Un superministerio de Ambiente: el crimen que atenta contra la sobrevivencia de los guatemaltecos

En esta entrevista, Juan José Narciso, investigador de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) de la Universidad Rafael Landívar, ayuda a comprender una institucionalidad ambiental que ha quedado huérfana en manos de un Estado que olvida su misión de proteger la vida y bienestar colectivos para convertirse en gestor de los intereses extractivistas.

La institucionalidad destinada a la protección medioambiental surge en Guatemala a partir de la Constitución promulgada en 1985. ¿Nos podrías explicar cuál fue la visión de Estado que contempla? 

La Constitución del 85 trata de poner al país a tono con la comunidad internacional que ya reconocía la cuestión ambiental como un tema importante. Históricamente, nuestras constituciones tenían un corte contrainsurgente que no permitía abrir la mentalidad a fenómenos que estaban ocurriendo en el mundo.  Por ejemplo, ya existía la Convención de Río, el Protocolo de Kioto. Convenciones internacionales que tratan de dar sentido, en términos multinacionales, a las problemáticas de medio ambiente, el cambio climático y la protección de los recursos naturales como la Convención de biodiversidad.  Aún así, la Constitución del 85 es somera para abordar la problemática medioambiental, pero digamos que ya adelantó el hecho de incluir dentro de las funciones del Estado la protección de los recursos naturales, lo cual fue un avance. 

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La apertura democrática nos puso en un plano distinto ya que antes el país estaba aislado, hay que reconocerlo. El hecho de venir de gobiernos militares, permanentes golpes de Estado y acusaciones de violaciones a los derechos humanos nos cerró internacionalmente.   Creo que los constituyentes abrieron la posibilidad de que el país se incorporara a tendencias que eran globales.

El deber principal que le asigna al Estado la Constitución es proteger la vida y el bienestar colectivo. ¿Es el cuidado del medioambiente central para cumplir estos objetivos?

Sin duda. Sin embargo, lo que hay que cuestionar es la manera en que este principio, tan fundamental, se ha implementado en la práctica.  El hecho de haberlo tomado en cuenta ya fue un avance. Sin embargo, como muchos otros preceptos constitucionales, la protección ambiental ha sido tomada, en gran medida, como algo meramente discursivo. Se ha atendido superficialmente, sin mucho compromiso.  Para muchas personas hablar del medioambiente es activismo. La realidad es que se trata de algo científico. Todas las convenciones en vigor tienen paneles científicos que se dedican a estudiar estos temas.  En Guatemala creo que se le quiso dar un espacio, pero marginal.  Nuestra visión es muy incipiente.

¿Nos podrías explicar brevemente qué instituciones fueron creadas en respuesta a las normas constitucionales y qué funciones se les asignó?

La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret) fue la primera institución creada, aún antes de la promulgación de la Constitución del 85. Su institucionalidad también venía de la perspectiva contrainsurgente. Se convirtió en el coto de exfuncionarios, funcionarios, militares y empresarios.  Esta primera institución no tenía sentido ambiental cuando fue creada y no creo que lo tenga todavía hoy.

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Cuando llegó al poder Vinicio Cerezo, resultó que su hijo es una persona interesada en las cuestiones ambientales y debido a su influencia, el presidente logró convencer a los funcionarios de su gobierno que eran de muy alto nivel profesional y con una visión amplia del mundo. Ellos deciden qué se debe poner en la agenda el tema ambiental. Así nace en 1986 la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) prácticamente al inicio del gobierno demócrata cristiano.  Sin embargo, se trataba solamente de una comisión y, por tanto, sus resoluciones no tenían carácter vinculante, no tenía regulaciones, no tenía fuerza institucional.  Solamente daba orientaciones generales.

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En el 89 nace el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), siempre dentro del gobierno de Vinicio Cerezo.  Esta institución surge con la idea clara de reconocer la importancia de los recursos naturales y de la biodiversidad en general.  Esta institución sí fue clave en aquel momento. 

En el 96 nace el Inab. Aquí ya estamos hablando de un período posterior.  Su antecedente era el Instituto Nacional Forestal (Inafor) que ya existía dentro de la institucionalidad del Maga pero cuya orientación era otorgar exenciones fiscales. Era necesaria una institución en la cual el Estado efectivamente se hiciera cargo del problema de proteger los bosques otorgando incentivos, pero bajo un control gubernamental y sin que ello implicara la reducción del pago de impuestos.

