Cosechas inundadas en el Polochic: la soledad de las familias que viven del maíz
Cosechas inundadas en el Polochic: la soledad de las familias que viven del maíz
- Miles de familias agricultoras, que siembran para autoconsumo, perdieron la cosecha de maíz por las lluvias e inundaciones de los últimos meses y están en crisis alimentaria.
- La emergencia climática de este año tuvo doble efecto: dañó la provisión de alimentos para el resto del año y dejó a las familias sin terrenos aptos para sembrar.
- El gobierno decretó un Estado de Calamidad que dejó fuera de las prioridades a quienes perdieron la producción de maíz, dieta básica de miles de familias en condición de pobreza.
- De los 1,405.5 millones de quetzales aprobados para gastar en calamidad, el 2.1% fue para raciones de alimentos fríos y calientes para personas albergadas. El 95.64% fue para infraestructura vial y de escuelas.
- Los pobladores del Polochic, que hasta inicios de septiembre no habían recibido ayuda, solicitan el dragado del río para evitar inundaciones. No han tenido respuesta.
Miles de familias q’eqchi’ sobreviven con lo poco que les queda de comida. Unas cuantas mazorcas de maíz mohoso que lograron rescatar del agua. El río Polochic inundó todo y perdieron la cosecha que les aseguraría el alimento para el resto del año. Ante la crisis y el clamor por ayuda, el gobierno les responde con la usual burocracia.
La cosecha se perdió. «Se nos jodió todo» dice Manuel Chub Choc, porque no tiene otras palabras para describir el lamentable final que tuvo la primera cosecha del año para las 37 familias de San Vicente 1 El Quinel, una de las 46 comunidades de Panzós, Alta Verapaz, afectadas por las lluvias de julio y agosto de este año.
Casi medio kilómetro cuadrado de maíz podrido bajo el agua. Esta era la provisión de alimentos para el resto del año, la fuente para obtener semillas para la siguiente siembra y la única opción de generar ingresos para una población sin acceso a otras oportunidades económicas.
Piel, ropa y actitud curtida por la vida en el campo, Manuel Chub Choc, de 53 años, líder comunitario, ha trabajado casi toda su vida para producir lo que come, pero ahora está de brazos cruzados. La temporada lluviosa se adelantó y ha sido intensa. Los días en los que ha dado tregua solo sirven para avivar la humedad y alentar a las legiones de insectos que se prenden de las pieles sudorosas.
Manuel Chub Choc habla el idioma maya q’eqchi’ y uno de sus vecinos traduce. «No sabemos qué vamos a hacer, necesitamos ayuda», resume. Aquí se respira desconsuelo. No es la primera vez que pierden la cosecha. Desde 2020 su situación, que ya era crítica, se agravó.
La mirada en el suelo, la voz tenue, pocas palabras. No hay mucho qué decir cuando la realidad habla por sí misma. Levanta la vista y contempla el campo que lleva semanas inundado y que puede ver desde el patio de su casa. La milpa sigue de pie, aunque poco a poco se dobla, derrotada por la potencia del río Polochic. A pocos metros, en la parte del terreno que el río no alcanzó, muy cerca de la casa, hay un palo de mango que sigue verde, pero no tiene fruto. Manuel Chub Choc niega con la cabeza para responder que no sabe cómo enfrentarán esta crisis y la que viene: el hambre.
Panzós es un municipio con 75,8% de pobreza extrema y la agricultura es la principal actividad productiva. Datos gubernamentales indican que en los municipios Cahabón, Panzós y Tamahú, todos de Alta Verapaz, y estos dos últimos del Valle del Polochic, hay 4,278 familias afectadas por daños en la cosecha de maíz y frijol en la temporada de 2022. Aunque, oficialmente, las cosechas no serán declaradas como pérdidas hasta que las autoridades concluyan las verificaciones en campo y termine la temporada lluviosa.
En todo el país son 28,336 familias afectadas por daños en siembras de frijol y maíz para autoconsumo, de acuerdo a los datos preliminares del gobierno. Alta Verapaz aparece como el territorio más perjudicado.
