Brenda Muñoz: “Me encantaría que la Cicig fuera mi socio más fuerte para replicar sus modelos en las fiscalías”

Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina tiene una oficina pulcra. De sus paredes, azul intenso, no cuelgan ni diplomas, ni fotos. Solo un rosario que, dice, le regalaron sus alumnos quince años atrás. Fue la primera en superar la ronda de selecciones de la Comisión de Postulación para optar a sustituta de Thelma Aldana, como Fiscal General de Guatemala, y una de las que salió mejor evaluadas. Ella lo agradece: cree que valoraron el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera, trabajando y estudiando: “Yo no tengo ninguna caleta ahí, trabajo para vivir, tengo que usar mi tarjeta de vez en cuándo”. Ha sido fiscal, profesora universitaria y formó parte de en una misión internacional de justicia con niños y niñas que sufren de violencia sexual. “Eso fue lo que la comisión vio en mí, no que yo sea la comadre de fulanito, ni que haya sido la amiga de zutano. Nunca he pertenecido a ningún partido político. He hecho política gremial porque hay que hacerla. Pero, con toda humildad, los 75 puntos que los señores comisionados me dieron y el voto favorable de todos ellos, se basan en méritos documentados y demostrados”.

Muñoz habla con seguridad de su experiencia y de las líneas de trabajo que desarrollará si el presidente Jimmy Morales la escoge para encabezar el Ministerio Público (MP), y afirma que seguirá el combate a la corrupción con la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) como uno de sus aliados.

Pero de entrada, y aunque asegura haber hecho un análisis de las debilidades y fortalezas de la Fiscalía, su idea pasa sobre todo por ceñirse al plan estratégico vigente (“Tampoco uno puede decir que cuando llegue va a llegar a cambiarlo todo, no, no”) y definir algunas líneas prioritarias. Ella hará especial hincapié en tres: la lucha contra la corrupción y la búsqueda de condenas (“eso no se puede detener. Tenemos ahora un modelo exitoso de investigación”), la reducción de los homicidios y la impunidad (“Cicig dijo en un informe en el 2015 que solo un 5% de los homicidios son resueltos, los responsables investigados, procesados y condenados. Un 95% de casos impunes. La propuesta es bajar ese índice de homicidios. Hay que plantear equipos multidisciplinarios en el MP”), y la investigación estratégica de la delincuencia organizada y el narcotráfico (“La principal amenaza para nuestra población y nuestro territorio es que el crimen organizado y el narcotráfico se reagruparon. El narcotráfico tiene sicarios en las pandillas y eso es lo que nos está haciendo que el índice de violencia esté muy alto y la población inocente está poniendo los muertos”).

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Muñoz es la actual directora nacional de procuración, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), donde trabaja desde agosto de 2017. Su mayor experiencia la tuvo como fiscal de narcoactividad. Dieciséis de sus 23 años de carrera los hizo en el Ministerio Público (MP). Durante la administración de Otto Pérez Molina trabajó en la Policía Nacional Civil, como subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótica, bajo el mando del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hoy acusado en la Corte Distrital de Columbia (Washington, Estados Unidos) de colaborar con cárteles de narcotraficantes, supuestamente ordenando a policías escoltar cargamentos de droga. Si hubiera visto algo, dice, lo habría denunciado; pero no lo vio, asegura.

También trabajó directamente con López Bonilla como asesora del despacho ministerial entre 2013 y 2015, en temas de investigación criminal.

La mayor parte de su experiencia como fiscal, en distintas unidades relacionadas a la investigación del crimen organizado y la narcoactividad, tuvo como base Quetzaltenango. Muñoz fue además la titular del caso conocido como “Agua Zarca”, que trató de la masacre de 17 narcotraficantes en la aldea de ese nombre en Huehuetenango, en 2008. A la exfiscal se le cuestionaque no hubiera más condenas. Ella se defiende diciendo que logró la condena de la única persona arrestada por la Policía. 