Hablemos del Conap, cuyo logro más atrevido fue el establecimiento de las áreas protegidas.  Se tuvo la visión de contar un 30% del país bajo este régimen en aras de proteger la biodiversidad. ¿Qué desafíos ha tenido el establecimiento de territorios «protegidos»? ¿Se ha brindado el apoyo necesario para su protección?

Fue un proyecto bastante ambicioso, maximalista. Sin que con ello quiera decir que estuvo mal.  El problema es que no se empató esa ambición con la necesaria capacidad institucional.  Era un consejo, conformado casi en su totalidad por entes de gobierno. Entonces, tener 30% del territorio nacional bajo el régimen de áreas protegidas se trataba de un proyecto sumamente difícil, ambicioso. Como resultado de esta falencia, tenemos un 30% de áreas declaradas pero no necesariamente protegidas. También hay que mencionar que hubo una coincidencia importante:  el surgimiento del proyecto de la Biosfera Maya al cual Usaid aportó mucho financiamiento.  Eso permitió que todo el tema de áreas protegidas y la protección de los recursos naturales gozara de una especie de boom.

Has mencionado que uno de los mayores desafíos de las áreas protegidas es cómo hacer coercitivo el respeto de estos territorios. Impedir la tala de bosques o la caza furtiva. Explícanos este problema.

Dentro de las áreas protegidas, hay distintas zonas de manejo: de amortiguamiento, de usos múltiples, y zona núcleo.  La idea es que las zonas núcleo sean las más prístinas, las más vírgenes.  Y que se trate de cuidar apropiadamente las otras áreas. En las áreas amortiguamiento puede haber presiones de población y cierto nivel de explotación, pero la idea es que esa área contenga la entrada de personas, de carreteras o las fuerzas furtivas depredadoras de los recursos.  

En términos de zonas de manejo, estaba bien planteado.  Pero en la realidad donde este modelo empezó a crear fricciones fue debido a que en todas las áreas declaradas como protegidas vivían personas y el medio de vida del que disponían eran los recursos naturales. Necesitaban leña para cocinar y botaban árboles, o quemaban el bosque para sembrar milpa. En la reserva de la biósfera maya, por ejemplo, se reproducía el modelo de tumba, quema y roza para producir maíz.  Recordemos que Petén no es un área muy productiva debido a las condiciones cársticas del suelo. Por ello, cada año la frontera agrícola avanzaba un poco más.  Las personas tienen una condición socioeconómica de pobreza.

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La presión poblacional que necesitaba usar los recursos entró en conflicto con la visión más radical de no hacer nada con estas áreas.  Lo que debió hacerse desde un principio era reconocer esta realidad y buscar mecanismos de regulación o de convivencia pacífica.  Enseñar a la gente a la utilización equilibrada de los recursos. Lo que faltó pasaba mucho por la educación. Incluso la implementación de cuestiones como las estufas ahorradoras de leña que, al final, fue una buena idea que no logró gran difusión. 

Además, está el problema de los pesos pesados: la agricultura extensiva y la ganadería.  También la tala ilegal de árboles, puramente extractiva. En Guatemala, la gente estaba acostumbrada a cortar árboles en Petén como si fuera un territorio de nadie y sacarlos para venderlos en troza. Se asume como un recurso que está disponible de manera gratuita. Un lugar lejano del país donde todo el mundo podía hacer lo que quisiera. Ha sido difícil controlar el esquema de tala ilegal por los traficantes de madera.

¿Deberíamos los guatemaltecos valorar la biodiversidad de nuestro país como fuente de riqueza?

Sin duda, Guatemala es uno de los pocos países megadiversos del planeta. En un espacio reducido tenemos una serie de microclimas y eso ha generado una   biodiversidad impresionante.

Las comunidades forestales han tenido mayor éxito en términos de manejo y control.  ¿Por qué funcionan mejor?

Este es uno de los proyectos más exitosos que tiene el Conap, está demostrado. Está calificado. Está certificado. Ha sido un buen logro. Creo que el hecho de otorgarle el uso y disfrute de los recursos naturales a la comunidad, pero de una forma racional y técnica, es lo que ha hecho la diferencia. 

