El futuro de Cotzal se decidirá en Roma

Ese día, en Roma, Italia, altos ejecutivos de ENEL analizarán las peticiones de la gente de Cotzal para darles respuesta definitiva. Entre otras, incluir a cinco comunidades más como afectadas por la hidroeléctrica o beneficiadas con proyectos de desarrollo, según el lado donde se ubique quien observe el proceso. Ya antes han solicitado gozar de un 20% de los beneficios por la generación eléctrica —en la que se invertirán US$200 millones—, asfalto para un tramo de 16 kilómetros y Q4 millones anuales en proyectos de desarrollo.

¿Por qué llevar hasta la capital italiana el asunto? Porque desde que se autorizó edificar Palo Viejo —el 23 de enero de 2007 y que generará 84 megavatios de energía — la tensión ha ido en ascenso, lo cual no ocurría desde los años 80, cuando la violencia tiñó de rojo al área ixil, que conforman Cotzal, Nebaj y Chajul.

Muestra de ello es que en marzo, para revertir la presión comunitaria de impedir el tránsito de los vehículos y personal de ENEL, alrededor de medio millar de soldados y policías llegaron a Cotzal para “restablecer el orden”.

ENEL es la mayor compañía eléctrica de Italia y la segunda europea de servicios públicos, con 1.5 millones de inversionistas institucionales y minoristas. Sus intereses están en 40 países de cuatro continentes, donde tiene 61 millones de clientes.

Génesis y desarrollo del conflicto

La opinión mayoritaria entre quienes ejercen liderazgo en Cotzal es que la hidroeléctrica fue aprobada sin que se les consultara, como a su juicio establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas. Aducen que Palo Viejo afectará las montañas y los ríos —Cotzal, El Regadío y El Arroyo Escondido—, sobre los cuales consideran tener “derechos ancestrales”.

Para atajar problemas, a principios de 2010 la empresa ofreció diversos proyectos de impacto comunitario, incluido un instituto de educación básica. Como prácticamente no hubo cumplimiento, el 10 de mayo de ese año los habitantes bloquearon el paso que conduce hacia la construcción, en la finca San Francisco, propiedad de Pedro Brol. El punto se encuentra en la aldea San Felipe Chenlá, a cuatro kilómetros de la cabecera del municipio.

El tránsito solo fue restablecido cuando representantes de ENEL se comprometieron, otra vez, a edificar el plantel, el cual comenzaría a ser utilizado en el ciclo lectivo 2011, cuenta Concepción Sontay Gómez, alcalde indígena y uno de los líderes que participan en las negociaciones. Sin embargo, como la construcción se detuvo en diciembre y además no les pagaban a los trabajadores a cargo de la obra, el 3 de enero se interrumpió de nuevo el tránsito vehicular, medida que se alargó una semana.

El 17 de enero se llevó a cabo otro encuentro entre pobladores y representantes de ENEL. La compañía les indicó que ya había donado vehículos —ambulancias incluidas— a la municipalidad, que había construido un puente en una de las comunidades y una carretera alrededor del pueblo. Los líderes cuestionaron el informe, pues dijeron que lo descrito no les beneficiaba, sino nada más a la empresa, recuerda Sontay.

Como no se llegó a acuerdos, se resolvió colocar nuevamente, el 31 de enero, una talanquera que obstruyera el paso hacia la hidroeléctrica e impidiera la movilización de los camiones y maquinaria necesarios para su construcción.

Máxima tensión

“El segundo viernes de Cuaresma, soldados y policías —algunos con gorros pasamontañas—rodearon San Felipe Chenlá. Incluso, dos mujeres se desmayaron, pues la gente tenía miedo porque habían vivido la guerra en el pasado”, relata la autoridad indígena al referirse a los hechos del 18 de marzo.

San Felipe Chenlá es un conjunto de casas de block o madera, muy parecidas en diseño. Debido a la falta de drenajes y a las constantes lluvias invernales, la mayoría de sus calles permanecen inundadas y los niños se ven obligados a brincar —algunos descalzos— entre charcos.

La llegada de los uniformados, apoyados por tres helicópteros, provocó temor entre pobladores, en particular de la tercera edad, quienes sufrieron las consecuencias de la estrategia contrainsurgente del Ejército en los años 80. Esta vez el objetivo era liberar el paso hacia la hidroeléctrica y capturar a nueve líderes locales, lo cual solicitó ENEL en febrero. Los cargos: sedición, instigación a la sedición, coacción y atentados contra los medios de transporte, declara Miguel de León, representante de Fundamaya.