Como candidata a dirigir el MP, hay algo que le preocupa a corto plazo: el presupuesto. “El crimen crece y se fortalece, las instituciones de justicia no lo hacen. Aquí es donde encontramos las disparidades. Y es muy triste la situación. El Ministerio Público había pedido incremento para este año y no se le dio. No pudo seguir creciendo, creando nuevas fiscalías”. Para mitigar este problema tiene una idea y una técnica: “Lo que sí sé hacer, porque me inicié en el Ministerio Público y lo he hecho antes, es optimizar el recurso que tenemos”. Además, señala, “ya deberíamos estar utilizando tecnología para temas de notificaciones, citaciones y cosas así; migrar al expediente electrónico, ahorrar en impresión, papel. Además de eso, el Plan para la Prosperidad dice que hay que fortalecer el Ministerio Público, y ahí hay una gran cantidad de dólares que va a poner USAID, o ha puesto, para fortalecer al Ministerio Público, si el Ministerio Público combate la delincuencia organizada y el narcotráfico. Porque eso, además de la cantidad de muertos que está provocando en nuestro país, también está propiciando que la gente salga huyendo porque ya no hay seguridad”.

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¿Hay equipos o fiscales del Ministerio Público que usted considere imprescindibles? 

Todos los fiscales de carrera son imprescindibles. Se ha invertido en todo el recurso humano y no se trata de llegar a cortar cabezas. Se trata de cambiar la forma de la evaluación. Se les mide por la cantidad de acusaciones, no por la calidad de los casos. La población quiere saber cuántos casos estamos resolviendo, no cuántas acusaciones presentamos.

Usted cree que el MP ha implementado una política exitosa en el área de corrupción. ¿Hay alguna política del MP actual de la cual se distanciaría?

Hasta no verlo in situ...

¿Se reuniría con Aldana para ver a qué darle continuidad?

Por supuesto, somos personas civilizadas, planificadoras. Si Dios lo permite así, si cayera en mí la elección. Yo no quiero ser quien vaya a interrumpir su trabajo, sino quien le va a dar continuidad y lo va a fortalecer.

¿Cómo interpreta el papel del MP y la Cicig en la lucha contra la impunidad? Mucha gente ha señalado que la fiscal Aldana y el comisionado Velázquez han tenido una muy buena química de trabajo.

Ellos son la cara visible de la institución, los fiscales son los que trabajan, el soporte de la institución.

Evalúe a Iván Velázquez y los intentos de expulsarlo.

Los guatemaltecos somos parte de un pacto en el concurso de las naciones civilizadas del planeta, y estamos en el concierto de Naciones Unidas. Nosotros, representados por el Estado, fuimos a pedir que la Cicig viniera. Es un pacto de Estado. No me corresponde a mí como candidata hacer ninguna valoración. Lo que sí le sé decir es que respeto muchísimo el trabajo de la Cicig, admiro mucho los modelos de gestión que ha tenido, y me encantaría que fuera mi socio más fuerte para poder replicar sus modelos en las fiscalías como la de delitos contra la vida, en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en los delitos de violencia, en los delitos en que alguna población se ha quejado que no han sido atendidos.

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¿Usted ha valorado cómo sería su relación con el presidente Jimmy Morales? El MP ya en dos ocasiones ha pedido que se le retire la inmunidad.

Tengo que aplicar la Constitución y tengo que usar como fundamento el principio de legalidad.

¿Se ha usado el principio de legalidad en estos casos?

No conozco la intimidad de los casos, no puedo decírselo.

¿Ve a Morales como un aliado?

Yo no conozco al señor presidente, me da mucha pena, pero es la verdad. Lo he visto en la televisión, pero no lo conozco. No puedo adelantar ningún tipo de juicio.

Entonces, ¿cómo cree usted que debería ser la relación entre el presidente de la República y el, o la, titular del Ministerio Público?

Lo más importante es que cada institución de gobierno, cada titular de las instituciones de gobierno haga su trabajo. Si a mí la Constitución de la República me ordena que investigue y persiga penalmente, ese es mi trabajo. Como ciudadana es distinto: él es el presidente de la República, representa la unidad nacional. Pero en el ejercicio de mi función haré lo que la ley me dice.

