El camino del deterioro académico (la continuidad de la USAC en las comisiones de postulación)

Las reformas constitucionales al sistema de justicia son un paso fundamental para comenzar a cambiar nuestro modelo de Estado. Convertir las instituciones relacionadas con la justicia, capaces de investigar y desarticular redes de corrupción, es, en estos tiempos de tejer redes interinstitucionales, regresarles la integridad y la funcionalidad a las instituciones del Estado. En el marco del Diálogo Nacional, hay que hablar sobre propuestas técnicas, pero también sobre las razones que llevaron a la carencia y a la debilidad de nuestras instituciones. Dos de las variables para explicar la crisis institucional residen en la ineficiencia del sector justicia y en las decisiones políticas que hicieron de las instituciones un mercado electoral cada vez que corresponde elegir a sus directivos (y estos, a su vez, a las autoridades intermedias).

Las comisiones de postulación, por ejemplo, las vendieron como un beneficio democrático porque permitía la participación de diferentes instituciones en la designación de funcionarios públicos. Se creyó ilusamente que este aparente modelo multisectorial de elección permitiría mejorar la calidad en las designaciones de funcionarios para las direcciones de instituciones clave. En el caso de la Universidad de San Carlos, de nuestra alma máter, significó su politización y permitió que se introdujeran grupos de poder con intereses oscuros que configuraron redes de corrupción para incidir desde la universidad en las elecciones de magistrados y de otras altas autoridades. Estas comisiones convirtieron a la USAC en un órgano electoral que elige funcionarios públicos mediante prácticas clientelares. Incluso se llegó a cooptar representaciones ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para asegurar su estructura delictiva y a expandir su influencia en otros espacios a través de sus operadores políticos, como ha sucedido en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Pero tampoco hay que confundir la participación de la USAC en las comisiones de postulación con sus representaciones técnicas en las instituciones del Estado. Las segundas, contrarias a la primera, son un verdadero beneficio democrático que debemos reforzar porque permite que los representantes de la USAC tomen decisiones políticas en función de propuestas académicas dirigidas a solucionar los problemas del país. Entre elegir funcionarios públicos y tomar decisiones para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas y económicas (ahora sí desde acciones multisectoriales) hay una gran diferencia. Lo primero está vinculado a la deliberada compraventa de los votos y lo segundo a la academia.

La autonomía universitaria, que defenderemos siempre, no es un blindaje para asegurar impunidad. La universidad ha sido trascendental en la formación educativa de los guatemaltecos. Ha sido una aliada histórica de las causas justas de la población. Es autosuficiente y capaz de retomar el camino perdido. Pero no es una isla ni un Estado dentro de otro. Requiere del funcionamiento del resto de las instituciones para mejorar y modernizarse. Es un reto, una obligación y una cuestión de desarrollo integral que las instituciones estatales que operan en el sistema de justicia desarticulen las mafias que en contubernio con grupos delictivos de choque han deteriorado la organización estudiantil, la academia y el rol de la USAC en la vida política del país.

***

* Escrito por Luis Guillermo Velásquez y expuesto parcialmente por Jeffry Oquelí, representante de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, en el conversatorio con el comisionado Iván Velásquez sobre reformas al sistema de justicia llevado a cabo en el edificio M5 de la ciudad universitaria el 20 de mayo de 2016.