El 4 de marzo, el Gobierno informó que los ministerios de Educación y Salud desarrollaban una campaña de prevención por la amenaza del coronavirus y recomendó cómo actuar ante la pandemia. Fue momento de alarma, pero no hubo acciones drásticas. El 14 de marzo, el presidente dictó las medidas relacionadas con la estrategia de distanciamiento social para frenar al coronavirus. Las medidas significaban el aislamiento familiar y evitar la cercanía física con otras personas. Estas afectaron los eventos religiosos, así como las actividades públicas o privadas masivas, y se cancelaron las actividades educativas, que fueron diferidas a un tipo de educación a distancia o a prácticas guiadas por las autoridades. Otras se relacionaron con la actividad económica puesta en disputa sobre quién es prioritario.
Las medidas alcanzaron una magnitud social y dejaron claro que la propagación del virus tenía efecto social profundo y alcance global. A partir de ello surgieron variadas explicaciones, algunas conspirativas y otras más contingentes, pros y contras y una buena dosis tanto de negacionismo como de indiferencia mágica. Lo cierto es que el virus trastocó la vida cotidiana e hizo resurgir el tema del papel del Estado y de su capacidad de controlar el territorio nacional, de modo que mostró cómo la globalización no ha creado procesos organizativos capaces de conjugar esfuerzos mundiales convergentes. Este retorno al Estado no se ha desligado de las clásicas controversias: una visión social y estatal que supone poner enfrente a la sociedad desde cierto humanismo frente a una visión individualista y economicista que, apoyada en el discurso de la libertad, se une al conservadurismo sociopolítico y religioso.
En este contexto, es importante poner atención a las medidas del ámbito educativo que el Gobierno guatemalteco impulsa. Conviene, primero, tomar en cuenta el protagonismo del presidente convertido en vocero oficial: solo de manera secundaria recurre a expertos. Protagonismo que ha sido señalado en los medios públicos y en las redes sociales, que han destacado dificultades en la comunicación. El 14 de marzo anunciaba la suspensión de las actividades educativas en todos los niveles educativos como prevención (4.1 millones de estudiantes inscritos), junto con otras medidas. Al día siguiente, el Mineduc indicaba que iba a distribuir guías de contenidos de estudio y materiales para padres de familia del nivel preprimario, así como guías de autoaprendizaje y curriculares en primaria, que serían repartidas por sus direcciones departamentales y supervisores (un supervisor por cada 90 centros). La distribución partiría de las áreas rurales más alejadas hacia las urbanas. Advertían que las guías no alcanzarían para todos y que algunos tendrían que esperar la «normalidad educativa». Para el nivel medio existen instrumentos digitales orientados a la investigación y proyectos en la plataforma oficial. La lógica es establecer el recurso digital en los medios urbanos y materiales físicos en rurales reconociendo lo desigual de los recursos técnicos alineados a factores sociales, económicos y territoriales. Esos materiales se habían realizado en las dos últimas semanas y se apuntaba que aún se realizaban otros. En las noticias, representantes de la Asociación de Colegios Privados y de Empresarios por la Educación señalaban que se adherían a impulsar una educación a distancia e insistían en contar con sus propias metodologías digitales.
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Quedó claro que el recurso digital iba a ser importante para los niveles de educación media, lo cual es acorde con la teoría pedagógica que considera que la educación digital debe ser manejada preferentemente por jóvenes con inmersión digital suficiente y con habilidades básicas. El profesorado deberá cumplir el papel de tutor y tendrá capacitación y recursos. No obstante, hubo algunos inconformes que se sintieron poco informados, en medio de un experimento educativo sin precedentes que no los tomó en cuenta desde un inicio. Esta abrupta introducción al sistema de aprendizaje sorprendió a muchos luego de años de estar hablando de sus dificultades y de la lentitud de su apropiación. En los últimos días se ha sabido que ha funcionado más como una especie de educación a distancia usando mecanismos tradicionales de enseñanza y técnicas sin que ello signifique apropiación a profundidad de los cambios hacia el aprendizaje. Estas entregas se fusionaron en la estrategia nominada Aprendo en Casa, presentada el 25 de marzo, la cual ya no está circunscrita a los linderos ministeriales, sino que señala alianzas para la difusión por televisión o cable, radio y medios escritos con el apoyo de fundaciones privadas.