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¿Se ha planteado qué hacer si no se renueva el mandato de la Cicig?

En ese supuesto, yo quisiera que por lo menos se nos trasladaran las capacidades para que ganáramos los guatemaltecos.

Cuando me dice traslado de capacidades, ¿se refiere a la contratación de este personal que tiene una experiencia amplia en la investigación de este tipo de casos, o crear una nueva fiscalía al interior del MP, o recibir más presupuesto?

Los casos los litigan los fiscales del Ministerio Público, con el apoyo y con los lineamientos que da la Cicig. Pero son nuestros fiscales, los guatemaltecos, los que se van a quedar, o no sé qué es lo que vaya a pasar en adelante. Pero tenemos que replicar lo bueno en otros lados. Hay figuras que estaban en la ley, pero ellos supieron explotarlas antes que nosotros. Por ejemplo, el colaborador eficaz. Antes a los fiscales nos daba mucho miedo usar esa figura, pero ahora ya vimos cómo funciona. Eso es trasladar una capacidad. Imagínese lo que podríamos hacer con esas figuras tan importantes, investigando aquí por ejemplo, sicarios de pilotos, narcotráfico, contrabando...

¿Cómo ampliaría la cobertura del MP? ¿Cuáles son las zonas más urgentes?

Hay que hacer un análisis del mapa delincuencial: ¿qué está afectando a este sector de la población, a esta área geográfica del país? Esa evaluación tiene que ser muy rápida, y nos da idea sobre la necesidad de llegar a ciertos sectores. Pero trabajamos en un sistema, y eso significa que yo no puedo poner un fiscal donde no hay un juez de primera instancia, por ejemplo. Necesitamos también tener defensores públicos, fiscales, jueces, Policía Nacional Civil. Esta expansión debe ser planificada con un análisis inteligente de la información.

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¿Será la justicia transicional una línea de trabajo en su gestión?

Por supuesto. Hay que continuar esas investigaciones, darles cabida, encontrar a nuestros desaparecidos, eso es algo que todavía debemos como Estado. Se debe encontrar a los desaparecidos, entregar los restos a sus familias, cerrar círculos, eso es bien importante. A la par de la investigación, el procesamiento y, por supuesto, el castigo de quienes hayan cometido los delitos.

Élites económicas y militares han obstaculizado estos casos, ¿cómo mediaría en esto?

No, no se trata de mediar. Se trata de hacer su trabajo conforme con la ley. Hay que hacer una investigación efectiva, basada siempre en el respeto a los derechos humanos. Lo veo como en cualquier crimen, al delincuente no le va a gustar que lo descubran. Hay herramientas legales para hacer el trabajo. ¿Se puede mejorar? Sí, pero también hay que reconocer que se ha trabajado.

¿A qué le atribuye la caída de tasa de homicidios desde 2009 y qué práctica continuará?

Ha habido un “deténgase”, no una caída. Se ha mantenido una tasa de entre el 26% y 27% de homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahí nos hemos sostenido. Es bueno con relación a otros países: El Salvador, Honduras, por ejemplo, es terrible. Nosotros nos hemos sostenido. Ese es un trabajo policial. ¿Cuántos de estos crímenes que sí se cometieron dentro de esa tasa hemos llevado a procesamiento y a juicio? Esa es la tarea del fiscal. Yo aplaudo el trabajo de policía, porque hay prevención, porque hay contención de la delincuencia, y eso ha sostenido que sigamos en picada con los homicidios, pero no hemos resuelto el problema.

Parte de la estrategia exitosa de Guatemala en el combate a la corrupción ha tenido que ver en la renovación de instituciones y el ingreso de la Cicig, el MP, la depuración de la policía. ¿Es necesario depurar el Organismo Judicial?