Las comunidades aprendieron: primero se trabaja un área y después otra. Cuando regresan a la primera, ya pasaron 25 años y el bosque creció de nuevo. Una cuestión clave fue el hecho de tener una concesión otorgada de manera legal a las comunidades.  Eso les ha dado estabilidad acerca del espacio territorial y del uso de los recursos.

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Creo que mecanismos para lograr acuerdos comunitarios bajo una figura legal, hubieran podido ayudar a mejorar la institucionalidad medioambiental desde el principio.  No pelear con la industria extractiva forestal, no pelear con las comunidades, no pelear con el acceso a los lugares sagrados de los pueblos indígenas. En lugar de confrontar a todas estas fuerzas, llegar a acuerdos de manejo. 

Esto habría dado más sostenibilidad en el largo plazo a las áreas protegidas. Así mismo, eso incentiva a que sean las propias comunidades las que protejan los recursos. En el caso de estas comunidades, sus habitantes han logrado desarrollo y hoy gozan de cierto bienestar social.

Proteger el agua y los bosques es parte de la misión de las instituciones medioambientales. Además, mucho se ha hablado de Guatemala como un país con vocación forestal. ¿Qué papel juega el Inab en la protección de los bosques y el incentivo a la industria forestal? ¿Cuáles son sus falencias?

Primeramente, hay que comprender que en estos años se ha dado una evolución institucional: hay que situar al Inab en tres momentos. El Inab original surgió para sustituir las funciones del Inafor que otorgaba exenciones fiscales, como dije anteriormente. La idea de los incentivos para la siembra de bosques es una buena idea. El problema es cómo se ha utilizado. El Inab planteó una cosa bastante técnica: un programa denominado Pinfor mediante el cual se otorga incentivo por cinco o seis años a los agricultores forestales lo cual les permite contar con recursos para desarrollar un bosque capaz de dar sustento a una industria maderera en el país. 

El problema del Inab reside en el diseño de la Junta Directiva ya que el peso que tiene la gremial forestal dentro de la misma genera un enorme desequilibrio. Otro factor que ha incidido en sus resultados fue que, en un inicio, uno de los requisitos era tener una propiedad registrada formalmente.  Siendo que en Guatemala muchas personas no tienen registradas sus propiedades y la seguridad jurídica es tan débil, los únicos que tenían acceso a gestionar incentivos eran quienes podían mostrar documentos legales de terrenos inscritos. 

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Al final de cuentas, quienes han aprovechado mayormente los incentivos son los grandes empresarios que forman parte de la gremial forestal.

En la segunda etapa, debido a la gran presión que se hace al Inab, se inicia un proyecto para apoyar a pequeños propietarios sin documentos legales sobre sus terrenos. Gente que tiene la posesión, pero no ha gestionado el reconocimiento judicial de la propiedad. Así nace el Pinpep.

En esta  etapa se incluye no solamente la producción forestal, sino también zonas de protección.  Existe la noción de que un bosque destinado específicamente a la protección es «improductivo».  Lo correcto es comprender que todos los bosques juegan un papel fundamental.  Hay bosques que propician la recarga hídrica, otros, están en las riberas de los ríos y ayudan evitar las inundaciones, también aseguran el suelo para evitar los derrumbamientos y deslaves. 

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Porque ese es el gran problema: el cambio climático se nos vino encima. Y esto no lo entienden todavía muchas personas. El bosque juega un papel esencial, asegura el suelo, contiene el agua de los ríos, detiene las inundaciones.  Los bosques son clave frente a los eventos extremos del cambio climático. Así las cosas, no son «improductivos». Prestan servicios medioambientales. 

En la última etapa, el programa Pinfor se convierte en Probosque que abre más posibilidades. Creo que el Inab ha ido aprendiendo y se trata de una institución técnica que ha generado beneficios ambientales importantes. Quizá esta institución debería hacer es un acto un alto en el camino para preguntarse a quién está favoreciendo y procurar un equilibrio para dar a la institución mayor legitimidad. 

Por otra parte, se debe exigir más a los empresarios beneficiarios ya que no han logrado el desarrollo de la industria forestal, objetivo último de los incentivos. Lo que se exporta son cosas bastante simples y sin mucho valor agregado. Además, se sigue extrayendo de manera ilegal madera en troza y mucho de lo exportado proviene de la tala ilegal.  Porque la tala ilegal continúa. La deforestación avanza. Si se miden los logros de la reforestación contra la deforestación el resultado es negativo. Lo que se ha logrado es una cierta contención debido al respeto por los  bosques protegidos por el Inab, pero lo cierto es que la tala ilegal continúa.