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La respuesta del Estado
Panzós está a 279 kilómetros de la capital del país, es un territorio maya q’eqchi’ y es el municipio de Alta Verapaz más afectado por pérdidas de cosechas de maíz para subsistencia este año. A pesar de esto, la ayuda gubernamental tardó en llegar.
La municipalidad se declara incapacitada para brindar asistencia alimentaria y para tomar medidas de prevención que la misma comunidad ha solicitado para evitar las inundaciones, como colocar bordas en 80 kilómetros del río Polochic y otros cuatro afluentes que inundan varios poblados. «Esto empezó en 2020, hemos trabajado para salvar vidas, pero nosotros no tenemos presupuesto para eso», asegura el alcalde de Panzós, Ernesto Ramírez Caal.
Los fondos del gobierno municipal ya tienen destino. Renta de maquinaria para reparar caminos de tierra y proyectos de infraestructura. La prioridad son escuelas, institutos, con suerte algún puente, un proyecto de agua y un estadio. Porque en Panzós habrá pobreza y hambre por la crisis climática, pero el plan operativo presentado por la Alcaldía no se interrumpe. El alcalde Ernesto Ramírez Caal dio el visto bueno en mayo para pagar los 420,667 quetzales que costó el terreno para las instalaciones deportivas.
La municipalidad le pidió al gobierno que le provea alimentos para 4,030 familias debido a la emergencia alimentaria. La solicitud salió en julio, desde entonces ha habido dos inundaciones más que perjudicaron a las mismas comunidades y la última noticia es que el apoyo llegará a mediados de septiembre. A 21 familias las dejaron fuera de la lista por errores en los números del Documento Personal de Identidad (DPI), informó la municipalidad.
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La oficina local del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) dijo que el listado oficial es de 4,009 personas y que descartaron a las que estaban registradas en dos comunidades. Esta vez atenderán a 429 personas más que cuando entregaron un paquete de alimentos a los afectados por las tormentas Eta e Iota.
A los agricultores como Manuel Chub Choc, uniformados con botas plásticas, sudorosos por la jornada, y con las manos curtidas por el trabajo no les queda más que organizarse para entrar al bucle de la burocracia. Chub Choc es el coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo Local (Cocode) y con apoyo de otros comunitarios elaboró las listas de afectados con sus nombres y números de DPI. Su nivel de escolaridad es mínimo, por lo que otro vecino con habilidades para escribir los datos se ocupa de la responsabilidad.
Antes debían incluir fotocopias del documento de identidad, lo que suponía viajar hasta el centro urbano y pedir una cuota para el transporte y las copias, porque aquí están lejos de tener cualquier tipo de tecnología pues ni siquiera hay energía eléctrica.
El listado con los nombres de los necesitados llega a la oficina municipal o a la sede del MAGA, que solo dispone de cuatro empleados como extensionistas rurales para atender a un municipio de 84,484 habitantes, repartidos en 183 comunidades entre parajes, fincas, colonias, aldeas, caseríos y parcelamientos. Todo esto en un territorio de 730 kilómetros cuadrados.
Este personal, cuya labor es asistir a los agricultores, no cuenta con los recursos mínimos para hacer su trabajo. Los empleados le dicen abiertamente a los comunitarios que para movilizarse dependen de la ayuda de la municipalidad ya que no cuentan con combustible por parte del Ministerio, y que la comuna les apoya con insumos para impresiones y fotocopias.
La esperanza de personas como Mauel Chub Choc y su comunidad es que esa lista de nombres que elaboraron con tanta dedicación e ilusión llegue a una autoridad en la capital y que alguien gire las instrucciones para que les ayuden.
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El MAGA le dio 250 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para que comprara alimentos. Con este fondo se entregarán bolsas de alimentos con 15 libras de frijol, 10 libras de arroz, 25 libras de harina de maíz nixtamalizada, 1 botella de aceite de poco menos de un litro, un kilo de avena y 5.5 libras de azúcar.
