El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) anunció esta mañana un proceso penal contra tres exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Los acusan de prevaricato, por haber dejado sin efecto la sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad emitida hace cuatro años en contra el expresidente de facto (1982-83) José Efraín Ríos Montt, por el Tribunal A de Mayor Riesgo.
La querella será contra los exmagistrados titulares de la CC Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, que votaron a favor de anular la sentencia y ordenaron retrotraer el proceso penal a una fase intermedia.
Según define el artículo 462 del Código Penal, el prevaricato lo comete un juez cuando, de manera consciente, dicta resoluciones contra la ley o fundadas en hechos falsos. Los culpables de este delito podrían ser sancionados entre dos y seis años de prisión, aunque “si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal”, aumentaría de tres a 10 años de cárcel.
Juan Francisco Soto, director de CALDH, aseguró que dichos exmagistrados incurrieron en “ilegalidades” en la resolución emitida el 20 de mayo de 2013, en la que suspendió la sentencia de genocidio, y en una ampliación emitida siete días después, al haber falseado las constancias procesales. La organización humanitaria, que participó en el proceso como querellante adhesivo, asegura que la CC tergiversó los recursos presentados por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, en contra de las decisiones dictadas por el Tribunal A de Mayor Riesgo a lo largo del juicio oral, con el objetivo de favorecer a Ríos Montt.
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En su fallo del 20 de mayo, la CC dejó sin efecto la condena de 80 años de cárcel, invalidó lo actuado por el tribunal y ordenó repetir el proceso desde la fase intermedia. Luego, el juicio se estacó.
Soto aseguró que hubo “falsedad en la resolución” de la CC, en lo relativo a que la jueza Yassmín Barrios no diera trámite a la recusación que en su contra planteó García Gudiel. “Quedó constancia en audios y videos, tanto del Tribunal como de los medios de comunicación, que la Jueza presidenta en tres ocasiones (19 de marzo, 30 de abril y 8 mayo) dio la oportunidad para que este se pronunciara”, señaló.
El abogado de CALDH, Héctor Reyes, dijo que “hay dolo” en la forma en que actuaron los exmagistrados. “Para las víctimas es algo que impide el acceso a la justicia. Necesitamos un fiscal que esté compenetrado. De este trabajo debe hacerse una investigación muy profunda y si hay más delitos, investigarlos”.
Agregó que “las secuelas provocada por las resoluciones de CC son varias”, y que “esas fallas de orígenes traen consecuencias a otros magistrados de las salas 1 y 3, quienes ejecutaron esta resolución ilegal”.
La denuncia penal en contra de los exmagistrados Pérez Aguilera y Molina Barreto deberá ser conocida en trámite normal. En el caso de Maldonado Aguirre, CALDH solicitó iniciar un proceso de antejuicio para que le sea retirada la inmunidad de que goza como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Maldonado Aguirre como jefe de Gobierno concluyó el período presidencial que había comenzado Otto Pérez Molina (agosto 2014 a enero 2015), y por eso ocupó también el escaño que le corresponde a los exgobernantes en el Parlacen.
“El Tribunal fue el que incumplió la ley”
Los exmagistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera aseguraron que la denuncia del CALDH no tiene sustento, e insistieron en que fue el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Yassmín Barrios, el que actuó mal. No fue posible localizar a Maldonado Aguirre para conocer su opinión.
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Molina Barreto tomó la denuncia como una "situación de orden político" de parte de CALDH. "Me parece un absurdo. Voy a esperar a recibir la notificación”, dijo. El exmagistrado afirma que la resolución del 20 de mayo de 2013 “es válida. Ese caso ya se resolvió hace cuatro años y el proceso contra militares está abierto”.
Por su parte, Pérez Aguilera, dijo que respeta “las decisiones de las distintas organizaciones”, pero no las comparte. "Fue un simple auto en el que se amparó a la parte que lo presentó para ordenar a la juez que cumpliera con el debido proceso”.
Sin embargo, dijo que “si hubo alguien que incumpliera la ley, fue el Tribunal. No hubo ninguna suspensión del proceso. Se ordenó que el Tribunal cumpliera con el debido proceso, no anulamos ninguna sentencia. Es como si el árbitro diera un pitazo para detener el partido pero los jugadores siguieran jugando”.
En eso concuerda Héctor Reyes, de CALDH. “Conmemoramos cada año la sentencia, porque no está muerta, nunca fue anulada. El 17 de mayo de 2013, el Tribunal A de Sentencia nos notificó el contenido de la sentencia. Y nos dio diez días para apelar pero nadie lo hizo. Es algo que nos confirman los mismos magistrados a quienes estamos denunciando”, acota.
Pasaron cuatro años para que CALDH presentara esta denuncia por un fallo ampliamente criticado por familiares y acompañantes de las víctimas del conflicto armado y festejado por opositores al juicio. Y el tiempo sigue su curso.
La querella contra Maldonado Aguirre seguirá su curso a la CSJ, y si esta lo considera oportuno, la remitirá a la presidencia del Parlacen para que se retire su inmunidad. Mientras tanto, en sus oficinas particulares, donde asesoran casos o aún litigan, Molina Barreto y Pérez Aguilera aguardarán notificaciones de esta ramificación nueva del proceso por genocidio.