Mencionas que, en términos absolutos, el avance de la palma africana en el país ha deforestado más hectáreas de bosques que lo que Inab ha logrado reforestar. ¿Qué implicaciones tiene para el país? ¿Qué herramientas podrían ponerse en marcha para frenar su avance?

La palma africana es un cultivo extensivo, necesita mucha tierra. En Guatemala han tenido un avance que pone en peligro las plantaciones forestales que están en una etapa inicial. Los que la cultivan compran terrenos de una manera que ha merecido mucha crítica. Por cada hectárea de palma africana solo se reforesta 0.77 de hectárea.

En cuanto a herramientas para regular estas plantaciones, el problema es que es una cuestión privada. Lo que no hay es una política de Estado que invierta las prioridades.  Se favorece la extracción y no se atiende el ambiente. Si continuamos así, estamos poniendo en peligro la vida, la sostenibilidad de nuestra civilización. 

El cambio climático pondrá a prueba estas prioridades.  Los productores insisten que hay que favorecer la producción.  Sí, hay que producir, eso es bueno para la economía, pero ¿en qué condiciones? Cuando se pone en serio peligro la vida y los recursos básicos, al final de cuentas acabas también con el aparato económico.

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Desviar los ríos para apropiarse del agua que es un bien público.  Eso es un indicador de la ausencia de Estado.  Hemos acabado con los ríos por no tener regulaciones. Eso por no hablar de la gran contaminación que genera la palma africana. Como ejemplo está el ecocidio en el Río La Pasión hace unos años.

El avance de la palma africana no solamente produce deforestación, sino que también contamina cuerpos de agua. Además, provoca la falta de tierras para los pequeños productores. En los últimos meses se han dado desalojos de  grandes grupos en Estor y en Alta Verapaz. Han sacado a los campesinos para ampliar el espacio de la palma africana. Por supuesto que quienes compran las tierras son testaferros. 

Los estados de excepción en estos lugares han sido utilizados para conminar a las personas a que salgan y eso, al final de cuentas, provoca una expansión de la siembra de palma africana que debería tener regulación.  Pero, ¿quién va a regular?

¿Pueden funcionar adecuadamente las instituciones encargadas con un Estado que favorece el extractivismo, que no emite leyes cruciales como la del agua y que no parece interesado ejercer controles estrictos o regulaciones? Pareciera ser que son instituciones huérfanas, sin interacción efectiva con el resto del gobierno.

Efectivamente, son instituciones huérfanas, pues el Estado ha dejado atrás el artículo 1 de la Constitución que le atribuye la obligación de asegurar la vida de las personas, a pesar de los desafíos del cambio climático. Se ha convertido en un ente que ejecuta las decisiones de una élite que decide qué hacer con el país.

Volvemos a lo que hablamos antes: se perdió la visión del 85. Lo único que pueden hacer las instituciones ambientales en orfandad, sin apoyos, políticas públicas integrales o recursos, es seguir con su inercia, equivocada o no, pero seguir haciendo lo mismo sin trascender.

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Esta orfandad de la que hablamos tiene implicaciones prácticas. No hay una orientación ambiental sobre las políticas públicas. Por ejemplo, Inab podría hablar claramente del peligro que representa la palma africana pero no lo hace, porque está supeditada a lo que la gremial forestal le ordena.

Todas las instituciones han perdido esa capacidad de denuncia. Esto es un peligro para el país.  Habría que pensar en que algunos recursos que están en grave peligro son estratégicos. Por ejemplo, el agua. La contaminación y escasez va a ser un problema aún en la capital.  Ya lo es en el área rural.

Uno de los factores de mayor conflicto en el país es la política relacionada a la minería.  La gente se ve seriamente afectada por la actividad minera sin control. ¿Cómo ves el papel del Mem? ¿Existe interacción entre la institucionalidad medioambiental y las políticas de este ministerio?

Tengo entendido que no es el Estado el que hace los estudios de impacto ambiental para las mineras, sino que los hacen las propias empresas.  Porque en el Estado no existen cuerpos técnicos que hagan este tipo de estudios.  La institución debería tener un cuerpo técnico que efectivamente evalúe los riesgos ambientales, revise concienzudamente el proyecto y tenga la libertad de decir que no se llenan los requisitos necesarios para la explotación. Esto abre la puerta de la corrupción porque pasan estudios ambientales que no llenan los requisitos mínimos debido a órdenes ministeriales destinadas a favorecer a la industria minera. 

