. Los hombres y mujeres que acompañan el recorrido a El Mirador, entre ellos Santiago Juárez, esperan recobrar la agilidad física después de tantos meses en receso.

Santiago dedicó parte de la cuarentena nacional para instalar un huerto en el patio de su nueva casa, hecha con tablas rojizas de dos árboles de caoba que el Conap le permitió cortar.

«Mi casa es mi orgullo», confiesa mientras muestra la sesión de fotos que él mismo hizo con su celular.

La entrada a su casa tiene una grada para evitar que se inunde cuando caigan las lluvias de invierno. Sin drenajes, la tierra tiene que absorber toda el agua o convertir el suelo en lagunas que luego serán nidos de zancudos hasta que la mezcla termine en lodazal. 

En diciembre también inicia la temporada de incendios en la reserva. Las proyecciones indican que la fase crítica será en marzo, cuando usualmente hay más calor y sequía en los afluentes de agua. El periodo de alerta termina en junio, cuando las lluvias cubran todo el territorio. 

El 2021 y 2022, los últimos años de la concesión, serán reveladores. Aunque la cooperativa prevé ingresos menores por la madera, debe cumplir con el plan de prevención, control y vigilancia de incendios. La comunidad también tendrá que demostrar si es capaz de cuidar el bosque en las vísperas de una nueva concesión. 

En tanto, los líderes de la cooperativa junto a los ingenieros forestales que los asisten han elaborado un plan para que Conap les autorice usar la madera de otros sectores para un próximo ciclo de 25 años. Esto permitirá que las primeras áreas que utilizaron desde 1997 puedan pasar 40 años en barbecho. 

La cooperativa tiene que pensar a largo plazo. Si el gobierno les autoriza la renovación, dejarán asegurada la subsistencia de la población hasta 2038. Fernando Baldizón, director del Conap en Petén, subraya que la ventaja de Carmelita es que las personas están «completamente adaptadas» al sistema de uso sostenible de los recursos naturales.

El reto que queda es que los jóvenes nacidos cuando el territorio ya estaba declarado como reserva continúen interesados en vivir y subsistir del bosque.

 

Este artículo forma parte de la serie de publicaciones resultado de la Beca de periodismo de soluciones de la Fundación Gabo y gracias al apoyo de Open Society Foundations, institución que promueve el uso del periodismo de soluciones en Latinoamérica, y contó con la ayuda del editor Javier Drovetto​.