Como diría Cantinflas: “Ahí está el detalle”

El detalle, como diría Cantinflas, está en que el gobierno de Otto Pérez Molina decidió nombrar como interventor de la Portuaria Quetzal a un abogado que presume de ser parte del bufete más experimentado en cuestiones de contratos públicos, tanto que dice que es coautor de leyes que regulan esa materia en Guatemala.

Por eso el presidente Otto Pérez Molina ha dicho que aunque busquen y rebusquen no van a encontrar nada en el contrato que firmó la Portuaria con la firma española que, calladita la boca y de manera más que sigilosa, se hizo con el contrato para construir una nueva terminal, es decir, un nuevo puerto para recibir contenedores a cambio de una auténtica bicoca. Y puede que legalmente el negocio esté blindado, como dicen las autoridades, pero moral y éticamente está podrido y eso es lo que pasará a la historia. Nunca se pudo declarar la lesividad y corrupción de la venta de la telefónica nacional, pero cada vez que se habla de casos paradigmáticos en la forma podrida de hacer las cosas y del enriquecimiento ilícito, que en nuestro país ni siquiera es delito, se recuerda la forma en que Arzú contrató abogados para encontrar la forma de burlar la ley para formar y vender Telgua a partir de los activos de Guatel.
 
 Lo mismo pasará con Pérez Molina, puesto que aunque el puerto nuevo sea una necesidad que pregonan como parte de los objetivos para darle competitividad al país, no puede pasarse por alto la forma en que se hizo el negocio. Nuestras leyes son tan tibias, tan inútiles en materia de corrupción, que por supuesto que se puede blindar un contrato sucio. Y cómo no va a ser de esa manera si resulta que los abogados de los contratistas dicen que ellos hicieron o participaron en la hechura de las leyes que regulan esos contratos.
 
 Pérez Molina puede creer firmemente en que ni escudriñando se encontrará la trampa porque así se lo dijeron los expertos abogados que él mismo nombró para que se hicieran cargo del negocio de privatizar el puerto bajo la apariencia de una concesión más. Pero debe saber que para la posteridad, su nombre quedará ligado a la forma en que se hizo el negocio, a esa oscuridad que permitió cerrar un negocio de esa magnitud en dos semanas sin que nadie se oliera siquiera que estaban enajenando casi cincuenta manzanas del terreno que es propiedad de la Portuaria, empresa estatal, por lo que es correcto decir que el terreno es propiedad de los guatemaltecos y no del interventor ni del Presidente de la República.
 
 Pero el olor a podrido, el olor a suciedad que emana de la falta de transparencia no se lo quitará nadie a ese negocio. Nunca se sabrá cuánto puede valer realmente la concesión porque no hubo concurso, no hubo otros oferentes sino que callada la boca, en silencio, se sentó el interventor con los españoles y pactaron lo que les dio la gana. Un lector me escribió hoy diciendo que eso fue un “garrotazo”, en referencia a viejas figuras del tiempo de Romeo Lucas que él asocia con el abogado Marroquín interventor de la portuaria.
 
 Lo cierto e irrefutable, en todo caso, es que garrotazo o no, el golpe a los intereses nacionales salta a la vista y que este gobierno tendrá, como el de Arzú, un sello indeleble y cuando se hable de él en el futuro, la figura del Puerto será la primera que venga a la cabeza.

* Oscar Clemente Marroquín en La Hora, 7 de agosto