Dos días le tomó al presidente Otto Pérez Molina buscar a los candidatos que integran la terna enviada al Congreso de la República para que los diputados elijan a quien sustituirá a Roxana Baldetti como Vicepresidente de la República. La propuesta final del mandatario, anunciada el lunes, incluye a su actual Ministro de Trabajo, Carlos Contreras; a la Comisionada para la Reforma Policial, Adela Camacho de Torrebiarte; y al excomisionado para el Desarrollo Rural, Adrián Zapata. “El criterio que primó fue que necesitaba personas con el conocimiento de lo que se ha hecho durante estos tres años de gobierno. Hubiera sido muy difícil buscar alguien de afuera”, explicó el mandatario en una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Sin embargo, el Presidente obvió que uno de sus candidatos, su Ministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos Contreras, tiene un impediente constitucional para formar parte de la terna: es Ministro de Estado, y lo ha sido desde el inicio de este Gobierno, en enero de 2012. Ello, según el inciso d) del artículo 186 de la Constitución, le impide ser elegido en los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República. Eso es lo que asegura el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), y dos abogados constitucionalistas más que analizaron la norma.
Alexander Aizenstatd, vicepresidente de Cedecon, dijo a Plaza Pública que la junta directiva de esa institución defensora de la Carta Magna analizó los artículos constitucionales 185 y 186 y concluyó que las prohibiciones establecidas en ellos, “sí son aplicables a la elección de la Vicepresidencia, derivado de una renuncia”. En este caso, de la renuncia de Roxana Baldetti como vicemandataria, la cual fue anunciada el pasado viernes por Pérez Molina y aceptada un día después por el Congreso.
“Los Ministros que hayan ocupado su cargo desde los seis meses anteriores tienen prohibición de ser candidatos en una terna propuesta por el Presidente. Se llegó a esa conclusión debido a que estos artículos se refieren al cargo y no a una elección popular. Todos los incisos del artículo 186 (de la Constitución) aplican para este caso”, precisó Aizenstatd.
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Además, agregó el constitucionalista, si esta prohibición se aplica para el pueblo, el soberano que decide por medio del voto, “más aún lo tiene prohibido quien representa al pueblo”, es decir el Congreso de la República.
Según el Cedecon, con la inclusión de Contreras en la terna propuesta por el Presidente, “el proceso está viciado”, y por lo tanto, la elección, si llegará a darse en función de esa terna, no sería legítima. “El Presidente tiene la obligación de enviar una propuesta con tres hombres válidos. Y el Congreso tiene el derecho a elegir entre tres opciones válidas. Si se presentan dos opciones válidas y una con impedimento Constitucional, el Congreso no podría ejercer su derecho”, concluye el análisis de Cedecon. Para evitar una inconstitucionalidad, señala Aizenstatd, “el Congreso debe regresar la terna al Presidente y solicitar tres opciones válidas”.
El pasado 10 de mayo, el propio Jorge Ortega, portavoz del Gobierno, descartó que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fuera uno de los posibles vicepresidenciables, y para ello usó el mismo argumento. Según Emisoras Unidas, "preguntado por los nombres que se manejaron en los últimos días, como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla ... Ortega explicó que Bonilla no puede ser candidato por que la ley establece que para ser vicepresidente no puede haber sido ministro en los últimos 6 meses. 'Ni secretario', agregó y lamentó que 'nadie se ha dado cuenta de las limitaciones de la ley', por lo que criticó que los rumores están empeñando el proceso, ya que 'no benefician a nadie: ni al Gobierno ni a la nación'".
Propuesta muerta
Para el expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rodolfo Rohrmoser, esta propuesta para candidato a la Vicepresidencia ha nacido muerta. “El artículo 186 (inciso d) de la Constitución Política de la República es claro en las prohibiciones que tiene una persona para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República”, dice. El exmagistrado explica que el que hubiese sido Ministro de Estado durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República”. Este es el caso de Contreras, aún Ministro de Trabajo y Previsión Social.
Gabriel Orellana, también abogado constitucionalista, respalda los argumentos del expresidente de la CC. “No es que el Ministro pudiera tener un impedimento, es que de hecho lo tiene porque actualmente es Ministro. Y si hoy mismo renunciara a su cargo, tampoco podría ser electo, porque debió haber renunciado seis meses antes”, indica.
–¿Es un error legal cometido por el Presidente? –se le pregunta a Orellana.
–Puede tratarse de un error. O bien puede tratarse de una maniobra para limitar la potestad del Congreso y sólo escoger de entre dos personas. Si este fuera el caso me parece una bajeza contra el Ministro de Trabajo. Por otro lado, si el nombramiento se hizo de buena fe, el Presidente no se dio cuenta de que se va a meter en un largo proceso legal si es impugnada la candidatura de este señor –responde el abogado Constitucionalista.
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Rohrmoser además advierte que no es posible interpretar esta prohibición únicamente para una elección popular. “Se refiere al cargo”, no al procedimiento de elección, enfatiza.
Para Gabriel Orellana, admitir la candidatura del Ministro de Trabajo, implicaría incluso que el Presidente pudo haber incluido en la terna a un golpista como Serrano Elías; pudo haber electo a un ministro religioso, o a tres ministros religiosos. “El punto es que la Constitución claramente se refiere a quiénes no pueden optar al cargo de Presidente o Vicepresidente y no hace distinción alguna en que se trate de una elección popular u otra modalidad de elección. Aquí lo que prevalece de hecho es el ejercicio del cargo y entonces el ministro tiene este impedimento", dice Orellana
“Es lo malo de las ternas. El Presidente ya ha pensado en su candidato y ha eliminado a uno desde el principio. La Vicepresidencia será únicamente entre los otros dos restantes”, dice el ex magistrado Rohrmoser.