Igualmente, se señalaron acuerdos gubernativos y ministeriales en torno al programa de seguro médico escolar y modalidades de distribución de alimentos en manos de las organizaciones de padres de familia, a los cuales ya se estaban trasladando fondos. Todo lo anterior obliga a imaginarse un ministerio actuando en una dinámica de emergencia centralizadora. El 97 % de los 30,420 centros de preprimaria y primaria públicos tienen organizaciones de padres, pero el carácter de emergencia implica una organización de logística masiva que no está implementada para ello. Tarea titánica, dirían algunos, pues obliga a una compleja acción de las direcciones departamentales. Tras una presión social por la poca atención hacia los sectores sociales más desvalidos en la ley de emergencia, se prohibieron los cobros de cuotas retasadas. Los propietarios de centros educativos lo aceptaron sin problemas.
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Llama la atención la rápida respuesta con un plan de ejecución compleja. En los ministerios de Salud y Educación recayó en estos momentos la principal responsabilidad de la prevención pública. Entre el 4 y el 25 de marzo, las medidas educativas han tenido difusión y han buscado tener un efecto de demostración. Si se retrocede en el tiempo, se observará que su contenido proviene de los objetivos del plan educativo del actual gobierno, que, como es usual, criticaba al caduco sistema educativo por estar alejado de la tecnología, del mercado laboral y de la globalización. En él se planteaban como prioridades el equipamiento, la relación con las municipalidades y la calidad educativa: capacitación y evaluación de docentes, aumento del número de horas lectivas e importancia del inglés y del español, capacidad lectora, matemáticas, ciencias y habilidades digitales. También se hablaba de una reforma educativa orientada a la calidad añadiendo la atención personalizada, avances modernos, entornos virtuales y educación financiera, así como conceptos de experimentación, aplicación y práctica, creatividad, innovación y emprendimiento, todos ellos derivados de la experticia educativa, que unen la tradicional preparación para el trabajo y añaden el emprendimiento en una educación para la vida. Tampoco extraña si se conoce la trayectoria de la ministra, quien dirigió la dirección de calidad educativa en tiempos de Cynthia del Águila y su relación con la USAID. Las medidas de emergencia surgen de ese plan y de su inicial puesta en acción. En septiembre de 2019, el presidente anunciaba la introducción del aparato multifuncional Tomi. En enero del presente año, la ahora ministra señalaba una reforma educativa de sus programas sobre leer, contar y vivir juntos y anunciaba a La Democracia (Escuintla) como plan piloto de un municipio virtual que involucraba la alianza con la municipalidad y con la Funsepa. Además, contaba con equipamiento, alimentación y seguro médico. Añadía que el proceso era en etapas y que buscaría consensos. En febrero, el presidente hablaba del plan piloto de 80 aparatos Tomi —renombrado Chepito— en Quetzaltenango, donados por una fundación. Días más tarde señalaba que tales aparatos y pizarras electrónicas iban a equiparse en el nivel preprimario (en Quetzaltenango y Retalhuléu).
En eso se cruzó la emergencia, lo que implicó acelerar la educación a distancia e involucrar medios de comunicación y la continuidad de las clases. Cuatro observaciones son necesarias. La primera es que el plan se subordinó a la necesidad de un efecto de demostración de las medidas gubernamentales y subordinó el plan previsto con consecuencias desconocidas. En este caso, el presidente actuó en busca de protagonismo y de mostrarse como una figura de liderazgo. El plan educativo previo le dio la oportunidad. La segunda observación es cómo se va a coordinar lo desarrollado en aquellos sectores que no encajan en la educación virtual para cumplir el ciclo anual educativo cuando se comienza a sospechar que al menos estamos hablando de un mediano plazo. Una tercera observación refiere a la cantidad de consecuencias organizativas y educativas que implicará este modelo híbrido entre plan previo y modificaciones coyunturales. Y la cuarta se relaciona con las posibles lecciones de esta situación excepcional para continuar con el objetivo del anunciado paradigma del aprendizaje, al cual se supone que debe orientarse la educación contemporánea. Algunos recurren al concepto de disrupción creativa, muy de moda, y señalan que de la crisis puede surgir algo nuevo. Otros ven un posible desborde de la misma emergencia al añadir más problemas a la desigualdad. La educación a distancia y en línea que se experimenta en la emergencia abre la posibilidad de pensarla en el largo plazo, pero ello dependerá de muchas variables en un contexto lleno de obstáculos. Y no olvidemos los factores de desigualdad. En consecuencia, se requiere de una auditoría social que tome en cuenta la aplicación concreta en el mediano plazo, la excepcionalidad del momento y sus efectos caóticos, y que establezca lecciones aprendidas potenciales de esta aventura para superar el carácter de espectáculo con que se mira.
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