Cuando estos productos lleguen, Chub Choc, el líder comunitario, tendrá que convocar a una reunión general para organizar el traslado de esa ayuda, desde el centro municipal hasta el caserío en el que viven, a poco más de una hora por un camino que obliga a cruzar dos ríos y una ruta de terracería. Esto significa que cada familia tendrá que pagar una cuota de transporte para tener acceso a la asistencia social.
Una calamidad no reconocida
La crisis de Panzós y del resto de municipios afectados por la pérdida de cosechas quedó fuera del Estado de Calamidad que decretó el gobierno de Alejadro Giammattei.
Un estado de excepción permite agilizar la contratación de servicios para atender emergencias y pudo agilizar la contratación del dragado del río, pero Alta Verapaz quedó fuera del mapa de prioridades a pesar de la tragedia que viven en el territorio q’eqchi’ y de tratarse del departamento con mayor nivel de pobreza del país.
Una onda del este, un sistema de baja presión por el ciclón tropical Blas y las «copiosas» lluvias por la tormenta Celia sirvieron para declarar la calamidad en Guatemala, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso y Sacatepéquez. Durante el estado de excepción el gobierno adjudicó 1,405.5 millones de quetzales y de esta suma solamente el 2.1% fue para raciones de alimentos fríos y calientes para personas albergadas.
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El gobierno expuso que la declaratoria surgió a petición de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), que preside José Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso. Puentes, pasos vehiculares y, entre otros, el agujero del kilómetro 15 ruta al Pacífico, en la ruta a Villa Nueva, fueron incluidos en los proyectos prioritarios.
En el Congreso, los diputados resolvieron el lapsus de las autoridades cuando ampliaron la cobertura del decreto de calamidad a todo el territorio nacional, pero debido a que las lluvias mermaron a finales de julio, por la canícula, no extendieron el plazo del estado de emergencia.
El decreto también asignó 400 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones y 600 para el Ministerio de Salud como fondo de emergencia.
Hasta ahora, los únicos que han recibido ayuda del gobierno son las familias que tuvieron que salir de sus viviendas debido a las inundaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta que de abril hasta agosto atendió a 2,042 personas en todo el país, a las cuales proveyó alimentos, colchonetas y kits de higiene. En Panzós fueron 246 afectadas.
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Distantes de las decisiones políticas que los afectan, Manuel Chub Choc y su comunidad esperan. En las casas de madera y techo de lámina, los truenos y aguaceros suenan a catástrofe, pero soportan con el deseo de que el río sea benévolo y no inunde tanto las casas. Niños, adultos y ancianos conviven con el peligro día y noche, porque los dos ríos que deben cruzar crecen en minutos.
En junio, cuando se dieron cuenta de que todo se inundaba y que la situación era crítica enviaron a las aves de corral a otra comunidad ubicada en un cerro para salvarlas.
En 2020 estuvieron albergados un mes en el centro municipal cuando el río ahogó cosechas, perros, animales de patio y viviendas. Salieron en cayucos en medio de las correntadas de agua y cuando pasó la crisis volvieron a su realidad. Casas de madera, techos de lámina y suelo de tierra, sin energía eléctrica y al mismo punto de peligro por inundaciones en el que se encuentran hoy.
El 2021 fue el año de la recuperación. Lograron hacer dos cosechas, pero este año ninguna. Los informes climáticos que maneja el MAGA dicen que la tormenta Celia, que ingresó a mediados de junio, dejó lluvias por 151.98 por ciento más de lo esperado en todo el mes para Panzós.
En la casa de Mauel Chub Choc viven 10 personas, sus hijos, un yerno y dos nietos de seis y dos años. En la alacena de la casa solo había una botella de aceite, unas cebollas, sal, unas bolsas con pasta, chiles cobaneros para tostar, jabón y cloro. Las mujeres administran los víveres y deben hacer lo que pueden con lo que tienen.
