Desde sus inicios en el CUC, Daniel se ha distinguido por su compromiso de lucha por los derechos colectivos y por las transformaciones en el país, en especial por la tierra y por políticas agrarias y rurales para beneficio del campesinado y de las comunidades indígenas y rurales, negadas permanentemente por la clase dominante y por sucesivos gobiernos.
Daniel ha participado en la conducción de luchas contra políticas y leyes nocivas, de beneficio exclusivo para el capital local y transnacional, como la llamada ley Monsanto y el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, cuyos impactos significaron un grave deterioro de la economía campesina y rural. Asimismo, Daniel viene siendo fundamental en la defensa de los territorios indígenas ante la embestida extractivista. La última de estas luchas fue la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.
En la actualidad, Daniel, como muchos otros luchadores sociales, es objeto de un proceso de criminalización. Esto forma parte de la persecución contra el movimiento campesino e indígena y las comunidades y los pueblos mayas, xinca y mestizo, los cuales están resistiendo a los proyectos y a las políticas extractivas.
Daniel es acusado de supuestas injuria, difamación y calumnia. Lo acusa Ricardo Méndez Ruiz, exmilitar, columnista y político de extrema derecha, quien desde la Fundación contra el Terrorismo, financiada por empresarios, realiza una férrea defensa a favor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y se dedica a actuar contra las organizaciones que accionan para lograr justicia por crímenes de guerra y contra el extractivismo.
No hay duda de que Méndez Ruiz pretende aplacar la lucha social. Se afirma esto porque la denuncia contra Daniel se origina en declaraciones emitidas en el ejercicio de su derecho a la libre emisión del pensamiento y en su legítimo derecho a expresar su apoyo a la resistencia de la comunidad Las Trojes (San Juan Sacatepéquez, Guatemala), que lucha contra la cementera San Gabriel, propiedad de la familia Novella. En especial, Daniel cuestionó la acción de columnistas que, como Méndez Ruiz, lo acusan de terrorista y han tergiversado su labor como dirigente campesino. Es evidente también su pretensión de inmovilizar políticamente a Daniel Pascual, ya que persigue que sea objeto de arraigo y embargo de sus bienes[1].
Resulta sospechoso también que la denuncia sea procesada por vía ordinaria del Código Penal y con la intervención de un tribunal de imprenta, y no por la Ley constitucional de Emisión del Pensamiento. En este marco, la jueza Carmen Toaspern ligó a proceso penal a Daniel con el argumento de que la ley mencionada solo se aplica a periodistas. Esta decisión impone una interpretación que gremializa el derecho de libre emisión del pensamiento y contraviene la Constitución Política en esta materia. Por esta razón, la jueza Toaspern fue objeto de recurso de recusación y de denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos por obviar la aplicación del derecho constitucional referido al derecho a la libertad de emisión del pensamiento.
La Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos enfatizaron que en este caso existen anomalías procesales. Actualmente está en manos de la Corte de Constitucionalidad resolver el recurso para enmendar la decisión de la jueza antes mencionada y restituir el derecho a la libre emisión del pensamiento.
[1] Sobre Méndez Ruiz pesa una sanción por incitación al odio contra activistas de derechos humanos emitida en 2013 por el Procurador de los Derechos Humanos.
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