De Carlos Contreras el Presidente ha indicado que es una persona con la capacidad de negociar, con la flexibilidad de encontrar caminos para impulsar acuerdos con distintos sectores de la población guatemalteca.
Desde su cargo, como señala un reportaje de Plaza Pública, el Ministro de Trabajo ha impulsado, junto al titular de Economía, Sergio de la Torre, la iniciativa de crear un Salario Mínimo Diferenciado en varias zonas del país y sustituir a la Ley de Maquilas.
Una cuota pendiente
El segundo nombre propuesto por el Presidente es el de Adela Camacho de Torrebiarte. Llegó a ser una pieza importante del Gobierno de Otto Pérez Molina en el tema de seguridad, al ser designada como comisionada para la reforma policial, en sustitución de la activista Helen Mack, quien inauguró ese cargo durante el gobierno de Álvaro Colom. Bajo su responsabilidad, la transformación y modernización de las instituciones de seguridad pública han sido objeto de cierto grado de padrinazgo.
Torrebiarte cobró una cuota política con el actual Gobierno tras haber apoyado al Partido Patriota (PP) durante la segunda vuelta electoral de 2011, en su calidad de candidata perdedora de esos comicios en la primera vuelta. Con su partido, Acción para el Desarrollo Nacional (ADN), apenas obtuvo 19,049 votos (0.42 por ciento de los votos válidos), un caudal tan bajo que ADN se vio obligado a desaparecer.
Pero quizá el mayor aporte de Adela de Torrebiarte para Otto Pérez Molina de cara a las elecciones de 2011 fue neutralizar la candidatura de Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). ADN fue el único partido que se opuso legalmente a la candidatura de la exesposa del presidente Álvaro Colom. Con ello eliminó, tras un largo proceso legal, a la adversaria más temida por el partido que hoy gobierna, y evitó que Otto Pérez Molina se desgastará políticamente durante la elecciones de 2011.
De Adela Camacho de Torrebiarte, como candidata a la Vicepresidencia, el Presidente dijo: “Ha tenido un trabajo intenso en el trabajo social. En el área de seguridad ha asumido la responsabilidad que le ha tocado enfrentar en distintas ocasiones. Es una mujer valiente, comprometida”.
Lo rural como propuesta
El tercer candidato de Otto Pérez Molina es el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural, Adrián Zapata. Se trata de un antiguo jefe político de las desaparecidas Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), una de las cuatro organizaciones guerrilleras que integraron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En 1996, luego de la firma de la Paz en Guatemala, se incorporó a la vida académica. Desde 2012, no obstante, el gobierno del Partido Patriota (PP), le ha encomendado diseñar los planes y estrategias para un nuevo modelo nacional de desarrollo rural que logre poner de acuerdo a los grandes terratenientes y finqueros, con los millones de campesinos que han tenido poco acceso a la tierra.
Hasta la fecha, los planes de Zapata no han tenido éxito. En los últimos años, la patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), ha vetado gran parte de su trabajo. Pero el Presidente confía en él. A pesar de que durante la guerra interna estuvieron en bandos contrarios, la amistad que iniciaron en la adolescencia se prolonga hasta estos días.
Pérez Molina, para argumentar la candidatura de Zapata a la Vicepresidencia, señaló que “es alguien que ha luchado por la gente del país, especialmente en las áreas rurales. Ha dedicado su vida completa para luchar por los campesinos. Es un hombre con propuesta, una persona de campo”.
En manos del Legislativo
Antes de que la propuesta del Presidente sea conocida por los diputados en el Congreso, los tres candidatos han explicado brevemente su interés por ocupar el cargo de la Vicepresidencia.
Para Camacho de Torrebiarte todo radica en intentar fortalecer el país desde la institucionalidad, “con una visión de país, de Estado”, dice, luego de que la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, renunciará al cargo una vez que el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), descubriera una red de defraudación aduanera dirigida por el exsecretario Privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, prófugo desde el 16 de abril.
Carlos Contreras, abogado de profesión, insiste en que “se debe respetar el régimen de legalidad”, a pesar de que su candidatura podría ser inconstitucional. “Es importante tomar en cuenta el descontento de la población”, agrega el Ministro de Trabajo, en relación a las distintas protestas que desde el 25 de abril se han dado en Guatemala en contra de la corrupción en el gobierno. “Mi propuesta es una convocatoria para un proceso de discusión colectiva”.
Por su parte, Adrián Zapata, resalta que la crisis actual no se puede obviar. “Esta es una oportunidad para que se sienten las bases y superar, no sólo la crisis política, sino una crisis más profunda, que tiene que ver con la descomposición de un Estado”.
La próxima reunión del Organismo Legislativo está programada para el martes 12 de mayo. Será la penúltima plenaria antes de tomar un receso de dos meses. De la terna integrada por Contreras, Camacho y Zapata, los diputados deberán votar, revisar cada uno de los currículums, y escoger al nuevo Vicepresidente de la República. Una vez en el Congreso, las distintas bancadas –sobre todo las mayoritarias como Lider 63 diputados, el PP con 37, y la UNE con 15– deberán debatir y sobre todo negociar en torno a la propuesta del Presidente.
