Codicia sin límites (y con complicidad)

En días recientes, varios profesionales de la salud mostraron su apoyo al doctor Román Carlos Bregni (a quien no tengo el gusto de conocer), puesto que él denunció las mafias que hay en el país en la adquisición de medicamentos. Paso a compartir aquí el caso del VIH.

Utilizando el Sistema de Gestión (Siges) se puede construir información que revela importantes detalles y cuestiona la capacidad de planificación, programación, costeo, presupuestación y, por supuesto, transparencia de cualquier administración gubernamental.

Así, durante el año 2016, el Siges registró que en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se registraron compras de Lopinavir + Ritonavir en diferentes presentaciones, y en todos los casos el precio pagado fue hasta 22 veces más alto que el precio al cual fue cotizado. Por ejemplo, en su presentación en tabletas de 200 miligramos + 50 tuvo un precio de cotización (el cual se usa para hacer el programa operativo anual) de Q2.62. Sin embargo, la compra se hizo por Q60.03.

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Esta situación evidenciada genera muchas preguntas, como por qué no se puede costear adecuadamente en el MSPAS (y particularmente en el programa de VIH), si existen cálculos precisos de la demanda de medicina para evitar el desabastecimiento y con ello pujar el precio hacia arriba o por qué la Segeplán no apoya el programa nacional de VIH implementando de manera eficiente la gestión por resultados.

Tabla 1. Lopinavir + Ritonavir: precios de cotización y adquisición durante el período fiscal 2016

Fuente: elaboración propia con base en datos del Siges.

Las consecuencias de una mala planificación en los sistemas de compras ha sido ya denunciada por el medio escrito El Periódico, el cual, a partir de estimaciones de la organización Gente Positiva, considera que solo durante la actual administración han fallecido 2,000 personas portadoras del virus del VIH por falta de una adecuada atención médica.

¿Cómo eliminar esta discreción en las compras? En principio, haciendo transparentes los procesos. Y en segundo lugar, involucrando a la ciudadanía en el monitoreo, seguimiento y evaluación del gasto público, es decir, que el Sicóin y el Siges no sean solo herramientas para expertos, sino para toda la ciudadanía. Para ello se requiere que el Ministerio de Finanzas Públicas cree versiones amigables de estos instrumentos.

La pregunta del millón es: ¿el próximo gobierno, liderado por Alejandro Giammattei, apoyará la implementación de la subasta inversa, la cual ya le ha reportado beneficios al país?