En un cuarto de madera guardan las mazorcas que salvaron. Todas están húmedas, hay unas que ni siquiera se desarrollaron por completo y lucen pálidas y pequeñas. El maíz que desgranaron echó raíces y en poco tiempo desarrolló manchas oscuras de moho. Aunque en la comunidad saben que eso puede afectar su salud, están dispuestos a comerlo. No pueden desperdiciar nada.
Los hombres trabajaron bajo la lluvia para sacar esos pocos sacos de maíz del agua. La fiesta de la cosecha, en la que se involucra toda la familia, se convirtió en una misión de rescate extremo. Los hombres navegaron en cayucos por el maizal inundado y tuvieron que sumergirse a poco más de un metro para escoger algunas mazorcas, pero por más que se esforzaron no pudieron hacer mucho y la mayoría del maíz se perdió.
Este año, las familias agricultoras tuvieron que invertir mucho más en productos agrícolas debido al alza de los precios de las semillas, el fertilizante y los insecticidas por causa de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Un informe de la oenegé World Vision, elaborado por el economista Enrique Maldonado, recomienda que Guatemala busque importar fertilizantes de otros países, como Estados Unidos, Canadá y Noruega para evitar esa dependencia de naciones en crisis.
Aunque el gobierno avaló subsidios a los combustibles y al gas propano, como medida de emergencia por el alza en los precios que provocó la guerra, ninguno de estos beneficios llegó a las familias de la comunidad San Vicente 1 El Quinel ni a otros poblados del municipio de Panzós.
En la comunidad nadie cocina a gas y no tienen vehículos, y el subsidio no impidió que los costos de alimentos y los insumos agrícolas subieran de precio. World Vision analizó esta situación y recomendó «eliminar tanto el subsidio al gas propano como a los combustibles porque no llegan a las personas más necesitadas del país». También sugirió que los recursos se enfoquen en los agricultores de infrasubsistencia y subsistencia en situación de pobreza.
A Manuel Chub Choc y a sus vecinos no les espera un futuro luminoso. Debido a las inundaciones, el precio del maíz subió de inmediato. El mercado ofrece el quintal a 250 quetzales en el centro municipal, un precio impensable para un poblado que con suerte ha logrado vender a los intermediarios a 100 quetzales el quintal. Esto es un quetzal por libra.
Sin fuentes de empleo cerca, lo que queda es que los hombres salgan del municipio para buscar un puesto como jornaleros provisionales en las fincas de Petén, mientras que las mujeres se quedarán a cargo de la familia y la vivienda. Esa es la única conclusión a la que han llegado. Es la única salida que tienen.
Un estudio de 2019 financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea, que analiza el impacto de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y la pobreza en Guatemala, revela que el sueldo promedio de un jornalero a mediados de 2018 alcanzaba «apenas para cubrir entre el 27.8% y el 30% del coste de la Canasta Básica Alimentaria». Un jornal en la agroindustria puede dejar casi 100 quetzales, mientras que el pago habitual por el trabajo agrícola no supera los 50 quetzales, refieren los mismos pobladores.
Manuel Chub Choc y otros integrantes de la comunidad reconocen que no podrán recuperarse rápido de esta pérdida. Invirtieron más dinero del planeado en esta cosecha, porque pagaron más por las semillas, fertilizantes y plaguicidas. Aunque eso preocupa, hay algo que les causa una mayor incertidumbre. El agua bajará, y quizá podrán volver a sembrar el próximo año. Sin embargo, sin medidas de prevención, lo más probable es que se repita la inundación.
Vivir en el Polochic
Los q’eqchi’ del Polochic han tenido una historia de lucha por la tierra. Panzós fue el epicentro de una masacre del Ejército en 1978. Uno de los orígenes de ese acontecimiento fue la repartición de tierras que se realizó durante el periodo de los gobiernos liberales.
Desde entonces, los q’eqchi’ quedaron sujetos a un sistema de servidumbre ante los terratenientes que les despojaron de sus territorios con el aval del régimen político que emitió leyes para favorecerlos. La lucha por la adquisición de tierras continúa hasta estos días.