Como yo estoy postulándome para fiscal voy a dar respetuosamente la visión del fiscal. La depuración de los jueces no le toca al MP, eso lo hace el Organismo Judicial, hay una carrera judicial. ¿Qué puedo hacer yo como fiscal? Independientemente sea fiscal general o sea el auxiliar fiscal de la última de las fiscalías, impugnar. Si no estoy de acuerdo con la decisión del Juez, tengo mecanismos legales que se llaman recursos de impugnación.

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¿Confía en los jueces del país?

Yo me he tropezado con buenos jueces. Pero si no estoy de acuerdo, apelo. Si no le tengo confianza a un juez, recuso, pero no porque me caiga mal. O sea, tengo los mecanismos legales, no se trata de mi opinión, con todo respeto.

Pero si el sistema no le permite siquiera...

Entonces el sistema debe preguntarse: “¿A este juez por qué lo están apelando tanto?”. Pero yo, como fiscal, ya hice lo que tenía que hacer.

Algunos le han cuestionado su trabajo con la administración del Partido Patriota y con el exministro Mauricio López Bonilla.

Es parte de una cultura de desacreditar a una persona. Como yo soy mujer, no estoy en la procuraduría porque soy una profesional que ha estudiado toda su vida y ha trabajado toda su vida honestamente, sino porque soy comadre del Procurador. De la misma forma, estuve allá, porque de plano era algo de los aquellos y me jalaron... pero no es así. Yo estuve allí por mi capacidad, por mi conocimiento en el tema de narcotráfico, que no solamente lo conocí en la investigación y la litigación, sino en el estudio. Yo he sido académica.

Su especialidad es narcotráfico. Su exjefe está acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con ello.

Tendrá que defenderse. Por lo menos en el área que yo trabajaba, se hizo todo lo que se tenía que hacer, y cuando yo consideré que ya era hora de retirarme, me fui. También para mí era importante mi familia.

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¿Le implicaba mucho riesgo?

Soy de Quetzaltenango. Normalmente yo estoy sola acá y mi familia en casa. A la larga, eso duele. Pero eran otras épocas, mis hijos estaban más pequeños.

¿Nunca tuvo un indicio de lo que pasaba?

Si hubiera visto algo, yo lo habría denunciado. No hubiera permitido que me involucraran algo. Yo trabajaba en una esfera completamente distinta.

¿Ha hecho Guatemala lo suficiente por golpear el narcotráfico?

Tenemos que hacer más. Naciones Unidas dice que ya tenemos el problema de que se reagrupan el narcotráfico y pandillas. Como Estado tenemos que dar una respuesta. El sistema de seguridad debe ser muy contundente. Y a nosotros que nos correspondería, si Dios así lo quiere, el tema del sistema de justicia, fortalecerlo para conseguir procesamientos y condenas.

¿Y a qué atribuye, entonces, que hasta el momento han sido muy pocos los procesos que se han promovido a nivel local de los grandes capos?

Ahí están los fiscales de narcoactividad, pregúntales a ellos.

Usted también estuvo ahí.

Sí, pero en la época que yo estuve desarmamos cantidad de cárteles y los llevamos a juicio, encontramos laboratorios clandestinos... Le puedo demostrar lo que hicimos en mi época y mi área. Tampoco era Superman, no podía venir a Oriente.

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¿Tiene que ver más con una capacidad de Ministerio Público o del Estado en general?

Del Estado. El tema de narcotráfico es regional. Estamos en un lugar geopolíticamente estratégico, porque es paso, pero ya no sólo somos paso. Ahora los narcotraficantes pagan con droga y esa droga se queda aquí circulando, hay narcomenudeo y por eso hay muertos a cada rato, por donde quiera. Aquí el problema es de Estado, tenemos que hermanarnos un poquito más en esa lucha, fortalecer a las instituciones, Policía, Ministerio Público, inteligencia civil.

En el pasado, a usted la cuestionaron por el caso de Agua Zarca.

Pues ahí hay una condena de 250 y tantos años para el que agarró la Policía. Yo no era policía en ese entonces. Era fiscal, ahí está la condena.