Entre los “sediciosos” se encontraba Baltasar de la Cruz, que relata la jornada del 18 de marzo en presencia de su madre, Catarina Rodríguez Gómez, a quien presenta como víctima del conflicto armado, pues varios de sus familiares perecieron por la violencia.

“Cuando vio sobrevolar a los helicópteros y a los soldados rodear San Felipe Chenlá, se acordó de todo lo que vivió en su comunidad”.

Cuenta que ella estuvo una semana alterada. “Se mantenía llorando y atemorizada, pensando que ya me iban a llevar detenido”, dice De la Cruz, contra quien ENEL retiró los cargos en mayo.

Debido a que la comunidad es modelo de organización, pacíficamente se logró que se retiraran los soldados y los policías. “No hubo violencia ni capturados, aunque sí daños psicológicos”, indica De León, quizá en referencia a Rodríguez. Ese día estaban presentes Vitalino Similox, de la Alianza Evangélica de Guatemala, y Byron Morales, director del Instituto para la Transformación de Conflictos, de la Universidad Rafael Landívar (Intrapaz).

En busca del equilibrio

El mismo 18 de marzo se decidió establecer una mesa de diálogo con la compañía italiana y evitar que escalara el conflicto. La primera reunión formal se llevó a cabo el 2 de mayo y asistieron el finquero Brol y ejecutivos de ENEL, además de los líderes de las comunidades. Los testigos de honor fueron Similox, Morales y monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos. A partir de esa fecha Brol fue representado por el sociólogo Gustavo Porras Castejón.*

“A pesar de que la empresa ha tratado de dividir a las comunidades, nosotros estamos velando porque no ocurra”, declara Sontay. Mientras tanto, Morales resalta que los ixiles siempre han sido muy unidos. “Se ven a sí mismos como un solo pueblo, un solo cuerpo y trabajan así”, enfatiza el testigo de honor.

Añade que los pobladores no reclaman que se suspenda la construcción de Palo Viejo, sino que se concentran en tres puntos: asfaltar 16 kilómetros desde la aldea Santa Avelina hasta el casco municipal, Q4 millones anuales para proyectos de las comunidades y un 20% de lo que producirá la hidroeléctrica. ENEL, por su parte, ha hecho el ofrecimiento de dotar de techo mínimo, entre otros compensadores. Durante dos semanas ningún personero de ENEL en Guatemala estuvo disponible para atender a Plaza Pública.

“La empresa hace distinción entre dos tipos de comunidades: las que están de acuerdo y las que no”, agrega Morales. No obstante, de las 36 que conforman San Juan Cotzal nueve no se encontraban en el diálogo, pues habían llegado convenios con la hidroeléctrica —techo mínimo y crianza de pelibueyes—, pero ahora se quieren integrar al grupo mayoritario.

El Pinal es una de las aldeas no incluidas. Uno de sus habitantes, conductor de un autobús, cuenta que en su comunidad no están en desacuerdo con Palo Viejo, en particular por razones económicas. “Mucha gente de todo el municipio trabaja en la hidroeléctrica y les pagan hasta Q70 diarios, más horas extras”, resalta quien labora en un área geográfica en la que, por lo general, pocas personas cobran el salario mínimo vigente de Q63.60 por jornada.

Roma, la clave

La más reciente ronda de diálogo se llevó a cabo el 30 de junio. Entre otros  puntos, se pactó que a partir del lunes 11 de este mes se crearía una comisión encargada de inspeccionar los daños materiales que hayan sido ocasionados por ENEL. Dependiendo de lo que establezca la comisión —cuya sede estará en la parroquia de Cotzal—, la empresa empezaría el proceso de resarcimiento, aunque ya descartó compensar por daños psicológicos y culturales.

Durante la jornada, los líderes presentaron la propuesta de incluir a otras cinco comunidades como beneficiarias de la negociación. Hubo otras demandas de las que tomó nota ENEL, pero se solicitó no divulgarlas para no perjudicar el proceso.

El conjunto de solicitudes será conocido en 15 julio en la capital italiana, “donde se reunirán altos mandos de la empresa”, según les indicó a los líderes Oswaldo Smith, ejecutivo de Enel en Guatemala. Los resultados de la reunión les serán informados a los pobladores el 2 de agosto, cuando las partes retomen el proceso de diálogo.

En suma, el destino de San Juan Cotzal parece que decidirá a miles de kilómetros de Guatemala, en un edificio ubicado en el corazón de Roma.

*ACLARACIÓN:
Gustavo Porras Castejón es testigo de honor y no representante del empresario Brol. Ofrecemos disculpas al señor Porras y a nuestros lectores.