En San Vicente 1 El Quinel residen 34 familias que equivalen a 32 hombres, 35 mujeres y 84 niños y niñas. Un total de 151 personas que tiene en posesión una finca de casi dos caballerías. La comunidad gestionó el proyecto y en el 2000 les otorgaron el territorio, el cual no han terminado de pagar al Fondo de Tierras.
«Aquí había partes que eran pantanos, pero con otras áreas bonitas, planas», recuerda Francisco Coc, secretario del Cocode, uno de los pocos bilingües del poblado.
A los primeros habitantes de esta comunidad no les importó que este lugar fuera un área inhóspita, sin acceso a servicios, infestada de mosquitos. Ansiaban la tierra y detrás de ellos todavía hay muchos más que esperan.
Para llegar al poblado hay dos rutas desde el centro municipal de Panzós. La principal es de tierra con cobertura de balastro para hacer más firme el terreno, pero en estos días está obstruida por la inundación del río.
El otro acceso es más largo pues toma poco más de una hora. Implica cruzar dos ríos intimidantes en invierno y obliga a hacer el paso por entre los abundantes sembradíos de palma. Estas plantaciones y los terrenos cubiertos de maizales son la vegetación predominante en este territorio tropical.
En esta ruta las garzas forman parte del paisaje. Parecen habituadas al paso de los vehículos y personas. La blancura de su plumaje contrasta con el verdor de la palma y se las ve cazar y reposar con tranquilidad por entre las nuevas vertientes que el río se ha hecho a varios metros del cauce principal.
Como si esta fuera una escena de otro continente, en el recorrido se puede ver pastar a una manada de búfalos. Forman parte de la fuerza de trabajo de la agroindustria y, cuando no están enyuntados, avanzan por el reducido camino de terracería.
Los fenómenos climáticos han cambiado el calendario de las siembras para los agricultores del Polochic. No solo porque las lluvias llegan más temprano y con más abundancia, sino porque se ha transformado la geografía de algunos territorios.
Manuel Chub y otros comunitarios de San Vicente 1 El Quinel, cuentan que después de Eta e Iota, a finales de 2020, el río creció tanto que abrió tres nuevas vertientes que conducen el agua justo hasta las siembras.
«Enero y agosto es tiempo de sembrar. En 2020 con Iota todo cambió. Sembramos pero cuando llueve así pasa que se inunda», relata. «Un poco de lluvia y sube el agua», agrega otro de los vecinos.
Fortalecer la agricultura familiar
En 2019 la FAO señaló que la inversión en la agricultura familiar es un aporte a la lucha contra la desnutrición y un estímulo para las economías locales. Guatemala es el país que presenta la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil de la región, con un 49.8%.
Sin embargo, el informe Guatemala: Análisis de equidad en el presupuesto de los Ministerios de Salud y Agricultura, presentado en febrero de 2020, expone que el MAGA no había sido efectivo al desarrollar el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (Paffec). Un programa creado en tiempos del Partido Patriota, y que funcionó de 2014 a 2019 con un presupuesto de 140 millones de quetzales.
El reporte señala falta de claridad en la estructura presupuestaria, actividades diseminadas en varios programas y subprogramas que hacían difícil la planeación ejecución, monitoreo, evaluación y la rendición de cuentas, y un enfoque más centrado en repartir alimentos que en fortalecer las capacidades de los beneficiarios.
Durante 2020 y 2021 el MAGA no asignó fondos para continuar con el proyecto de agricultura familiar. Fue hasta 2022 que asignaron un presupuesto de 200 millones que ha aumentado hasta 699.8 millones de quetzales para otorgar un estipendio de 1,000 quetzales a los agricultores que reciban capacitación y desarrollen trabajo agrícola, el pago de un seguro agrícola por lluvias o sequía, así como la adquisición de semillas, insumos agrícolas y, lo más reciente, alimentos a través del PMA.
