Pueden identificarse al menos cinco organizaciones de bomberos en Guatemala: 1) el Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB), que cuenta con 134 compañías; 2) el Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM), con 11 estaciones en la ciudad de Guatemala; 3) la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd), con 107 compañías; 4) los bomberos de aeronáutica, adscritos a las instalaciones aeroportuarias; y 5) los bomberos del Sistema para la Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif), adscrito en la actualidad al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). A lo anterior deben agregarse los cuerpos de bomberos no adscritos a las organizaciones mencionadas y los equipos de bomberos industriales que operan en el interior de empresas privadas. De esa manera, no sería extraordinario que estuviéramos hablando de más de 10 000 personas entre personal asalariado o ad honorem.
En 2016, la asignación presupuestaria del Estado para los cuerpos de bomberos en su conjunto es de alrededor de 130 millones de quetzales, cifra que no excluye otros ingresos y que constituye un elemento importante para el sostenimiento de un servicio esencial.
Recuerde que no estamos hablando de fertilizantes, pupitres escolares u otros insumos en dependencias públicas. Estamos hablando eventualmente de usted o de alguien en su familia en la cinta asfáltica, con la necesidad urgente de personal entrenado, de un vehículo equipado y de un sistema que permita la llamada, la alerta, el despacho y la atención paramédica oportuna.
Por fortuna, y me consta, muchas estaciones de bomberos cuentan con personal y equipo profesional. Pero sería absurdo negar que, especialmente en el interior del país, la precariedad está a la vista y que las estaciones de bomberos tienen que limosnear en las carreteras para poder operar.
¿Dónde está el neoliberalismo en todo esto? Encuentro al menos cinco respuestas.
Primera: no hay, por parte del Estado, una planificación, una coordinación y un respaldo adecuados de un servicio público esencial. Las asignaciones presupuestales no resuelven que haya más de un cuerpo de bomberos en las mismas jurisdicciones, como la ciudad de Guatemala, y que simultáneamente existan no menos de 100 municipios sin la cobertura de un cuerpo de bomberos.
Segundo: no existe una norma jurídica general de la cual emanen la regulación de la formación profesional, la capacitación periódica, la remuneración, los seguros y, en pocas palabras, una carrera digna para una profesión de alto riesgo. En los casos de Asonbomd y del CVB, se trata de asociaciones con una base legal, pero no hay un ente regulador nacional que vele por la calidad del servicio y por la coordinación en el despacho cotidiano de unidades. En el caso de los bomberos forestales, estos no cuentan siquiera con una academia y sus contratos son estacionales, es decir, en la época de incendios forestales.
Tercero: como en los servicios de salud, en Guatemala, si alguien quiere un servicio de ambulancia de primer nivel, debe pagar por este, toda vez que la mayoría de las ambulancias de bomberos (hay excepciones) no tienen el personal ni el equipo necesarios para atender urgencias médicas complejas.
En otras palabras, así como se privatizó la seguridad, también estamos construyendo un modelo de atención de urgencias solo para quien puede pagar. Pero en este caso ni siquiera quienes pagan tienen certeza de recibir el servicio contratado, pues los accidentes ocurren a cualquier hora, en cualquier sitio, y ninguna empresa privada tiene cobertura para competir con los bomberos en términos geográficos.
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Cuarto: el Estado no regula efectivamente los cuerpos de bomberos y debería hacerlo. Los bomberos han alcanzado desarrollos organizativos importantes, pero, en este momento, en Guatemala no existe un mecanismo de despacho de unidades de emergencia. Sistemas como el 08 de la ciudad de México, el 123 de Bogotá o el 911 de San José de Costa Rica no están en la agenda de Gobierno. Tampoco existen estándares mínimos para las capacidades operativas. Y para exigir determinado nivel de calidad, es indispensable una inversión significativa en desarrollo institucional.
Quinto: los bomberos deberían ser parte de los mecanismos de regulación estatal. En otros países son los cuerpos de bomberos los que certifican la seguridad de las instalaciones públicas y privadas y los que realizan investigaciones para determinar el origen de siniestros de diversa índole. Por lo tanto, al no existir regulación sobre los bomberos y al no servir estos como medio para reducir riesgos, se pierde una función primordial del Estado en cuanto a proteger la vida, la salud, los bienes y el medio ambiente.
En atención a lo anterior, es imperativo iniciar un diálogo con los cuerpos de bomberos para desarrollar un modelo de institucionalidad que lleve la cobertura a todos los municipios del país sin afectar la libertad de asociación y los logros importantes de esas organizaciones. En ese esfuerzo son clave la dignificación de la carrera profesional y un escalafón salarial que reconozca remuneraciones acordes a tareas especializadas y de alto riesgo.
Asimismo, el modelo institucional debe abarcar un sistema de coordinación de emergencias que bien puede incorporar la articulación de la PNC, el MP y otras instituciones. Este sistema no debe incluir solamente la coordinación. Es muy importante la inversión en equipos, en entrenamiento y en instalaciones seguras, funcionales y dignas para todos los bomberos.
¿De dónde saldrían los recursos para un sistema de atención de emergencias y el desarrollo de capacidades de los bomberos? Sin detrimento de otras fuentes de financiamiento, es clave conservar el financiamiento estatal actual y ampliarlo paulatinamente. Complementariamente sería importante un arbitrio municipal y que hasta el último centavo llegue a cada cuerpo de bomberos en cada jurisdicción. Asimismo, después de un siniestro o de una emergencia, cada persona debería pagar por el servicio a través de su seguro médico, el IGSS si estuviera afiliado. O bien, en caso de negligencia[1], un juez podría obligar a reembolsar a los bomberos el costo de atención de la emergencia.
Además, como en otros países, un recargo a todas las primas de seguros debería ir a las arcas de los bomberos de manera equitativa, y los costos de atender un incendio deberían ser parte de la indemnización para los bomberos.
La experiencia demuestra que la gente está dispuesta a apoyar a los cuerpos de bomberos. Y el reto, por supuesto, es promover la profesionalización garantizando la transparencia en el uso de los fondos.
En contra, como es de esperarse, se encuentran las voces que claman por un Estado mínimo, incapaz de asumir sus funciones. Por tal razón, la próxima vez que observe a un bombero pidiendo dinero con una alcancía, recuerde que eso se debe fundamentalmente a un modelo neoliberal en el que los servicios, aunque sean esenciales, son solo para quien puede pagarlos.
[1] Por citar un ejemplo, si una persona produce un accidente de tránsito luego de haber consumido bebidas alcohólicas, debería haber un mecanismo para que esta persona pague los daños ocasionados, así como los costos en que se incurre por atender la emergencia.
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