¿Cuál fue el origen del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales? ¿Por qué se habla de una debilidad institucional en el mismo?

Para hablar del Marn habría que considerar su pecado original. Este ministerio nace para sustituir a Conama. Era un paso lógico porque un Ministerio de Estado tiene la capacidad de constituirse en ente rector de la institucionalidad ambiental.

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Desde esa perspectiva se trata de una medida acertada, pues se contaría con un ministro en conexión con el gabinete de gobierno, con posibilidades de gestión con el presidente.  Esto habilita la posibilidad de llegar a acuerdos, presentar problemáticas, resolver problemas. Sin embargo, en Guatemala este ministerio surgió para darle un puesto a un funcionario de alto nivel del régimen de turno. Así nació una institución politizada, sin objetivos claros que nunca ha sido efectiva y que nunca se ha legitimado a través de sus resultados.  Las posibilidades de fungir como ente rector quedaron destruidas y nunca ha evolucionado.

Mencionas el número de empleados con plaza fija que es muy bajo.  ¿Apunta esto a que el Marn es una institución que se ha utilizado con fines clientelares?

Sí, cabalmente, esta es una gran debilidad. El Estado mismo tiene muy poco personal permanente. Y esta es una debilidad para los que quieran buscar empleo, pero es una ventaja para los corruptos porque al final de cuentas necesitan gente que ejecute dentro las acciones que les interesan. Se trata de personal que se puede sacar en cualquier momento.  Es una debilidad institucional pero también es una ventaja para las malas intenciones. Es de hacer notar que muchos de estos empleados tienen sueldos elevadísimos sin contar con la capacidad necesaria para desarrollar sus funciones.

Uno de los aspectos que regula el Marn son los llamados «Brown issues» o «agenda café».  Cuestiones tales como manejo de la basura, desagües, contaminación. ¿Cuál es el panorama en cuanto a estos temas? ¿Qué daño nos causa a los guatemaltecos que el Marn no atienda de manera efectiva estas funciones?

Una de las funciones principales del Marn es emitir anualmente un informe ambiental comprensivo del país.  Desde hace seis años que cumple con esta función.  Si se examinan los anteriores, no se trata de información obtenida por el propio ministerio, sino una recopilación obtenida de otras organizaciones.  O sea, se trata de una institución que no genera información, mediciones, evaluaciones.

Sin información, ¿cómo pueden generar políticas públicas? No cuentan con cuadros técnicos. Sus memorias de labores reportan actividades tales como recoger basura en las playas.  Eso es muy pobre y ellos lo reportan como un gran logro institucional.  En lugar de ello, deberían regular el manejo de la basura. Debido a esta ausencia, la basura en Guatemala está fuera de control. Eso se puede observar fácilmente en el basurero municipal de la propia ciudad capital. En pleno siglo XXI no tenemos un manejo integral de la basura. No se manejan los desechos orgánicos que generan emisiones de CO2, ni tampoco hay regulaciones de materiales inorgánicos como el plástico que se sigue utilizando sin ninguna limitación, a pesar de su capacidad de contaminación ambiental. 

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En resumidas cuentas, la contaminación que produce la ausencia de regulaciones para el manejo de la basura es un grave peligro.  Se contaminan los ríos, los lagos, los océanos y no se está haciendo prácticamente nada. Es terrible ver los indicadores que usa el Ine.  Ya no habla de agua potable, sino «agua entubada». Todos los cuerpos de agua en Guatemala están contaminados.

La ley del agua sigue siendo un tabú y una mala palabra en Guatemala porque muchos sectores empresariales se resisten a aceptarla.  En todo el mundo se regula el uso del agua porque es un bien público que no se puede privatizar. Es para uso colectivo.  La ausencia de una ley permite la privatización que sirve de insumo a muchas empresas pues la venden como si fuera un bien privado. 

Guatemala se nos presenta como uno de los países que será más duramente golpeado por el cambio climático. ¿Qué papel juega la protección medioambiental para proteger la vida y bienestar de los guatemaltecos?