El MAGA tiene un presupuesto general de 1,6 millardos de quetzales este año, y para agosto había ejecutado 49,7%. De este monto, 241,6 millones están destinados a inversión, con una ejecución del 36%.
Aunque después de las tormentas de 2020, el MAGA y otras entidades internacionales como la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación aportaron fondos para apoyar a los agricultores afectados por las inundaciones que dejaron las tormentas, la ayuda no quedó exenta de reclamos. En una comunidad de Panzós se quejaron de que les entregaron semillas que no sirvieron y que tenía noticias de otro poblado a los que les llevaron semillas para sembrar en época que no correspondía y que, ante la necesidad, terminaron por lavarla y cocinarla para su consumo.
Los proyectos no llegan al mismo ritmo que las necesidades, como ocurrió con los alimentos por la COVID19, que fueron entregados un año después de lo previsto. Tampoco existe una coordinación entre instituciones para resolver otras problemáticas para los agricultores. En el caso de Panzós, el MAGA planea entregar semillas, pero los afectados de varias comunidades no podrán usarlas porque su tierra está inundada y el Ministerio de Comunicaciones no ha respondido el pedido de la alcaldía de dragar el río Polochic.
Otro desafío es que no hay certeza de que los estipendios de 1,000 quetzales que entregan a los agricultores serán utilizados para mejorar la situación alimentaria familiar o adquirir los insumos para la próxima siembra.
Antonio Villatoro, coordinador municipal del MAGA, dice que por esa razón prefiere que las listas de beneficiarios de los proyectos sean las mujeres «A veces cuesta un poco, porque muchas veces las personas no utilizan el dinero para lo que es y en lugar de alimentos e insumos agropecuarios prefieren gastarlo en otra cosa. En las comunidades hay mucho machismo, los hombres se compran un teléfono o un aparato de sonido, en cambio las mujeres administran mejor y lo destinan para lo que es».
Los habitantes de San Vicente 1 El Quinel esperan los alimentos estatales, que alcanzarán para algunos días de alimentos, pero no saben si serán beneficiarios del proyecto de seguro por pérdida por otorgará 3,000 quetzales en efectivo. Aunque lo reciban, se enfrentan a que el terreno de siembra está inundado y las lluvias continuarán hasta octubre próximo.
Fews Net, la Red de sistemas de Alerta Temprana de Hambruna, creada por la Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo (Usaid por sus siglas en inglés) señala que los hogares rurales de Guatemala continuarán transitando por un periodo de crisis que los llevará a medidas extremas, como migrar para obtener recursos y disminuir las raciones de alimentos en el hogar. Algo que ya ocurre en la comunidad San Vicente 1 El Quinel.
No solo por las pérdidas de cosechas anteriores y recientes, sino también por la disminución de oportunidades de trabajo temporal en el campo por el alza de los insumos agrícolas.
«(...) solo les alcanzará para pagar deudas y comprar alimentos mínimos; por lo que seguirán recurriendo al uso de estrategias de afrontamiento tales como la migración atípica, a la continuidad de recorte de cantidad de alimentos para los miembros del hogar, y la venta de activos productivos».
La incertidumbre ensombrece la vida para quienes viven en el trópico, a las orillas del Polochic. El alcalde Ernesto Ramírez Caal reconoce que la situación de los agricultores de Panzós es crítica. Se le ocurre que para librarlos de las inundaciones podría trasladarlos a otra finca, en la parte alta del municipio. Pero para eso necesitaría el apoyo del gobierno central, porque habría que designar un presupuesto millonario para comprar.
El futuro para los agricultores de subsistencia es poco claro. Los afectados de Panzós representan apenas el 0.1% de la producción nacional y eso parece colocarlos al final de la lista de prioridades de un gobierno que está decidido a gastar a manos llenas en obras que reditúan votos. Con el terreno dañado, sin certeza de poder acceder a otra tierra para sembrar, ni la seguridad de que el gobierno invertirá en las bordas para el río, la única convicción que tienen es que están solos ante esta calamidad ocasionada por la situación climática y la histórica e insuficiente respuesta gubernamental.
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