Es clave. Pero mucha gente no comprende la cuestión ambiental. En Guatemala, tenemos que invertir la matriz. La cuestión ambiental debe ser la prioridad número uno.  Sin un medioambiente sano no hay civilización, ni producción, ni ganancias, ni alimentación, ni agua.  Los distintos gobiernos han dejado en la orfandad las instituciones ambientales, con bajos presupuestos, sin considerar que lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos.  Los desastres naturales de este invierno son un claro ejemplo de que el cambio climático cobrará muchas vidas si no tenemos una institucionalidad ambiental fuerte.

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¿Qué podemos esperar? Lo estamos viviendo: deslaves, inundaciones, inseguridad alimentaria.  Todo esto es parte del cambio climático. Quienes lo sufrirán de manera más intensa serán las poblaciones más pobres pues son las que tienen mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, los riesgos para ellos son mayores.

Entonces, los eventos desastrosos como deslaves, inundaciones, destrucción física de la infraestructura vial, ¿pueden paliarse con la protección medioambiental?

Totalmente. Quien no lo quiera aceptar está equivocado. Las construcciones que se han hecho en la carretera a occidente, son un ejemplo negativo ya  que todo el tiempo hay deslaves. ¿Por qué? Por la carencia de estudios ambientales que tomen en consideración las condiciones naturales del terreno. No son decisiones técnicas. Quien define las características técnicas de cualquier obra de infraestructura es la corrupción. La infraestructura vial no debe pelear con el medioambiente sino que debe atender a estas condiciones. En Guatemala dejan que se caigan los puentes para volver a construirlos ya que, cada vez, habrá un nuevo negocio.

¿Cuál es el peor escenario si el Congreso de la República logra incorporar bajo la sombrilla del Marn a todas las instituciones vinculadas al medio ambiente?

Ya existe una situación muy tensa con el extractivismo permanente. El mismo gobierno propicia la conflictividad como en el caso de la consulta realizada recientemente en Asunción Mita que fue declarada ilegal por el propio Ministerio de Energía y Minas. 

El actual gobierno quiere manejar los temas ambientales como lo hicieron hace 30 años: Chixoy se construyó sobre la sangre y la muerte de indígenas que vivían en Río Negro. En materia ambiental, lo que se busca es que las poblaciones estén de acuerdo y si la población dice que no hay que respetarlo porque se trata del territorio que se habita.

Ahora bien, si los gobernantes logran lo que pretenden, sería reproducir el mismo esquema del Marn. Una institución politizada, sin cuadros técnicos, ni profesionales. Una institución que se dedica a dar regulaciones a la medida de personas con intereses particulares y bajo la perspectiva de la corrupción.

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Este panorama sería una condena medioambiental porque se posterga prácticamente para siempre la posibilidad de reformar las otras instituciones. Lo que ahora debería darse es una reforma profunda de la institucionalidad.  El Conap necesita repensar su modelo geográfico, pues el área protegida no es el objetivo sino el medio para la protección de la biodiversidad.

El Inab debe replantearse la cuestión de los incentivos para no seguir favoreciendo a una industria que no prospera. Con todo y sus problemas de orfandad, estas instituciones cumplen una función muy importante en el país. Incorporarlas a este Leviatán que pretenden constituir sería un gravísimo error y las consecuencias las pagaremos todos los guatemaltecos. Se trata de un tema de sostenibilidad de la vida misma.

Politizar las instituciones medioambientales tiene además costos muy altos ocultos, pues, seguramente, el objetivo principal que mueve esta iniciativa sería el de continuar favoreciendo el extractivismo sin ninguna regulación. Lo que buscan es destruir toda capacidad regulatoria del Estado para explotar el país sin ninguna medida. Esto puede ser devastador en términos de recursos básicos como el agua, o de contaminación ambiental. 

¿Existe suficiente conciencia colectiva como para comprender que la protección medioambiental es sustancial para el bienestar colectivo? ¿Cómo podemos ayudar a crear esta conciencia?

Creo que las personas no logran percibir la trascendencia estratégica que tienen los bienes públicos ambientales porque parecieran ser gratuitos.  Se trata de bienes públicos que no son tangibles.

Y creo que ahí está una de las dificultades. Que necesitamos convencer a las personas para que efectivamente se concienticen de que dependemos del medioambiente. La vida de las personas depende de su protección, especialmente frente a la amenaza del cambio climático. Nos falta mucho, nos falta avanzar mucho en ese sentido.